Como nunca antes las dependencias oficiales federales y estatales han obstaculizado la labor del IFAI, sostiene María Marván, comisionada de esa instancia creada hace siete años para dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información. Marván agrega que el centro de la discusión es
saber hasta dónde llegará el gobierno para limitar el derecho ciudadano a saber.

MÉXICO, D.F., 11 de noviembre (Proceso).- "Si en determinado momento el IFAI llega a ser inútil, no le voy a seguir cobrando un sueldo a los mexicanos”, afirma la comisionada María Marván Laborde –con siete años de experiencia en la desclasificación de archivos y documentos oficiales– quien sostiene que ha visto obstaculizada su labor “como nunca antes”, por secretarías y organismos del gobierno de Felipe Calderón.

Este año el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ha recibido cuatro golpes: las reformas que cierran las averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República (PGR); los más de 30 juicios para anular las resoluciones de los comisionados en las que se ordenaba la entrega de documentos a periodistas y ciudadanos; la insuficiencia presupuestal que amenaza con dejarlo en bancarrota; y la negativa del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para informar a quién dejó de cobrarle 73 mil millones de pesos de impuestos.

“Lo importante es saber de qué otras formas van a limitar el derecho constitucional de los mexicanos para tener acceso a la información pública gubernamental. ¿Hasta dónde quieren llegar? Ese es el centro de la discusión”, dice Marván, fundadora y dos veces presidenta del IFAI y una de los especialistas llamados por la Organización de Estados Americanos (OEA) para crear una ley modelo de transparencia.

Quedó atrás la mesura ante los medios en momentos de crisis, que había caracterizado a Marván Laborde. La comisionada más experimentada en México concede una entrevista a Proceso y advierte que hay un afán por obstaculizar la transparencia y el acceso a la información en momentos particularmente difíciles para el país.

Hace ocho años en México se aprobaron una Ley Federal de Transparencia y un sistema de rendición de cuentas. Por primera vez los ciudadanos pudieron saber cuánto ganan los miembros del gabinete o cómo se hace una licitación. Al paso del tiempo las preguntas se volvieron más exigentes, al grado de que se han tocado puntos sensibles para los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN).

Hasta la CNDH

Un ejemplo de los obstáculos que enfrenta: el pasado 22 de octubre las comisionadas Sigrid Arzt, María Marván y la actual presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) protegió a dueños de las empresas y personas que pudieran estar implicadas en la evasión de impuestos.

De acuerdo con la información oficial disponible, dos personas –se desconocen sus nombres– solicitaron a la CNDH gestionar ante el SAT que sus apellidos no fueran del dominio público (podrían estar incluidos en la lista que el IFAI ordenó transparentar).

En las fotografías publicadas al día siguiente las tres comisionadas se veían sonrientes con el escrito de la controversia constitucional en las manos. Pero 24 horas después la magistrada Margarita Luna desechó este recurso por “notoriamente improcedente”.

–Aun cuando pueden tramitar un recurso de inconformidad ante la Corte, ¿qué sabor de boca le queda con lo que sucedió?

–Hay una sensación clara de preocupación. Hay una serie de elementos que, sin delirio de persecución, nos llevan a pensar que hay un afán claro de obstaculizar la transparencia y el acceso a la información.

“En el SAT han intentado detener por todos los medios una resolución del IFAI mediante la cual se les obligó a dar a conocer los nombres de las empresas y personas involucradas con créditos incobrables por 73 mil millones de pesos. En el SAT dicen que está de por medio el secreto fiscal y cada vez que pueden argumentan que se trata de contribuyentes chiquititos, muchos de ellos muertos, y que los montos son de 10 mil o 20 mil pesos y por eso sale más caro perseguirlos que lograr que paguen.”

–¿No se supone que las resoluciones del IFAI son definitivas e inatacables, según la ley?

–La verdad es que hay más de 100 créditos de personas morales que exceden los 100 millones de pesos. Justificar que 10 mil pesos no hay que perseguirlos puede tener cierta lógica, pero para justificar que 100 millones de pesos son incobrables, creo que alguien le debe una explicación a este país.

“En el SAT primero fueron ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa buscando anular nuestra resolución, pero perdieron. Ahora, milagrosamente, aparecieron personas ante la CNDH para decir: como probablemente esté en la lista de los que no le han pagado impuestos al país quiero que me protejan. Y la CNDH acepta.”

–¿Cómo lo hicieron?

–Iniciaron un procedimiento de amable composición. Le han solicitado al SAT que no cumpla con la resolución del IFAI por la posible violación que pudiera llegar a haber a las personas físicas y morales. En la jurisprudencia internacional en materia de transparencia, las empresas no tienen datos personales y no son sujetos de protección a la privacidad. Al ir a este proceso de amable composición invadieron las facultades del IFAI. Sí hay un organismo especializado y creemos que la CNDH no debió haberse metido.

–¿Para qué van a un recurso de reconsideración en la Corte sabiendo que pueden perder, de acuerdo con los antecedentes judiciales?

–No es una postura de narcisismo por parte del IFAI. Creo que a México le sería saludable que la Corte debatiera esto y hubiera claridad para todos, en especial para los ciudadanos.

–¿Por qué se metió la CNDH?

–Eso es lo que me pregunto. ¿Cómo saben esos ciudadanos que están en esa lista del SAT?, seguramente porque son unos incumplidos, no pagan. La CNDH admite y resuelve que la privacidad de dos personas está por encima de la equidad fiscal de todos los mexicanos. Les podemos perdonar 73 mil millones de pesos en impuestos y, si ellos no pagan, pagamos los demás. Hay una desesperación por que la transparencia funcione menos o deje de funcionar.

–¿Esto es de todo el gobierno?

–No me atrevería a decir que de todo el gobierno, pero me parece muy difícil pensar que lo hacen sin conocimiento.

–¿Sin el conocimiento de Gobernación o del Presidente?

–Lo importante es saber hacia dónde quieren llevar al IFAI y de qué otras formas van a limitar el derecho constitucional de los mexicanos de acceso a la información pública.

–¿Cuáles son esas fuerzas que se oponen?

–Hay muchas fuerzas estatales y federales interesadas en que la transparencia no funcione, que han hecho reformas para detenerla.

“Por ejemplo: las reformas al Código de Procedimientos Penales para no conocer jamás el contenido de las averiguaciones previas, la decisión de la Universidad de Zacatecas de no revelar el sueldo de sus exrectores o las modificaciones que hizo el Congreso de Campeche para revisar las decisiones del órgano local de transparencia...

“No hablamos de un solo partido ni de un solo color. Por ello advertimos que algunos actores preferirían que la transparencia y el acceso a la información dejaran de funcionar.”

Más trabajo, menos dinero

–Además de estos temas, ¿qué sucedió con su demanda de aumento presupuestal?

–Tenemos un problema. Se aprobó la Ley Federal de Protección de Datos Personales, se nos duplicaron las responsabilidades y nos dan “una propina” para trabajar. El presupuesto del IFAI es de alrededor de 250 millones de pesos. Para el año que viene se nos darán 15 millones más, con el doble de responsabilidades.

“Supongo que hay una apuesta a que no funcione esa ley y a que deje de funcionar la Federal de Transparencia. Y si no es esa la intención, tendrían que pensar que el resultado es que van a hacer nugatorios ambos derechos.”

–¿Pedirán que se les retire responsabilidad o la pasen a otra instancia?

–No podemos cambiar la ley. De hecho estamos trabajando. Pero lo importante es dejar claro que, ante lo que sentimos como una embestida, el IFAI va a luchar hasta las últimas consecuencias, siempre por las causas legales, siempre en defensa de los ciudadanos.

–¿Por qué el IFAI es tan incómodo para los gobiernos en México?

–Porque funciona. El IFAI es una institución que prevalecerá en la medida en que haga contrapeso al poder. Si estamos estorbando al gobierno, estamos haciendo bien nuestro trabajo. Si todos los poderes en México estuvieran encantados con el IFAI, los preocupados deberían ser los ciudadanos. En una entrevista con Proceso en 2003 yo dije que si no servíamos, nos iríamos. Ahora lo vuelvo a decir: si el IFAI no sirve, me voy.

–¿No entienden o no quieren el acceso a la información pública?

–Creo que porque lo entienden, no lo quieren.

–¿No quieren pagar el costo político de rendir cuentas?

–Gobernar con transparencia es más difícil, como lo es gobernar con democracia. Gobernar con ciudadanos enterados, informados, es más complicado, sin lugar a dudas. 

–¿La nueva calificación reprobatoria de México en el Índice de Transparencia Internacional, de 3.1, es un síntoma claro de lo que está pasando?

–Tenemos mucho de qué preocuparnos. En la misma guerra contra el narcotráfico, si tuviéramos cuentas claras la situación sería otra. Nadie supone que no haya estrategias que deben reservarse, eso es evidente; pero si hubiera claridad en las cifras la ciudadanía estaría dispuesta a creer, con datos en la mano, que vamos por buen camino. 

“Nadie niega que sea una situación complicada, pero creo que la transparencia podría generar confianza en ciertas áreas. El derecho de los ciudadanos de acceso a la información no puede ser regateado.”

–¿Has pensado en renunciar? 

–Creo que no es el momento. Pero si en determinado punto el IFAI llega a ser inútil, no le voy a cobrar un sueldo a los mexicanos por algo que considero inútil. De las 28 mil resoluciones del IFAI, no estamos hablando de más de 100 con problemas. Cuantitativamente podríamos dormirnos en nuestros laureles. Pero se trata de decisiones cualitativamente importantes. El IFAI sigue abriendo información en la mayoría de las peticiones, pero en casos límite nos combaten con todo.

–¿No les perdonan tocar donde duele?

–El IFAI jamás ha abierto una averiguación previa en curso. En chismes de pasillo dentro del los círculos del poder se nos acusa de ser unos bárbaros que abrimos averiguaciones en curso. Eso es falso. Siempre hemos ordenado entregar versiones públicas sobre expedientes cerrados sin desproteger los datos personales de víctimas, acusadores, testigos.

“Pero hoy en día resulta que nunca vamos a conocer averiguaciones previas. Yo entiendo que no podemos verlas mañana, pero para la historia debe quedar abierta la posibilidad de ver si hay aciertos o múltiples errores en las investigaciones. No vamos a poder revisar nuestra propia historia. Esos expedientes quedarán sepultados para mal de la PGR. Yo no creo que con esto ganen en credibilidad.”

–¿Cómo justificarías que la lista que tiene el SAT se haga pública?

–No ignoramos que existe el secreto fiscal pero se hizo una valoración del interés público de la información. No puede ser que el fisco mexicano deje de recibir 73 mil millones de pesos, tres veces el presupuesto de la UNAM, y que tan fácil le digamos al SAT: “No importa”.

“Eso nos afecta a todos. Si tengo que poner en internet los nombres de las mujeres que reciben apoyo económico del programa oportunidades por vivir en situación de pobreza, que reciben 300 pesos del gobierno, cómo es posible que no deba ponerse a las empresas a las que se les perdonan millones de pesos en impuestos. Algo me dice que hay una injusticia ahí. 

“La mujer que recibe esos 300 pesos también puede reclamar derecho a su privacidad. En la Unión Europea no sabrían sus nombres. En el IFAI consideramos que por el interés público, por la forma en que se han manejado los subsidios en este país, deben saberse esos nombres. Pero ahora resulta que a quienes no pagan impuestos sí se les protegió.”