MÉXICO, D.F., 10 de marzo (Proceso).- El paso de Carlos Hermosillo por la Conade sigue generando conflictos. La Auditoría Superior de la Federación detectó un sobreejercicio en “servicios personales” por más de 6 millones de pesos en la Cuenta Pública 2008, y por segunda ocasión calificó de improcedente la transferencia de dinero que hace la Conade al COM, puesto que su titular, Felipe El Tibio Muñoz, se encuentra inhabilitado por 10 años, lo que le impide ejercer recursos federales.

Durante el ejercicio fiscal correspondiente a 2008, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en ese entonces a cargo de Carlos Hermosillo, tuvo un sobrejercicio de 6 millones 372 mil pesos que financió, sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con recursos destinados a otros rubros.

Esta irregularidad, entre otras, fue dada a conocer en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó al Senado de la República el pasado 25 de febrero, y que se encuentra disponible en su sitio de internet  desde el día 28.

En la auditoría 08-1-11L6I-02-0225 correspondiente a la Cuenta Pública 2008, el órgano federal de fiscalización comprobó que la Conade entregó al Comité Olímpico Mexicano (COM) 61 millones 908 mil pesos. También determinó que “la transferencia se considera improcedente, toda vez que el titular del COM (Felipe Muñoz) se encuentra inhabilitado por 10 años desde el 6 de enero de 2005”.

De acuerdo con la auditoría realizada por la ASF, este hecho contravino los “derechos y obligaciones” del Acuerdo 413, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Alta Competencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007. Este instrumento establece que una “asociación deportiva nacional y el COM no podrán recibir apoyos y estímulos cuando se encuentre inhabilitado o sancionado el titular de la asociación o el representante legal que le impida ejercer recursos federales por algún tipo de responsabilidad o infracción de la Ley General de Cultura Física y Deporte, su reglamento y demás ordenamientos que de ella emanen”.

Por ello, la ASF ha promovido la acción de “Responsabilidad Administrativa Sancionatoria” y solicitó al Órgano Interno de Control (OIC) de la Conade que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones pertinentes. Asimismo, que inicie el procedimiento administrativo “para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión transfirieron recursos al Comité Olímpico Mexicano, aún cuando su presidente se encuentra inhabilitado por 10 años”.

Entre 1999 y 2000, cuando Felipe El Tibio Muñoz encabezó la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), entregó a sus colaboradores bonos de productividad por un total de 4 millones 583 mil pesos. El OIC de la Conade determinó que Muñoz incurrió en el uso indebido de recursos y lo inhabilitó por una década el 6 de enero de 2005 (Proceso 1473).

Por las irregularidades cometidas por Carlos Hermosillo durante su gestión al frente de la Conade, podría hacerse acreedor –como lo establece el artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos– a sanciones que van desde un simple apercibimiento público o privado, hasta amonestación, suspensión, sanción económica e inhabilitación no menor de 10 años ni mayor de 20.

Exigencia legislativa

No es la primera ocasión que Hermosillo es exhibido por el la ASF. En marzo de 2009 (Proceso 1689), este órgano de fiscalización reportó en su revisión de la Cuenta Pública 2007 que el exfutbolista “incurrió en responsabilidades administrativas sancionatorias” por haber transferido 31 millones 700 mil pesos al COM, a sabiendas de que su presidente, Felipe Muñoz, estaba inhabilitado. Por esta razón, el comité no recibió recursos del erario entre 2002 y 2006, cuando la Conade fue presidida por Nelson Vargas.

Hasta ahora, El Tibio continúa enlistado en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados por “violación de leyes y normatividad presupuestal”, como se puede confirmar en el portal de internet de la ASF, expediente CI/AR/CND/004/2002. Además, aún no ha cubierto la sanción económica por 4 millones 369 mil 138 pesos, impuesta por la Secretaría de la Función Pública.

En su Informe sobre la Cuenta Pública 2008, la ASF emitió 20 acciones, de las cuales 11 corresponden a recomendaciones, cuatro a solicitudes de aclaración y cinco a promoción de “Responsabilidad Administrativa Sancionatoria”.

Cuatro acciones deberán ser atendidas o solventadas por la Conade; 11 por el municipio de Atenco, Estado de México, y una por el Órgano Interno de Control del municipio de Atenco en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables, así como las notificaciones expedidas por la ASF.

En su informe, la ASF precisa que sólo fiscalizó 806 millones 69 mil pesos, equivalentes a 51.4% de los mil 567 millones, 469 mil pesos reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 2008.

Las auditorías realizadas a la Conade fueron promovidas por el senador Javier Orozco y el entonces diputado federal por el PVEM Manuel Portilla Diéguez, con punto de acuerdo del 28 de enero de 2009.

Orozco es presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, en tanto que Portilla es “el amigazo” del titular de la Conade, Bernardo de la Garza, quien recientemente lo designó al frente de la Subdirección General de Cultura Física de ese organismo (Proceso 1739).

Portilla fue el único legislador que firmó el punto de acuerdo en el que su fracción política exhortó a la Cámara de Diputados para que solicitara a la ASF una auditoría a los recursos ejercidos por la Conade, Codeme y COM durante el ejercicio fiscal de 2008.

Corruptelas

Las áreas auditadas por el órgano federal de fiscalización fueron la Subdirección General del Deporte, así como la Subdireccion General de Administración de la Conade, a cargo de Eduardo Sánchez Urrutia y Franco Carreño, respectivamente. Hoy ambos están fuera del organismo. También fueron objeto de fiscalización la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México, así como la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Planeación del ayuntamiento de Atenco.

De acuerdo con el informe que la ASF entregó al Senado de la República el pasado 25 de febrero, la Subdirección General de Cultura Física de la Conade, a cargo de Sánchez Urrutia, no atendió las instrucciones de la Presidencia de la República con motivo del lanzamiento del proyecto “Activación Física para Vivir Mejor”, el 3 de agosto de 2008.

El funcionario no envió al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios el documento en el que la Presidencia de la República giró instrucciones para la celebración de ese proyecto. Por tal motivo, la ASF solicitó al OIC de la Conade “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos”.

La ASF también ordenó al órgano interno de control de la Conade que abriera una investigación en contra de los funcionarios responsables de adjudicar de manera directa un contrato por 12 millones 759 mil pesos a Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V., sin presentar la justificación correspondiente al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. La erogación, que afectó la partida 3804 correspondiente a “congresos y convenciones”, se realizó para pagar los servicios especiales, logística y operación del evento Para Vivir Mejor, Pásala Bien.

Además, la auditoría detectó otra grave irregularidad en la revisión de la partida 3819 correspondiente a “viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales”. En este caso, no hay claridad acerca de los recursos otorgados al personal de la Conade que asistió a los Juegos Olímpicos de Beijing, China.

La ASF reportó que a pesar de que las comisiones se realizaron en el periodo julio-agosto de 2008, la comprobación de gastos fue presentada en noviembre y diciembre, “cuando debieron acreditarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la terminación de la comisión”.

En lo que respecta al municipio de Atenco, Estado de México, la auditoría determinó que éste contravino la cláusula quinta, fracción IV, del Convenio de Apoyo Económico para el Otorgamiento de Recursos para la terminación de la primera etapa de la Unidad Deportiva Santa Mónica, firmado por el gobierno del Estado de México –a través del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte– y ese ayuntamiento.

En contra del COM

El senador Orozco dice estar sorprendido por los resultados de la auditoría, sobre todo en lo que se refiere a los recursos otorgados al COM, así como al sobrejercicio que se solventó “sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Verdaderamente si no la tienes, para qué te arriesgas como servidor público”, comenta.

El legislador considera que no son válidos los argumentos esgrimidos por Hermosillo para justificar la entrega de recursos al COM. El exfutbolista insistió en que el dinero no se le dio a Felipe Muñoz, sino a los directores administrativos del comité.

“Finalmente –plantea el senador– aquí la auditoría señala que el responsable del organismo es la persona que está inhabilitada. Por esa situación, aunque no se le hayan entregado personalmente a Muñoz, al ser el titular del organismo y la persona que tiene una inhabilitación por 10 años no se le debieron haber entregado los recursos públicos. Hay que esperar una interpretación jurídica del órgano superior de la Auditoría Superior de la Federación. Pero –el dictamen– es muy claro: viene a confirmar algo que ya es una cosa juzgada la situación jurídica del presidente del COM. Son aspectos delicados que tenemos que valorar.”

Esta semana, adelanta Orozco, se reunirán los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte con la encomienda de revisar la Cuenta Pública 2008.

Y añade: “Vamos a hacer los comentarios pertinentes a la Conade. En ese sentido, la actual administración de este organismo debe estar abierta a proporcionar información. Estamos hablando de la Cuenta Pública 2008. Es necesario determinar si existen responsabilidades que sean merecedoras de algún tipo de sanción”.   

Este reportaje se publicó en la edición 1740 de la revista Proceso, actualmente en circulación.