Chincultik, justicia pendiente

viernes, 26 de marzo de 2010

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 26 de marzo (apro).- Año y medio después de la masacre de seis campesinos a manos de policías estatales, el gobierno reabrió hoy la zona arqueológica de Chincultik y, con ella, un nuevo centro ecoturístico administrado por los mismos ejidatarios que se rebelaron a la autoridad en octubre del 2008.
     El gobierno de Chiapas anunció hoy que abrió “una nueva opción” con la inauguración del Centro Ecoturístico ChinKultic, en donde se ofertan cabañas y suites amuebladas para lograr el descanso y confort de sus visitantes.
     El parque ecoturístico, destaca la propaganda oficial, “es ideal para visitar en cualquier temporada del año, pues cuenta con vestíbulo, senderos, ciclopista, renta de bicicletas, kayacs, un restaurante estilo mexicano con vista a las ruinas de Chinkultic, y muelle flotante para actividades acuáticas”.
     En esta Semana Santa, advierte un comunicado oficial, es la opción ideal para el descanso familiar, ya que cuenta con una ubicación estratégica cercana a la zona arqueológica de Chinkultic, los Lagos de Montebello y los Lagos de Colón, con servicios para el esparcimiento de sus visitantes, como el hostal o albergue.
     El nuevo proyecto comunitario está ubicado en el ejido Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, y contó con una inversión de casi 24.5 millones de pesos.
     En tanto, autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informaron que a partir de esta semana la zona arqueológica será reabierta al público, con ingreso gratuito, para recibir a los turistas que deseen conocer el lugar y en donde además tendrán la opción de pernoctar en el centro ecoturístico de nueva creación.
 
La represión

Los ejidatarios beneficiados con la derrama turística son los mismos que, el 3 de octubre de 2008, decidieron tomar la zona arqueológica vecina al poblado y así poder cobrar por el ingreso del turismo.
Hombres, mujeres y niños reclamaban así el apoyo del gobierno del estado cuando fueron reprimidos de forma violenta, operativo que dejó un saldo de seis personas abatidas a tiros, 11 heridas por golpes y seis más lesionadas por disparos de armas de fuego.
     En esa ocasión, unos 40 elementos de las policías Estatal Preventiva (PEP) y Ministerial (PM) ingresaron a la comunidad de Miguel Hidalgo, en vehículos, a caballo y a pie, tirando gases lacrimógenos y allanando arbitrariamente varios domicilios; sin embargo, los uniformados fueron cercados, desarmados y retenidos en la casa ejidal por algunas horas.
Más tarde, unos 300 agentes regresaron a la comunidad, con el fin de rescatar a sus compañeros, y arremetieron con gases contra los ejidatarios, quienes se defendieron con piedras y palos.
En respuesta, los agentes policiales accionaron sus armas de fuego, hiriendo así a varias personas.
     Los habitantes de una ranchería cercana, Agustín Alfaro y su esposa Eloísa Espinosa, decidieron en el traslado de los heridos. Por esa razón subieron a su camioneta a Rigoberto López Vázquez, José Alfredo Hernández Ramírez, Miguel Antonio Martínez López y Miguel Martínez García.
     Sin embargo, en el kilómetro 30 de la carretera Lagos de Montebello-Comitán de Domínguez fueron interceptados por elementos de la PEP que, sin motivo aparente, abrieron fuego, hiriendo en la pierna al conductor, Agustín Alfaro.
     Al detenerse el vehículo, los policías dispararon a quemarropa contra Rigoberto López, Alfredo Hernández y Miguel Antonio Martínez; en tanto Miguel Martínez García quedó herido.
La señora Eloísa y su hijo de tres años atestiguaron los homicidios perpetrados por la Policía Estatal Preventiva.
     Además, Ignacio Hernández López y Ricardo Ramírez fallecieron mientras eran trasladados al hospital de Amparo Agua Tinta, municipio de Las Margaritas.
     En el mismo operativo fueron detenidos otros 36 campesinos, quienes finalmente fueron puestos en libertad el 5 de octubre por la noche, en el ejido Lázaro Cárdenas, próximo a Miguel Hidalgo, a cambio de las armas que los pobladores habían asegurado a los policías.
     El Centro Fray Bartolomé de las Casas, que documentó la tragedia, calificó los hechos de “crimen de lesa humanidad”.
     Debido a su responsabilidad en la masacre, una media docena de policías siguen presos, aunque los altos mandos que participaron directamente en el operativo aún gozan de libertad e impunidad.

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