MÉXICO, D.F., 1 de abril (Proceso).- El titular de la Conade, Bernardo de la Garza, se ha convertido en cabeza de una agencia de colocaciones en la que sólo tienen cabida sus conocidos. Su más reciente movimiento consiste en catapultar a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte a seis de sus amigos, entre ellos Fabiola González Robledo, a quien propone como cabeza de ese organismo y que no cuenta con ninguna experiencia en el ámbito deportivo pero lleva trabajando con él al menos desde el año 2000. Las inconformidades ante los “dedazos” de De la Garza se han transformado en renuncias y demandas de amparo interpuestas por aspirantes a dichos cargos.

La elección por “dedazo” de los nuevos miembros titulares y suplentes de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) dejan al descubierto un proceso viciado de origen y la obsesión del director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Bernardo de la Garza, por privilegiar a sus amigos en los cargos relevantes.

De la Garza ha convertido su gestión en una agencia de empleo exclusiva para sus amistades sin importar su nula experiencia en materia deportiva, al grado de violentar la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Ahora, la “designación” de la propuesta final de los aspirantes a integrar la CAAD para el periodo 2010-2013, aprobada en noviembre pasado por el pleno del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade, cuyo titular es el mismo De la Garza), pone al desnudo los caprichos del director de la Conade:

La presidencia de la nueva plana del máximo órgano de justicia deportiva en el país ha recaído directamente en Fabiola González Robledo, actual asesora del titular de la Conade, cuya máxima carta de presentación es su amistad con De la Garza. Y cuenta con una trayectoria de 10 años en el servicio público, pero nada la relaciona con cuestiones deportivas.

El Registro de Servidores Públicos consigna que González Robledo es originaria del Distrito Federal, nació el 19 de abril de 1978 y se ocupó “de áreas técnicas y atención directa al público”.

Experiencia laboral: asesora de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2000-06) cuando el actual responsable de la Conade fue diputado local del Partido Verde Ecologista de México y coordinador de este grupo parlamentario; asesora del Senado de la República (de septiembre a diciembre de 2006) y de la Dirección General del Registro Civil del Distrito Federal (de enero de 2007 a junio de 2008), así como en la Unidad de Proyectos Especiales de la Presidencia de la República, al lado de Bernardo de la Garza, de 2008 a mayo de 2009. Tiene, por cierto, un mes de maestría en derecho.

Apenas en febrero pasado, Proceso dio cuenta en su edición 1739 de otro “amigazo de Bernardo”: Manuel Portilla Diéguez, quien llegó para ocupar la subdirección general de Cultura Física de la Conade.

Inconformidades

Aunque el presidente Calderón está obligado a respaldar o, en su caso, rectificar la propuesta del Sinade, el caso presenta de origen una serie de anomalías.

Por ejemplo, el artículo 40 de la Ley General de Cultura Física y Deporte señala: “El pleno de la CAAD se integrará por un presidente y cuatro miembros titulares con sus respectivos suplentes. El Ejecutivo federal designará al presidente y a los miembros titulares a propuesta del Sinade. Los nombramientos deberán recaer en personas con profesión en licenciado en derecho, conocimiento en el ámbito deportivo, así como reconocido prestigio y calidad moral. El presidente y los miembros titulares durarán tres años en su encargo y pueden ser ratificados por un periodo más”.

Y, en efecto, en el rubro de “conocimiento en el ámbito deportivo” sólo tres de los nueve miembros designados cubren el perfil: Fernando Ortiz Proal, actual titular de la CAAD y único que repite en el cargo; la exdeportista y abogada Norma Olivia González, quien desempeña un doble y cuestionado papel, pues en su carácter de presidenta de la comisión reorganizadora de la Asociación de Taekwondo de Veracruz tiene demandada a la comisión, donde en breve ocupará un asiento como titular; así como Jaime Moreno Agraz, a quien degradaron de titular a suplente.

No hay indicios de que tengan conocimiento de la materia deportiva el resto de los designados: los titulares Luis Fernando Jiménez Aguayo y Rafael Rodríguez Sánchez, así como los suplentes David Hernández González, Gonzalo Bernardo Zubillaga Ochoa y Jalil Ascary del Carmen.

Mientras tanto, las inconformidades por esas designaciones ilegales han provocado desde aclaraciones al respecto y reclamos por la falta de transparencia del proceso, hasta la promoción de al menos tres demandas de amparo contra el “dedazo”. Asimismo, un aspirante ha propuesto que los nombramientos sean revisados por el presidente Felipe Calderón, y el todavía integrante titular de ese órgano Jaime Moreno Agraz le presentó su dimisión al Ejecutivo federal cuando ni siquiera ha sido notificado del acuerdo tomado en la asamblea del Sinade.

Los miembros actuales de la CAAD concluyen su periodo el próximo 24 de abril, pero antes de anunciar oficialmente la designación de la nueva mesa directiva, el Sinade acordó en su reunión de noviembre pasado “reservar” la información y la documentación generada en el proceso de selección de sus integrantes “en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental”, a propuesta del jurídico de la Conade, Pablo José Miguel Suinaga Cárdenas, quien también coordina la comisión de selección de los aspirantes a integrar la comisión.

Aunque fue considerado para continuar en este órgano de arbitraje, ahora en calidad de “suplente”, Jaime Moreno Agraz no soportó la situación y en febrero pasado envió su renuncia a Felipe Calderón. “El motivo principal de mi dimisión fue que (cuando salió la convocatoria para la designación de los integrantes) formulé mi solicitud para ser nombrado como miembro titular, o en su caso presidente de la CAAD, no miembro suplente”.

Con una trayectoria de 12 años en el medio deportivo, Moreno Agraz señala presuntas irregularidades en el proceso de selección: “El Ejecutivo federal es el que tiene la facultad discrecional para nombrar a los miembros titulares del pleno y a su presidente, pero no encuentro un decreto o siquiera una circular por la que haya delegado esa facultad al consejo directivo del Sinade”.

El todavía titular de la CAAD comenta: “He estado 12 años en esta comisión y desconocía a esa persona (Fabiola González). Hasta hace poco que me enteré que venía laborando como secretaria particular del señor De la Garza y que derivado del encargo que se le hizo a él como director de la Conade se incorporó a las labores, pero dentro del ámbito deportivo desconozco qué experiencia tenga”.

–¿Es válido que De la Garza privilegie a sus amigos? –pregunta el reportero.

–La ley es muy clara respecto a ciertos puntos. Aquí habría que cuestionarle a la comisión de trabajo, que se constituyó para efecto de evaluar a los que participamos, cuáles fueron sus consideraciones para determinar esta propuesta, que desconozco. En lo particular, durante los 12 años que llevo en el medio nunca había escuchado que esas personas estuvieran involucradas en el derecho del deporte o de la justicia deportiva.

También me extraña que ninguna de esas personas son doctas en justicia deportiva, lo que se iba a evaluar para entrar a la comisión como miembros del pleno.

Otro miembro titular de la comisión, Jesús Pedro Hernández, de plano decidió defender su derecho mediante dos amparos que promovió contra la resolución del Sinade: “Derivado de varios puntos ilegales, interpuse los amparos pensando que las personas que lleguen a presidente de la CAAD sean las idóneas, con experiencia, como marca la ley. De hecho, la propia ley señala que hay una opción de poder ser ratificados por un periodo más”.

Hernández sostiene que, “en el enfoque de un estado de derecho, para mí hay violaciones que se dan en el proceso de selección de aspirantes a integrar la CAAD. Por ejemplo, la inconstitucionalidad de los propios lineamientos, porque la propia ley dice que para la integración y funcionamiento de la CAAD (las decisiones) sólo le corresponden al Ejecutivo federal, no al titular de un organismo descentralizado, en este caso la Conade. Ahí deviene la primera ilegalidad de la aplicación de los lineamientos”.

Además, añade, los aspirantes tienen derecho a ser evaluados. “Y la verdad es que nunca fuimos evaluados ninguno de los que estamos propuestos ni los que participamos. No hubo criterios de evaluación ni resultados. Entregué mis documentos conforme a los requisitos que señala la convocatoria. Hasta ahí llegó nuestra participación. Por eso uno de los puntos que reclamo en el amparo es la falta de evaluación.

–¿A qué le atribuye todo esto? ¿Hubo dolo, mala fe o la intención de Bernardo de la Garza para favorecer exclusivamente a sus camaradas?

–La pretensión es engañar al presidente con que (se están) atendiendo sus criterios de poner a la gente con más experiencia, y de acuerdo también a lo que dijo recientemente el titular de la Secretaría de Educación Pública, que la reelección era viable para tener a los mejores hombres, y (en cambio) dar cabida a otra gente, que no sé si sean sus amigos. Pero el punto es que tampoco se nos dio un trato diferente, porque no es lo mismo ser aspirante que ser ratificado, en virtud de que (los recién nombrados) apenas van a cumplir con los requisitos que marca la ley.

–¿Qué opina de la designación de Fabiola González Robledo, sin experiencia en el medio?

–Mi intención no es calificar o descalificar la trayectoria de cada uno, simplemente que se cumplan los requisitos que la propia ley señala. Y la ley dice que debe ser gente con la experiencia y reconocido prestigio en el ámbito deportivo. Mi agravio consiste en que me privan de ese derecho de llegar a la mesa del presidente y que él decida. Pero aquí no fue la facultad del Ejecutivo, porque (la decisión) no llegó a él.

–¿Por qué considera que reservaron la información?

–Por alguna cuestión, que no quieren dar a la luz pública, sobre los pasos que se siguieron en este proceso. Pero debe existir razón fundada para reservar un expediente, de acuerdo a la Ley de Transparencia.

Amparos

Jesús Hernández Hernández presentó su primera demanda de amparo el 18 de diciembre de 2009 en el Juzgado 14 de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, cuyo titular desechó el recurso. Entonces se interpuso una revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito, que tras revocar la decisión del Juzgado 14 ordenó la admisión de la demanda, con número de expediente 1795/2009.

El 28 de enero pasado, el aún titular de la CAAD presentó una nueva demanda de amparo en el Juzgado 8 de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal (expediente 115/2010). Las sentencias aún están pendientes.

El doctor Édgar Corzo Sosa, abogado defensor de Jesús Hernández, expone que con base en la Ley la Renovación, en la CAAD también puede haber ratificación en el cargo. “De esta manera la evaluación del desempeño, y por escrito, es un requisito indispensable antes de decidir cambiar a un integrante de la CAAD. Pues bien, en el caso del licenciado Jesús Pedro Hernández, en ningún momento se le ha evaluado, o sea que se le deja en la mayor de las incertidumbres porque todo el esfuerzo vertido durante tres años no ha sido tomado en cuenta”.

El también investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM acusa: “Alguien decidió, sin mayor reflexión y quizá como un capricho, que (Hernández) no continúe desempeñando su cargo, lo que es contrario a derecho y a lo previsto en la Ley General de Cultura Física y Deporte, pero también contrario a nuestra Constitución, pues se transgreden los más elementales derechos de la persona. Además se viola su garantía de defensa. ¿Cómo puede valerse el licenciado Jesús Pedro si no se le evalúa? Lo están dejando en completo estado de indefensión”.

Enrique Ornelas, otro integrante titular activo del órgano de arbitraje, fue más allá: además de promover un amparo indirecto contra el presidente del Sinade, Bernardo de la Garza, ante el Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito en el Distrito Federal por la misma causa, turnó una misiva al presidente Calderón el pasado 14 de enero.

En la carta, Ornelas asegura que De la Garza incurre “en una clara y flagrante violación de derecho y desapego a las políticas institucionales señaladas por la Presidencia de la República, mediante la imposición de sus amigas y amigos abogados sin experiencia previa jurisdiccional en el ámbito deportivo”.

Además, solicita al Ejecutivo “ser tomado en cuenta como candidato idóneo a formar parte del nuevo pleno a ser nombrado por usted para el periodo 2010-13, incluso con la posibilidad de presidir el mismo”.

En entrevista, Ornelas afirma que De la Garza tiene la obligación de dar a conocer los resultados de la convocatoria a todos los participantes “por la forma que la realizó, conjuntamente con directivos del Sinade, entre ellos el secretario general, Jaime Gutiérrez, también subdirector general de la Conade”.

Dice que a la convocatoria respondieron más de 20 aspirantes. A la fase final llegaron ocho de ellos, cuyos nombres fueron presentados al consejo directivo del Sinade en la reunión celebrada el 26 y el 27 de noviembre en Puerto Vallarta.

“Se dieron los nombres de las personas que serán presentadas ante el presidente de la República para el nombramiento correspondiente –prosigue Ornelas–; para sorpresa nuestra, ni siquiera fuimos considerados, aun cuando estábamos en el pliego final.”

Argumenta: “Todos los miembros que nos encontramos actualmente en la CAAD tenemos un nombramiento de carácter presidencial desde hace tres años y cubrimos todos los requisitos: pasamos ante la SEP, ante Presidencia, ante el Sinade. Considero que era un tema básicamente de una ratificación, en nuestro caso. La única persona que fue ratificada en el cargo es otro de los miembros actuales, Fernando Ortiz. (De la Garza) impuso a una abogada bastante joven, de quien no dudo de sus capacidades profesionales, pero sí de su experiencia en temas de carácter deportivo y jurisdiccionales.

“De todos es sabido que ha estado sumamente cerca del señor De la Garza, tanto en el Partido Verde como en la Presidencia de la República –prosigue Ornelas–, y ahora la tiene en la Conade desde que llegó. Es realmente de llamar la atención. En particular me gustaría que (el titular de la Conade) dé una explicación a la comunidad deportiva. En todo caso, ¿de dónde sacó a las otras personas?”

En cambio, el aspirante José Luis Valle Cossío, con experiencia en el área jurídica en la Conade desde los tiempos de Nelson Vargas y Carlos Hermosillo, opta por la cautela. “Oficialmente todavía no tengo nada”, dice, esperanzado en que no lo hayan descalificado aún.

“El Sinade propone (a los aspirantes a integrar la CAAD) al Ejecutivo federal. La designación real es la que hace el Ejecutivo. Honestamente, no creo que el Sinade y la comisión creada para tal efecto no hayan analizado los perfiles y los currículos. El que manden una quinteta, o como le queramos llamar, no significa que ya estén nombrados. Todavía está pendiente la etapa en que el Ejecutivo federal, a través de la consejería jurídica, evalúe y analice las propuestas que le hace el Sinade.”

“No me atrevo a decir que he sido descartado porque todavía no sé si llegué o no al escritorio del Ejecutivo. Esto lo vamos a conocer cuando se conozca la designación formal, y de ahí nacerá el derecho para todos los que participamos a tomar las acciones legales que resulten procedentes”, advierte.

Reportaje publicado en la edición 1743 de la revista Proceso, actualmente en circulación.