Los "crímenes" del procurador de Jalisco

viernes, 30 de abril de 2010

GUADALAJARA, Jal., 30 de abril (Proceso Jalisco).- Agentes investigadores que denunciaron la corrupción en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco a principios de año culpan al titular de la dependencia, Tomás Coronado Olmos, de la ejecución, el viernes 9, de uno de sus compañeros, el comandante Arturo López Maravilla. Sostienen que varios de ellos  han sido objeto de hostigamiento, amenazas y atentados, como el que sufrió recientemente Juan Carlos Ávila Domínguez, el abogado que redactó el proyecto anticorrupción. A él, varios comandantes le dijeron: “¿quieres ser el segundo?”.

“Se lo pusieron en charola de plata a quien lo iba a matar”, comenta el policía investigador Armando Cervantes Tirado al referirse a su amigo Arturo López Maravilla, el comandante regional en Autlán que fue ejecutado el viernes 9 afuera de su domicilio.
López Maravilla, quien pugnaba por una reestructuración en la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ), estaba solo al momento de ser atacado, lo que llama la atención, puesto que, en su calidad de comandante, debería estar acompañado por un chofer y dos elementos más, sostiene Cervantes Tirado.
Integrante del grupo que denunció la corrupción que impera al interior de la PGJ (Proceso Jalisco 280), el agente entrevistado insiste: aun cuando era su día de descanso, López Maravilla “debió estar acompañado por un compañero, pero no fue así. Eso es muy raro”, reitera.
Con la ejecución del comandante de Autlán suman 20 los agentes caídos en forma similar desde que Tomás Coronado Olmos encabeza la procuraduría.
El abogado Juan Carlos Ávila Domínguez, autor del proyecto de reestructuración de la PGJ, quien sufrió un atentado el lunes 19, del que salió ileso, culpa a Coronado Olmos del homicidio de López Maravilla: “El procurador quiere hacer creer que es una represalia de la gente que hirió de gravedad a Maximiano Barbosa (fundador de El Barzón) y a su hijo hace varios meses, pero eso es mentira”.
Ávila Domínguez recuerda que él y sus compañeros que denunciaron la corrupción han sido “recomendados con los jefes (de la PGJ) o con la delincuencia organizada”, para que los hostiguen; algunos, como él mismo, incluso han sufrido atentados:
“A López Maravilla lo amenazaron y te lo digo porque él me lo comentó vía telefónica. Que no quieran manejar una información que no es real. El procurador dijo que iba a acabar con todos los del grupo…Yo hago responsable al procurador de todo los que nos pase a nosotros y a nuestras familias. Espero que pague esta bajeza.”
El abogado asevera que Coronado Olmos le habló por teléfono el sábado 10 para ofrecerle 5 millones de pesos a cambio de que se callara y “no se le cayeran todos sus negocios”. Como no aceptó la “oferta”, dice, el procurador lo increpó: “Si no te callas, atente a las consecuencias; te vamos a desaparecer”, relata Ávila Domínguez.
–¿Siente temor?
–Sí. Él dio la orden a Héctor Gómez, a Julio Vázquez y a Daniel Martínez Terrones (agentes investigadores leales a Coronado Olmos) para que me hicieran 28 (que en clave de la procuraduría significa “golpear”) y que si se les pasaba la mano y me hacían 29 (“matar”) no había ningún problema.
–¿Han intentado cumplir las amenazas?
–Me han hablado desde dos teléfonos directos de la procuraduría; también han utilizado un nextel, que aparece a nombre de Jesús Quirarte Ruvalcaba, y de varios celulares.
–¿Qué le dicen?
–Que ya me calle y desaparezca; si no, ellos me van a desaparecer porque me estoy metiendo con su patrón. El comandante Julio Vázquez Alcaraz, Raúl Alaniz, Indalecio Trigueros y otro de apellido Mondragón me amenazaron: “Ya tenemos órdenes de matarte, ya va uno –me dijeron, en alusión al comandante López Maravilla–. ¿Quieres ser el segundo?”.
Ávila Domínguez asegura que el lunes 19 le dispararon cuando circulaba por el periférico, a la altura del cerro de la Reina, en Tonalá. Los agresores iban en dos camionetas RAM de modelo reciente. En uno de los vehículos oficiales iba Jahir Gamaliel Plascencia Méndez, escolta del procurador, dice el entrevistado. Y comenta que las placas de esas unidades “empiezan con JR 60, terminación 5, aunque no vi los demás números”.
En relación con las acusaciones en su contra por presunto fraude y extorsión, Ávila Domínguez explica:
“Son fabricadas. Yo soy una persona recta, responsable. La mayoría de los servidores públicos de la procuraduría me conocen. Ese señor (Coronado Olmos) me está queriendo desprestigiar porque estoy haciendo saber todo lo que está haciendo en su institución. Inventan, hacen lo que quieren sólo porque están en el poder.”
Pero vuelve al tema de las amenazas: “Temo salir a la esquina. Ya mataron a uno de los que apoyó al proyecto (el comandante López Maravilla). Yo que lo elaboré, qué puedo esperar ahora”.

Campaña de hostigamiento

A principios de marzo, la procuraduría entregó un oficio al comandante Arturo López Maravilla en el que le notificaba su cambio de adscripción. Un documento similar recibieron los otros integrantes del grupo anticorrupción en la misma semana, cuenta Ávila Domínguez.
A López Maravilla lo mandaron de Puerto Vallarta a Autlán de Navarro sin el equipo adecuado. Sólo le dijeron que eso le pasaba “por pertenecer al grupo. Él no se opuso. Se fue y sucedió su deceso”, comenta el abogado.
“Yo me pregunto si el procurador no estará de acuerdo con la delincuencia organizada, al no proveer de equipo a sus agentes. ¿Cómo es posible que no les den armamento, cuando hay un fondo federal que recibe la procuraduría para la compra de armamento? Y si lo compran, ¿por qué no lo entregan?”, cuestiona.
Ricardo Camacho, otro de los policías investigadores del grupo anticorrupción, recuerda que López Maravilla, “al igual que los compañeros que murieron en cumplimiento del deber en Lagos de Moreno, Magdalena y Tequila en los últimos meses, solicitó por escrito a Felipe Reyes Rivas (coordinador general administrativo) que le dotaran de más armamento, y a Daniel Martínez Terrones (subdirector de la policía investigadora) de más personal. Nunca obtuvo respuesta”.
La agente del Ministerio Público (MP) Orfa Yolanda López Soltero cuestiona al procurador Coronado Olmos por haber enviado a varios de los participantes del proyecto anticorrupción a zonas altamente peligrosas, como Autlán: “¿Acaso esperaba que a todos nos pasara lo mismo que al comandante López Maravilla?”, espeta.
La agente del MP confía en que el gobernador Emilio González Márquez deje de proteger a Coronado. “Yo pregunto: ¿cuándo toca que congelen al procurador y cuándo dejará de ser impune?”
Otro agente ministerial, Eduardo López Pulido, sostiene que Coronado Olmos declaró que los cambios de personal obedecían a “un proceso cotidiano y normal; pero eso es falso”. La verdad es que “nos están mandando a esos lugares no por motivos laborales, sino de represión, porque le estamos afectando sus intereses”, puntualiza.
“Desde que llegó Coronado no se habían hecho movimientos. Hasta que detectó el proyecto de reestructuración entonces empieza hacer el movimiento y con las personas que están dentro del proyecto. En mi caso tengo siete años en la misma área y fue con todo dolo hacer el movimiento y enviarme a una zona peligrosa; eso ha pasado con cada uno de los compañeros del proyecto”, asegura López Pulido.
Algunos de los integrantes del grupo anticorrupción recuerdan que, luego de que les notificaron su cambio de adscripción, enviaron un oficio al coordinador administrativo de la PGJ para pedirle equipo antes de trasladarse a sus nuevas plazas. Lejos de atenderlos, comenzó el hostigamiento, incluso se les impidió el acceso a las instalaciones de la PGJ. Varios de los agentes decidieron dejar de laborar. Hasta hoy no se han definido sus funciones
El abogado Ávila Domínguez aclara que no todos los agentes que avalaron el proyecto que él elaboró han sido amedrentados. Algunos, como Arnulfo González Gómez, el investigador que “divulgó el proyecto”; y el jefe de grupo de reacción inmediata, de los motorizados, cuyo nombre no recuerda; y Roberto Carlos Arias Navarro. “Son traidores”, dice.
A ellos no sólo no los cambiaron de adscripción, agrega el abogado, sino que incluso los premiaron. Es el caso de Arias Navarro, quien hoy es coordinador de Informática, gracias a su colaboración. El colmo: González Gómez llegó a decir que “pretendíamos derrocar al procurador”.

Coronado, al Congreso

El martes 13, el diputado priista y presidente de la Comisión de Justicia, Luis Armando Córdova Díaz, presentó ante sus compañeros del Congreso un acuerdo para citar a Coronado Olmos a comparecer ante el pleno.
El propósito, sostiene el legislador, es que “explique la estructura organizacional de la procuraduría, el método de selección y contratación de personal, los perfiles de los actuales mandos superiores y medios, y el perfil del personal operativo administrativo; además del proceso de seguimiento de las denuncias y averiguaciones previas, así como de las denuncias ciudadanas por corrupción al interior de la dependencia”.
Sin embargo, el acuerdo legislativo se envió a la Comisión de Justicia, no al pleno. Una semana antes, el miércoles 7, el propio Coronado estuvo en el Congreso y pidió a varios legisladores que si pensaban citarlo lo hicieran pero sólo ante la Comisión de Justicia, donde incluso podían mentarle la madre, pero no ante el pleno porque ahí corría el riesgo de que la gente de su propio partido lo exhibiera, señaló una diputada que estuvo en la reunión de ese día.
El priista Córdova Díaz terminó por justificarse y adujo que su propuesta “no tuvo eco” en la junta de coordinación política. “Los demás compañeros del grupo parlamentario y de los otros partidos me pidieron que no politizara el tema”, comenta a la reportera.
–¿Tomaron en consideración la solicitud de Coronado de no ser citado ante el pleno?– se le pregunta a Córdova.
–Desconozco si el procurador acudió al Congreso. Lo que le puedo decir es que, si comparece ante la Comisión de Justicia, no le quita seriedad al asunto, el hecho es hacerlo más ágil y encontrar una solución rápida.
–No se trata de un asunto político, sino de terminar con la corrupción en la procuraduría que denunció el propio personal de la dependencia.
–Para la comparecencia de un titular no es suficiente con que algún grupo, aunque sean funcionarios de la propia dependencia (…) denuncie una irregularidad. Eso no procede de pleno derecho. Esta situación requiere de mucha más seriedad.
“(No se trata) de atender los intereses de algunas personas, que no sabemos si son legítimos o están sucediendo. Sabemos que hay muchas cosas que deben cambiar en la procuraduría (…) Los planes que está implementando el gobierno en materia de seguridad son insuficientes y equívocos.”
–Pero el grupo recibió amenazas de muerte…
–Desconozco si existe una denuncia. Pero si alguien es amenazado debe presentar una denuncia.
–Sería ilógico que la presentaran ante la propia procuraduría.
–Hay otras instancias, incluso internacionales. No pueden quedarse atados de manos. Cuentan con el apoyo de un servidor. También tengo checado quiénes son ellos y sé quiénes litigan y qué casos tienen, para no abanderar causas con poco apego a la realidad. Tenemos que encontrar un punto para que la procuraduría salga de ese colapso en la impartición de justicia.
Córdova Díaz asegura que la Comisión de Justicia está recabando datos reales para cuestionar a Coronado de manera sustentada. El propósito es hacer propuestas correctivas, insiste.

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