En el corazón de Iztapalapa hay una fuente de veneno para los pulmones. Una fábrica de balatas de asbesto se ha vuelto el centro de un conflicto que, hoy en día, los vecinos tienen perdido. Las autoridades no han visto motivos para cerrar la planta: no consideran la muerte de un vecino por mesotelioma ni el incidente de intoxicación en una primaria cercana ni el hecho de que el asbesto ya está prohibido en la mayoría de los países industrializados. Proceso presenta el resultado de un exhaustivo trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) acerca de los conflictos derivados de esa fibra.

Esta investigación se basa en reportajes de ocho países, miles de documentos, estudios científicos y registros financieros, así como cientos de entrevistas con funcionarios de salud, representantes de la industria, investigadores y víctimas, abogados y activistas.

MÉXICO, D.F., 22 de julio (Proceso).- Entre casas y escuelas en el Barrio de San Lucas, en la delegación Iztapalapa, la fábrica American Roll se erige como una fortaleza de ladrillos con ventanas diminutas. Emite un olor acre, a llanta quemada, que irrita los ojos y punza en la cabeza. Es imposible ver hacia adentro. 

La planta produce balatas de asbesto, y desde 2001 ha mantenido un conflicto con los vecinos de San Lucas, quienes están desesperados: no encuentran respuesta a sus denuncias sobre la contaminación que provoca la fábrica. Además, sospechan que la compañía ha cooptado a funcionarios de las áreas de salud y medio ambiente. Les preocupa enfrentar el mismo destino que Jaime Carbajal...

Carbajal nació y creció en el barrio. Vivía a 150 metros de la fábrica. El 4 de marzo de 2008 se presentó en la sala de Urgencias del Hospital General de Iztapalapa con dolor agudo en la espalda y dificultades para respirar. El médico sugirió que Carbajal estuvo expuesto al asbesto, a pesar de que nunca había trabajado con ese material. En su informe escribe sobre la cercanía de su casa con la fábrica. Un mes después, un especialista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias anotó que la tomografía revelaba “manchas densas” en los pulmones, lo que sugería exposición a asbesto. Una vez más quedó registrado el dato de la cercanía de la casa del paciente con la planta. 

El 11 de mayo de 2008, a los 58 años, Carbajal murió por mesotelioma, un raro cáncer que se desarrolla “en casi todos los casos” por la inhalación de fibras de asbesto. Para Berenice Martínez, quien vive a espaldas de la fábrica, la muerte de Carbajal confirma que American Roll representa una amenaza para la colonia, en particular para los cerca de 300 niños que van a las escuelas de la zona. 

Durante casi una década, Martínez y otros vecinos, incluidos algunos maestros, han presionado a las autoridades para que cierren la fábrica. Sólo en una ocasión lo lograron, en enero de 2004. Sin embargo, gracias a un amparo, la planta volvió a abrir y sus opositores fueron perdiendo fuerza hasta quedar casi diluidos. “Un día, en reunión con las autoridades dizque para ver nuestro asunto, después de años de pelear y ver que ninguna demanda funcionaba, me di cuenta de que estaba sola. Simplemente me rendí”, dice Martínez. “Le apostaron a nuestro cansancio, y ganaron”.

En marzo pasado, American Roll no quiso dejar entrar a una periodista a la planta. Semanas después, en un comunicado enviado por correo electrónico, la compañía informó que sus emisiones están siempre muy por debajo de los límites establecidos por la ley y que no es responsable de las enfermedades de los vecinos. “Si así fuera el caso, no creemos que ninguna autoridad permitiría que esto continuara”, dijo María de la Luz Martínez Ávila, representante legal de American Roll, en el comunicado. 

3 mil muertes al año 

American Roll es una de las casi 2 mil empresas mexicanas que utilizan asbesto (también llamado amianto) en una gama de productos –incluidas balatas, calderas, techos, tuberías y cables– vendidos en todo el hemisferio. Altamente cotizado por su resistencia al calor y fuego, el asbesto fue intensamente usado en todo el mundo. Hoy está prohibido o restringido en al menos 51 países, incluyendo Argentina, Chile y Uruguay. En la Unión Europea también está prohibido, y en Estados Unidos sólo se permite su uso en la elaboración de un puñado de productos, como las balatas para los frenos de coches. 

No obstante, gracias a una agresiva campaña de la industria, el uso del asbesto ha crecido notablemente en los países en desarrollo, liderados por países como China, India y México. Con su nueva vida en los mercados emergentes, la cifra de muertos por asbesto puede llegar a 10 millones en 2030, según el doctor James Leigh, director del Centro de Salud Ocupacional y Ambiental de la Escuela de Salud Pública de Sidney, Australia.

Miles de esas muertes se esperan en México, donde se utilizaron 17 mil toneladas de asbesto en 2007, lo que equivale a 10 veces más la cantidad usada en Estados Unidos ese año. En los setenta, las importaciones de ese material a México empezaron a crecer exponencialmente. En ese entonces gran parte de la fibra venía de Canadá. Hoy los fabricantes compran la mayoría de sus suministros a ese país y a Brasil. De acuerdo con la Secretaría de Economía, mil 881 empresas utilizan amianto en bruto. Esas empresas emplean a 8 mil personas, según la Confederación Nacional de Trabajadores.

Guadalupe Aguilar Madrid, investigadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dice que las leyes para proteger a los trabajadores del país son débiles, lo cual permite la proliferación de condiciones laborales insalubres y peligrosas, y tiene como consecuencia un aumento en las muertes. 

“La epidemia puede crecer, como sucedió en los países que comenzaron a trabajar con asbesto después de la Segunda Guerra Mundial”, dice. Asimismo, calcula que el número de fallecimientos anuales por mesotelioma, asbestosis y cáncer de pulmón (relacionado con el asbesto) podría aumentar de 3 mil a 5 mil. La epidemia, asegura, no se detendrá mientras las autoridades no prohíban el uso de ese material.

Cabildeo en México

“Estamos cerca de las autoridades gubernamentales”, dice Luis Cejudo Alva, fundador y presidente del Instituto Mexicano de Fibro Industrias (IMFI), grupo que representa a la industria del asbesto y que mantiene una estrecha relación con el gobierno. 

Insiste en que el IMFI ha colaborado con los reguladores para mejorar las condiciones de trabajo. “Ha sido una labor ardua y constante. Hemos tenido reuniones con ellos, participamos en la creación de los reglamentos y los invitamos a las fábricas”, sostiene.

Apasionado defensor del asbesto, Cejudo viaja con frecuencia por América Latina. En ocasiones sus gastos son pagados por el Instituto del Crisotilo (término con el que se conoce al asbesto blanco, la única forma utilizada hoy en día), con sede en Montreal. “Esto no quiere decir que pagan todos mis gastos o que me dan un sueldo”, afirma. 

Cejudo parece disfrutar su papel de evangelista del asbesto. En 2006, en una conferencia patrocinada por el Instituto del Crisotilo, explicó cómo su organización trabajó con colegas de otros países para defender ese material: se esperaba que Perú siguiera el ejemplo de Chile, que prohibió el mineral; eso se hubiera logrado si no fuera por la acción “rápida” del grupo de presión dirigido por Canadá. Colombia fue “sitiada” por las fuerzas antiasbesto, pero los esfuerzos combinados de cuatro asociaciones, incluida la de Cejudo, neutralizaron esa oposición. En Brasil “los ataques están ahí, pero con la ayuda del Instituto Brasileño del Crisotilo (los productores de asbesto) seguirán avanzando como el cauce del río”. 

La prohibición del asbesto en Chile todavía duele. “Yo estaba allí, pero nada se podía hacer”, dice Cejudo. Los “detractores del asbesto” simplemente fueron demasiado fuertes.

Guadalupe Aguilar rechaza la descripción benévola que hace el presidente del IMFI, organismo supuestamente orientado hacia la seguridad de los trabajadores. A los empleados de la Secretaría del Trabajo les han pagado para hacer recorridos en las minas de asbesto de Quebec, dice. “Regresan a México con la impresión de que es posible trabajar de manera segura con la fibra”. También cabildean con funcionarios públicos. 

“Cuando tenemos reuniones para hacer el reglamento, ellos están ahí”, dice Aguilar. “De hecho, a veces ellos mismos escriben las reglas”, asegura, al tiempo que muestra una norma sobre la exposición al asbesto en los lugares de trabajo y respecto de la cual ella y Cejudo coinciden en que fue influida por el IMFI. 

El instituto, dice Aguilar, es responsable en gran medida del desastre de salud pública que se avizora en México. “Ellos se han atrevido a decir que el asbesto se puede comer con pan y mantequilla, a pesar de todo el trabajo científico que se ha hecho”.

Cejudo sostiene irritado que Aguilar miente acerca de su organización y los peligros del asbesto. “¿Por qué esta señora dice que el polvo que viene de las láminas (de asbesto) mata a la gente?”, cuestiona. “Es sólo polvo... Estas láminas son una respuesta a las necesidades de la gente”.

Escuelas, protestas y contaminación 

Durante casi 30 años la fábrica de balatas del Barrio de San Lucas fue propiedad de ITAPSA, empresa que opera plantas de asbesto en los alrededores de la Ciudad de México. A finales de los noventa se trasladó al Estado de México y usó el edificio de Iztapalapa como bodega. En 2001, la fábrica volvió a abrir con el nombre de American Roll.

La planta tiene 22 empleados en dos turnos. Generalmente está en operaciones 15 horas al día, cinco días a la semana, aunque los vecinos dicen que sus horarios son irregulares. “Cuando tienen la sensación de tensión en el barrio, trabajan en la noche o en domingo”, dice Claudia Fuentes, quien vive a menos de dos kilómetros de la fábrica.

A petición de la priista Alicia Téllez Sánchez, diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la fábrica fue inspeccionada en abril pasado por José Luis Cortés, director de Vigilancia de la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad. El funcionario declaró que todo estaba en orden, aunque en su informe escribió que consideró suficiente la explicación que le dieron en la fábrica cuando vio barriles de desechos peligrosos fuera de su respectiva área de manejo. Téllez manifestó sus dudas sobre los resultados de la inspección.

La legisladora relata: “Yo estaba en el Barrio de San Lucas. Vi a la gente. Hablé con ella y hay un sentimiento general de que algo está mal... Si no hay nada malo, ¿por qué no se me permitió entrar a la fábrica?”.

El Barrio de San Lucas es sede de siete escuelas primarias, dos secundarias y cinco centros preescolares. El 29 de enero de 2003, Berenice Martínez, madre de tres hijos, convocó a otros padres de familia a organizar una protesta: bloquearon la avenida Ermita para exigir que la planta se cerrara. Al terminar, los manifestantes se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, quienes los presionaron para que dejaran de pelear contra la fábrica y no hicieran declaraciones a un reportero de televisión que cubrió la marcha, platica Martínez. “Su intimidación fue velada, pero la temimos”, dice. Un portavoz de la secretaría no respondió a las solicitudes que se le hicieron para una entrevista sobre el particular. 

Una serie de incidentes, como el ocurrido en enero de 2003, condujo a Martínez y otros padres de familia a realizar una protesta en la primaria Año de Juárez. Un olor intenso impregnaba las aulas, los niños empezaron a sentir la garganta irritada, dolor de cabeza y problemas para respirar. A raíz de ello la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México inspeccionó la fábrica, a petición de la Subsecretaría de Servicios Educativos de la SEP, pero no encontró nada.

Un empleado de la escuela Año de Juárez, que pidió no ser identificado, denuncia que los profesores que apoyaron la protesta fueron amenazados con recibir sanciones si insistían en manifestarse. “Nos dijeron que si acumulábamos quejas podríamos perder nuestro trabajo”, dice.

Aguilar, la investigadora del IMSS, siente empatía por la gente del Barrio de San Lucas y los trabajadores de American Roll.

“¿Quién se hará cargo de estas comunidades?”, pregunta. “¿Quién va a asumir la responsabilidad de las muertes?”.