En Morelos y Guerrero, a la vuelta de la esquina, colgando de los puentes o en el fondo de las minas, se encuentran muertos por montones, evidencias de la batalla de los sicarios de La Barbie contra los de El H por dominar el territorio. Igualmente criminal es el desgobierno, ya que autoridades guerrerenses y oficiales de las fuerzas federales son señalados como cómplices de alguna de las facciones en pugna.

CHILPANCINGO, GRO, 23 de julio (Proceso).- Nuevos señalamientos contra autoridades locales, militares y de la Marina sobre la presunta protección que brindan al cártel de los Beltrán Leyva presagian mayor convulsión en Morelos y en Guerrero.

Los enfrentamientos armados entre dos facciones de la organización están erosionando a las dos entidades, ante la incapacidad y aun la complicidad de varias instancias de gobierno y de seguridad. La situación alcanza ya niveles alarmantes, especialmente en Guerrero, cuyo proceso para renovar la gubernatura culmina con la elección en enero de 2011.

Ciudades de ambos estados, desgarradas por las balas y convertidas en cementerios clandestinos, constituyen el escenario de la pugna que desde enero libran Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Héctor Beltrán Leyva, El H, por el control del corredor Acapulco-Cuernavaca.

La disputa por el mando del cártel de los Beltrán Leyva comenzó poco después de diciembre del año pasado, cuando murieron el jefe de esa organización delictiva, Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de jefes, y sus principales operadores en las dos entidades, Jesús Nava Romero, El Rojo, y Miguel Ángel Araujo, El Buche, al enfrentarse con infantes de Marina. 

El martes 13, el periódico Reforma publicó que Jesús Basilio Araujo, El Pollo o La Piyeya –jefe de sicarios de Jesús Nava, El Rojo–, detenido el 18 de diciembre de 2009 en Jiutepec, Morelos, declaró ante el Ministerio Público federal que al menos tres alcaldes de zonas caracterizadas por la producción y el tráfico de drogas en Guerrero, así como varios oficiales de las policías ministerial y municipal han brindado protección a los Beltrán Leyva.

Acusado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de más de un centenar de asesinatos antes de la muerte de El Jefe de jefes, Basilio Araujo hizo imputaciones directas contra tres presidentes municipales: el perredista Carlos Bello Gómez, de Atoyac, y los priistas Nadín Torralba Mejía, de Tecpan, y Olaguer Hernández Flores, de Heliodoro Castillo. El sicario aseguró que los funcionarios aceptaron que el brazo armado del cártel de los Beltrán Leyva, denominado Los Pelones, operara en sus municipios:

“El Rojo (me) manda a hablar con los alcaldes de Atoyac de Juárez (sic), Carlos Armando Bello Gómez; de Tecpan de Galeana, Nadín Torralba Mejía, y del municipio de Heliodoro Castillo, conocido como Tlacotepec, Olaguer Hernández Flores, alias El Ciudadano o El Presi, a quienes fui a comentar que gente de Jesús Nava Romero, alias El Rojo, iba a andar en esos municipios, para que no se fueran a espantar, quienes los iban a ayudar a detener a los secuestradores, ladrones y otros tipos de delincuentes, pero como no sé qué arreglos tenía El Rojo con ellos, dijeron que no había ningún problema”, declaró La Piyeya, actualmente preso en el penal de máxima seguridad de Occidente, en Jalisco.

Estos señalamientos tensaron el ambiente político en Guerrero, ante la posibilidad de que el gobierno federal reedite el michoacanazo. 

En conferencias de prensa por separado, los alcaldes de Atoyac y Tecpan negaron haberse reunido con La Piyeya, mientras que el de Heliodoro Castillo dijo que Jesús Basilio es originario de Tlacotepec –cabecera de su municipio– y que lo conoció cuando fue precandidato a alcalde por el PRD en 2005, luego como promotor de campañas del PAN y después como padrino de la feria regional en la zona de la Sierra, pero también negó tener vínculos con el cártel.

Frágil autoridad

El H se afincó en Cuernavaca a través de su brazo armado, conocido como Cártel del Pacífico Sur (CPS), dirigido por Sergio Villarreal, El Grande.

Los integrantes de ese grupo armado persiguen, detienen y ejecutan a todo aquel que consideran delincuente, sobre todo a colaboradores de La Barbie. Siempre dejan la advertencia de que si el gobierno no puede acabar con la delincuencia, ellos sí.

A mediados de junio, el CPS se adjudicó las ejecuciones del excomandante de la Policía Ministerial de Morelos, Guillermo Vargas Rodríguez, y de su hijo Guillermo Vargas Rivera. En un mensaje acusó al oficial de colaborar con La Barbie y de haber asesinado a Juan Sebastián Figueroa González, hijo del cantante guerrerense Joan Sebastian, frente a la discoteca The Grand Hotel en Cuernavaca, “por un lío de faldas”. 

El CPS también reivindicó el asesinato de los tres hombres que la madrugada del martes 13 aparecieron baleados y colgados en distintos puentes de Cuernavaca. Señaló que los muertos trabajaban para La Barbie y eran parte del grupo de seis que se fugó del penal de Atlacholoaya el pasado 22 de junio. 

Las autoridades de Morelos se han limitado a recoger los cadáveres y confirmar la identidad de las víctimas. 

En tanto, Acapulco sigue siendo el principal centro de operaciones de La Barbie en Guerrero, cuyo dominio mantiene a pesar de los embates de la gente de El H.

Sin embargo, a partir de finales de mayo, con el hallazgo de fosas clandestinas en el norte del estado, en las que fueron arrojados decenas de cuerpos al fondo de respiraderos de minas en Taxco y en acantilados de Pilcaya, el Ejército, la Marina y la Policía Federal emprendieron una ofensiva contra Valdez Villarreal, a quien también busca el gobierno estadunidense.

Como resultado, entre el 11 y el 15 de junio agentes federales detuvieron a dos de los principales operadores de La Barbie en Morelos y en el sur del Distrito Federal: Irving Eduardo Solano, El Gato, y Eznel Cortés Jiménez, El Teniente, éste capturado en Acapulco.

La ofensiva federal no ha fortalecido a las autoridades guerrerenses. En medio de la escalada violenta, el 17 de junio el subprocurador y encargado de despacho de la procuraduría local, Albertico Guinto Sierra, renunció al cargo. Lo sustituyó David Augusto Sotelo Rosas, quien era asesor del gobernador Zeferino Torreblanca y su enlace con el Congreso estatal. 

Además, el viernes 16, después de sólo 10 meses en el cargo, el mayor Valentín Díaz Reyes presentó su renuncia como director de la Policía Ministerial del estado. Lo sustituirá José Fernando Monreal Leyva, quien era fiscal especial de delitos graves de la procuraduría local. El exfuncionario admitió que “hasta el último momento” recibió amenazas anónimas.

La Secretaría de Seguridad Pública afirmó, en su último informe que data de mayo, que durante la administración de Zeferino Torreblanca se habían cometido hasta entonces aproximadamente 2 mil 500 homicidios relacionados con el narcotráfico. Y siguen impunes los asesinatos de aproximadamente 30 militantes y dirigentes del PRD, entre ellos el que fue líder del Congreso local, Armando Chavarría, perpetrado el 20 de agosto de 2009.

En cuanto a las propias fuerzas federales, surgieron señalamientos de que oficiales de la Armada protegen a los operadores de El H a partir de que los infantes de Marina catearon varias casas de seguridad en el puerto y de que soldados del 50 Batallón de Infantería realizaron un operativo en Chilpancingo que culminó con la detención del presunto jefe de pistoleros Orlando Pérez Nava, El R3. 

El 23 de junio, en distintos lugares de Acapulco, aparecieron dos narcomantas en las que se acusa al capitán de corbeta Pedro Martínez Beltrán y al comandante Víctor Colorado de recibir dinero de Héctor Beltrán a cambio de información para desarticular la estructura de Valdez Villarreal.

El caso es que, luego de que infantes de Marina balearon a un adolescente que viajaba en un auto compacto sobre la avenida costera Miguel Alemán, supuestamente porque no se detuvo en un retén, el pasado sábado 10 los marinos detuvieron a Gamaliel Aguirre Tavira, El Güero Huetamo, junto con un lugarteniente y dos mujeres, en una lujosa vivienda del fraccionamiento Granjas del Marqués, en la exclusiva zona Diamante.

El Güero Huetamo es considerado por la Procuraduría General de la República como uno de los operadores más cercanos a La Barbie y era encargado de la plaza de Acapulco. Actualmente está bajo arraigo en la Ciudad de México.

El 20 de diciembre del año pasado, Aguirre Tavira convocó a vendedores de droga y sicarios para informarles que a partir de entonces trabajarían para La Barbie; incluso les dio instrucciones para impedir la entrada de Héctor Beltrán (Proceso 1732). Su captura desencadenó una serie de hechos violentos en Acapulco y Chilpancingo. 

La narcofosa de Taxco

La investigación sobre un militar desaparecido desembocó en la detención de una célula de sicarios e informantes integrada por 15 hombres, dos de ellos menores de edad, y evidenció que las antiguas minas de la ciudad colonial de Taxco son utilizadas para ocultar cadáveres. 

De acuerdo con el expediente PGR/GRO/CHI/M-II/142/2010, los detenidos fueron interrogados para averiguar el paradero del cabo de materiales de guerra Cuauhtémoc Muñoz Martínez, desaparecido en Iguala entre el 21 y el 22 de mayo, cuando se encontraba franco. Un parte militar anexo en el expediente dice que Víctor Manuel Sánchez Conde, de 20 años, condujo a los soldados a la bocamina de San Antonio La Concha, en Taxco, adonde –según la procuraduría local– 55 hombres fueron arrojados, algunos todavía con vida, a un agujero de 150 metros de profundidad.

Sánchez Conde, quien era chofer de los sicarios, reveló que éstos abandonaron en la bocamina el cuerpo del cabo del 27 Batallón de Infantería, así como los del director y el sicólogo del penal de Iguala, Daniel Bravo Mota e Ignacio Suástegui Pérez, respectivamente. Estos dos últimos funcionarios fueron reportados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal como desaparecidos el 24 de mayo.

Es el segundo caso registrado de autoridades penitenciarias desaparecidas en lo que va del año. El primero ocurrió a principios de febrero, cuando un grupo armado levantó al jefe de custodios del penal de Chilpancingo, José Bernal Hernández, cuyo paradero aún se desconoce.

En la entidad ya se han encontrado otras fosas clandestinas, pero ninguna con tantos cadáveres como la de Taxco. De los 55 cuerpos hallados, sólo nueve han sido identificados. En la ciudad colonial existen más de 30 respiraderos de minas abandonados desde 2007, cuando estalló la huelga de trabajadores contra la empresa Grupo México.

En los últimos meses, que se han caracterizado por la extrema violencia, han sido encontrados una decena de hombres ejecutados en distintos puntos de Chilpancingo, Acapulco y varios municipios de la Zona Norte, Tierra Caliente y Costa Grande. Entre las víctimas hay militares y policías ministeriales.

La mañana del 15 de junio, los callejones empedrados de Taxco fueron el escenario de un enfrentamiento entre militares y presuntos sicarios, donde murieron 15 hombres, jóvenes en su mayoría. Empresarios y comerciantes taxqueños advierten que el daño económico y en la imagen turística de su ciudad es irreversible.

La búsqueda, prioritaria 

Tras el hallazgo de la narcofosa llegaron a Taxco decenas de personas, en su mayoría mujeres, provenientes de otros municipios guerrerenses, así como de Morelos y el Distrito Federal. Buscaban en las morgues a sus familiares desaparecidos en circunstancias sospechosas. 

Integrantes del Comité de Familiares y Amigos de Asesinados, Secuestrados y Desaparecidos en Guerrero informaron que, de 2005 a la fecha, han documentado 242 desapariciones forzadas en la entidad. Además, en un comunicado añaden que entre enero y abril pasados 33 personas fueron reportadas como desaparecidas. 

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del estado tiene documentadas 72 quejas por desaparición forzada de personas (“donde están involucrados servidores públicos municipales y estatales”, dice su documento), mientras que la procuraduría local tiene un registro de 77 denuncias formales de ese tipo de casos.

Sin embargo, Javier Monroy, coordinador de la asociación civil Taller de Desarrollo Comunitario y asesor del ya mencionado Comité de Familiares y Amigos, calcula que la cifra negra de desaparecidos en cinco años de gobierno de Zeferino Torreblanca podría ser de más de 400, si se considera que por cada caso denunciado existen uno o dos que no lo son, porque la gente cercana a las víctimas teme a las instituciones o desconfía de ellas.

Al respecto, el Comité de Familiares y Amigos de Asesinados, Secuestrados y Desaparecidos en Guerrero, en un comunicado, advierte que “no todos los desaparecidos son delincuentes” y que el gobierno debe reconocer, atender y resolver el problema de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. 

El organismo considera que la fosa de Taxco es sólo una muestra de los mecanismos de los responsables de la violencia para “tratar de esconder a sus víctimas y mantenerse en la impunidad“. Por eso demandan que las autoridades estatales implanten un plan de búsqueda de desaparecidos e integren una base de datos a partir de información genética, con el fin de que se efectúe un cotejo responsable de las muestras de familiares con las de los cuerpos hallados.