El "capo" que ganaba 2 mil pesos...

miércoles, 28 de julio de 2010

Tras el estallido del coche bomba en el centro de una de las plazas más vigiladas del país, el jueves 15, ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Sedena han dado una versión sostenible de los hechos ni de las causas. El historial delictivo de El 35, a cuya detención se atribuye el atentado, no lo avala como capo. Una vez más, la descoordinación de las instancias de seguridad se revela como la causa de su ineficacia. Como dice el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa, por ahora en Ciudad Juárez existe un “equilibrio catastrófico” entre la Federación, La Línea y el cártel de Sinaloa.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH, 28 de julio (Proceso).- El guión oficial va así: El jueves 15, los sicarios de La Línea hicieron estallar en el centro de la ciudad un coche bomba usando tóvex –gel explosivo de uso minero, activado a distancia mediante un celular–, como represalia contra la Policía Federal porque atrapó a El 35, el tercer hombre más importante en su estructura criminal. Y todo esto en cuestión de horas.

Mirada en sus pequeños detalles, la historia muestra cabos sueltos: el detenido ha sido procesado varias veces y nunca se menciona entre los “pesados” del cártel. Anteriores boletines del Ejército lo señalan como simple sicario. El video de la confesión está editado. Existen versiones contradictorias sobre la detención. Y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal tiene antecedentes de escenificar capturas para ganar prestigio. 

Según la SSP –al frente de la Operación Coordinada Chihuahua desde el  9 abril pasado, luego de que el Ejército fue relevado–, Jesús Armando Acosta Guerrero, El 35, quien nunca había sido mencionado en la estructura del cártel, coordina y opera secuestros, extorsiones y retenes; también controla el tráfico de armas y drogas en dos sectores de la ciudad, además de que ha matado a 25 personas, entre ellas a los dos policías federales abatidos el 25 de junio (aunque la Policía Federal ya había presentado a otra persona como presunto asesino).

En el testimonio que dio al periódico El Norte de Juárez, la esposa de Acosta Guerrero se dijo sorprendida al ver que su marido era presentado en la televisión como líder del brazo armado del cártel de Juárez y que lo detuvieron con una orden de aprehensión, gracias a un trabajo de inteligencia.

La mujer, cuyo nombre no publica el diario, señala que su marido fue capturado en el aeropuerto local a las 18:40 horas del miércoles 14, cuando la pareja estaba por abordar un avión de Viva Aerobús con destino a Guadalajara, a fin de pagar una manda a la iglesia de San Juan de los Lagos. Dice que la detención no ocurrió el día 15, como divulgó la SSP. 

Ella “dijo que al momento de cruzar el arco de rayos X para documentar su equipaje, un hombre vestido de civil lo abordó y le manifestó a su marido: ‘¡Yo a ti te conozco! ¡Yo a ti te conozco!’, y le pidió una identificación, y al verla llamó al personal de Migración y momentos después se lo llevaron a bordo de una camioneta pick up azul de la Policía Federal (…) Posteriormente se enteró a través de los medios de que la Policía Federal (PF) lo puso como un líder de la delincuencia organizada”, señala la nota. 

Proceso contactó a la mujer, pero ella no concretó una entrevista. Un abogado que la vio en la Ciudad Judicial buscando asesoría, notó que llevaba a un niño con tenis llamativamente viejos. 

En el video del interrogatorio al que fue sometido El 35, que contiene múltiples cortes de edición, el acusado confiesa su pertenencia al cártel, que mató federales y que uno de sus trabajos consistía en revisar que un tal Cholo grafiteara amenazas en paredes blancas para intimidar a los ciudadanos y a la PF.  

Es su cuarta detención. En febrero pasado, ese mismo hombre fue capturado por el Ejército y presentado a los medios de comunicación como autor confeso de 14 asesinatos. En un comunicado posterior se agregó que, durante su captura, confesó que recibía 2 mil pesos mensuales de La Línea, que pertenecía a una célula formada por siete sicarios y su jefe directo era una persona apodada El 11. Sin embargo, los militares sólo lo acusaron judicialmente por “tentativa de homicidio” y la juez que llevó su caso pidió su liberación porque se demostró que el lugar de detención era falso y que había sido torturado con descargas eléctricas y golpes para que se autoinculpara.

En julio, según la versión oficial posterior al bombazo, este hombre que llevaba cuatro arrestos, que cinco meses antes ganaba 2 mil pesos, según la versión del Ejército, y al que una juez liberó, era el tercero en jerarquía dentro del cártel. En cambio, la pinta que La Línea dejó al día siguiente y en la que se adjudicaba la autoría del atentado y acusaba a la PF de proteger al cártel de Sinaloa, no mencionaba a El 35. De ser veraz la información de la SSP, La Línea es capaz de preparar un atentado terrorista en cuestión de horas.

El explosivo detonado en el centro de Ciudad Juárez no sólo voló un viejo automóvil Pontiac y a tres hombres (un federal, un médico y el hombre disfrazado como policía municipal que se utilizó como señuelo). Provocó, además, un incendio político que el gobierno federal ha tratado de aplacar argumentando que en México no se ha inaugurado el narcoterrorismo, como dijo el embajador en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, al señalar que los ataques terroristas son contra civiles y éste fue contra federales.

La explosión destapó también la descoordinación entre las corporaciones que integran la Operación Coordinada Chihuahua; el jaloneo entre policías federales y el Ejército por el mando en esta ciudad; el descontento de La Línea contra los federales; la necesidad de estos últimos de dar resultados y la impotencia de los juarenses, atrapados en el fuego cruzado mientras sufren la peor racha de violencia de su historia.

Encima, otras dos mantas anunciaron nuevos ataques: La Línea anunció que en 10 días usaría 100 kilos de explosivos si no se castiga a la PF, y el cártel de Sinaloa amenazó con matar inocentes si no renuncia el director de la corporación policiaca estatal, Cipol.

Federales vs narco vs Ejército

 

Este año, 15 policías federales fueron asesinados en Juárez y 10 cayeron heridos en diversos ataques. La Línea ha dejado recados adjudicándose la mayoría de los homicidios, siempre con el mismo argumento: por su presunto apoyo al cártel de Sinaloa y a su líder, Joaquín El Chapo Guzmán.

El 7 de mayo, El Diario publicó una investigación basada en cifras gubernamentales que llevaba por título: Ha detenido PF a 31 de La Línea este año… y sólo a cuatro de El Chapo. Dos semanas después, la Radio Pública Nacional (NPR) de Estados Unidos trasmitió una exhaustiva investigación titulada La guerra contra las drogas en México: ¿una pelea amañada?, que arrojó que el cártel de Sinaloa salía favorecido en Juárez (Proceso 1751). 

El 24 de mayo, grafitis en distintos puntos de la ciudad señalaban:  ... Los mugrosos federales están enredados con El Chapo Guzmán. Como prueba está que dejaron libre a Antonio Marrufo. Se refieren a José Antonio Torres Marrufo (o Antonio Marrufo) quien, se dice, es el tercer hombre en la estructura del grupo de Sinaloa y que había sido capturado, según publicó El Diario el 20 de mayo, sustentado en versiones militares y denuncias ciudadanas. Pero el detenido nunca apareció. La PF negó su detención.

Antes, hubo otras señales de la molestia del cártel que antes controlaba este tramo de frontera. En El Paso, Texas, un líder de la pandilla binacional Barrio Azteca, al servicio del cártel de Juárez, explicó a El Diario, después del asesinato de los tres empleados del consulado de Estados Unidos, que su intención era provocar que las autoridades de ese país investigaran y fungieran como árbitro “neutral” para terminar el “exterminio” en su contra.

“Nos beneficia más que vengan de Estados Unidos, para que miren, aunque vengan sobre nosotros; la gente está dispuesta a ser detenida y procesada, pero también queremos que haya alguien neutral, que se descubra por qué está pasando todo esto”, dijo el entrevistado.

Otro pandillero azteca juarense, quien pidió el anonimato, da su versión a Proceso: “El presidente puso más en peligro las cosas al mandar soldados y federales, porque también entró El Chapo y su gente… Mataron a todos los pushadores, acabaron con los picaderos… Había un código de no matar inocentes, pero al presionar el gobierno se va a perder el código, a ver si así el gobierno se retira un poquito”.

Tras el atentado con el coche bomba, el grupo criminal dejó otra pinta que pedía la intervención del FBI y la DEA para capturar a los federales coludidos con El Chapo. En una pinta anterior nombró a dos comandantes “arreglados”.

La PF tomó el mando de la Operación Coordinada el 9 de abril para iniciar la etapa de “inteligencia”, después de dos años a cargo de los militares, periodo en el que hubo constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos, allanamientos de morada, uso excesivo de la fuerza, confesiones arrancadas por tortura y, según las cuentas del visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Gustavo de la Rosa, al menos 13 desapariciones forzadas, ocho homicidios y retención ilegal de 199 personas que fueron recuperadas.

El relevo no mejoró la situación. Basta repasar los encabezados de las notas publicadas durante ese lapso en los diarios locales: Provocan abusos de federales cierre de negocios. Lanza exhorto regidor a ciudadanos para vigilar que federales no les siembren droga. Reciben federales mordidas de hasta 8 mil pesos: regidores. Hay más quejas de abusos de PF que avances: diputados. Caen 12 federales; extorsionaban y hasta saqueaban viviendas. Federales levantan a menor. Pese a operativo, van homicidios a la alza. Encañonan federales a menor discapacitado y a adolescente. Sólo 5% de juarenses se siente seguro con la Federal. Federales le roban sus ahorros de 30 años de trabajo. Plan anticrimen acentuó la inseguridad.

En las reuniones que ha tenido con juarenses el comisionado de la PF, Facundo Rosas, recibe quejas contra sus elementos porque acosan mujeres, provocan accidentes viales al no respetar los semáforos (40 choques en un solo mes), turistean mucho, provocan una queja diaria, despojan a la gente de sus carros chuecos, exigen al menos 500 pesos como mordida, son prepotentes, maltratan y roban joyas y patrimonio. 

Su tropa ha protagonizado varios escándalos: el último, y el que más indignó a la sociedad, fue el descubrimiento de que los federales compraron también carros chuecos que circulaban sin placas.

“Existe la sensación de que los federales no están controlando nada ni avanzan ni se ve un plan y la cosa se ha desbordado: mayo, junio y julio tenemos una nueva oleada de violencia. Y aunque sí observamos en ellos mejor disposición que en los militares para atender denuncias ciudadanas, son constantes las quejas porque extorsionan, están más maleados, son abusivos y el bombazo es un desafío directo contra su autoridad”, dice Hugo Almada, un académico integrante de la Mesa Ciudadana de Seguridad que instaló el gobierno federal.

Por otra parte, según una fuente cercana al Ejército, “la percepción de los militares es que la PF viene a ‘arreglarse’, a hacer negocio, que está compuesta por retazos de militares y descontentos, que no tienen disciplina, y ya se les venció el plazo de tres meses para controlar la ciudad. Tenemos la misma violencia que antes pero sin detenciones ni aseguramientos”. 

El visitador De la Rosa tiene otra opinión: “Al Ejército era imposible controlarlo porque ellos atraían los abusos que cometía su tropa y se congelaban en el fuero militar; con los (policías) federales es distinto”.

Una muestra de ello, dice, es que 33 federales han sido consignados por allanamiento de morada, robo y extorsión, y uno más es investigado por homicidio. De los consignados, 13 tuvieron la mala suerte de robar y extorsionar a cuatro militares que estaban en su día de descanso, a quienes “pasearon”, les quitaron dinero y amenazaron para que no los denunciaran.

“Lo que no ha funcionado es que la Policía Federal se manda a sí misma, mientras que la municipal, la procuraduría y la Policía Estatal se manejan por su cuenta, y la Federación sigue sin hacerse cargo de investigar los homicidios derivados del crimen organizado. En esta guerra no hay general en jefe ni cuarto de guerra donde todas las fuerzas aliadas analicen lo que va ocurriendo, acá hay una constante lucha por el liderazgo”, considera el funcionario de la CEDH. 

Esta descoordinación se nota en que cada corporación tiene a su propio vocero para informar sobre la operación y entrega resultados sólo de sus representados. 

Ocurre lo mismo a la hora de presentar resultados. El Ejército y la PF presumen que dieron mejores resultados que su competencia. Según la PF, ya atrapó a más de 18 extorsionadores y desactivó tres bandas de secuestradores, recuperó seis vehículos y detuvo a 15 personas por día. Según la Sedena, en dos años aseguró 136 toneladas de mariguana y una cantidad de armas y municiones suficientes para dotar 35 compañías, recuperó mil 500 vehículos y consignó a 2 mil 350 personas.

“Desgraciadamente, como no se conoce la magnitud de los delitos porque la gente no denuncia ni sabemos el número de gente que trabaja para el crimen organizado, no podemos decir que están avanzando. (La PF) ha dado resultados, pero quisiéramos que fueran mejores”, dice Federico Ziga, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), partidario de que soldados y federales se mantengan en la ciudad.

Hay un dato contundente: la PF no ha presentado a juicio a un solo sicario, aunque sí a secuestradores y extorsionadores. 

“Desde que inició la operación tuvimos 23 casos de sicarios que habían cometido varios homicidios y rechazamos otros casos de supuestos sicarios en los que las pruebas que nos presentaron los militares no coincidían. Pero desde abril (cuando se fueron los militares) no judicializamos delitos de homicidio del tinte del crimen organizado, aunque tuvimos más secuestradores y extorsionadores”, dice un funcionario del Nuevo Sistema de Justicia Penal que pidió el anonimato. 

Masacre cotidiana

 

En los 100 días bajo el mando de los federales, la ciudad llegó al récord de nueve homicidios al día. Junio cerró con 303 homicidios, sólo ese mes concentró todos los homicidios que se cometían en un año hasta antes de 2008. La tasa de junio arroja 290 asesinatos por cada 100 mil habitantes, que si se mantiene durante un año alcanzará a la que tuvo la ciudad colombiana de Medellín, la marca histórica de la violencia. La sociedad está noqueada.

Ziga calcula que 40% de los negocios (“entre 2 mil y 3 mil”) pagan semanalmente “derecho de piso” a los criminales, que va de 500 a 5 mil pesos. Ha detectado que desde los vendedores de burritos hasta las empresas más grandes están obligados a pagar para que les permitan trabajar y no les quemen los negocios; los que se oponen están muertos o se exiliaron. 

A su vez, el académico Almada estima que si el censo poblacional de 2005 arrojó 1 millón 580 mil habitantes, el próximo arrojará 1 millón 250 mil, por la gente que ha huido. La cifra de secuestros es desconocida, pero desde 2008 las bandas han peinado gremio por gremio. En febrero secuestraban a un médico por semana, y hasta a una afanadora de la clínica 35 le exigieron su sueldo.

El coche bomba empeoró la tragedia juarense y contribuyó a destapar el drenaje profundo de la pugna en el gabinete presidencial. Las mismas peleas entre la SSP y la Sedena desde el inicio del sexenio por ver cuál es la consentida del presidente. Muchos consideran que la descoordinación viene desde las altas esferas.

Mientras el general Eduardo Zárate, comandante de la V Zona Militar, dijo al día siguiente de la explosión que se utilizaron 10 kilos de un explosivo comercial y dio indicios de que podría ser C-4, la PGR informó días después que era Tóvex y reportó menos kilos. Tras la explosión, los militares reaparecieron en las calles de Juárez en un aparatoso operativo para sellar la colonia Hidalgo; utilizaron perros adiestrados y unidades de detección molecular para buscar explosivos casa por casa. 

El martes 20 los medios anunciaron “el regreso” del Ejército a las calles, pero el comisionado de la PF se apresuró a dar una conferencia de prensa. Ahí dijo que su corporación tiene el mando, que al Ejército le toca brindar seguridad únicamente en las entradas y salidas de la ciudad, en las terminales de transporte y el aeropuerto, vigilar la línea fronteriza, las brechas y el Valle de Juárez, además de apoyar las tareas de la policía.

Por otro lado, durante la incineración de enervantes en la Guarnición Militar de esta ciudad, el día 22, cuando se le preguntó al general Marco Antonio Barrón Ávila quién está al mando, dijo que como la operación “es coordinada, no la manda nadie”. Además, ignorando la información de la PGR, informó que el Ejército aún está analizando el tipo de explosivo que se utilizó en el ataque. 

Los medios locales reflejan también la disyuntiva. La nota principal en El Norte señalaba que los empresarios piden que la PF deje el mando al Ejército, y al día siguiente El Diario reportaba que la gente se sentía asustada por el operativo militar. 

El coche bomba también evidenció que hay un empate técnico entre cárteles y aún no se define quién se quedará con Juárez. La batalla puede alargarse. De la Rosa lo expresa bien: “La Federación, La Línea y el cártel de Sinaloa están en un equilibrio catastrófico”. 

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