Amenaza ecológica con el aval de Calderón

miércoles, 25 de agosto de 2010

Un empresario español se supo vender bien ante el gobierno federal y consiguió los permisos necesarios para levantar un complejo turístico de gran lujo en Los Cabos, Baja California Sur. El problema es que aparentemente nadie investigó al hombre de negocios, Rafael Gálea, ni a su empresa, Hansa Urbana, que tienen un historial de engaños, trampas y procesos pendientes en España. Además, organizaciones ecologistas ya advirtieron del daño que causará, de construirse, Cabo Cortés: se asentará en un humedal y pondrá en riesgo el único arrecife de coral vivo del Pacífico norteamericano.

CARTAGENA, ESPAÑA, 25 de agosto (Proceso).- El empresario español Rafael Gálea Expósito, presidente de Hansa Urbana, recibió el beneplácito de Felipe Calderón para desarrollar Cabo Cortés, un complejo turístico-residencial de lujo en Los Cabos, Baja California Sur. El proyecto se asentará sobre 3 mil 800 hectáreas y tendrá 7.5 kilómetros de frente de playa en el Golfo de California.

El 7 de febrero de 2008, en un desayuno organizado en la residencia de Los Pinos para inversionistas extranjeros, Gálea dio al mandatario mexicano detalles del proyecto, que tiene un costo estimado de mil millones de dólares: contará con 3 mil 655 habitaciones de hotel, 7 mil 816 unidades residenciales, dos campos de golf de 27 hoyos, una marina con 490 posiciones de amarre, centros comerciales, una desalinizadora y una miniciudad con unas 5 mil viviendas para los trabajadores.

Dicha infraestructura equivale a más de 30 mil habitaciones, según se desprende del proyecto de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentado por la promotora. Para calcular sus dimensiones se debe tener en cuenta que “Cancún tiene 37 mil espacios de habitación” y equivaldría a “duplicar” la capacidad “de las dos mayores poblaciones cercanas al proyecto, una vez sumadas, Cabo San Lucas y San José del Cabo”, según el informe Cabo Cortés, un proyecto que nunca debe ver la luz, de próxima aparición, elaborado por los capítulos España y México de Greenpeace.

Después de ese encuentro de 2008 en Los Pinos, los permisos del gobierno federal empezaron a fluir sin tropiezo a favor de Hansa Urbana, empresa con sede en Alicante y cuyos accionistas, además de la familia Gálea (que posee 55.32%), son la Caja de Ahorro del Mediterráneo, con 24.19%, y la Cajasol, con 10.49%, según el portal en internet de la inmobiliaria.

El proyecto generó una intensa movilización de organizaciones ambientalistas de México, Estados Unidos y España, que han promovido tres recursos legales y dos amparos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que se suspenda Cabo Cortés y se modifiquen sus características, afirma Pablo Uribe Malagamba, coordinador del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en la zona noroeste (La Crónica, de México, 1 de agosto de 2010).

El informe de Greenpeace pide a las autoridades mexicanas la “paralización cautelar” de las obra porque supone una grave amenaza para el Parque Nacional Cabo Pulmo, reconocido por la UNESCO en 2005 como Patrimonio Natural de la Humanidad y en 2008 a la lista del Convenio Ramsar para la conservación de humedales de importancia internacional.

En el parque acuático de Cabo Pulmo está el único arrecife de coral vivo de Norteamérica y el más antiguo del Pacífico americano. Es hábitat de una gran cantidad de peces, alberga a cinco de las ocho especies de tortuga marina –todas en peligro de extinción– y en diferentes épocas del año llegan ahí tiburones, tiburones-ballena y las ballenas jorobadas en su ruta migratoria.

Greenpeace advierte que la cuarta fase del proyecto Cabo Cortés se construirá en la zona costera adyacente a Cabo Pulmo y que la edificación de la marina, que requiere del dragado del fondo marino, y los residuos de la desalinizadora podrían tener efectos destructivos e irreversibles en la zona.

Pedro Zapata, representante de la ONG Niparajá, considera que la MIA presentada por Hansa “está llena de informaciones inexactas y falsas; no contiene la lista completa de la flora y fauna del lugar y miente sobre el comportamiento de las corrientes marinas para asegurar que no se afectará el arrecife de coral que es parte del parque marino”, dijo a La Crónica.

Hansa y sus antecedentes

 

Lo que Calderón y su gabinete no notaron fueron los polémicos antecedentes de Hansa Urbana en España, ni las presuntas prácticas de corrupción a las que recurrió en anteriores operaciones en México –donde posee otro complejo turístico: Novo Cancún–, según documenta el informe de Greenpeace.

Un ejemplo es Novo Carthago, que la promotora tiene proyectado para Cartagena, Murcia. A pesar de la profusa publicidad que tuvo el proyecto, ahora parece semiparalizado, como lo comprobó este semanario en un recorrido por la zona: en medio del humedal y entre banderines promocionales destrozados, lo único que se encontró fue la oficina de ventas.

El enorme predio está en el costado sur del Mar Menor, la mayor laguna litoral de España, separada del Mediterráneo por La Manga, un cordón litoral de 21 kilómetros.

Novo Carthago no es el único proyecto que parece sufrir las consecuencias del desplome del sector inmobiliario en España: lo mismo se ve en desarrollos vecinos, con fastuosas residencias que no se venden y calles con servicios y equipamiento que terminan en el humedal... todo en el semiabandono.

En el recorrido por las cercanías de Novo Carthago, un desarrollo vecino abandonado tiene como emblema un enorme caballito de mar hecho de metal. Es irónico, dice el ecologista Pedro García, y asegura con sorna que “debe ser el último, porque en el Mar Menor esa especie prácticamente desapareció, principalmente por la construcción de estas urbanizaciones”.

Pedro García es el director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) que opera en Murcia; junto con activistas de Greenpeace guía al reportero por una parte de las 580 hectáreas donde Hansa Urbana pretende construir dos hoteles de primera categoría y zonas residenciales (con alrededor de 6 mil casas), dos campos de golf de 18 hoyos, zonas comerciales y un palacio de congresos.

En la zona aún es posible ver gran diversidad de especies, sobre todo aves que “se verían afectadas de iniciarse la edificación del proyecto”, explica García.

–¿El proyecto está detenido? –se le pregunta.

–Suponemos que sí por la crisis del sector inmobiliario, que es un modelo que muestra claros signos de agotamiento. Adicionalmente, para empezar a construir necesitan autorización del gobierno regional de Murcia, que está supeditada a que restauren parte del humedal, que es un paisaje natural protegido donde tienen proyectado uno de los campos de golf. Sólo la restauración del predio costaría más de 20 millones de euros.

La Anse presentó un recurso contencioso administrativo contra Novo Carthago ante el Tribunal Supremo de Justicia de Murcia –aún sin resolver– por el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental y porque la recalificación del predio podría ser ilegal.

Hansa Urbana ha estado metida en controversias desde que anunció Novo Carthago, en junio de 2002. Primero fue la poca claridad en los procedimientos con los que en agosto de 2004 las autoridades locales aprobaron la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que afecta las 580 hectáreas y le daba permiso de urbanizar; luego vino la modificación del Plan de Recursos Naturales del Mar Menor, que no permitía urbanizar en los suelos de interés agrícola en la zona, afirma Greenpeace.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Murcia abrió una investigación a Novo Carthago tras saberse que su campo de golf se construirá en un paraje protegido por la Unión Europea como Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Interés Comunitario. La investigación abierta en 2007 también pretende averiguar si hubo alguna ilegalidad en la recalificación de los terrenos.

El informe Destrucción a toda costa 2007, que Greenpeace elabora anualmente desde 2001 para documentar los desarrollos urbanísticos que cubren el litoral español, ya denunciaba que la Caja de Ahorro del Mediterráneo concedió un préstamo a la inmobiliaria por 95 millones de euros para comprar 55 hectáreas dentro de Novo Carthago a empresarios imputados en la Operación Malaya –la mayor trama de corrupción urbanística en España–, encabezados por Francisco Javier Arreche “en un intento de que el mayor escándalo de corrupción urbanística de España no salpique también a este complejo”.

Los problemas no acaban ahí para los propietarios de Hansa Urbana. El pasado mayo, Rafael Gálea fue llamado a declarar en calidad de imputado, ya que existen “indicios racionales” de su participación en delitos contra la hacienda pública española y en falsificación de documentos. La cuantía de los ilícitos superaría los 6 millones de euros, documentó la organización ecologista.

El caso parte de una denuncia presentada en octubre de 2009 por la Agencia Tributaria por presuntas irregularidades en una operación de compra-venta de un terreno en la playa de San Juan, Alicante. Los inspectores fiscales creen que Hansa Urbana cobró indebidamente la devolución del IVA por este negocio y que utilizó documentos falsificados para encubrir la operación.

–¿Qué opinión te merece que después de los antecedentes en Cartagena se le haya autorizado un proyecto en México? –se le pregunta a Pedro García.

–Lo veo como un soberano disparate. Antes de autorizar el proyecto Cabo Cortés, las autoridades de México debieron echar un vistazo a lo que Hansa Urbana ha depredado en España.

Y agrega una puntualización: “Estamos hablando de que Novo Carthago equivale a una extensión que cubrirían mil campos de futbol, y Cabo Cortés equivale a 7 mil campos de futbol. Sería una catástrofe para la biodiversidad si echan a andar eso en México.

“Es un intento de trasladar el disparate del modelo de ladrillo de la costa mediterránea española a un país en el que probablemente no van a tener tantos impedimentos como aquí”, acusa García.

Sin tropiezos

 

En el afán del gobierno calderonista de atraer inversión extranjera, los entonces titulares de Turismo, Rodolfo Elizondo, y del Fonatur, Miguel Gómez Mont, organizaron en México una serie de actos donde fue presentado el proyecto Cabo Cortés. Uno de ellos se celebró en noviembre de 2007 y lo encabezó Juan Camilo Mouriño cuando era encargado de la oficina de la Presidencia de la República, y varios inversionistas españoles buscaban un acercamiento con él, hombre de toda la confianza de Calderón.

Cuatro meses después, el 7 de febrero de 2008, Calderón dio el visto bueno al proyecto y la Semarnat fue la primera en responder al autorizar la MIA de Cabo Cortés. El 22 de septiembre de 2008, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental otorgó esa autorización a la filial mexicana de la empresa española Hansa Baja Investments.

Una instancia superior agilizó la autorización, pese a que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) emitió una opinión negativa sobre el informe de impacto ambiental presentado por Hansa Baja Investments. Igualmente la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial señaló la inviabilidad legal del proyecto dado que contraviene tanto el Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos como programas sectoriales y otras legislaciones, afirma Greenpeace.

No obstante, a consecuencia de los recursos de revisión interpuestos por organizaciones ecologistas, casi dos años después, el pasado 17 de agosto, la Semarnat anunció que “se modificará” la autorización de impacto ambiental del proyecto, “a fin de no causar afectaciones a la zona arrecifal de Cabo Pulmo”, dijo el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, Mauricio Limón Aguirre, según el comunicado de la dependencia, dicho que fue recogido por diversos medios en el sentido de que el proyecto se “suspende temporalmente”.

En la XVII Sesión del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte, el subsecretario Limón consideró importante “contar con más elementos, particularmente vinculados con los programas de ordenamiento ecológico y municipal”, que serán analizados por su subsecretaría y por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia.

El comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, Luis Fueyo McDonald, en un comunicado, reconoció que aunque el estudio presentado en 2008 por la inmobiliaria “cuenta con elementos que cumplen con lo que marca la ley ambiental”, en cuanto a las colindancias con Cabo Pulmo “hace falta información más detallada, científica, en relación con los problemas de corrientes, la dispersión de los sólidos en suspensión de la columna de agua, los cambios estacionales de la temperatura”, elementos que deben ser “incorporados en la revaloración”.

Aunque el anuncio fue bien visto por ecologistas consultados después de hacerse público el comunicado gubernamental, se mantienen cautelosos para que esta medida no se convierta sólo en una “lavada de cara”, porque no se ha aceptado que el proyecto de impacto ambiental de la empresa contiene información dolosa o falsa, y recordaron que la Semarnat aún tiene que responder a los dos recursos, porque esta declaración no los exime de cumplir con ello.

Pese a la presión de los ecologistas desde 2008, uno de los secretarios más cercanos a Calderón, Juan Molinar Horcasitas, como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), firmó la concesión para la construcción y operación de una marina en Punta Arena.

Mediante escritos de fechas 20 de abril, 13 y 28 de mayo de 2009, la inmobiliaria había solicitado el permiso de concesión por adjudicación directa para el uso, aprovechamiento y explotación de bienes de dominio público de la Federación, para la construcción y operación de dicha marina. En un plazo récord, antes de un año, Molinar ya había firmado la aprobación que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2010.

No frenó el apoyo gubernamental a este proyecto el hecho de que el periódico La Jornada publicara, el 3 de noviembre de 2008, un presunto caso de corrupción de John McCarthy, director de Fonatur en el sexenio de Fox y subalterno de Rodolfo Elizondo. Mediante un seguimiento de correos electrónicos, el diario documentó que el funcionario se involucró en la compra del predio El Rincón para el proyecto Cabo Cortés a favor de la sociedad filial GRE-Hansa Investments... y sus “honorarios” ascendieron a 1 millón 550 mil dólares.

El 13 de noviembre de 2008, en carta dirigida al periódico Tribuna de Los Cabos, la promotora española negó cualquier relación con McCarthy. Nueve días antes ese rotativo había publicado que después de la presentación del proyecto Cabo Cortés en un acto de Fonatur, el 8 de octubre de 2008, McCarthy y Rafael Gálea tuvieron una reunión en la Ciudad de México con el gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, para darle a conocer los detalles del desarrollo turístico.

Sin embargo, para Elizondo todo eran “especulaciones” y pidió a “los detractores” de McCarthy que llevaran las pruebas a “(la secretaría de la) Función Pública” porque “no soy yo la persona que va a juzgar a un funcionario público si hizo o no las cosas bien”.

 

 

 

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