Durante su campaña, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, ofreció transparencia institucional y en especial un trato respetuoso y digno con la prensa. Pero en sus ochos meses de gestión, el expriista, quien ya dejó correr la versión de que buscará la Presidencia de la República en 2018, ha evidenciado que ese trato digno lo da solamente a medios incondicionales, como Televisa y TV Azteca, mientras que a los críticos les aplicó la ley del garrote. Frivolidad, dispendio y amenazas contra el periodismo crítico son ya la nota distintiva de Moreno Valle. PUEBLA, PUE. (Proceso).- Una madrugada del pasado marzo Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del periódico digital E-consulta, recibió una llamada de la oficina de Comunicación Social del gobierno poblano. Un funcionario le pidió que cambiara una fotografía del gobernador Rafael Moreno Valle que aparecía en la portada de ese medio. Ruiz preguntó cuál era el problema con la imagen y la respuesta fue: “Aquí entre nos, al gobernador no le gusta cómo se ve en la foto”. Ruiz cedió y cambió la fotografía. Supuso que se trataba de un caso aislado. No contó con que exigencias de ese tipo se volverían cosa de todos los días. Harto de los caprichos del gobernador, un día el periodista se negó a cumplir la orden. “Es una fotografía informativa, no tiene nada de ofensiva”... y eso marcó el principio del boicot publicitario contra E-consulta, el portal de noticias más consultado de Puebla, con nueve años de vida y dos veces ganador del Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo. “Casi todos los medios sufrimos el boicot. El gobierno tiene convenios publicitarios con Televisa, Televisión Azteca, El Sol de Puebla, Síntesis y algunas estaciones de radio... algunos de ellos se han convertido en los paleros del gobernador, se dedican a maquillar la realidad y mencionar sólo los logros. “A los que no tienen convenio les restringen las pautas publicitarias, los marginan y no sólo eso, a través de sus operadores políticos presionan para que otros clientes retiren sus anuncios; eso han hecho algunos ayuntamientos del mismo partido del gobernador (el PAN)”, narra Rodolfo Ruiz a Proceso. Televisa y Televisión Azteca se han convertido en los consentidos del erario poblano. El expriista Moreno Valle, impulsado por Elba Esther Gordillo, parece copiar la estrategia de Enrique Peña Nieto: convertirse en un producto mediático para conquistar sus ambiciones políticas. Hay algunos ejemplos. Una mañana el “chef Oropeza”, famoso rostro de Televisa, saludó en su programa de cocina a Rafael Moreno Valle antes de revelar al auditorio la receta para preparar mole supuestamente creada por “la bisabuela” del mandatario poblano. Oropeza intentaba convencer al auditorio de que seguía al pie de la letra la receta original –enfocada por la cámara– presentándola como un manuscrito conservado por la familia Moreno Valle. Mientras Oropeza preparaba el mole, Moreno Valle –invitado al programa– narró cómo es un día “en sus zapatos” y presumió la seguridad de Puebla y su infraestructura turística. “¡Toooodoooos vamos a Puebla!” (sic), anunció a principios de mayo la conductora Andrea Legarreta. Junto con ella en un camión viajaban varios presentadores del Canal 2, entre ellos Roxana Castellanos y Raúl Araiza. El equipo del programa Hoy anunciaba así que había sido invitado por el gobernador Rafael Moreno Valle a pasar una semana en Puebla. El político salió en la pantalla del canal más visto en México para promover obras de su gestión y su programas sociales. Televisa tiene razones para incorporar a Moreno Valle a sus programas de mayor audiencia. El gobernador comprometió 500 millones de pesos para la operación del Centro de Rehabilitación Integral Teletón en Puebla además de que puso 36 millones de pesos del erario para Espacio 2011, otro proyecto auspiciado por la empresa de Emilio Azcárraga. El gobierno poblano se ha negado a difundir públicamente a cuánto ascienden sus convenios con Televisa y Televisión Azteca, así como sus gastos pormenorizados para promover la imagen de Moreno Valle, cuyo círculo cercano deja correr la versión de que buscará la Presidencia de la República en 2018. El periodista Arturo Manzano pidió –en la solicitud de información 156211/23-04-2011– el “desglose anual del presupuesto destinado para la contratación de programas de televisión de las empresas Televisa y TV Azteca para la promoción de la entidad de 2005 a marzo de 2011”. La administración estatal respondió: “A la fecha esta dependencia no cuenta con la información solicitada, por lo que no es posible realizar la entrega material de la misma”. Otros reporteros han solicitado copias de facturas, convenios y desgloses de gastos de publicidad. La respuesta del gobierno es siempre negativa, con diferentes argumentos. Promesas de campaña En su campaña por la gubernatura en 2010, Moreno Valle tuvo como contrincante a Javier López Zavala, delfín del entonces gobernador priista Mario Marín Torres, El Góber Precioso. En aras de conquistar el voto, Moreno Valle se presentó ante el electorado como un político contrario al autoritarismo priista. En su plataforma, incluso, ofreció absoluta transparencia y equidad para el ejercicio periodístico: “Promoveremos una mayor democratización de los medios de comunicación”. Sin embargo, no ha sido así. Uno de los primeros golpes contra la transparencia lo sufrió la académica Lilia Vélez Iglesias, directora de la carrera de periodismo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, reportera con amplia trayectoria en la entidad y quien fue seleccionada para formar parte de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP). Vélez tenía derecho a ser reelegida al concluir su periodo como comisionada, pero, en el Congreso local, los diputados afines a Moreno Valle designaron a Javier Fregoso, excolaborador de Martha Érika Alonso –esposa del gobernador– quien públicamente admitió su total inexperiencia en materia de transparencia. En conversación con este reportero, Vélez no duda en señalar al gobierno de Moreno Valle como responsable de su salida de la CAIP para imponer a un comisionado afín a los intereses del gobernador. “Yo llegué a la CAIP con el apoyo de la iniciativa privada, de las principales universidades, de las organizaciones vinculadas con el tema; la persona que quedó llegó apoyada por una organización desconocida vinculada con la campaña del gobernador. Él reconoció que desconocía el tema. Evidentemente hay un vínculo con el gobierno; se supo que había trabajado como secretario particular de la esposa de Moreno Valle.” Frente a la sede de la Cámara de Diputados estatal hay una enorme piedra colocada en el arroyo, junto a la acera como si fuera un auto estacionado. Es el símbolo de una protesta de la organización Actívate por Puebla –en la que participan universidades y organismos empresariales– por el retraso del Congreso local para aprobar una nueva ley en la materia que sí garantice la rendición de cuentas. La piedra está ahí, representando el silencio y la opacidad. Vocero y verdugo El pasado 3 de julio, el reportero Ernesto Aroche publicó en Milenio Puebla una nota titulada: “Aumentan los secuestros; evalúan a 26% de la UECS”. La información advertía que de acuerdo con datos de la Unidad Especializada en el Combate al Delito de Secuestro, la privación de la libertad iba al alza en el estado. Pronto en su cuenta de Twitter, Aroche recibió un mensaje: “que ganas de exagerar y maximizar los numeros. Quieres construir una percepción que no responde a la realidad. Allà t” (sic). Lo firmaba Sergio Ramírez Robles, vocero del gobierno estatal. “Me acusó de querer manipular la percepción negativamente hasta que dejó de discutir conmigo en redes sociales y al día siguiente supe que se reunió con el director de Milenio para cuestionarlo sobre mis mensajes”, confía Aroche a Proceso. Ramírez Robles se ha caracterizado por confrontarse abiertamente con dueños de periódicos y con reporteros que en las redes sociales critican o difunden noticias adversas a Moreno Valle. En Puebla, el vocero gubernamental está dotado de una atribución extraordinaria: puede demandar por daño moral a cualquier periodista que afecte los intereses del gobierno local. Esta prerrogativa se legalizó durante el gobierno de Moreno Valle. El jurista Ernesto Villanueva advierte: “Esta medida es inconstitucional por dos razones: a) Los derechos de la personalidad son considerados ‘personalísimos’; es decir, el gobernador no puede delegar en quien no tiene interés jurídico la potestad de iniciar un proceso judicial en una causa que no es la suya, lo que sería notoriamente improcedentes; b) La crítica de los servidores públicos y del gobierno no sólo está permitida, sino que es una obligación del periodismo responsable como lo han sostenido la Corte Interamericana y nuestra Suprema Corte de Justicia en jurisprudencia firme”. A principios de febrero pasado, el gobernador envió al Congreso local una iniciativa para despenalizar los delitos de difamación y calumnia. La iniciativa fue aprobada el 22 de ese mes y se convirtió en ley un día después, al ser publicada en el Periódico Oficial del Estado. En principio, la propuesta parecía benéfica para el ejercicio periodístico, pero en un análisis más profundo se descubrió que tiene apartados que amenazan el trabajo de los periodistas, pues deja abierta la puerta para que cualquier ciudadano demande por “daño moral”. El Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) advirtió que “tal y como está planteada podría constituir un mecanismo velado para nuevos tipos de censura a través de decisiones arbitrarias en lo que toca a la reparación económica como sanción al daño moral”. Roberto Alonso, secretario de la Amedi en Puebla, advierte que junto con la despenalización de la difamación y la calumnia se necesita una ley que regule expresamente la actividad periodística así como la figura de la “malicia efectiva”, que obligue a los servidores públicos a demostrar que el periodista faltó a la verdad expresamente para afectar su reputación. “Ahora puedes ser demandado por hasta 170 mil pesos. Obviamente esto inhibe el ejercicio de la libertad de expresión. Dijo que es una posibilidad que particulares también podrían demandar. El Poder Judicial está sometido al Ejecutivo y podría considerar culpable a un periodista y obligarlo a pagar una multa que no podrá saldar, porque el sueldo de un reportero es de 5 mil o 6 mil pesos”, señala a este semanario Martín Hernández, reportero de La Jornada de Oriente. Ante la política de comunicación social del gobierno de Moreno Valle, Rodolfo Ruiz confía que entre los periodistas corre una broma: “¡Ya extrañamos a Mario Marín!” Ruiz denunció, además, que la Contraloría poblana prepara un proceso administrativo contra su esposa, Mónica Arroyo a quien se acusa –falsamente, afirma el periodista– de incurrir en duplicidad de funciones al prestar servicios en el ayuntamiento de Puebla como presidenta del Tribunal de Arbitraje Municipal, y en la Junta Local 04 de Conciliación y Arbitraje, como representante patronal. “Dicho procedimiento contra mi esposa –del que no ha sido notificada oficialmente; nos enteramos de él por una nota periodística– es una represalia del gobernador Moreno Valle en su insistente afán de acallar al medio digital que dirijo y del que soy fundador y socio”, dice Ruiz. La Amedi Puebla respaldó la trayectoria y honestidad del periodista en un comunicado firmado por reconocidos académicos e intelectuales locales, entre ellos Eduardo Almeida, Ana Lydia Flores y María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera. “Es necesario que en el estado exista una política de comunicación social comprometida con la libertad de expresión, transparente en el uso de los recursos públicos destinados a la promoción de las actividades de gobierno, y que responda a criterios objetivos y medibles para la asignación del gasto por concepto de la publicidad oficial”, se lee en el comunicado.