En el helicóptero en el que viajaba Francisco Blake Mora iba también su subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe Zamora. Ambos fallecieron precisamente al término de una semana en la que sus nombres sonaron fuertemente en el ámbito de los derechos humanos... Organizaciones no gubernamentales los acusaron de desentenderse sistemáticamente de la defensa de esos derechos, de ignorar o tergiversar indicaciones precisas de la Corte Interamericana y de defender a ultranza la estrategia calderonista de combate al narco. Entre el lunes 7 y el viernes 11 varias organizaciones sociales señalaron a Francisco Blake Mora y a su subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe Zamora Castro –ambos fallecidos el día 11– por no cumplir compromisos internacionales contenidos en las sentencias contra México dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh). Pero Blake ya había hecho gala de su desinterés por los derechos humanos desde que fue secretario de Gobierno de Baja California, durante la actual administración de José Guadalupe Osuna Millán. Raúl Ramírez Baena, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), recordó en julio de 2010 que durante la gestión de Blake como funcionario de Baja California “nunca hubo una política de derechos humanos”. Zamora Castro –exdiputado federal por Sinaloa y quien aspiraba a ocupar un escaño en el Senado, según se rumoraba en los pasillos de la Segob– tenía entre sus responsabilidades coordinar las acciones de autoridades federales y estatales para acatar las resoluciones del tribunal interamericano, así como atender los requerimientos de protección para defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo. El lunes 7 fue increpado por familiares de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez durante un acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado ordenado por la Coidh en torno al caso del Campo Algodonero, donde en noviembre de 2011 aparecieron los cadáveres de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos y Esmeralda Herrera. Organizaciones de derechos humanos calificaron ese evento de “parodia”. Le tocó ser el pagano de la decisión del gobierno de Felipe Calderón de incumplir los acuerdos signados para acatar los ordenamientos de la Corte Interamericana. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la edición 1828 de la revista Proceso, ya en circulación)