Tal vez a causa del riesgo –por lejano que parezca– de que Felipe Calderón sea acusado de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, el gobierno federal trató de colocar en esa instancia a un abogado mexicano. Pero su candidato simplemente reprobó. Según los juristas de alto nivel encargados de seleccionar a los magistrados de aquel tribunal, el procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez, no posee los atributos necesarios... MÉXICO, D.F. (Proceso).- Felipe Calderón fracasó en su intento de colocar a un abogado mexicano como magistrado de la Corte Penal Internacional (CPI). Su candidato, el procurador fiscal de la Federación Javier Laynez Potisek –un burócrata del derecho, consentido de los últimos tres sexenios–, no aprobó ni el primer filtro de selección. No fue su único tropiezo: a fines de 2006 fue candidato a magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y obtuvo el mismo resultado que ahora en su intento de llegar a la CPI: reprobó. El miércoles 26 de octubre, el panel especial para la elección de magistrados de la CPI concluyó que de los 19 candidatos propuestos por igual número de países, cuatro son “no calificados” –entre ellos el mexicano– para participar en la elección que se celebrará del 12 al 21 de diciembre próximos en la ONU. La CPI es un tribunal permanente con sede en La Haya, Holanda, creado a partir del Estatuto de Roma, un acuerdo internacional firmado en 1998 por representantes plenipotenciarios de casi todos los Estados miembros de la ONU. Goza de autonomía y su función es juzgar genocidios, crímenes de guerra y contra la humanidad. En el último año diversos personajes han mencionado la posibilidad de someter a juicio a Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos durante la guerra contra el narcotráfico. En ese contexto se dio la nominación de Laynez Potisek como candidato. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la edición 1827 de la revista Proceso, ya en circulación)