Michoacán: duelo con tufo electoral

En el proceso electoral michoacano, que culminará con la votación del domingo 13, el PRD, el PAN y el PRI se disputan un territorio desgarrado por la violencia y puestos públicos que implican riesgo constante –he ahí el reciente asesinato del alcalde de La Piedad–. Ingrediente explosivo en este contexto es el factor Cocoa, conflicto político enconado por el favoritismo del gobierno federal hacia la candidata Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del presidente de la República. MEXICO, D.F. (Proceso).- Los augurios de violencia electoral se consumaron en Michoacán el miércoles 2 con la ejecución del alcalde de La Piedad, Ricardo Guzmán Romero, lo que crispó aún más a los rivales a unos días de las elecciones y detonó inculpaciones mutuas por ineptitudes gubernamentales y el lucro político del crimen que hace la candidata panista Luisa María Calderón. Luego de más de 5 mil muertos en casi cinco años de guerra contra el crimen que desde ese estado declaró Felipe Calderón –hermano de la candidata–, entre ellos decenas de efectivos militares y policiacos, así como población civil, incluidos niños, se anticipaba que el proceso electoral que culminará en la votación del domingo 13 sería convulso y ahora se temen más ataques. Al enrarecido ambiente preelectoral por el homicidio del alcalde panista se añade ahora la tensión que ha generado la llegada a territorio michoacano de más tropas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal (PF), que se sumarán a los 2 mil 800 elementos enviados en julio para perseguir a Los Caballeros Templarios, organización criminal encabezada por Servando González La Tuta y Enrique Plancarte El Kike. Antes del asesinato de Guzmán Romero –el cuarto alcalde que cae en la entidad en sólo tres años y en el que la principal hipótesis sobre el móvil no está relacionada con el crimen organizado–, ya se habían denunciado amenazas contra los candidatos perredistas a presidentes municipales de Indaparapeo, Múgica, Tumbiscatío, Churumuco y Arteaga. Churumuco, Tumbiscatío y Múgica están clasificados como “municipios con focos rojos” por autoridades policiacas del estado, como se informó en Proceso la semana pasada, mientras que Arteaga, de donde es originario La Tuta, está señalado como municipio “con focos ámbar, en donde la violencia ha sido esporádica y continua”. De acuerdo con un documento elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en 19 de los 113 municipios hay “focos rojos” y ahí no debe ser “extraño que existan factores antisociales que detonen incertidumbre y actos delictivos para copar la votación, pues todo pareciera (indicar) que a menos votación se beneficiaría la actual cúpula del poder que está en el estado”. Además de los tres mencionados como “municipios con focos rojos”, se incluye a Cherán, Álvaro Obregón, Apatzingán, Ario de Rosales, Buenavista, Ecuandureo, La Huacana, Morelia, Pátzcuaro, Susupuato, Tacámbaro, Tinganbato, Zictácuaro y Yurécuaro. Entre los 33 municipios clasificados como “focos ámbar”, con “incidencia delictiva media” e “incidencia político social”, se encuentra en primer lugar La Piedad, cuyo alcalde panista fue asesinado y donde las autoridades tienen computados 15 muertos en 10 balaceras, entre ellas la del 2 de julio. Ese día un comando a bordo de aproximadamente 50 camionetas atacó a balazos las instalaciones de la PF, donde supuestamente pernoctaba Miguel Ángel Rosas, jefe de la policía municipal de La Piedad, quien sustituyó a José Luis Guerrero Morales, ejecutado el 23 de marzo con ráfagas de AK-47 y R-15. Guerrero Morales fue el cuarto director de Seguridad Pública asesinado en los tres primeros meses del año en Michoacán: el 6 de enero cayó Francisco Aparicio Méndez, de Taretan; el 1 de marzo el de Tanhuato, José Gómez Basurto, y el 10 de marzo el de Santiago Tangamandapio, Jorge Hernández Espinosa. Los otros municipios con “focos ámbar” son Jiquilpan (la tierra del clan Cárdenas), Quiroga, Arteaga, Lázaro Cárdenas, Tanhuato, Puruándiro, Maravatío, Briseñas, Pajacuarán, Vista Hermosa, Jacona, Tangancícuaro y Zacapu. También Cuitzeo, Zinapécuaro, Ciudad Hidalgo, Irimbo, Queréndaro, Ocampo, Huiramba, Salvador Escalante, Carácuaro, Huetamo, Juárez, Tiquicheo, Tuzantla, Madero, Coalcomán, Chinicuila, Tepalcatepec, Nuevo Trecho y Parácuaro. En el documento hay asimismo un dato alarmante: los “municipios en donde existen posibles vínculos entre candidatos a alcaldías y el crimen organizado” suman 52, casi la mitad de los 113 municipios del estado, gobernados por todos los partidos políticos. La lista es la siguiente: Morelia, Jiquilpan, Cherán, Lázaro Cárdenas, Churumuco, Álvaro Obregón, Apatzingán, Ario de Rosales, Buenavista, Ecuandureo, Arteaga, La Huacana, Múgica, Pátzcuaro, Susupuato, Tacámbaro, Tancítaro, Tarímbaro, Tingambato, Zitácuaro, Tumbiscatío, Puruándiro, Maravatío, Briseñas y Pajacuarán. Además, Vista Hermosa, Jacona, Tangancícuaro, Zacapu, Cuitzeo, Zinapécuaro, Hidalgo, Irimbo, Queréndaro, Ocampo, Huiramba, Quiroga, Salvador Escalante, Huetamo, Juárez, Tiquicheo, Tuzantla, Madero, Coalcomán, Chinicuila, Tepalcatepec, Nuevo Trecho, Parácuaro, Tanhuato, Yurécuaro y Carácuaro. El encono El asesinato del alcalde panista de La Piedad, que se suma al abierto intervencionismo del gobierno de Calderón, provocó aún más encono entre los contendientes a la gubernatura, en el contexto de la difusión de encuestas que perfilan como ganadora a la candidata del PAN sobre el priista Fausto Vallejo y el perredista Silvano Aureoles. La cúpula de ese partido se concentró en Michoacán y comenzó una campaña para culpar del homicidio al gobernador perredista Leonel Godoy por ser supuestamente permisivo con los grupos criminales. Antes de irse a Michoacán, donde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN tenía previsto sesionar el fin de semana, el secretario de Acción de Gobierno, Juan Molinar Horcasitas, culpó a Godoy del asesinato porque “no ha querido o no ha podido, en algunas ocasiones ni siquiera ha intentado poner el orden en esto”. Molinar, quien era director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuando ocurrió la muerte de 49 niños de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que el PAN usó para ganar la gubernatura en 2009, fue inmediatamente descalificado por el propio Godoy, quien lo acusó de pretender sacar “raja política” del asesinato del alcalde junto con la candidata del PAN. Aureoles, el candidato de la izquierda, fue más directo contra Calderón al tildarla de hipócrita porque lloró en una entrevista para Televisa. Dijo que sus “lágrimas (son) más falsas que una moneda de 14 pesos” y culpó al gobierno federal que encabeza su hermano de generar la violencia con una estrategia fracasada. Luego de calificarla como “una guerra sin sentido, que está demostrada la incapacidad del gobierno federal para frenar la violencia”, Aureoles demandó la modificación de la estrategia federal, más allá del discurso. “Pero desde hace meses, años se le ha dicho al gobierno federal que su estrategia es fallida, pero nunca ha querido entender, y ahora que ven que no resulta quieren compartir culpas (…) En los diálogos para la seguridad, en la marcha de (Javier) Sicilia, cuántas veces le dijeron a Calderón que cambiara la estrategia y le valió gorro. Pues ahí están los resultados y las encuestas.” Pura violencia La violencia en Michoacán ha sido sistemática desde que Calderón asumió la Presidencia de la República bajo acusaciones de fraude y declaró aquí, su tierra natal, una “guerra” contra el crimen organizado que ha costado más de 50 mil víctimas, más de 5 mil sólo en esta entidad. Esta “guerra” instrumentada por la PF y encabezada por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, ha sido sobre todo contra la organización delictiva La Familia Michoacana, que hizo su aparición en noviembre de 2006, una semana antes de la toma de posesión de Calderón. En un informe difundido en julio de este año, la SSP asegura que desde 2008 la PF ha detenido a 729 personas vinculadas con La Familia y Los Caballeros Templarios. Esta última organización se escindió de la primera después de que, en diciembre de 2010, el gobierno federal lanzó un operativo policiaco para localizar y ejecutar a Nazario Moreno González, El Chayo, uno de los principales dirigentes de La Familia Michoacana (Proceso 1780). La caza de El Chayo por la PF generó una resistencia inusitada: la respuesta armada abarcó 12 municipios y demostró la capacidad de movilización de La Familia Michoacana, que surgió en 2006 al amparo del cártel del Golfo y de Los Zetas. El saldo oficial de estos combates es de ocho muertos y tres heridos¸ pero la realidad fue otra. El número de bajas tanto del gobierno como de La Familia se desconoce: helicópteros de la PF transportaron a la Ciudad de México a un número indeterminado de muertos y heridos, y el grupo criminal recogió a sus caídos. Entre el 8 y el 9 de diciembre, La Familia desplegó a decenas de sus hombres en los municipios de Apatzingán, La Huacana, Taretan, Zitácuaro, Parácuaro, Copándaro, Ario de Rosales, Uruapan, Múgica, Morelia, Ciudad Hidalgo y Zinapécuaro para resistir a las fuerzas federales que buscaban a Nazario Moreno. La movilización confirmó el control territorial del grupo delictivo sobre todo en el centro y el noreste del estado. En todos esos municipios los seguidores de El Chayo robaron vehículos a particulares y empresas, los incendiaron y los usaron para obstruir los caminos y evitar la llegada de refuerzos federales. Una de las principales ciudades afectadas fue Morelia, donde los delincuentes cerraron cuatro de las cinco carreteras que parten de la capital estatal. Apatzingán fue el principal escenario de combate desde la noche del miércoles 8. A finales de enero de este año, en coincidencia con el lanzamiento de la candidatura de Luisa María Calderón, La Familia Michoacana anunció su disolución mediante mantas y un comunicado, uno de cuyos párrafos aludía a los Calderón: “En virtud de no querer seguir enfrentándonos con lo que representa la figura del presidente, La Familia Michoacana se disuelve por completo y se abren las puertas del estado, al gobierno o proyectos de grupos que deseen continuar con la lucha que nosotros iniciamos y existe la posibilidad de brindar el apoyo de nuestra parte” (Proceso 1807). De hecho, la actividad delictiva disminuyó en los meses siguientes y se reanudó en julio, luego de que un mes antes, el 21 de junio, Jesús Méndez Vargas El Chango, exmiembro de La Familia, se entregó a la PF en Aguascalientes. El comisionado de la PF, Facundo Rosas, y el entonces vocero federal de seguridad, Alejandro Poiré, festinaron “la destrucción” de esa organización delictiva; aseguraron que “sólo” faltaba detener a los dos líderes de Los Caballeros Templarios para acabar con la organización criminal. La respuesta fue, justamente, el ataque contra la base de la PF en La Piedad, el sábado 2 de julio, a raíz de lo cual la SSP envió, el sábado 9, mil 800 policías federales “con unidades de soporte logístico y técnico (y) 170 vehículos diversos, entre ellos unidades blindadas, 15 ambulancias y cuatro helicópteros (MI y Black Hawk)”. En Michoacán la PF sustituyó las acciones del Ejército, luego de que en mayo de 2007 ocurrieron las primeras bajas militares del sexenio a manos de La Familia en Nocupétaro. En represalia, el Ejército emprendió una cacería contra habitantes de esa población y del vecino Carácuaro, lo que generó fuertes críticas a la fuerza armada por las violaciones a los derechos humanos. Además en Michoacán tuvo lugar el primer ataque narcoterrorista contra la población civil en México. El 15 de septiembre de 2008, durante la celebración del Grito de Independencia, supuestos zetas arrojaron dos granadas contra la gente que celebraba en el centro de Morelia. La entrega de los presuntos responsables fue negociada por El Chayo con el general en retiro Mario Arturo Acosta Chaparro, en el inicio de una serie de encuentros de ese militar con los jefes del narcotráfico en México, autorizado por el gobierno de Calderón, que deseaba reducir la violencia.

Comentarios