Los fantasmas de la Casa Magna

jueves, 1 de diciembre de 2011
Desde hace 14 años un lujoso inmueble de Quintana Roo conocido como Casa Magna, cuyo presunto propietario era el capo colombiano Pablo Escobar Gaviria, ha estado envuelto en el misterio, detrás del cual podrían estar los hermanos Salinas de Gortari, asegura el empresario de Tulum Juan Chío y varios lugareños consultados por Proceso. Primero fue expropiado por la PGR; pero hace tres años apareció una sinaloense a la que nadie conoce –Sandra Eufrocina Chávez Vega–, y tras presentarse como “legítima propietaria” recuperó el predio, que luego le arrebató su exapoderado legal. Hoy, el abogado se ostenta como el dueño e incluso puso en venta la enigmática Casa Magna. TULUM, Q.Roo. (Proceso).- Aun cuando hace tres años la Procuraduría General de la República (PGR) restituyó a Sandra Eufrocina Chávez Vega, su “legítima propietaria”, la mítica Casa Magna –que presuntamente perteneció al extinto líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, a quien le fue expropiada hace 14 años–, los enigmas que rodean a ese búnker se profundizan. La propiedad se ubica a la altura del kilómetro 9.5 del camino Tulum-Punta Allen, a 15 kilómetros de la zona arqueológica de Tulum y a uno del arco de acceso a la reserva ecológica de Sian Ka’an, en el municipio Felipe Carrillo Puerto, en la codiciada franja costera de José María Pino Suárez. Cuenta con dos residencias que ocupan tres hectáreas y, dicen los lugareños, pertenece al expresidente Carlos Salinas de Gortari y a sus hermanos. El empresario Juan Chío, uno de los consultores inmobiliarios más antiguos de la zona, relata que tras la muerte del capo colombiano en diciembre de 1993 y al término del sexenio de Carlos Salinas, la PGR aseguró la Casa Magna y ahora nadie se atreve a hablar del asunto. “Ya nadie comenta que era de Raúl, Adriana y Carlos Salinas –dice Chío–. Incluso se perdieron los papeles. Sin embargo, hace tres años apareció Chávez Vega, quien dijo ser la auténtica dueña y recuperó la propiedad”. Hoy, la Casa Magna, que comenzó a construirse en julio de 1992 y quedó terminada en diciembre de 1993 (Proceso 1048), está en venta. La publicidad virtual asienta que el inmueble tiene 300 metros de frente de playa por 100 de fondo y consta de dos villas. Una de ellas tiene ocho recámaras y está valuada en 7 millones de dólares; la otra es de 13 habitaciones y su precio de venta asciende a 10 millones de dólares.   Pistas confusas   La averiguación previa 215/MPFEADS /97 indica que el inmueble estuvo asegurado de 1997 a 2008 por la PGR. El 23 de septiembre de 2002 la dependencia lo entregó al Servicio de Administración de Bienes Asegurados, de acuerdo con el acta AV/PGR/ATN/DRD/CUN/0286/02/09. Y tras un abandono de tres años, en 2005 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cedió la construcción a la empresa Amansala, S.A. de C.V., de las estadunidenses Melissa Glee Perlman y Erica Joy Gracc, para que la habilitaran como hotel. El proyecto Casa Magna Amansala Eco Chic Resort funcionó durante dos años. “Asegúrese de visitar el techo de la cima de la mansión cuando se abre. Una vez utilizado como un helipuerto para escapes rápidos de (Pablo) Escobar, en su lugar será sede para las sesiones de yoga Amansala”, decía la propaganda del hotel. Las tarifas eran variadas. La renta por habitación iba de 185 a 300 dólares por noche; quienes preferían rentar una villa completa por una semana pagaban 26 mil dólares. Un monje lama limpió incluso “las malas vibras”. Aun así, en 2008 las empresarias fueron lanzadas, pues según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apareció la “legítima propietaria” del predio. El 24 de abril de ese año emitió incluso el oficio DCO/DECR/CRC/ATJR/0734/0, en el que apuntó que un año antes Sandra Eufrocina Chávez Vega reclamó el inmueble por medio de su apoderado legal, el jalisciense Carlos González Nuño, que terminó por quedarse con él. El acta DEV/A/PGR/CUN/0008/08/04 da cuenta de la devolución del predio a Chávez Vega, derivado de un acuerdo firmado el 10 de agosto de 2007 por Genaro García Chacón, agente del Ministerio Público de la federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Durante dos años, a partir de que Casa Magna fue entregada a Amansala, la periodista Fabiola Cortés Miranda, editora del portal electrónico local NoticaribeNews, solicitó información en varias ocasiones sobre la propiedad ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Sus intentos fueron infructuosos. En su petición del 29 de junio de 2006, intentó saber sobre las circunstancias en que se le entregó el inmueble a la empresa Amansala. La Unidad de Enlace de la PGR se negó, con el argumento de que la información relacionada con “aseguramientos efectuados dentro de las diligencias básicas en la investigación ministerial como medida cautelar en la indagatoria de un delito” era “reservada y confidencial”. El 14 de agosto siguiente Cortés Miranda insistió, esta vez ante el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda. La dependencia respondió: “El inmueble sobre el que solicita la particular información es un bien asegurado y afecto a un procedimiento penal federal, por lo que se requiere sigilo y total discreción en el manejo de la información relacionada con los mismos, en razón de no entorpecer las actuaciones que integran las investigaciones. “En razón de lo anterior, la respuesta que sugiere el peticionario de información es en el sentido de que la misma se encuentra RESERVADA.” Después de un recurso de revisión, el IFAI ordenó a la PGR liberar la información a la solicitante. Diez meses después, el 21 de septiembre de 2007, llegó la respuesta, cuya copia fue facilitada a Proceso: “Se realizó una minuciosa búsqueda en la base de datos con que cuenta la unidad administrativa sin que se localizara registro alguno respecto del inmueble del que se solicita información denominado Casa Magna Amansala. “En virtud de que en la resolución que nos ocupa se menciona que el anterior director de Registro y Clasificación mostró reporte individual del inmueble de referencia, se hizo la revisión a todos los registros de inmuebles asegurados ubicados en Quintana Roo, detectándose el registro de un terreno rústico en el municipio de Solidaridad, por lo que se presume fue éste el reporte individual presentado por el citado director, sin embargo, la denominación y domicilio no corresponden al inmueble denominado Casa Magna Amansala. “Cabe agregar que, respecto de la situación jurídica del inmueble registrado (terreno rústico), el agente del Ministerio Público de la federación que conoce de la averiguación previa a la que se encuentra afecto, informó a esta unidad administrativa que mediante acuerdo de fecha 10 de agosto del año en curso, determinó levantar el aseguramiento y devolver a su propietario, por lo que al quedar insubsistente la calidad del bien asegurado no podría proporcionarse la copia del reporte individual, toda vez que sale de la esfera de competencia de la DGCRAM (Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales), cuyas atribuciones de registro y control se limitan exclusivamente a BIENES ASEGURADOS.”   Despojo a hoteleros   Originaria de Tacopaco, Choix, Sinaloa, Sandra Eufrocina Chávez Vega no sólo reclamó la Casa Magna. Su apoderado, Carlos González Nuño, también se apropió de las tierras ocupadas por los seis pequeños hoteles aledaños –Hamaca Loca, Xicho, Casa del Jaguar, Tierras del Sol, Vía Láktea y Las Nubes–, que en conjunto abarcan medio kilómetro de playas cuyo valor estimado es de 50 millones de dólares. El pasado 19 de octubre, los posesionarios actuales de esas tierras, quienes se las compraron a los ejidatarios, fueron intimidados por elementos de la SIEDO de la Ciudad de México, encabezados por el agente del Ministerio Público federal Luis Alberto Sánchez Gil, quien intentó desalojarlos. Según él, los hoteleros habían invadido terrenos que la autoridad federal tenía incautados por estar relacionados con el crimen organizado. Ellos le argumentaron al funcionario que habían comprado los predios de manera legal; incluso le dijeron que los números de sus lotes no correspondían a los que reclamaba la autoridad federal. Sánchez Gil optó por retirarse, aunque les notificó que abriría una averiguación previa (PGR/SIEDO/UEICDCS/276/2011) y les extendió un citatorio para que comparecieran en la Ciudad de México el 31 de octubre. Sólo uno acudió; los demás optaron por el amparo. De nada les sirvió. Ese 31 de octubre por la noche, ya iniciado el puente de Día de Muertos y cuando se suponía que los seis hoteleros estarían en el Distrito Federal para responder al citatorio de la PGR, el actuario Luis Miguel Escobedo Pérez, adscrito al Primer Juzgado Civil de Playa del Carmen, acompañado por policías municipales y turísticos y varios estibadores, consumó el despojo en cumplimiento del exhorto 363/11 enviado por el Juzgado 10 Mercantil de Guadalajara, Jalisco, que ordenaba entregar la posesión de esas tierras a González Nuño. A partir de entonces, González Nuño, quien ya no era representante legal de Eufrocina Chávez –a quien nadie conoce–, se convirtió en “legítimo propietario” de Casa Magna y de esos terrenos aledaños. Incluso promovió en el referido juzgado jalisciense el juicio ejecutivo mercantil 1705/09 sobre el lote 10 E de Punta Piedra contra Roberto López Chávez. Los afectados sospechan que, por su apellido materno, probablemente se trate de algún familiar de Eufrocina Chávez, aunque tampoco sabe quién es. En pocas horas, los seis hoteles fueron desalojados. Algunos tenían 14 años y tenían sus permisos en regla. A rastras y con gases lacrimógenos, los hoteleros, sus familias y los huéspedes –la mayoría extranjeros– fueron lanzados a la calle. Las imágenes del operativo, que dejó un herido, dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales. “Esta mala propaganda, las imágenes de los policías agrediendo y robando las pertenencias de esos turistas nos causó más cancelaciones de reservaciones que la influenza”, lamenta Juan Chío, quien atestiguó esos hechos. Cuenta que ese día en que la autoridad estatal consumó el despojo, y como los números de los lotes de los hoteleros afectados no correspondían a los que reclamaba González Nuño, a los uniformados “se les hizo fácil pintarlos en ese momento en las cercas para hacerlos coincidir”. “¿Desde cuándo el Ejército, la Marina y la Policía Federal son movilizados para cobrar pagarés?”, pregunta. Según él, detrás de González Nuño se esconden poderosos intereses. Para Álvaro López Joers, abogado de los hoteleros despojados, “lo que llama la atención es que se cree la mecánica de llevar juicios civiles o mercantiles en un estado diferente a Quintana Roo; aunque se vale. Pero en la medida en que ese juicio se siga contra la persona que se va a afectar –que en ese caso no lo fue– eso constituye un fraude procesal”. Dice que la querella contra López Chávez –en caso de que éste exista– puede ser un “juicio inventado” por ambos para despojar a los hoteleros. En este caso hipotético, dice, “López Chávez le firma un título ejecutivo a González Nuño –imagino que un pagaré–, pero no le cumple. En consecuencia viene el juicio ejecutivo mercantil, que es una vía sumaria para garantizar un embargo de principio. “En estos casos se sigue el procedimiento: si el deudor no paga, se le embargan sus bienes; se sacan a remate. De esa forme el acreedor recupera su dinero, pero no se da la posesión del bien al demandante. “La trampa es que el Juzgado Civil de Playa del Carmen se haya atrevido a diligenciar o ejecutar una sentencia por exhorto de un juzgado de otro lado sin verificar que la persona a la que se fue a ejecutar es parte del juicio. En este caso ninguno de los despojados lo era”, sentencia López Joers. E insiste: al no ser López Chávez el posesionario de esas tierras, lo que procedía era que el actuario suspendiera la diligencia y levantara un acta e informara sobre la situación. “Sorprende que ya traigan todo un operativo a sabiendas que (los hoteleros) no eran las personas que buscaban. El actuario nada más hizo acto de presencia, pues González Nuño era el que llevaba la batuta. Esto deja en evidencia que aquí no está involucrado sólo dinero, sino también poder”, comenta el abogado. Para él, detrás de González Nuño “hay gente poderosa”. Y se pregunta: “¿Cómo pudo traer hasta a la AFI y al Ejército para despojar a los ejidatarios?”. En 2008, cuando las autoridades le quitaron Amansala a las empresarias estadunidenses, González Nuño abrió en Casa Magna un nuevo hotel: El Mil Amores, y organizó una fiesta privada en la que, según los lugareños consultados por la reportera, estuvieron los jóvenes Salinas. Y al igual que en el caso de Amansala, la propaganda del Mil Amores aludió al capo colombiano. Pero el proyecto no le resultó a González Nuño, por lo que este año lo vendió. Los lugareños comentan también que ya concretó la transacción de una de las villas, la de 7 millones de dólares, aunque nadie sabe quién la compró.

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