Inscrito en el clima de violencia que se generaliza en el país, un multihomicidio indignó a la sociedad tapatía, en particular a la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Cuatro jóvenes preparatorianos y un padre de familia fueron asesinados y enterrados en la sede de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG). Estas muertes se suman a la historia negra de ese organismo porril, del que surgieron políticos de todo signo, varios de ellos con muy mala reputación. GUADALAJARA, JAL. (Proceso).- “Pasen y revisen todo el edificio para que vean que no hay cuerpos enterrados ni armas”, dijo el presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), Tonatiuh Bravo Padilla, a un grupo de alumnos de sociología que a finales de los ochenta acudió a la sede fegista a pedir permiso para competir contra la planilla oficial que buscaba la representación en la Facultad de Filosofía y Letras. El exdiputado Tonatiuh Bravo Padilla, rector por segunda ocasión del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA), se refería en broma a la leyenda urbana de que en los extensos terrenos de la FEG –más de media hectárea– había muchos cadáveres enterrados. Ahora que la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJ) exhumó cinco cadáveres en los terrenos que ocupa la FEG, la anécdota adquiere un matiz tan tétrico como el del edificio que alberga a dicha federación, por cuya presidencia pasaron también los hermanos Raúl y José Trinidad Padilla López, ambos exrectores de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Según los peritajes, los cuerpos desenterrados son de cuatro estudiantes de la preparatoria 8 y de un padre de familia que vendía churros en las inmediaciones de la FEG (Carlos Pereyra 100) y la Escuela Normal de Jalisco, en la glorieta del mismo nombre, en la colonia Miraflores. Para ello pagaba derecho de piso a la federación, una antigua práctica que se ha mantenido durante años en esta organización porril. En un recorrido que Proceso realizó por lugares donde la FEG cobra derecho de piso, los ambulantes comentan que esa organización les exige el pago de 100 pesos semanales y la compra de una credencial en 600 pesos. A cambio, no los molestan los inspectores del ayuntamiento de Guadalajara. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la edición 1833 de la revista Proceso, que ya está en circulación)