Una historia de lucha, violencia y muerte

sábado, 17 de diciembre de 2011
El asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa el pasado lunes 12 en la Autopista del Sol confirmó el talante autoritario y represor del gobierno guerrerense, el mismo que en su afán de exculparse de los homicidios hizo una tibia purga en el gabinete. No fue suficiente. Videos, testimonios y peritajes no dejan lugar a dudas y el mandatario Ángel Aguirre Rivero deberá ahora asumir los costos de la barbarie, que podrían incluir un juicio político CHILPANCINGO, GRO.- Como lo hacen cada año, los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, entregaron un documento a las autoridades estatales para pedir que se garantice la permanencia de este plantel como modelo de oferta educativa y generación de empleo. Y como cada año, el gobierno de Guerrero los ignoró. Las autoridades educativas guerrerenses cancelaron varias veces las reuniones pactadas con los estudiantes de Ayotzinapa. Así sucedió, por ejemplo, con la del 4 de octubre y la del 9 de noviembre, por lo que los jóvenes pidieron audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero. Los colaboradores de éste les aseguraron que serían recibidos el lunes 5, pero nuevamente se suspendió el encuentro. El asesinato de los dos normalistas provocó una crisis en el gobierno de Aguirre Rivero, que llegó al poder por una alianza de partidos de izquierda. Pese a la difusión de evidencias que muestran a policías federales y estatales golpeando y disparando, las autoridades encargadas de investigar el caso no han determinado quién asesinó a los normalistas, aunque los gobiernos federal y estatal se confrontaron para tratar de deslindar a sus corporaciones de haber abatido a Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y herido de bala a otros cuatro normalistas, entre ellos a Édgar David Espíritu Olmedo, cuyo estado de salud es grave. (Extracto del reportaje principal que se publica esta semana en la edición 1833 de la revista Proceso, ya en circulación)

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