El gobierno de Nuevo León parece haber perdido el control de sus centros penitenciarios, al menos de los tres más importantes de la zona metropolitana de Monterrey: Cadereyta, Topo Chico y Apodaca, donde a lo largo de 2011 ha habido 65 asesinatos de reos y numerosas fugas. El gobernador Rodrigo Medina, rebasado, pidió la ayuda del Ejército y comenzó la construcción de otra cárcel, ahora en el municipio de Mina… pero la situación anárquica no cambia en los penales, en cuyo interior, y aparentemente con la colaboración de las autoridades, se reproduce la guerra que libran en todo el país los cárteles del narcotráfico. La detención en octubre pasado del presunto zeta Carlos Oliva Castillo, La Rana, exhibió la descomposición del sistema carcelario nuevoleonés al descubrirse que su brazo derecho, Juan Carlos Garza Rodríguez o Rodolfo Peña Hinojosa, quien se suponía estaba preso, no apareció en ninguna de las cárceles de la entidad… y nunca se informó que se hubiera fugado. La mañana del pasado 12 de octubre la Operación Escorpión –aplicada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el noreste mexicano después del ataque al Casino Royale de Monterrey, donde murieron 52 personas el 25 de agosto– ubicó y detuvo en Saltillo a Oliva Castillo a quien el mando castrense identificó como un operador de Los Zetas en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila que respondía sólo a las órdenes de Heriberto Lazcano Lazcano El Lazca y Miguel Ángel Treviño Morales El Z-40, líderes de esa organización criminal. Las supuestas actividades de Oliva y de Garza Rodríguez fueron narradas a detalle el 13 de octubre por el vocero de la Sedena, Ricardo Trevilla, quien atribuyó a La Rana, entre otras muchas actividades criminales, haber ordenado el ataque al casino. Nada dijo del estatus de prófugo de Garza Rodríguez –aunque sí le atribuyó ser traficante de drogas desde 1998– quien se suponía que estaba preso en el penal de Apodaca, uno de los tres de la zona metropolitana de Monterrey. Y han sido los propios cárteles del narcotráfico los que, en su afán de perjudicar a sus rivales, han evidenciado el caos penitenciario en Nuevo León: En narcomantas con mensajes dirigidos al presidente Felipe Calderón y al gobernador Rodrigo Medina, han denunciado las fugas y los descuidos en los penales locales. El pasado 20 de agosto en el Puente del Papa, uno de los que atraviesan el río Santa Catarina, apareció el primer mensaje a Calderón y Medina: “Hay que ponerle mas atención a los penales de Nuevo León, principalmente al de ‘APODACA’ ciertos presos tienen el privilegio de salir y entrar al penal, en estos días se maneja una fuga masiva hay personas de afuera interesadas en sacar a un tal ‘FITO’ preso en el penal de Apodaca esta persona cuenta con orden de aprehension en Estados Unidos de América, por ser el principal distribuidor de cocaína y quien trabaja para la ‘RANA’ actual encargado de los (Z’) en Nuevo León y el principal exportador de droga para Estados Unidos. El nombre real de el ‘FITO’ es (RODOLFO PEÑA TERCERO) y el nombre de lista dentro del Centro de Readaptación ‘PENAL’ de ‘APODACA’ es ‘ABELARDO GARCÍA PEÑA’”. Esos alias son atribuidos también a Juan Carlos Garza Rodríguez. El 24 de agosto otro mensaje fue colocado en un puente de la avenida Revolución, en el sur de Monterrey: “Sr. Gobernador Informe al señor Presidente y a la ciudadanía el motivo por que no informaron de los acontecimientos que suceden dentro del Penal de Caderey­ta ¿Por que? ¿Quiénes lo controlan? El que pasa revista Comandante Alemán si hasta ahora actúan como muy rectos líderes, de la delincuencia pagan 1,000,000 al Tila, quien le paga a un alto funcionario en sólo 24 horas por su traslado de un penal a otro junto con otros del Golfo CDG del Topo a Cadereyta. Inocencio Mireles, La Pechuga, El Moisés, La Golondrina, Los Pedraza apoyados x el CDG en el Penal del Topo al Penal de Cadereyta y entran aun sabiendo las autoridades a cualquier hora…” Los narcomensajes pasaron casi inadvertidos en medio de la vorágine de información surgida por la tragedia del Casino Royale. Lo que permaneció inalterado fue el fenómeno de fugas y homicidios en las penitenciarías. Respuesta: militarización El 20 de noviembre el gobierno estatal debió reconocer que del penal de Apodaca, además de Garza se habían fugado Pedro González, Inocente Contreras Rodríguez y Juan Antonio Carreón, quienes salieron con permiso de los vigilantes entre junio y septiembre pasados. Por la evasión de reos fueron acusados 35 custodios de esa penitenciaría, 25 de los cuales están sujetos a proceso penal. Desde hace al menos tres años las penitenciarías de Apodaca, Topo Chico y Cadereyta se han convertido en una extensión de la violencia que mantiene asolado a Nuevo León; este año 13 celadores han sido asesinados afuera de los penales. Las evasiones son apenas uno de los aspectos del caos que en lo que va de 2011 ha generado 65 muertes de internos, no esclarecidas por las autoridades. Uno de los casos más sonados ocurrió el 31 de diciembre de 2010 cuando el cadáver de Gabriela Elizabeth Muñiz Tamez, La Pelirroja, fue colgado de un puente peatonal en la transitada avenida Gonzalitos de Monterrey. La mujer de 31 años cumplía sentencias por secuestro y extorsión; además, según versiones de la policía, era pareja sentimental de un presunto narcotraficante. La Pelirroja fue torturada en el penal; después la sacaron con el consentimiento de los custodios, la volvieron a torturar y finalmente la colgaron del puente. Poco a poco el penal regiomontano del Topo Chico se llenó de violencia: el 9 de agosto un comando entró a punta de disparos, supuestamente con la ayuda de los custodios. En los hechos perdieron la vida dos personas. No obstante aun entonces el vocero de seguridad del estado, Jorge Domene, aseguraba que el gobierno mantenía el control de la cárcel. Ante la vulnerabilidad de las penitenciarías Rodrigo Medina solicitó apoyo militar a mediados de octubre, cuando la estadística de muertes en los tres penales superaba los 50 casos. El 24 de ese mes el gobernador confirmó la presencia militar, aunque precisó que sólo hacían revisiones en el exterior y que el control interno lo mantenía el gobierno del estado. Para la coordinadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos de Nuevo León (Cadhac), Consuelo Morales Elizondo, la situación de los penales no ha cambiado a partir de la vigilancia militar, aunque sí los protocolos de revisión que deben seguir los familiares de los internos, quienes viven un calvario cada vez que visitan a un interno. Entre actos de prepotencia, revisiones exhaustivas y ociosas y un reglamento en constante cambio que muchas veces priva a las familias de visitar a algún interno, los militares cuidan los accesos; pero no hay cambios de fondo en las condiciones de vida y el descontrol que prevalecen en el interior. En síntesis, la violencia es contra los familiares, afirma. “Como ocurre con la seguridad pública, el estado claudica en otra de sus funciones en un entorno en el que los soldados, marinos, policías y criminales desaparecen gente, asesinan o violentan derechos fundamentales, que nos llevan a preguntarnos si las autoridades están rebasadas o forman parte de esta violencia”, dice. Tortura y muerte Ramón Gumaro Garza de la Garza era una leyenda del narcotráfico local. El pasado sábado 17 cumplió en Apodaca los primeros 15 años de los 40 de su sentencia por el asesinato del abogado Agapito Garza Salinas en los noventa, cuando un homicidio todavía era un escándalo. Al pistolero se le atribuían varios crímenes cometidos cuando era madrina de la Policía Judicial Federal en León, Guanajuato, y Cancún, Quintana Roo. Sus contactos con el mundo político fueron importantes en una investigación: estando preso por la muerte de Agapito Garza se convirtió en testigo clave de la Procuraduría General de la República en su acusación contra el exgobernador quintanarroense Mario Villanueva Madrid, ya extraditado a Estados Unidos. El pasado martes 20 Gumaro Garza fue asesinado por otro reo federal, a quien se identificó como Reynaldo Arizpe García y quien apenas llegó a Apodaca el domingo 4. Cerca de la medianoche de ese martes le dio unas 20 puñaladas a Gumaro. A la opacidad en el penal de Cadereyta y a la inocultable violencia del de Topo Chico se suman la violencia y la opacidad del de Apodaca donde además de las mencionadas evasiones de internos, se han registrado hechos sangrientos. Este año en los tres penales se ha sumado un total de 65 muertes, algunas con brutalidad extrema. Por ejemplo el 20 de mayo 14 reos fueron torturados, asesinados y sus cuerpos calcinados durante un supuesto motín en Apodaca. Consuelo Morales indica que la violencia en la cárcel se incrementó desde hace tres años, en paralelo al proceso de violencia en el área metropolitana de Monterrey. La religiosa, quien apenas en noviembre recibió el premio del organismo internacional Human Rights Watch por su “activismo ejemplar”, advierte que el avance de la violencia ha sido progresivo y coincidente con datos que reflejan la pérdida de control de las autoridades. En entrevista con Proceso añade que 2011 ha sido un año “de una brutalidad tan asombrosa” como la impunidad que prevalece por las 65 muertes en condiciones hasta ahora inexplicadas por las autoridades. El aumento de la población penitenciaria ha sido enorme en estos años por el ingreso de reos del fuero federal. Además explica que una peculiaridad de Nuevo León es la criminalización con motivaciones políticas puesto que, en respuesta a las presiones por hechos violentos, la clase política plantea reformas y el endurecimiento de penas sobrelegislando. La sobrelegislación con fines de criminalización es calificada por la activista como un “populismo legislativo con una visión punitiva” que agudiza la violencia. Ejemplifica: el martes 13 el Congreso local tipificó como delito el robo de ferrocarril –cuando ya existe el delito de robo– y creó un nuevo tipo penal –como lo ha hecho para las marchas y protestas o para el grafiti– que encuadra en delitos ya tipificados. “Eso ha generado sobrepoblación y hacinamiento como nunca, sin que las prácticas de tortura dejen de existir; se han vuelto más brutales.” Entre los testimonios recabados por Cadhac hay relatos de los casos de muchos policías municipales y civiles detenidos, golpeados y hasta violados por efectivos de las fuerzas federales. Uno de esos casos es el de Marcelo Laguarda, acusado del asesinato del estudiante de excelencia de la UNAM Víctor Castro Santillán en abril de 2010. Laguarda, hijo de un empresario y político panista de Coahuila, fue sometido a torturas entre las que destaca la quemadura de las yemas de los dedos cuando se negó a firmar una confesión. Consuelo Morales, quien el último semestre ha emitido seis pronunciamientos alertando sobre la violencia en las prisiones de Nuevo León, vuelve a la denuncia por la mortandad: “Ahora no sólo vemos que los internos son sometidos a tratos crueles, inhumanos y denigrantes, sin programa de readaptación. Lo peor es que están perdiendo la vida. “Y lo más doloroso es que se trata de la muerte de gente joven, en muchos de los casos con ingreso reciente a los penales y algunos por delitos menores. No cabe duda de que se trata de una política de seguridad, local y federal, que pretende hacer creer que trabajan porque meten a la cárcel a personas”, dice. Traslado inhumano De acuerdo con la estadística oficial la población de los penales de la entidad está creciendo 2% mensual. De ahí que los gobiernos estatal y federal hayan determinado construir una nueva cárcel, ahora en el municipio de Mina, unos 40 kilómetros al noroeste de Monterrey. La construcción de la penitenciaría empezó el pasado 14 de julio con la asistencia de Medina y del comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas. La inversión inicial será de 100 millones de pesos pero costará más de 3 mil 500 millones. Tendrá capacidad para 2 mil 300 internos y ocupará una superficie de 359 hectáreas. El proyecto pretende concentrar ahí a los internos del fuero federal y remplazar paulatinamente el obsoleto penal de Topo Chico. Morales Elizondo afirma que desde la perspectiva de los derechos humanos el proyecto es un error, pues ante la falta de política de readaptación trasladarán ahí la deshumanización, los mismos vicios e ilegalidades de los otros tres penales; en tanto más lejos, más fáciles de ser vulnerados los derechos, afirma. “Las autoridades están perdiendo de vista que la privación de la libertad de ninguna manera significa que las personas recluidas en centros penitenciarios puedan ser expuestas a tratos crueles, inhumanos o denigrantes y mucho menos que puedan ser privadas de sus vidas. “Pero es justamente lo que está ocurriendo. No es racional suponer que en un ambiente cerrado y extremadamente protegido puedan suceder en menos de 12 meses más de 65 muertes que hasta hoy permanecen en total impunidad. Las autoridades tienen la obligación de garantizar que las prisiones sean un espacio de reinserción social, no un lugar de abusos, extorsiones, tortura y riesgo para la vida de los reclusos; pero eso es lo que está sucediendo y cada vez nos encontramos más lejos de los estándares internacionales en los servicios penitenciarios.”