Otra grieta en el imperio de "Billy" Álvarez

martes, 6 de diciembre de 2011
Una de las tres cementeras más importantes del país, la Cooperativa La Cruz Azul, no deja de estar en el centro de los escándalos. El feudo que maneja a placer Guillermo Billy Álvarez ha sido acusado de solapar malos manejos financieros, así como de lavado de dinero, daño patrimonial y extorsión. Ahora la presidencia misma de la cementera está bajo acusación de ser ilegítima. Un Consejo de Administración que trabaja “en el exilio” reclama la representación auténtica de la cooperativa. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Un nuevo escándalo sacude a la Cooperativa La Cruz Azul SCL: Ahora los abogados Jorge Eugenio Olvera Quintanilla y Eugenio Olvera Pérez –padre e hijo, representantes del Consejo de Administración– acusan a Guillermo Billy Álvarez de usurpar el cargo de director general de ésta, una de las empresas cementeras más importantes del país. Los litigantes basan sus acusaciones en dos sentencias derivadas de dos denuncias interpuestas por el Consejo de Administración de la cooperativa que fue destituido por denunciar los ilícitos cometidos por el exauditor Carlos Terroba Wolf y el suspendido director jurídico, Víctor Manuel Garcés Rojo, al amparo de Billy Álvarez, quien es su cuñado. La caja de Pandora se abrió hace poco más de un año cuando se descubrieron malos manejos financieros en la cooperativa. En su número 1736 Proceso reveló la compra a sobreprecio, en enero de 2007, del terreno donde se construyeron las oficinas de La Cruz Azul, a un costado del centro comercial Gran Sur en la Ciudad de México. Para esta transacción Garcés Rojo creó la firma Andrómeda Constructores Inmobiliarios, S.A. de C.V., con la participación de su esposa, María Hilda Álvarez Cuevas –hermana de Billy y Alfredo; a este último su hermano lo destituyó como gerente comercial de la cooperativa y vicepresidente del equipo de futbol Cruz Azul por apoyar a sus opositores– y de cinco asesores de la dirección: Jesús Rafael González Collado, Fernando Luis Arista, Roberto Guízar, José Besil Bardawill y Carlos Javier Terroba Wolf. Este asunto confrontó a Billy Álvarez con Terroba Wolf, quien desde ese año dejó de trabajar en La Cruz Azul y decidió destapar la cloaca en una asamblea el 30 de septiembre de 2009 en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo: Ante 109 socios, Terroba detalló el daño patrimonial que Garcés Rojo causó a las finanzas de alrededor de 2 mil 114 cooperativistas en más de 20 años y que se calcula en 15 mil 558 millones 937 mil dólares. Los detalles del fraude están documentados ante notario público (Proceso 1741). Luego de la asamblea unos mil cooperativistas llamaron a cuentas a Garcés Rojo. Citaron a una asamblea extraordinaria que se realizó el 20 de marzo de 2010. Ahí se difundió un video donde Terroba Wolf reveló los negocios de Garcés, de los cuales, dice, “estaba enterado Guillermo Billy Álvarez”. Pese a las pruebas, Billy defendió a su cuñado y maniobró para que más de un tercio de los asistentes se manifestaran por su “inhabilitación”, no suspensión, como director jurídico (Proceso 1744). En esa asamblea se creó el Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, presidido por Armando Valverde Talango, quien considera que el objetivo de Billy Álvarez y un grupo de directivos que incluye a su cuñado Garcés Rojo pretende llevar a la quiebra a la cementera para venderla. Como consecuencia, el 16 de julio de 2010 alrededor de 300 socios demandaron a Billy Álvarez por lavado de dinero ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR. Según la denuncia, un grupo de directivos habría obtenido fondos de manera ilegal y los envió al extranjero a través de personas físicas y morales, y contactos en los sectores financiero y bancario, a fin de ocultar su origen, localización y destino. Este puente financiero se llamó Operación Europa. Posteriormente algunas sumas se repatriaron para llevar a cabo operaciones inmobiliarias (Proceso 1760). La cereza del pastel fue el contrato de licencia otorgado el 10 de agosto de 2006 por Billy Álvarez como director general de la Cooperativa La Cruz Azul y presidente de su Club Deportivo Social y Cultural, a la empresa Impulso FC, representada por Juan Carlos Terroba Dodero, hijo de Terroba Wolf, para usar la marca del equipo y la cementera Cruz Azul, pero las regalías –calculadas en alrededor de 15 millones de dólares– nunca llegaron a las arcas de la cooperativa (Proceso 1803). El 22 de enero de 2011 se realizó otra asamblea extraordinaria en la que se discutió el informe del Consejo de Administración, la aprobación de la resolución de expulsar a Garcés Rojo y la suspensión del presidente del Consejo de Vigilancia, Raúl Antonio Enríquez López, por no hacer caso a las auditorías realizadas en 2009 para transparentar la situación financiera de la cooperativa. El presidente de debates en esta asamblea fue Billy Álvarez, quien desde esa posición maniobró para que el consejo no rindiera el reporte citado. Esta actitud molestó a los socios, que declararon un receso. La sesión se reanudó el 12 de febrero siguiente. Ahí Billy siguió planteando que el consejo actuaba de manera irrespetuosa hacia la dirección general. Propuso no recibir el informe y que se suspendieran las funciones de Valverde y del Consejo de Administración, del que también es miembro su hermano Alfredo, y dio por terminada la asamblea. No obstante, Enríquez López gestionó ante un notario la continuación de la misma, que terminó a medianoche. En esa asamblea se desahogó el informe del consejo, se aprobó la exclusión de Garcés Rojo, la suspensión de Enríquez López y la reestructuración de la directiva. Se derogó la cláusula 55 de sus estatutos que otorga a Billy Álvarez facultades de actuar como dueño de la cooperativa y se le restituyeron funciones al consejo. Estas resoluciones se suscribieron ante notario público y se inscribieron en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito Federal; entraron en vigor el 14 de febrero de 2011. A manera de venganza, el 28 de mayo, en otra asamblea extraordinaria, se expulsó a los miembros del Consejo de Administración para evitar que se siguiera investigando a Garcés Rojo y a los socios que con él llevaron a cabo maniobras financieras irregulares mediante filiales de la cementera (Proceso 1803). Para revertir su destitución, el 11 de marzo de 2011 Valverde Talango, Enrique Zavaleta, Tomás Rivera, Federico Sarabia, Jorge Robín Rueda, Arturo Hernández, Héctor Rojas, Ramsés Dolores, Saúl Ángeles y Alfredo Álvarez –hermano de Billy– interpusieron el juicio mercantil 136/2011 contra Guillermo Álvarez como presidente de Debates y director de Cruz Azul; el representante del Consejo de Vigilancia, Raúl Antonio Enríquez López, y el director de Recursos Humanos, Noé Calvo Morales. Revés a las facultades plenas La demanda civil se resolvió el 30 de agosto de 2011. El juez undécimo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal declaró la nulidad de las cláusulas que otorgaban al director general de la cooperativa las facultades plenipotenciarias, como dueño incluso, en la cooperativa, reintegrándolas de manera formal al Consejo de Administración destituido, tal como lo establece la Ley de Sociedades Cooperativas. Ante la agresión de Álvarez respecto de la suspensión del consejo, se formuló otra demanda ante el juez sexto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal. El pasado 24 de noviembre el juez declaró la nulidad de los actos realizados por el presidente de Debates, Guillermo Álvarez, fuera del orden del día durante la asamblea del 22 de enero anterior y se reconoció la legalidad de la continuación de la asamblea del 12 de febrero, donde se reformaron las bases. También obligó a Billy Álvarez a rendir cuentas sobre el fondo de jubilaciones y pensiones de la cooperativa, porque los socios no saben dónde está su dinero, “aunque de manera periférica se tienen datos de que (...) está en un fideicomiso a nombre de Guillermo Álvarez, y el actuario Terroba Wolf dice que es prestanombres. Ese dinero está en Estados Unidos. Se tienen datos de que se trata de más de 400 millones de dólares”, afirma Eugenio Olvera Quintanilla en entrevista con este semanario. Cuando el Consejo de Administración supo lo anterior decidió remover a Guillermo Álvarez como su presidente. “Él viene actuando con toda ilegalidad porque carece de facultades. En esa vertiente alguien puede decir como el vocero de Álvarez que el asunto puede durar mucho tiempo. Su tesis es que por cansancio o tiempo se va a diluir el problema. En realidad lo que está haciendo el consejo es cumplir los compromisos con los cooperativistas para reordenar su casa, Ciudad Cruz Azul, y no un negocio de prevaricación ni familiar”, explica Olvera. Billy Álvarez y los demás directivos, a quienes afectan también estas resoluciones, interpusieron ocho recursos y nueve amparos en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal contra la primera sentencia citada. La audiencia constitucional está programada para el próximo viernes 23. Sobre la segunda apelaron en el Tribunal Unitario en Materia Civil de Xalapa, Veracruz, y el Consejo de la Judicatura estatal pidió resolver este asunto antes del jueves 15. Mientras tanto el Consejo de Administración encabezado por Valverde Talango citó a una asamblea a realizarse el próximo martes 6 en Ciudad Cruz Azul, Hidalgo, para informar a los cooperativistas sobre la resolución judicial contra Billy Álvarez y los demás directivos. Hasta la Femexfut Además de las demandas, los abogados Olvera, en representación del Consejo de Administración, redactaron dos oficios dirigidos a la Confederación de Cooperativas de Actividades Diversas de la República Mexicana y a la Federación Mexicana de Futbol Asociación (Femexfut) para poner al tanto a sus directivos sobre la situación de la cooperativa. “Valverde intentó entregarla y ni siquiera la quisieron recibir porque no está afiliado a la Femexfut. ¡Lógico! ¡Él no juega futbol!”, aunque sea presidente del Consejo de Administración que representa a la cooperativa que es dueña del equipo Cruz Azul, dice Olvera Quintanilla. El pasado 30 de noviembre acudieron a las sedes de dichas instituciones pero no les recibieron los escritos, por lo que el jueves 1 regresaron en compañía del notario público número 40 del Distrito Federal, José Gabriel Bastidas Salcido, para tomar nota del hecho y que no sea pretexto de los directivos para argumentar desconocimiento de causa. El presidente del Consejo de Administración de la Confederación de Cooperativas es Víctor Manuel González Romero, quien también es socio de la Cooperativa Cruz Azul. En el oficio le recuerdan este hecho así como su participación en las asambleas en las que se denunciaron actos ilícitos, aunque los presuntos culpables fueron exonerados. En el texto, cuya copia tiene Proceso, se hace un recuento de la historia de la búsqueda de transparencia de la cooperativa desde 2007 por diversas denuncias de extorsión a proveedores y prestadores de servicios; cobro de precios extraordinarios en la cementera y la realización de diversas auditorías que destaparon las irregularidades financieras cometidas por Garcés Rojo en la cooperativa, así como la forma ilegal en que excluyeron al Consejo de Administración de la misma, como “le consta”, puntualiza el escrito. “Durante todo este tiempo ni en su calidad de socio de la cooperativa ni como presidente del Consejo de Administración de Actividades Diversas de la República Mexicana, evidente conocedor de las leyes que rigen la vida de las cooperativas, manifestó posición alguna respecto de las irregularidades que se estaban cometiendo con varios socios de ésta cooperativa. “A menos que tenga usted evidencia de que ha tomado acciones y decisiones respecto a la protección del patrimonio de la cooperativa de la que es socio, tendríamos que pensar que su silencio ha sido cómplice de las irregularidades, de las ilegalidades y de la infamia. Y pensamos: Si usted no actúa a favor de la cooperativa en donde están sus intereses y su patrimonio ¿qué pueden esperar los compañeros socios de todas las otras cooperativas que están afiliadas a esta confederación?” Al presidente de la Femexfut, Justino Compeán, le informan que el 26 de mayo de 2011 el Consejo de Administración determinó la remoción de Billy Álvarez como director general de la cooperativa. La remoción afecta directamente la representación que ahí ostenta, así como su autonombramiento como presidente del equipo de futbol de primera división Cruz Azul. Revelan en el escrito, con copia en poder de Proceso, que las acciones jurídicas emprendidas contra las decisiones de la dirección para excluirlos del Consejo de Administración fueron revertidas en los juzgados, por lo que ostentan la representación de la firma social, ya que los resolutivos avalan las decisiones tomadas por los cooperativistas en la asamblea del 12 de febrero, cuando se expulsó a Garcés Rojo, se suspendió a Enríquez y se destituyó a Billy Álvarez. “Si bien la sentencia es recurrible mediante apelación y posterior amparo, es la segunda sentencia que avala la legalidad de la actuación del consejo de administración y la ilegalidad del poder de facto que ostenta Guillermo Álvarez. Todos los actos jurídicos que realice o haya realizado a partir de su destitución carecen de legalidad y son nulos de pleno derecho. Además existen diversas denuncias penales iniciadas en donde se señala como presunto responsable de la comisión de diversos delitos a Guillermo Álvarez Cuevas y a Víctor Garcés Rojo”, menciona. “Es así que cualquier transacción, venta, traspaso u operación realizada desde su remoción es un acto nulo, ya sea con equipos de la primera división o cualquier otro club de futbol internacional porque podría ser considerado como un fraude”, afirma. Ambos escritos están fechados el pasado 30 de noviembre y éste último es enviado en copia al presidente de todos los clubes de futbol mexicano. Los abogados Olvera, acompañados por Valverde, se quejan de que el Consejo de Administración está actuando “en el exilio”. Olvera Pérez sostiene que el 31 de noviembre José Antonio Marín, quien fue nombrado presidente del Consejo de Administración por Billy Álvarez, “afirmó que primero, literalmente, destruyen la cooperativa antes de permitir su reingreso para transparentarla”.

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