MÉXICO, D.F., 3 de febrero (apro).- Desde finales de 2010 y durante las primeras semanas de 2011, tres frentes de conflicto destacan en el servicio de telefonía móvil, que afectan directamente a los consumidores mexicanos.

En primer lugar, las constantes interferencias en el servicio de 3G de Telcel que han padecido miles de usuarios en la Ciudad de México; en segundo, los servicios de buzón de voz entre los operadores Unefon, Telefónica y Telcel, que han generado el inicio de un proceso de sanción por parte de la Cofetel y Profeco; y por último la disputa entre la empresa de telefonía fija Axtel que comanda Tomás Milmo, y las compañías de telefonía móvil –especialmente Telcel– por las tarifas de interconexión, que, tal parece, sólo está orientada a beneficiar a la compañía y no a los usuarios de Axtel.

Las compañías que resultan beneficiadas de un mercado que genera ventas por más de 20 mil millones de dólares al año, prácticamente se han hecho ojo de hormiga frente al descontento de los consumidores, echándole la culpa a otras compañías o utilizando estrategias jurídicas para no asumir su responsabilidad frente a los errores en un servicio que es muy caro.

Las autoridades responsables, especialmente la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), han actuado con suma lentitud, justificándose por su falta de inspectores o “dientes” legales que permitan sanciones ejemplares para que las compañías no sigan afectando al consumidor.

En el primer frente existe un fuerte descontento entre los usuarios de Telcel por la caída del servicio. El director jurídico de la compañía, Alejandro Cantú, afirmó que están haciendo pruebas con Nextel y otros operadores para determinar si es esta empresa u otras las que promueven la interferencia en los servicios de 3G, en especial en las zonas centro, poniente y sur de la Ciudad de México.

Desde el 19 de noviembre de 2010, Telcel envió sendos oficios a la Cofetel, solicitando la solución del problema, y también presentó una denuncia contra Nextel. Esta compañía, beneficiaria de la reciente licitación 21 sobre telefonía móvil convergente con Internet, negó, el pasado 25 de noviembre, que fuera responsable de la interferencia.

La Cofetel realizó una visita de inspección a Nextel para verificar si opera en la banda de frecuencias del espectro de 846.5 a 851.2 Mhz en el Distrito Federal, que es la banda donde se da el servicio de los usuarios de Telcel.

El problema es que los principales afectados siguen siendo los usuarios, quienes han presentado múltiples quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor desde octubre de 2010.

La Profeco informó, en noviembre pasado, que 26 quejas habían sido presentadas por parte de los usuarios, de las cuales 17 llegaron a un convenio.

Pero esto  no frenó las fallas. En enero, los usuarios de Blackberry y iPhone, vía Telcel, han registrado fallas generalizadas, que han significado lentitud en el servicio de llamadas.

La Cofetel simplemente ha dicho que no tiene el personal suficiente para realizar la inspección en tiempo y forma.

Alejandro Calvillo, presidente de El Poder del Consumidor, afirmó que Cofetel debe modificar los contratos con Telcel para cuidar los intereses de los consumidores, no sólo de las compañías.

El buzón de voz y  las irregularidades 

Otro problema que ha ocasionado un serio perjuicio a los consumidores son las irregularidades en el sistema de buzón de voz. Los concesionarios de telefonía móvil no incorporan el mecanismo para que en los casos en que el usuario de destino no conteste la llamada, se permita al usuario llamante saber el momento preciso a partir del cual la llamada contaría  como completa.

Desde el 5 de octubre de 2004, la Cofetel emitió una resolución (P/051004/186) en la que se establece la obligación de las compañías de avisar a los usuarios cuando el buzón de voz se active y el usuario pueda decidir si se le cuenta o no como llamada completa.

El pasado 2 de febrero, el pleno de la Cofetel resolvió proponerle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que inicie el procedimiento sancionador contra Unefón, Telcel y Telefónica por incurrir en violaciones constantes a esta resolución.

A su vez, la Profeco notificó un requerimiento a las mismas compañías para que “modifiquen la práctica que afecta los derechos de los consumidores para que cuando una llamada telefónica sea enrutada al buzón de voz, se transmita un mensaje y tonos distintivos previos que adviertan al usuario que la llamada le será cobrada y así él decida si la realiza”.

La Profeco comprobó que Unefon, Telefónica y Telcel “no advierten sobre el momento a partir del cual se realizará el cobro”. Esta práctica, advirtió la dependencia en un comunicado conjunto con Cofetel, “afecta directamente a los consumidores al no permitirles, de manera libre e informada, si desean pagar o no por utilizar el buzón de voz”.

El pleno de la Cofetel propuso la sanción máxima que prevé la Ley Federal de Telecomunicaciones para las compañías Unefón y Telefónica. Dicha sanción es de 20 mil salarios mínimos, una cantidad irrisoria para el nivel de ganancias que obtienen.

Las disputas por interconexión.

Interconexión es el término utilizado para definir la comunicación que establecen dos redes públicas para cursar el tráfico que se genera de una a otra (de teléfono móvil a teléfono fijo y viceversa, o entre dos teléfonos móviles). La tarifa de interconexión es el cobro que se le carga al usuario  por minuto o segundo.

Los usuarios mexicanos pagamos unas de las tarifas de interconexión más elevadas, especialmente porque la Ley Federal de Telecomunicaciones deja este tipo de tarifas en manos de las grandes compañías telefónicas que negocian o litigan entre ellas sin pensar en los consumidores.

El exsubsecretario de Comunicaciones, Jorge Álvarez Hoth, recordó en su reciente colaboración en el periódico Reforma (“La Interconexión en la Corte”) que la primera tarifa que se fijó en el país fue de 2.50 pesos por minuto, con todo y redondeo. El usuario que hablaba, por ejemplo, de Axtel a Telcel llegaba a pagar hasta 5 pesos por minuto, una tarifa muy elevada.

Axtel promovió desde el 5 de abril de 2005 un desacuerdo con la tarifa de interconexión con Telcel. Este litigio se resolvió en 2008 por el entonces subsecretario de Comunicaciones, Rafael del Villar, actual comisionado de Cofetel. Telcel se inconformó porque tenía una suspensión judicial.

Resultado de la resolución, la tarifa de interconexión entre Axtel y Telcel bajó de 1.72 pesos (0.51 para Axtel y 1.21 para el móvil) a 0.41 centavos para Telcel, lo cual representaba una disminución severa para los ingresos de la compañía de Slim. Por esta razón, Telcel se amparó.

Además, Axtel promovió que la disminución fuera retroactiva, lo cual implicaría cientos de millones de dólares a favor de la compañía de Tomás Milmo, una de las que ha sido señalada, por exintegrantes de Cofetel y por los propios voceros de Telcel, como “consentida” desde Los Pinos.

La disputa Axtel-Telcel generó un efecto dominó: Axtel-Telefónica y Axtel-Iusacell. En ambos casos se disminuyeron las tarifas de interconexión en beneficio de la empresa de telefonía fija, pero no en beneficio de los consumidores. Estas empresas se ampararon y obtuvieron resoluciones diferenciadas, pero básicamente lograron que se suspendiera la resolución de disminuir las tarifas hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, que está en la Suprema Corte de Justicia.

Álvarez Hoth describió así el litigio en su artículo: “Estas suspensiones los protegen (a las compañías de teléfonos móviles) de que otras redes fijas les dejen de pagar la tarifa de interconexión pactada, pero no así que Axtel se las reduzca, ya que esta empresa sí aplica la reducción, dejando a los operadores móviles inconformes y quejándose de que Axtel no repercute al usuario final la reducción en el cobro de interconexión (de fijo a móvil), manteniendo sus tarifas en el orden de 1.79 pesos por minuto”.

Desde el 27 de enero, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició un procedimiento de sanción contra Telcel por la negativa de interconexión a Axtel en las llamadas con el prefijo 045. Telcel argumentó que no hay materia de sanción porque la resolución de la SCT quedó anulada por la propia dependencia en diciembre de 2010.

Siendo este sector el de mayores ingresos en telecomunicaciones, las disputas por las tarifas de interconexión se da entre gigantes, que hasta ahora no han pensado en los consumidores.