El asalto al Instituto Nacional Migración

miércoles, 2 de marzo de 2011 · 01:00

El martes 15 tuvieron lugar dos operativos en oficinas del Instituto Nacional de Migración. El hecho no ha sido divulgado ni suficientemente aclarado, aunque Proceso pudo averiguar que un grupo de policías armados escoltó a personal de la Función Pública en esa incursión, cuyos objetivos fueron encontrar una lista con los nombres de 84 extranjeros recientemente ingresados a México, y suspender, inhabilitar o incluso arraigar a dos funcionarios del instituto sobre los que pesan acusaciones de actividades ilícitas.

MÉXICO, D.F., 2 de marzo (Proceso).- A las dos y media de la tarde del pasado martes 15, efectivos de la Policia Federal Ministerial (PFM), armados y escoltando a personal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), irrumpieron en un edificio de oficinas, el número 1832 de la calle de Homero, en la colonia Polanco de la Ciudad de México.

Los policías pidieron nombres, exigieron expedientes, revisaron computadoras, se incautaron de otras y de paso suspendieron 30 días a algunos funcionarios. Fue un operativo sorpresa en el Instituto Nacional de Migración (INM), sin precedente conocido.

Agentes y funcionarios llegaron al piso 16 de la torre del INM, donde está la Coordinación de Regulación Migratoria, a cargo de Tonatiuh García Castillo, el segundo hombre en importancia después del comisionado Salvador Beltrán del Río y a quien la excomisionada Cecilia Romero le dio facultades para crear el Nuevo manual de criterios y trámites migratorios, que facilita la entrada de extranjeros.

A la misma hora un operativo similar tenía lugar en otra oficina, en Ejército Nacional 862, sede de la delegación del INM en el Distrito Federal a cargo de Genaro Gutiérrez Soto.

Proceso verificó que los operativos tenían como objetivo encontrar una lista de 84 personas de nacionalidades iraquí, china y cubana. A las nueve de la noche con un minuto de ese martes 15 los agentes de la AFI y el personal de la SFP recibieron el documento de dos hojas al que este semanario tuvo acceso.

Pasada esa hora, policías y funcionarios federales se retiraron del piso 16 luego de notificar al encargado de la Coordinación de Regulación Migratoria, Tonatiuh García Castillo, y al titular de la Dirección Adjunta de Regulación Migratoria, Juan Ignacio Pedroza González, que estaban suspendidos de sus cargos 30 días, mientras concluyen las investigaciones.

Hasta el cierre de esta edición se desconocían los motivos por los que se buscó la lista de extranjeros o las razones por las cuales se incautaron algunas computadoras del piso 16 del INM ni se pudieron conocer los cargos por los que suspendieron a García Castillo y Pedroza González.

Versiones

 

El jueves 24 la noticia de esta incursión aún no trascendía públicamente y ya había diversas versiones sobre lo ocurrido. Proceso confirmó con funcionarios del INM, que pidieron el anonimato, que el operativo tuvo lugar pero negaron que hubieran participado efectivos de la PFM y mucho menos que haya sido un operativo armado. Aclaran que sólo acudió personal de la SFP.

Los funcionarios consultados aseguran que ni el INM conoce los motivos de los movimientos y deslindaron de cualquier responsabilidad al comisionado Salvador Beltrán del Río. Una de las fuentes sostiene que todo fue causado por el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto –que depende de la SFP– y aventuró la opinión de que se trató de la verificación de algunas denuncias que han llegado a ese organismo.

“Al OIC le llegan denuncias y puede hacer las indagaciones con el fin de garantizar la transparencia y objetividad con que se realizan los trámites en el Instituto”, añadió.

Proceso además tuvo una primera versión acerca de que Tonatiuh García Castillo y Juan Ignacio Pedroza González habían sido inhabilitados e incluso que este último –a quien el coordinador de Regulación Migratoria recurre constantemente para que firme en “su ausencia” los documentos que permiten el ingreso de extranjeros– estaba en arresto domiciliario.

La versión fue rechazada por una fuente del INM: “Es falso que tenga arresto en su casa, además de que la Función Pública sólo actúa en términos administrativos, no penales”, comentó. Lo que sí se comprobó es que ambos fueron “suspendidos de su cargo 30 días porque la SFP sí está facultada para pedir la separación cuando se trata de funcionarios de alto nivel”.

Una de las fuentes aclaró que es la primera vez en la historia del INM que un funcionario de este rango es suspendido e investigado. “Es un trámite. Es parte del compromiso para garantizar que quien tiene que indagar lo va a hacer sin presión. Y el compromiso del Instituto es que va a atender lo que diga el Órgano Interno de Control”.

La noche del jueves 24 Proceso obtuvo la versión de una fuente cercana a la Procuraduría General de la República (PGR): “No se trata de un arresto domiciliario sino de un arraigo penal (...) del comisionado de Regulación Migratoria, Tonatiuh García Castillo. El arraigo es por 30 días pero se puede extender a 60 y se le dictó porque es presunto responsable de algunos ilícitos; es para evitar que salga del país. Aunque también es cierto que luego de ese término se le pude liberar si no se encuentran pruebas en su contra”.

La fuente aclaró que hasta el momento “no se puede determinar la situación jurídica de Tonatiuh García Castillo” y corroboró que en el operativo sí participó la PFM y que fueron sus agentes quienes se llevaron las computadoras del piso 16, “aunque García Castillo alcanzó a tomar su computadora personal y su celular”.

Proceso acudió a la casa del funcionario en la colonia Condesa. Nadie abrió la puerta. En el primer piso del edificio hay un restaurante de comida india; en el segundo piso está la vivienda del funcionario. El tercer y último nivel está en remodelación y es donde alguna vez se localizó el Bar Delia, propiedad de García Castillo y que era atendido por haitianos (Proceso 1629).

En el restaurante fue un ciudadano indio quien abrió el portón. A uno de los encargados se le dejó una recado dirigido al funcionario con el nombre y teléfono de la reportera, solicitándole una entrevista.

Hasta el cierre de esta edición varios trabajadores del INM ya habían rendido “declaraciones administrativas” ante la SFP y otros habían sido citados por la PGR.

La lista

 

El martes 15, luego de revisar varios archivos del piso 16 del INM, los efectivos de la PFM y funcionarios de la SFP tuvieron en sus manos la lista de los 84 extranjeros: 22 iraquíes, 32 chinos y 30 cubanos.

Son dos cuartillas divididas en columnas donde se asienta la fecha del trámite de internación al país, la nacionalidad, el nombre y la fecha de nacimiento de cada uno de los extranjeros.

Aparecen, por ejemplo, los nombres de los iraquíes Oayssar Maullad Habech Habech, nacido el 15 de diciembre de 1990; Maryam Tareq Sulaiman Sulaiman nacida el 25 de julio de 1998 y Wissan Oraha Jibo, del 13 de mayo de 1969... así hasta completar los 22.

Entre los cubanos figuran los nombres de Enrique Fernández Ferrer, con fecha de nacimiento el 29 de julio de 1991, y Celestino Ignacio Muñiz Aldrete, quien nació el 4 de septiembre de 1946... y siguen otros 28 nombres.

En la lista hay 32 chinos, entre ellos Ying Ting Yu, nacido el 17 de febrero de 1980, y Ming Lee, del 24 de mayo de 1940.

Todos los trámites de esta lista se realizaron entre 2008 y 2010.

Hay otras listas y en ellas se asientan los datos de ciudadanos cubanos, argentinos, brasileños, peruanos, chinos, uruguayos, ecuatorianos, colombianos, rumanos, rusos, tailandeses e indios que tienen la leyenda “trasladados al piso 16”.

Por las fechas en que fueron tramitados los documentos que permiten a estos extranjeros la estancia en México, entre 2008 y 2010, es probable que quienes se encuentran en la lista ya vivan legalmente en México, aunque se desconoce si permanecen en el país.

El controvertido Tonatiuh

 

La norma que regula la internación de extranjeros al país es la Ley General de Población; según ésta, se autoriza trabajar en México un periodo de un año, con derecho a cuatro prórrogas, al extranjero traído al país por una empresa o institución educativa identificada con razón social y domicilio, cargo específico que desempeñará el inmigrante y el domicilio en el que vivirá y donde deberá ser localizado.

Para evitar que su actividad no ponga en peligro la seguridad nacional (es decir, que no se trate de terroristas, narcotraficantes, lenones, tratantes de personas o cualquier otra actividad ilícita), la Secretaría de Gobernación a través del INM debe fijar el número de extranjeros a internarse, ya sea por actividad o zona de residencia. Si el inmigrante cambia de trabajo o de domicilio debe avisar al Instituto.

Pero esta norma fue relevada por una simple circular, de la que Proceso tiene copia, la CRM/008/08 que emitió Tonatiuh García Castillo el 12 de noviembre de 2008, “previo acuerdo con la comisionada” (que entonces era Cecilia Romero).

Gracias a esa circular todos los requisitos para los inmigrantes se sustituyen con una simple declaración de que el extranjero se dedicará “a cualquier actividad lícita y honesta”, sin importar cuál es ni aportar prueba de ello, según el acuerdo segundo, párrafo I.

La nueva política de puertas abiertas que elaboró Tonatiuh García Castillo, pese a que mantiene la obligatoriedad de notificación a la autoridad sobre cualquier cambio de actividad y domicilio, permite que “no se vincule a los extranjeros a un empleador, persona, empresa o institución ni se limite su actividad a un área geográfica”, según se señala en la circular.

El actuar de García Castillo ha sido denunciado en diversos momentos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por abogados especializados en migración.

Por ejemplo: con motivo del motín y evasión de 31 indocumentados de la estación migratoria de Iztapalapa en julio de 2005, la CNDH lo señaló como uno de los responsables. García Castillo se deslindó de los hechos.

El 10 de septiembre de 2007 un grupo de 100 abogados presentó una denuncia contra García Castillo ante la SFP: lo acusaron de extralimitarse en sus funciones al girar instrucciones que sólo le corresponden al titular del INM (Proceso 1629).

El mismo grupo dio a conocer que, violando la Ley General de Población, el funcionario autorizó el ingreso a México de ocho iraquíes con el estatus de “visitantes con actividad lucrativa”. El documento de internación con el folio 12582/1/07 sólo asienta que el ingreso ocurrió a través de Ankara, Turquía, pero no aclara si se trata de asilados o refugiados políticos.

En el documento tampoco se especifica si la autorización obedece a causa humanitaria ni especifica las actividades que realizarán los nuevos huéspedes ni en qué domicilio vivirán. En suma, los ocho iraquíes podrán “dedicarse al ejercicio de cualquier actividad siempre y cuando sea lícita y honesta”.

Pero no sólo se franqueó el paso a los ocho iraquíes (Sameer Mikha, Rifa Salim Marroquí, Saifan Jirjees Abdulmaseeh, Doler Koraseel Mansoor, Manal Shaba Sadeq, Sama Nadhim Hirmiz, Shaba Sadeq Mansoor y Saada Younis Yaqo), sino que con los mismos folios de permiso de internamiento se autorizó la entrada de dos menores, Justin Manal Shaba y Varen Manal Shaba, para que vivan bajo la dependencia económica de Samier Sabrey Amein Al Najar, otro iraquí radicado en México.

Los denunciantes señalaron que los documentos son prueba de que existe el tráfico de personas orquestado desde Gobernación y que Tonatiuh García Castillo obtuvo entre 70 mil y 100 mil dólares por cada iraquí (Proceso 1629).

Cuando Proceso consultó a los funcionarios del INM por el tema del operativo realizado en el Instituto, afirmaron que se tuvo acceso a una lista de iraquíes, cubanos, chinos, indios, tailandeses y rusos que han ingresado a México en los últimos años, así como las denuncias contra Tonatiuh García Castillo y la flexibilidad de los requisitos.

Una de las fuentes consultadas explicó que México era uno de los países con más reglas burocráticas para ingresar al país y que siendo parte de la OCDE es el que tiene menor porcentaje de extranjeros. Y comentó: “Mientras en Estados Unidos hay 12 millones de mexicanos, aquí tenemos apenas 200 mil extranjeros”.

Comentó que con la nueva circular “se afectaron muchos intereses, como los de varios despachos de abogados que se encargaban de cobrar por cada trámite 10 mil pesos, siendo que ahora el propio extranjero lo puede realizar directamente sin necesidad de orientación jurídica. Se están afectando intereses de millones y millones de pesos”.

Sobre los iraquíes comentó que hay blindajes de seguridad para evitar el ingreso de terroristas. “Tenemos intercambio de información y bases de datos con el Cisen y la Secretaría de Seguridad Pública. Separamos la migración de riesgo de la común y en la primera están los terroristas”.   l

 

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