Revista Proceso

Nacer tras las rejas

jueves, 3 de marzo de 2011

Las mujeres que purgan sus condenas en los reclusorios femeninos de la Ciudad de México se enfrentan a todo para sobrevivir. En el de Santa Martha Acatitla, el problema de la maternidad es oprobioso. Ahí, alrededor de 100 menores cohabitan con sus madres en un sórdido espacio, sin ninguna garantía. Lo grave es que algunas de ellas admiten que deciden embarazarse para evitar que las transfieran a un penal de alta seguridad, y se muestran dispuestas a correr todos los riesgos que ello implica. En este reportaje, a fin de proteger a los menores y a sus madres,  se mantienen en reserva sus nombres, sustituyéndolos por seudónimos.

MÉXICO, D.F., 3 de marzo (Proceso).- El mundo de Martín mide 7.7 hectáreas, es gris y con forma octagonal. Más allá, sólo el limbo de un hábitat ruidoso y desconocido para él.

Y si bien las crayolas de los niños tienen colores vistosos, como el azul, beige y negro, en el caso de Martín y los casi 100 infantes que, como él, viven en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla al lado de sus madres, estos tonos tienen un significado distinto

En el código penitenciario, el azul corresponde al vestido por las internas más antiguas y aguerridas, las que mejor defienden su territorio: las sentenciadas. El beige es para las melancólicas, las confundidas, las que prefieren no dar problemas, toda vez que su proceso aún no concluye. Pero es el negro el que cubre los cuerpos de las más temidas, las dueñas de la vida carcelaria: las custodias.

Según la ley, los bebés que nacen mientras su madre purga una condena en Santa Martha tienen derecho a permanecer con ellas los primeros cinco años 11 meses. Al cumplir los seis, son enviados con algún familiar o a un hospicio. Sólo entonces descubren el mundo extramuros.

En este espacio, las reclusas de Santa Martha conviven con sus hijos durante los primeros años, inmersas en un ambiente sórdido en el cual la drogadicción, las riñas –provocadas por un litro de leche, por obtener un chocho o por un pedazo de jabón–, el lesbianismo y los abusos de autoridad son cotidianos.

 

Los “juzgadazos”

 

De 2008 a finales de 2010, el número de menores en Santa Martha aumentó 61.2%, al pasar de 60 a 98. La cifra es exponencial, si se considera que el crecimiento poblacional oscila en 10% en el reclusorio.

Muchas de las madres de Santa Martha aseguran que su primera opción es tener a sus hijos con ellas, pues consideran que enviarlos a una institución o con sus familiares no garantiza a los menores una vida más placentera. “Si a mí no me cuidaban, ¿qué le van a hacer a mi hijo?”, reflexiona Celia, quien purga una condena por el delito de daños contra la salud.

Otras dicen que si sus hijos permanecen en el reclusorio ellas tendrán algunos beneficios, como celdas mejor ubicadas, así como una mejor ración de comida diaria y otras canonjías; unas más confiesan que en la maternidad encuentran el ancla para impedir que las trasladen a penales de máxima seguridad, donde la presencia de niños no está permitida.

Hay internas que han dado a luz en dos ocasiones y tienen a sus hijos en sus celdas. “Son los juzgadazos”, comenta una empleada del penal femenil, y relata, mientras señala a una de ellas: “Esa interna tiene dos hijos, su esposo está en otro penal. Cuando va al juzgado y se encuentra con él aprovecha para tener sus encuentros”.

Hoy, ante el disparo de nacimientos, en Santa Martha cunde un rumor: están preparando una villa para que las internas y sus hijos sean trasladados a las Islas Marías.

La socióloga Claudia, quien imparte clases a nivel universitario a los presos de los diferentes centros penitenciarios del Distrito Federal, gracias a un programa de la Universidad de la Ciudad de México, relata que en Santa Martha una de sus alumnas faltaba a sus clases con frecuencia y no cumplía con sus tareas. Cuando asistía a clase, dice, llevaba a su bebé de un año, que tenía un semblante enfermizo.

Dice que eso le preocupó, por lo que comenzó a apoyarla con dinero. Dejó de hacerlo cuando descubrió que la propia madre drogaba al bebé para evitar que llorara. “Cuando sus compañeros me lo dijeron, no lo podía creer. ¿Cómo pude haber sido tan pendeja y no haberme dado cuenta?”, se pregunta la profesora.

Ese tipo de maltrato infantil ha dado lugar a “madres sustitutas”: internas que, aún sin haber engendrado al niño, los cuidan. Esta modalidad se da, principalmente, cuando las madres biológicas son adictas a alguna sustancia.

“Hay niños que sólo están con su madre, nomás cuando se van a dormir, el resto del tiempo lo traen otras internas”, asevera Guadalupe, una de las internas.

Elena Azaola Garrido, especialista en temas de género y reclusorios del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), considera que más allá de la aplicación de una regla general, cada caso debería ser analizado de forma individual, para así evaluar si mantener al menor al lado de su madre presa es en su mejor beneficio.

“Cada caso –dice– debe ser valorado y debe tomarse la mejor decisión, la que mejor cumpla con los derechos de los niños. No se pueden poner metas generales y decir, ‘ningún caso’ o ‘en todos los casos’”.

Sobre el uso de la maternidad como vehículo para obtener beneficios y evitar traslados a otros penales, Azaola Garrido señala que, pese a que pueden existir estos casos, no se pueden violentar los derechos reproductivos de las reclusas y, por el contrario, se debe apoyarlas con asesoría e información:

“Es posible que algunas lo intenten (embarazarse para evitar su traslado u obtener beneficios), aunque de todas formas tienen sus derechos a salvo, inclusive el de ser madres.

“No por ello se desvirtúan los derechos de los menores. Claro, lo más conveniente es que ellas pudieran contar con todo el apoyo y toda la asesoría de lo que implica traer un hijo al mundo y que ellas pudieran tomar una decisión estando perfectamente informadas, asesoradas, no presionadas o negándoles su derecho.”

 

El Cendi

 

La mayoría de los menores acuden al Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) que existe al interior del reclusorio. Aunque llevar los menores a sus instalaciones no es obligatorio, sí es una condicionante para que las internas reciban pañales y leche para sus hijos. “A mí eso es lo único que no me gusta. Que si no los mandas, no te dan nada”, asegura Celia.

Las educadoras visten batas a cuadros, como en cualquier kínder. En el patio trasero están los juegos, recientemente donados. En ese espacio los pequeños interactúan y se divierten hasta que, a las tres de la tarde, sus madres pasan a recogerlos.

En el Cendi Amalia Solórzano de Cárdenas laboran una directora, una psicóloga, una trabajadora social, cuatro asistentes educativos y dos auxiliares  administrativas. Algunas internas prestan eventualmente sus servicios, lo que ha generado el descontento de algunas madres, quienes se quejan porque, arguyen, algunas de las cuidadoras consumen drogas.

Y aun cuando la mayoría de las madres de los menores que asisten al Cendi tienen una buena impresión de su funcionamiento, dicen que les gustaría que no fueran internas las encargadas de apoyar a las profesoras.

Sagrario, quien está en la cárcel por fraude, es una de esas internas que cuidan a los infantes. Dice que ella también es madre, aunque sus hijos, de 10 y 12 años, ya no están en el reclusorio. Comenta que aunque pudiera tenerlos ahí, no lo haría, pues considera que es probable que una larga estancia de los pequeños en el penal afecta su personalidad.

Sin embargo, dice que cuidar a los hijos de sus compañeras “es un respiro. Me hago la idea de que son los míos. Muchas mamás sólo lo tienen aquí porque les conviene. Los cuidan mal y luego nos echan la culpa a nosotras”.

Relata que a Israel, el bebé de Laura, lo tiraron en una ocasión en el Cendi. La madre no lo supo por voz de las empleadas del lugar, sino por el moretón que le descubrió en la frente: “Al principio me negaron todo y yo dejé de llevar a mi hijo al Cendi como dos meses, pero durante ese periodo me dejaron de dar pañales y leche, así que tuve que regresar”, dice.

La ración diaria por bebé es de tres pañales y 10 onzas de fórmula de leche, aunque “si corro con suerte, alcanzo hasta un cuarto de bote”, agrega Laura, quien llegó a Santa Martha hace cuatro años acusada de ser cómplice en un secuestro.

Azaola Garrido considera que las condiciones en que se desarrollan los menores dentro de los centros penitenciarios, no son los adecuados para su sano desarrollo: “Hay que insistir en que las prisiones que permitan tener ahí a los niños, deben tenerlos en las mejores condiciones y priorizar sus derechos”.

Los que vienen de afuera

 

Eleuteria Román Cuevas, directora de Seguimiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Inmujeres, comenta que en la mayoría de los reclusorios estatales los hijos de las presas no son reconocidos en la normatividad.

“Las políticas respecto a los niños quedan al criterio del funcionario en turno. Los niños y las niñas son invisibles en el sistema penitenciario. Son la deuda mayor”, explica.

Por ello, dice, no hay un censo nacional actualizado sobre los niños que viven en las cárceles femeniles, ni cuántos años tienen. La edad máxima permitida para que los menores permanezcan con sus madres varía en cada entidad.

“Muchas mujeres preferirían que los niños se los llevaran a los tres años, porque a los seis ya se dan cuenta de muchas cosas: empiezan a socializarse con el lenguaje que oyen en el reclusorio”, agrega Román Cuevas. Ella reconoce que los menores que crecen en ese ambiente son más proclives a delinquir, sobre todo cuando rebasan el límite de edad y su futuro en el exterior se torna incierto. Ello provoca que muchos de ellos terminen en las calles.

Para evitar esa situación, es necesario regular el desarrollo de los menores en los presidios del país. “Los niños tienen reconocido el derecho de crecer en un ambiente libre de violencia, ahora el Estado tiene que hacer las reformas pertinentes para lograr que se les garantice ese derecho, así como el de la alimentación, a la satisfacción de sus necesidades, a la salud y a la educación”, puntualiza Román Cuevas.

Diana lava la ropa de otras reclusas y hace mandados para sacar sus gastos, dice, en especial para conseguir los 100 pesos que la institución en donde se encuentra su hijo Juan, de 12 años, le exige cada mes. En similares condiciones se encuentran 49 menores (23 hombres y 26 mujeres) cuyas edades van de los dos a los 18 años.

“Yo prefiero que (mi hijo) no esté conmigo. Aquí se ven muchas cosas que lo dejarían marcado”, asegura Diana. Y agrega: “Los otros están chiquitos, lo más probable es que se les olvide el lesbianismo y todo lo demás. Pero a un niño de 12 años, ¿cómo?”.

La Tercera encuesta a la población en reclusión del DF, realizada por el Centro de Información y Docencia Económicas (CIDE), estima que 86% de las mujeres que purgan su condena en los penales de la Ciudad de México son madres.

Elena Azaola y Marcelo Bergman, responsables del estudio, sostienen que “los hijos de las internas quedan expuestos a un nivel mayor de desestructuración familiar que los hijos de los varones presos”, toda vez que cuando son los padres quienes se ven inmersos en un proceso judicial, en 80% de los casos los menores quedan bajo la tutela de la madre.

Cuando sucede lo contrario, agregan, sólo 21% de los padres varones asumen esa responsabilidad. La mayoría de las veces son los abuelos los que se hacen cargo de los menores (31%); o lo hacen otros familiares (26%). Según el estudio, en 14.7%  de los casos se desconoce el paradero de los menores; y existe un porcentaje mínimo (0.5%) de los que llegan a centros infantiles.  l

 

*Colaboradora externa

 

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