Aun cuando los dueños de la mina de oro y plata El Tajo colaboraron con la Comisión Federal de Electricidad durante los trabajos preparatorios de la aledaña presa La Yesca, funcionarios de la paraestatal cerraron el paso al personal de la empresa, “desaparecieron” mineral listo para ser tratado y ahora pretenden desconocer la propia existencia de la mina… De esa forma, el gran proyecto energético del sexenio calderonista queda a merced de los juicios civiles y penales consecuentes.

GUADALAJARA, Jal., 30 de marzo (Proceso Jalisco).- La construcción de la presa La Yesca, la infraestructura hidráulica más importante del sexenio de Felipe Calderón, levanta reclamos de particulares que acusan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de afectar sus derechos y advierten que incrementarán sus acciones legales contra la obra, antes de que la llenen.

Por una parte, algunos campesinos acusan a la paraestatal de apoderarse de decenas de terrenos pertenecientes a siete ejidos y afectar así a 3 mil personas. Por su parte, los dueños de la mina de oro y plata El Tajo preparan demandas penales y promueven dos juicios civiles para tratar de obligar a la paraestatal a que les pague al menos una parte de la superficie que ellos poseían y la cual valúan en 160 millones de pesos.

Según esos empresarios, funcionarios de la CFE hicieron perdedizo gran parte del material listo para el embarque y otro tanto que estaba por extraerse de la mina. Denuncian que en conjunto el yacimiento estaba valuado en 600 millones de pesos, tanto por el producto como por el camino de acceso y obras de acondicionamiento realizadas por los empresarios de El Tajo. 

El banco minero está en la margen izquierda del río Santiago, a un costado de la cortina de la presa, según se asienta en la demanda interpuesta en el Juzgado Quinto de Distrito en Material Civil el 11 de noviembre de 2009 (expediente 517/2009/II).

En entrevista con Proceso Jalisco, el ingeniero Enrique Rivera y Río Montes de Oca, representante de Juan Enrique Michel Arámbula y socios, informa que promueve diversos juicios en contra de varios funcionarios y de la propia CFE, por la desaparición de miles de toneladas de material que ya estaba listo para su traslado hacia la planta procesadora El Pilón, en Guanajuato. 

Asegura que por cada tonelada de mineral en bruto extraído de El Tajo se obtienen 340 gramos de plata y 3.4 gramos de oro, por lo que se trata de una explotación altamente redituable. “Si usted considera que un buen yacimiento de plata le puede dar hasta medio kilo de ese material por cada tonelada extraída, entonces El Tajo representaba una explotación importante”, señala. 

Agrega que el mineral se obtenía a cielo abierto hasta mediados de 2006, cuando se iniciaron las obras de exploración de La Yesca por la CFE. La operación de El Tajo se sustenta en el título minero 219373, otorgado por la Secretaría de Energía a través de la Dirección de Minas, dice el entrevistado. 

Sin embargo, la CFE asegura que ese documento se obtuvo a destiempo (apenas el 12 de junio de 2009) y después de que se inició la construcción de la presa; además acusa a los demandantes de perseguir “fines oscuros” y rechaza la posibilidad de pagar cualquier indemnización a sus propietarios. 

Lo cierto es que ahora ese yacimiento está a punto de ser inundado por la construcción de la presa, cuyo costo es de cerca de 800 millones de dólares, según datos de la CFE que confirmó el presidente Calderón en la visita que efectuó en marzo de 2009. 

En esa ocasión Calderón dijo que La Yesca almacenará 12 millones de metros cúbicos gracias a que tendrá la segunda cortina más alta del mundo, sólo superada por la presa Tres Gargantas, en China. La instalación mexicana generará 750 megavatios al año, equivalente al consumo de cualquier país de Centroamérica.

El ingeniero Enrique Rivera dice que en su visita Calderón felicitó a la CFE por la rapidez de los trabajos previos y la apertura del camino para la construcción de la obra, pero no tomó en cuenta que la paraestatal se apropió de la vía de 5.7 kilómetros que los dueños de El Tajo ya habían construido y que equivale a una tercera parte de la distancia que hay entre la presa y la cabecera municipal de Hostotipaquillo. Tan sólo en esa brecha la minera invirtió 5 millones de pesos y el trabajo de más de cinco meses. 

Despojo y cerrazón

Los dueños de El Tajo acusan a los representantes de la CFE de cerrarse a todo tipo de acuerdo, de rechazar las demandas por la vía civil e incluso de falsear información ante la autoridad judicial, por lo que ellos se preparan para demandar penalmente a varios funcionarios bajo los cargos de probable asociación delictuosa y ocultamiento de pruebas.

Destaca Rivera que varios empleados de segundo nivel de la CFE son responsables de la desaparición de cientos de toneladas del producto que ya estaban listas para ser enviadas a Guanajuato para su decantamiento, ya que “hicieron perdedizo” material extraído. Afirma que, en el colmo de la corrupción, llegaron a ofrecerles en venta, a través de un intermediario, el mismo producto sustraído.

“A uno de nuestros socios lo buscaron a través de una persona cercana a los directivos de la CFE y le dijeron que tenían ese producto y se lo podían ofrecer a muy buen precio. Querían 40 millones de pesos por todo, pero luego se dieron cuenta de su grave error al ofrecer ese producto a sus legítimos dueños y declinaron cualquier tipo de operación. Yo le dije a nuestro socio que hubiera aceptado para demostrarles a las autoridades judiciales y a los responsables de la CFE el nivel de corrupción que se registra en esa institución, pero ya no lo volvieron a buscar.” 

El ingeniero recuerda que desde finales de 2004, los socios de la minera realizaron estudios para valorar el potencial de la explotación: “En 2005 empezamos los trabajos con la explotación del fundo de El Tajo. Una mina localizada en Mesa de Flores, en Hostotipaquillo. Para ello fue necesario construir el camino de acceso de más de cinco kilómetros para garantizar la extracción de material y su transportación segura, pero luego llegó la CFE y se adueñó hasta de la vía que habíamos construido”.

Planos en mano, continúa: “Los empleados de la CFE nos pidieron autorización para ensanchar el camino y argumentaron que la propuesta era de beneficio mutuo, ya que la obra ofrecería mayor seguridad para sus unidades y nuestros camiones”. Pero no ocurrió así.

En junio de 2006, después de meses de cordialidad entre el personal de la CFE y los trabajadores de El Tajo, repentinamente la paraestatal cerró el paso. “Argumentó que esos terrenos eran de su propiedad –relata Rivera– y que ahí se iba a construir el proyecto hidroeléctrico La Yesca.

“Ante esa situación me dirigí a Hostotipaquillo para entrevistarme con el biólogo Antonio Dehesa, residente de la obra y responsable de actividades previas a la construcción. Él me mandó con el ingeniero Marco Aurelio Ramírez García, residente general, quien me dijo que no me preocupara, que si se había causado algún perjuicio a nuestro patrimonio la CFE lo iba a pagar. Le aclaramos que la explotación era una mina a cielo abierto y nosotros ya teníamos bastante material listo para su carga, por lo que pedía oportunidad de sacarlo, pero nos obstruyeron.”

Como Rivera insistió en rescatar el mineral, en una segunda entrevista el biólogo Dehesa “comentó que no había problema, que me iba a entregar unos pases para sacar el producto de la mina, pero cuando fuimos a sacarlo nuevamente nos impidieron el paso. 

“Regresé con el biólogo para reclamarle y preguntarle qué pasaba. Él argumentó que no se podía pasar porque se estaban realizando fuertes detonaciones y voladuras, que la negativa del ingreso era por nuestra seguridad. Aun cuando les aclaramos que había momentos en que no se desarrollaba esa actividad y que nosotros requeríamos de menos de un mes para sacar el material”. Pero esa petición siempre fue ignorada:

“Nos trajeron dando infinidad de vueltas, por lo que nos vimos obligados a interponer dos juicios por daños y perjuicios: uno en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tequila y otro en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil. También busqué al licenciado Gerardo Zamora Orozco, gerente de lo Contencioso de la CFE y quien tiene sus oficinas en la Ciudad de México”, para exponerle el problema.

“A él le dirigí varios oficios para pedirle que se entregara nuestro material para solventar los gastos y deudas que se habían originado por la obstrucción de la mina y el impedimento de seguir explotando el fundo minero, pero el funcionario, lejos de ofrecer soluciones, me contestó cínicamente que no me iban a dar nada, que ellos se atendrían a los resultados de los juicios, sin importarle las pérdidas que me ocasionaban y el incumplimiento de los compromisos ya pactados de la empresa.”.

Señala que después de eso unos funcionarios de la CFE le advirtieron que no cualquier persona se mete con esa paraestatal, y destaca que el pasado 11 de febrero pasado llegó por error al correo de su hija Karina un mensaje de Gerardo Zamora Orozco, en el cual pedía a jefes de áreas involucradas en la demanda de la minera El Tajo que negaran cualquier información a los inconformes, debido a los juicios contra la institución.

Rivera y Río Montes de Oca destaca que de esa forma Zamora Orozco otorgó elementos para la presunción del delito de asociación delictuosa, plenamente estipulado en el Código Penal de la federación. “Por eso consideramos que nuestro siguiente paso es levantar una denuncia ante la Procuraduría General de la República y otra más ante la fiscalía estatal”, dice.

Otros funcionarios con quienes han tenido contacto los empresarios son el asesor de la Subdirección de Construcción, Hugo Sancen Contreras, y el residente general de La Yesca, Próspero Antonio Ortega Moreno. Según los empresarios mineros, “ellos y otros empleados buscan confundir a autoridades judiciales, federales y estatales en forma dolosa y mediante reuniones en donde les señalaban que el fundo minero estaba fuera del perímetro de la obra. 

“Pero pretenden engañar, incluso a las propias autoridades de la CFE, como a los ingenieros Benjamín Granados Domínguez, subdirector de Construcción, y Eugenio Laris Alanís, director de Proyectos de Inversión Financiada, y al propio director general, Alfredo Elías Ayub”, reitera Rivera.

Incluso, agrega que “en el colmo del descaro, la CFE exhibe una escritura de compra del predio que fue registrada en 2007, pero la posesión del mismo (por parte de la CFE) y donde se edifica la presa data de 2005”. 

Con esto, explica, queda de manifiesto la falsedad de las declaraciones de funcionarios de la comisión frente a la autoridad judicial, ya que los empresarios compraron a José Ignacio Fierro Fierro una superficie de 80 hectáreas justo sobre el lugar en donde se encuentra la mina, registrada con el título minero 219376, y con ello se comprueba que los empresarios también ostentan la figura de poseedores legales de parte de las tierras que desde 2005 ocupa la CFE. 

Cinismo

En la respuesta a la demanda de los dueños de El Tajo, fechada el 4 de febrero de 2010, el apoderado legal de la CFE, Bernardo Neyra Zaragoza, acusó ante el juez quinto de Distrito en Material Civil a los empresarios de falsear información. Añade que además presentaron su querella dos años después de que prescribió la fecha límite para inconformase contra la CFE, y pone en duda la existencia del yacimiento.

El ingeniero Rivera dice que la compraventa efectuada por la CFE al señor Pedro Celaya Castañeda, el 30 de marzo de 2007, corresponde a una fracción del predio Santo Tomás y anexas, el lugar en donde se encuentra El Tajo, pero que antes la comisión tenía un contrato de “ocupación temporal” de 69 hectáreas (donde se encuentra la mina). 

Según Rivera, ese contrato lo armaron entre Pedro Celaya y el ingeniero Jesús González Demetrio, jefe de anteproyectos de la región Pacífico Norte de la CFE y para ello la CFE pagó 42 mil pesos, según el trámite efectuado el 14 de junio de 2005. 

En marzo de 2009, uno de los hijos de Pedro Celaya, Adolfo Celaya, integrante del ejido Mesa de las Flores, declaró a este semanario que su papá, otros tres hermanos y un tío suyo fueron presionados por la paraestatal y una constructora para que “rentaran sus tierras por las buenas” o se las iban a expropiar (Proceso Jalisco 227).

En la misma respuesta firmada ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil por el representante legal de la CFE, Bernardo Neyra, se exige al demandante que compruebe una serie de trámites ante la Secretaría de Energía y reclama falta de cumplimiento de normas ambientales, la carencia de informes sobre trabajos realizados en el lote minero y otros requisitos que, a su juicio, nunca cumplieron los empresarios. Los afectados aseguran que se trata de reclamos ajenos a las facultades de la CFE y carentes de valor probatorio en el juicio.

Por otra parte, los integrantes de siete ejidos en la zona de Hostotipaquillo exigían desde 2008 a la CFE el pago de una indemnización de los terrenos afectados con la construcción de la presa. Uno de los representantes de ese grupo, el diputado federal panista Ignacio Téllez, recalca que la comisión no había escuchado el reclamo de la población, según declaraciones a los medios de comunicación estatales. 

Por otro lado, las inconformidades de ejidatarios y de las autoridades municipales datan desde que la CFE inició los trabajos. En marzo de 2009, el entonces alcalde de Hostotipaquillo, Hugo Moreno, y el presidente municipal de La Yesca, Nayarit, Marco Flores, recordaron que la paraestatal se comprometió a ampliar la carretera de acceso y a construir un centro de capacitación, un vivero forestal, ampliar la red de agua potable y más, pero poco de eso había cumplido. 

Entre los campesinos afectados había ejidatarios de El Salvador, Sayulmita, el Llano de los Vela, La Victoria y Mesa de Flores, afirmó en enero de 2010 el presidente de la Comisión de Energía del Congreso de la Unión, el diputado panista Felipe Cantú. Consultado desde Monterrey y vía telefónica ese legislador dice desconocer en qué quedaron esos reclamos, pero asegura que no obstante la nobleza del proyecto, se debe velar por el respeto a los derechos de los campesinos afectados. 

Por su parte, el diputado federal del Partido del Trabajo Enrique Ibarra Pedroza asegura que los representantes de la asamblea de ejidos aceptaron el pago de cuatro pesos por metro cuadrado a favor de los campesinos afectados: “Eso fue algo tremendamente lamentable, se les compró el metro cuadrado por menos de lo que vale una Coca-Cola, que son ocho pesos… y los afectados aceptaron”.

El ingeniero Enrique Rivera prevé que antes del llenado de la presa la CFE deberá dar una respuesta satisfactoria a los reclamos planteados por los empresarios inconformes; de lo contrario, dice, la obra emblemática del sexenio de Felipe Calderón tendrá serios problemas legales para empezar a operar antes de concluir su mandato, en 2012.