En la guerra del "triple play", Calderón simple espectador

viernes, 4 de marzo de 2011

La ausencia de una reforma integral en las telecomunicaciones es la causa de que el gobierno calderonista no pueda orientar este sector. Varios especialistas indican que ante el poderío económico y la  influencia de los grupos dominantes –Televisa, Telmex y TV Azteca–, el Estado se limita a emitir leyes, reglamentos y decretos al calor de la coyuntura, con lo cual su papel se reduce al de simple espectador de las batallas mediáticas.

MÉXICO, D.F, 4 de marzo (Proceso).- A menos de 23 meses de que concluya el sexenio, la propuesta de Felipe Calderón de impulsar las tres “C” –convergencia, competencia y cobertura– en el sector de telecomunicaciones ha sido un rotundo fracaso. Así lo reconocen especialistas, exfuncionarios del sector y, sobre todo, grupos dominantes (Televisa, Telmex-Telcel y TV Azteca), ahora confrontados por las tarifas de publicidad en la pantalla comercial y los acuerdos de interconexión entre empresas telefónicas.

En lugar de convergencia, “lo que existe es una mayor concentración”, afirma el perredista Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado. Por su parte, el exsubsecretario de Comunicaciones y Transportes Jorge Álvarez Hoth advierte que frente a la disputa de los grandes consorcios, “no hay árbitro. Más bien parece que existe una función pendenciera, de decir quiénes son buenos y quiénes son malos”.

El especialista Gabriel Sosa Plata subraya que uno de los principales problemas del gobierno de Calderón fue apostarle a un conjunto de cambios administrativos y no a una reforma integral al marco jurídico, lo cual ha generado que sean los agentes dominantes los que impongan sus reglas.

“El presidente y su partido han sido, con el PRI, los principales obstáculos para una reforma democrática al sector. Calderón ha querido modificar las reglas del juego mediante acuerdos y decretos administrativos y, por lo mismo, unipersonales, en respuesta a las presiones de coyuntura, pero sin la participación del Congreso y de otros sectores de la sociedad”, advierte.

Este diagnóstico se confirmó la misma semana en que Grupo Carso, consorcio que aglutina a las dos principales empresas de telecomunicaciones (Telmex, con casi 16 millones de líneas de telefonía fija, y Telcel, con 65% de los 88 millones de usuarios de telefonía móvil) rompió sus acuerdos publicitarios con las dos grandes cadenas de televisión comercial: Televisa y TV Azteca.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, se curó en salud al afirmar que la disputa entre estos gigantes del sector se trata “claramente de un conflicto comercial”, y no hay razón para que la dependencia a su cargo intervenga.

El Grupo Salinas, propietario de TV Azteca y Iusacell-Unefon, emitió un comunicado para anunciar que “convocará a todos los actores de la industria, a todas las autoridades y a todos los actores relevantes del Estado, para abrir de inmediato un debate público y un frente común para revisar y solucionar a fondo el asunto de interconexión, que hoy claramente afecta a todos los usuarios mexicanos de servicios de telefonía celular, que suman más de 88 millones de personas”.

A su vez, el vocero de Telmex, Arturo Elías Ayub, afirma que esta empresa acepta el debate convocado por el Grupo Salinas “para acabar con los mitos” que existen en torno al tema de la interconexión. Grupo Televisa no ha emitido ningún pronunciamiento.

Sin embargo, Telmex advirtió que la suspensión de sus anuncios publicitarios con Televisa y TV Azteca respondieron a razones diferentes: con Televisa fue a principios de febrero por el incremento de 20% en las tarifas, mientras que con TV Azteca se debió a que la empresa de Ricardo Salinas Pliego condicionó el convenio publicitario a la firma de un acuerdo de interconexión entre Telmex y Iusacell-Unefon.

Impugnaciones

En el marco de la disputa entre televisoras y Grupo Carso, el miércoles 23 la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es válida la suspensión del decreto presidencial de Felipe Calderón para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre.

Este decreto emitido el 2 de septiembre de 2010 fue impugnado por la bancada del PRI en el Congreso, con el argumento de que el titular del Ejecutivo invadía las funciones exclusivas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Aunque los ministros no entraron al fondo del asunto, el decreto quedó suspendido.

El senador Sotelo exhortó en la tribuna a que no se posponga la propuesta de realizar en 2015 y no en 2021 el llamado “apagón analógico”, lo cual permitiría avanzar en el modelo de convergencia y triple play. “La Corte tiró el agua sucia con todo y niño y, por lo tanto, hay que rescatar al niño: debe realizarse el acortamiento del periodo”, apuntó.

Durante su gestión, el presidente ha emitido varios decretos para regular “administrativamente” el sector y el modelo de triple play, mismos que han sido desechados o impugnados.

Así ocurrió con el decreto para incrementar las atribuciones del titular de Comunicaciones y Transportes; el decreto para impulsar la transición de las emisoras radiofónicas de AM a FM, impugnado por el senador Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI, y el decreto de creación del Organismo Promotor de los Medios Audiovisuales (OPMA), criticado por trabajadores y académicos del Canal Once, así como por legisladores que destacaron la ausencia de un marco jurídico favorable a los medios públicos.

Por si fuera poco, la Licitación 21, considerada la más importante de este sexenio para determinar el futuro de la banda 1.7 Ghz y el de la telefonía móvil convergente con internet, audio y video, fue cuestionada por Iusacell y otros actores del sector. La razón: las bases de licitación favorecían claramente a la sociedad formada por Nextel-Televisa.

Tan sólo la Licitación 21 ha dado lugar a más de 50 juicios que se suman a los 43 litigios que dejó pendientes la administración de Luis Téllez al salir de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a éstos deben añadirse los que acumuló Héctor Osuna como presidente de la Cofetel.

La ruta del conflicto

Tal como lo adelantó Proceso en el reportaje Caso Aristegui, el trasfondo (edición 1789), Televisa y Grupo Carso pasaron de la disputa jurídica a la batalla abierta y publicitaria. El inicio de este nuevo capítulo fue el amparo presentado a finales de enero de 2011 por los asesores jurídicos de Televisa ante la resolución de la Cofetel que autorizó la sociedad de Grupo Dish México, formado por Multivisión y EchoStar, donde Telmex funge como socio en los servicios de venta y facturación.

Televisa argumentó que Telmex busca a través de Dish México tener una red de televisión restringida, en violación al candado de su título de concesión que le impide dar este servicio. Desde octubre de 2006 está pendiente que las autoridades del sector –Cofetel, SCT, Cofeco– autoricen el cambio de título de la empresa de Carlos Slim Helú.

A comienzos de este mes, Grupo Carso decidió suspender los anuncios publicitarios de sus principales empresas (Telmex, Telcel, Sanborns y Sears) en los canales de Televisa. Alegó que esta suspensión se debió al incremento de las tarifas de los spots.

El diferendo entre Slim y la empresa de Emilio Azcárraga Jean se hizo público el viernes 18, cuando el vicepresidente ejecutivo de Televisa Alfonso de Angoitia admitió ante analistas financieros que el Grupo Carso decidió no participar en la venta anticipada de publicidad de 2011.

El ejecutivo aseguró que la suspensión de la publicidad de Grupo Carso no representa más de 800 millones de pesos al año y equivale a menos de 3.8% de los ingresos de televisión abierta, y a 1.8% de las ventas totales consolidadas de Televisa para este año.

Tres días después del anuncio de Televisa, mientras Grupo Salinas y Grupo Carso negociaban el paquete publicitario para 2011, TV Azteca, la segunda empresa de televisión comercial, con 28% de la audiencia, decidió suspender unilateralmente el acuerdo con Telmex.

La televisora de Ricardo Salinas condicionó la venta de publicidad a Grupo Carso, a la reducción de las tarifas de interconexión de Telmex con Iusacell-Unefón, empresa de la que también es propietario.

Elías Ayub admite que los dos casos son diferentes, pero “no se ven cercanos los arreglos”, a pesar de que la empresa de Slim está dispuesta a negociar.

–¿Van a redefinir su estrategia publicitaria? –se le pregunta.

–Hay muchas opciones de publicidad. Están las revistas, los periódicos, los espectaculares y la radio también es importantísima.

–Circuló la versión de que Telmex suspendió publicidad con varias empresas de radio. ¿Fue así?

–Es falso. Han circulado muchos rumores y chismes, pero nosotros no hemos suspendido con ninguna otra empresa.

Entre las versiones que se han difundido, fuentes cercanas a Televisa afirmaron que Slim comprará 80% de MVS, empresa presidida por Joaquín Vargas, lo cual fue desmentido vía Twitter por los responsables de comunicación corporativa de Telmex.

En su cuenta de Twitter, Ricardo Salinas Pliego afirmó que “en el tema Azteca-Carso no hay que confundir los negocios con lo personal. Por el ingeniero Slim sólo tengo admiración, aprecio y respeto”.

Por su parte, Emilio Azcárraga Jean ha guardado silencio frente a la disputa. Sólo algunos comentaristas de Televisa han insistido que detrás de ese conflicto está el interés de Telmex por tener su propia cadena de televisión.

La verdadera disputa

De acuerdo con especialistas y observadores consultados por este semanario, la auténtica disputa no se limita a las televisoras y a las empresas de Grupo Carso. El conflicto es con el gobierno federal y con las autoridades regulatorias que han frenado el ingreso de Telmex al mercado del triple play, al tiempo que han permitido que Televisa participe en el mercado de las telecomunicaciones, terreno dominado por Slim.

La excomisionada de la Cofetel Clara Luz Álvarez considera que “el conflicto de los títulos de Telmex es anacrónico; llevamos cinco o seis años enredados en eso. La empresa debe dar el servicio de televisión cuanto antes; lo que importa serán las condiciones que se le impongan”.

Entre las condiciones impuestas a Telmex en el Acuerdo de Convergencia, de octubre de 2006, destaca la de cumplir con acuerdos de interconexión, interoperabilidad y portabilidad numérica para evitar que su condición monopólica en telefonía fija y móvil generara desbalances y barreras de entrada.

Los acuerdos de interconexión han sido intensamente litigados. Los competidores de televisión por cable que dan servicios de triple play (agrupados en la Canitec y la mayoría acorde con los intereses de Televisa), al igual que otras empresas de telefonía móvil (Telefónica, Iusacell-Unefón) y compañías de telefonía fija que tienen problemas legales con Telcel (como Axtel, de Tomás Milmo), han prolongado los litigios de interconexión con las empresas de Slim.

Por si fuera poco, los usuarios de Telcel, la principal empresa de telefonía móvil, han padecido desde finales del año pasado varias fallas en el servicio de 3G, lo cual provocó un cúmulo de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor y obligó a la empresa a retribuir con 50 minutos de tiempo-aire a la mayoría de sus usuarios en la zona metropolitana.

A Televisa, la Comisión Federal de Competencia sólo le impuso algunas condiciones conocidas como must offer y must carrier para permitirle la adquisición de varias empresas de televisión por cable (Cablemás y TVI), y al mismo tiempo evitar que su condición dominante en contenidos de televisión abierta y restringida se convierta en una barrera de entrada para otras empresas, como MVS o Hi-TV, de TV Azteca.

La empresa de Emilio Azcárraga Jean no tuvo ninguna dificultad para tener poco más de 60% del control de los abonados de televisión por cable (43% de sus subsidiarias y 20% de su socia, Megacable), mientras que adquirió la empresa Bestel (que le ha ganado a Telmex en dos licitaciones ante el ISSSTE y el IMSS).

Tampoco se le pusieron obstáculos para participar en la sociedad con Telefónica y Megacable a fin de adquirir los dos hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y participar en la Licitación 21, en sociedad con Nextel. Ésta fue suspendida a finales del año pasado ante las impugnaciones y las diferencias entre ambas empresas.

El litigio más duro en el caso de esa licitación fue protagonizado por Grupo Iusacell, de Salinas Pliego, que encabezó una agresiva estrategia de impugnación jurídica a las bases y al resultado que favoreció a Nextel-Televisa.

Las empresas de Salinas Pliego tienen televisión abierta y telefonía móvil, pero no contaban con televisión restringida. Intentaron incursionar en este ámbito con el servicio de Hi-TV que utilizaba un decodificador a partir de sus canales espejo para servicio digital. En un primer momento Televisa apoyó este servicio, para después impugnarlo. Ahora, Grupo Salinas promueve el servicio Total Play para la zona metropolitana, que incluye audio, video e internet (triple play).

La disputa entre los gigantes del sector no ha beneficiado aún a los consumidores finales de telefonía, internet y televisión. El acceso a los servicios de banda ancha en internet tiene un rezago de más de 10 años. Un estudio de la SCT muestra que menos de la tercera parte de la población cuenta con internet, y de los 28 millones de hogares en México, sólo 6 millones disponen de servicio de televisión restringida.

La televisión abierta sigue dominando ampliamente: 98% de los hogares tiene acceso a contenidos de televisión abierta y este universo está controlado claramente por Televisa y TV Azteca.

Según el reporte de la SCT, en el primer semestre de 2010 las tarifas de los servicios telefónicos disminuyeron: 0.8% en telefonía fija, 1.1% en telefonía móvil y 4.9% en llamadas de larga distancia. Sin embargo, fue una disminución menor que la de 2009, cuando las tarifas de telefonía fija y móvil, fueron de 1.4% y 10.4%, respectivamente.

La caída en el número de usuarios de telefonía fija entre enero y junio de 2010 fue de 5.6% respecto al mismo periodo de 2009. Lo paradójico del caso es que en otros países donde se han aplicado políticas de triple play, el número de usuarios de telefonía fija se ha incrementado sustancialmente. Además, las empresas se han diversificado y los precios han disminuido en más de cinco puntos.

Por ejemplo, cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones revelan que a finales de 2009 Argentina, Brasil, Chile y Venezuela tenían mayor densidad de usuarios de telefonía fija que México. Mientras en nuestro país esta medición se ubica en 18 puntos (con 19.3 millones de usuarios), en Argentina (con 9.1 millones de suscriptores) es de 22.6; en Brasil (con 41.4 millones de suscriptores) de 21.6; en Chile (3.5 millones de usuarios) de 21.5, y en Venezuela, gobernada por Hugo Chávez (con 6.8 millones), de 24.22 puntos. Paradójicamente, es a estos países a donde se han dirigido las inversiones en triple play de las empresas pertenecientes a Carlos Slim.

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