Slim-Azcárraga: La guerra que pudo evitarse

lunes, 7 de marzo de 2011

En diciembre de 2008, la entonces  subsecretaria  de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro, le entregó al presidente Felipe Calderón un documento explicando las tensiones existentes entre los gigantes de los medios de comunicación y de las telecomunicaciones (especialmente Televisa y Telmex), al tiempo que le sugería ocho medidas que el gobierno federal debía adoptar para ser un auténtico árbitro en el sector. De no cumplirse esas sugerencias, la funcionaria preveía lo que ahora está sucediendo: una guerra abierta entre los actores más importantes, con unas autoridades que observan como convidados de piedra esta lucha abierta por intereses multimillonarios, sin que la población salga beneficiada. A continuación, Proceso reproduce íntegro el documento que Carpinteyro dirigió al presidente, de cuyo contenido Calderón hizo caso omiso.  

 

MÉXICO, D.F., 7 de marzo (Proceso).- A su entrada en 2006, el nuevo gobierno enfrentó una situación de indefinición, con su capacidad de actuación limitada por las cuestiones sujetas a decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que sólo llegó 20 meses después. Pero durante el periodo de indefinición los jugadores del sector privado se conformaron en dos bloques de influencia totalmente antagónicos encabezados uno por Televisa y otro por Telmex. 

El bloque encabezado por Televisa, que tiene en común el objetivo de impedir la entrada de Telmex al mercado del triple play, inició una guerra de guerrillas en diferentes frentes que les generó buenos resultados con Cofetel, Cofeco, SCT, tribunales, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidencia y medios. Sus integrantes consiguieron convencer a la SCT de presentar a Telmex una lista de condiciones que de antemano sabían que sería inaceptable; y aunque la secretaría intentó por más de un año entablar negociaciones con Carso, ambas partes estaban conscientes de que esas negociaciones no llegarían a nada, aunque optaron por no romper lanzas para evitar una guerra frontal. Este impase permitió a Telmex adoptar una estrategia de repliegue, que incluyó una disminución significativa de sus inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, el recorte de gastos para reducir costos y despidos importantes en su plantilla laboral –es decir, durante este periodo Telmex se preparó para implementar una estrategia de salida (inclusive considerando la idea de la posible venta de Telmex).

Entre tanto, Televisa obtuvo de la SCT las aprobaciones para prestar servicios de telefonía e internet a través del cable y de la Cofeco aprobación para la compra del control de Cablevisión de Monterrey y Cablemás, que junto con Cablevisión cubren casi 60% del mercado. Un año después iniciaron su oferta empaquetada de TV por cable, internet y telefonía, aunque con precios poco accesibles para la gran mayoría de la población. Intentaron negociar una alianza estratégica con Telefónica que no llegó a buen término dada la reticencia de Telefónica de ceder el control a Televisa, pero mantuvieron una alianza de ataque a Carso.

La certidumbre de que será imposible llegar a un acuerdo razonable con el gobierno para obtener la modificación de su título de concesión y la decisión de los operadores de cable de salir con la oferta empaquetada de TV, telefonía e internet propician a que Telmex firme una supuesta “alianza comercial” con MVS para ofrecer paquetes de TV satelital, telefonía e internet, con el fin de contrarrestar la potencial pérdida de clientes residenciales de alta renta.

La operación en el mercado de esta alianza tendrá el efecto de anular la supuesta “única carta de negociación” que tiene el gobierno para establecer las bases para la sana competencia en el sector de telecomunicaciones, pero a la vez lo confrontará con la disyuntiva de actuar en contra de la alianza para evitar la pérdida de poder de negociación o dejarla pasar sin cuestionarla, en cuyo caso su posición negociadora quedará debilitada, no ganará la simpatía ni obtendrá ningún compromiso de Carso, y se verá forzado a confrontarse con el bloque que liderea Televisa –quienes están demandando la pronta actuación del gobierno federal en contra de la alianza.

 

Para frenar la guerra…

 

El sector se encuentra en guerra. Existen más de 45 demandas, amparos, recursos administrativos y hasta denuncias penales en contra de funcionarios públicos y particulares por operadores de ambos bloques de influencia. De continuar con el rumbo marcado, los pleitos que deberán ser dirimidos en tribunales no tendrán solución sino hasta dentro de tres o cuatro años; y mientras tanto, la incertidumbre jurídica de las reglas aplicables hará que el sector continúe paralizado y con bajas inversiones, y la guerra se volverá mucho más agresiva inclusive contra el gobierno, que sufrirá las embestidas de unos y otros por su acción o inacción. En el mejor de los casos, si el gobierno no cambia de estrategia, los próximos cuatro años serán como los dos primeros.

Pero esta guerra puede ser auspiciosa y sentar las bases para cambiar el desenlace de esta historia que estás escribiendo,  presidente. Como personaje de esta narración me atrevo a alertarte que no es necesario que la conclusión de este capítulo sea una mera continuidad de los fracasos de los gobiernos anteriores. La coyuntura tecnológica abre la posibilidad de escribir un final insospechado con éxitos que revolucionarían al sector.

No estamos destinados a quedar en las manos de los poderosos jugadores que hoy manipulan las fuerzas políticas para defender exclusivamente sus intereses. Tenemos suficientes armas a nuestra disposición para imponer condiciones de negociación que tengan como resultado una verdadera revolución pacífica de las telecomunicaciones en México sin que sea necesario un enfrentamiento que vaya en detrimento de las necesidades políticas del país (por el contrario, pudiera coadyuvar a mejorar la posición actual de tendencias durante 2009).

Esta estrategia, que consiste de cuatro acciones (presentación anexa), es conocida por el secretario (de Comunicaciones y Transportes)  y está de acuerdo. No obstante, requiere de la coordinación con varias dependencias a los más altos niveles y de la evaluación de las posibles consecuencias políticas durante su proceso. En tanto esa coordinación no suceda, resulta difícil creer hasta para los mismos jugadores, que el gobierno está firme en su posición. La estrategia no garantiza el éxito, pero es la única alternativa a la guerra desatada y la desinversión. Pero si en este camino conseguimos el objetivo ¿cómo se leería este capítulo de la historia? El final de este capítulo relataría algo así como:

Boletín de prensa. Presidencia de la República.

México, D.F., a 15 de diciembre de 2008.

 

El gobierno federal anuncia el fin de la guerra de las telecomunicaciones. Los principales competidores en ese mercado convergente se comprometen a realizar inversiones sustantivas durante 2009, que garanticen el acceso a comunicaciones a todos los habitantes antes de 2012.

 

El gobierno federal informa que alcanzó un acuerdo con los operadores de telecomunicaciones cuyos principales aspectos serán ejecutados en el transcurso del próximo año, y son:

1. Acuerdo con Telmex /Telcel para garantizar condiciones de competencia en el sector, especialmente en lo que se refiere a interconexión de redes y compartición de infraestructura, en términos aceptados por el resto de los participantes en el mercado.

2. Liberación de restricciones a todos los operadores tanto de telecomunicaciones como de televisión por cable, para que ofrezcan al mercado servicios convergentes de telefonía, internet y televisión restringida, entre otros, garantizando que a través de la sana competencia se abaraten precios y se ofrezca mayor calidad en los servicios, haciéndolos accesibles a un mayor número de mexicanos.

3. Licitación de frecuencias que garanticen que los actuales operadores y nuevos entrantes tengan incentivos para invertir en nuevas tecnologías y mayor cobertura. La publicación de las bases apareció hoy en el Diario Oficial de la Federación.

4. Eliminación de las restricciones a la inversión extranjera en telecomunicaciones conforme a las modificaciones legales aprobadas por el Congreso de la Unión.

5. Venta de fibra obscura de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a los operadores de telecomunicaciones.

6. A más tardar en abril de 2009, licitación de derechos de vía para la construcción de la “supercarretera de la información”, es decir, una red interestatal a nivel nacional de altísima capacidad que abastezca de ancho de banda a las diferentes entidades gubernamentales, instituciones de educación media y superior, operadores de telecomunicaciones y redes del conocimiento; y, construcción de dos puntos de intercambio de tráfico IP en el país, a través de los que todos los operadores puedan entregar o recibir tráfico entre sí, sin tener que enviar y recibir el tráfico hasta o desde los EUA.

7. Antes del segundo trimestre de 2009, otorgamiento de los permisos para canales de televisión abierta (analógicos o digitales dependiendo de la disponibilidad de espectro en cada localidad) a todas las instituciones educativas y culturales solicitados hasta ahora.

8. Lanzamiento de un sistema satelital para garantizar las comunicaciones de las Fuerzas Armadas utilizando tecnología de vanguardia para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Estas medidas serán implementadas en el transcurso de 2009 y revolucionarán al sector de las telecomunicaciones, creando un círculo virtuoso de inversión en infraestructura como resultado de una mayor demanda y oferta de servicios. Las inversiones y la infraestructura contribuirán a generar fuentes de empleo en todo el país y coadyuvarán con el crecimiento económico homogéneo al establecer una plataforma de infraestructura esencial a la competitividad de México en el concierto de las naciones.

 

Aspectos críticos para alcanzar la meta

 

Por el tiempo que has dedicado para entender la problemática del sector, estoy consciente de que reconoces la importancia del mismo para el desarrollo económico y la competitividad del país y de su impacto político y mediático. Por esta razón, y porque este es un momento crítico de definiciones del que no sé si te han alertado, me atrevo a elevar a tu consideración ciertos aspectos que deberán ser decididos en las próximas semanas, y de cuya resolución dependerá el futuro del sector estos próximos cuatro años de tu administración.

Una de las cartas de negociación más valiosas con las que cuenta el gobierno federal es el otorgamiento, renovación y revocación de concesiones. Una de las concesiones cuya renovación está pendiente es la de Iusacell en la banda de 800 MHz (celular). Azteca tiene la intención de vender Iusacell cuyo valor depende en gran medida del valor que tiene el espectro radioeléctrico y de su escasez en el mercado. Azteca se ha aproximado a Telefónica y a Nextel con este propósito. Para evitar la pérdida de valor de la empresa, Iusacell buscará por todos los medios evitar que se lleven a cabo las licitaciones de frecuencias que serán anunciadas este diciembre para ejecutarse el primer trimestre de 2009. Cabe aclarar que en licitaciones anteriores, Iusacell ha sido exitosa en frenar los procesos de licitación de espectro a fin de mejorar su posición negociadora y promover sus intereses.

No es necesario abundar en la razón por la que estimo que el gobierno federal debería utilizar como ficha de negociación la prórroga que se encuentra pendiente y con ella conseguir, entre otros objetivos, que la empresa no entorpezca las licitaciones de espectro tan críticas para el desarrollo del sector. No obstante, el secretario (el titular de la SCT) considera indispensable otorgarles la prórroga de la concesión antes de que las licitaciones se lleven a cabo, y me ha instruido formalizar este compromiso mediante oficio. De ser este el caso, estaríamos desaprovechando esta carta de negociación sin que, hasta donde tengo conocimiento, el gobierno esté recibiendo nada a cambio.

Por otro lado, la renovación de la concesión de MVS de 190 MHz en la banda de 2.5 GHz, nos da la oportunidad de negociar las condiciones para su prórroga y con ello pactar reglas de convivencia con el gobierno. Debo mencionar que MVS presentó extemporáneamente las solicitudes de prórroga para las concesiones de Guadalajara y Monterrey, por lo que el derecho a su renovación es cuestionable –por lo menos en esas dos ciudades–. Sin embargo, MVS no tiene miramientos en impugnar las decisiones del gobierno –como es el caso del acuerdo para el cambio de estaciones AM por FM, o inclusive poner en jaque a las instituciones mediante una supuesta “alianza comercial” con Telmex para la comercialización de los servicios de televisión por satélite–.

En cuanto a Televisa, aunque la Comisión Federal de Competencia aprobó la compra del control de las empresas Cablemás y Cablevisión de Monterrey estableciendo la obligación de ofrecer las señales de su Canal 2 (+1 y +2 horas) a todos los operadores de televisión restringida mediante el cobro de un precio por la retransmisión de la señal, el gobierno federal vía Cofetel y SCT tiene la autoridad de establecer gratuidad (Must Offer), como sucede en casi todo el mundo. Este es uno de los puntos más críticos para Televisa y podría servir de herramienta de negociación, además del pago retroactivo de derechos de 10% de ingresos no pagados por Cablevisión por años o, en su caso, la creación de la tercera cadena nacional.

La definición de la estrategia a seguir en estas cuestiones es crítica, ya que en las próximas semanas se iniciará una batalla campal entre Televisa y Telmex, derivada de la ya anunciada alianza estratégica con MVS para la comercialización de señales de video por satélite, e indudablemente el gobierno se verá involucrado. Al respecto, debe mencionarse que MVS entregó a la secretaría una nota descriptiva de la citada alianza en la que describe el contenido del acuerdo con cláusulas claramente violatorias de la prohibición de la condición 1-9 del título de concesión de Telmex. En este sentido, la Cofetel como agencia encargada de vigilar el cumplimiento de las concesiones podría impedir el inicio de operaciones hasta en tanto no se determine si es una alianza legítima o es cuestionable.

Frenar la alianza de Telmex con MVS aportaría al gobierno más elementos de negociación para alcanzar un acuerdo que establezca reglas para la sana competencia en el sector, pero que de una vez por todas libere de restricciones a Telmex para ofrecer el triple play, con lo que se generarán incentivos para invertir en la modernización de su red y en la oferta de servicios en mejores condiciones de calidad y precio.

El gobierno federal cuenta con herramientas para generar un círculo virtuoso de inversión en infraestructura, competencia, oferta de servicios de telecomunicaciones de vanguardia, ampliación de la demanda a través de mejores precios e incremento en la penetración de los servicios en estratos de la población que hoy no pueden darse el lujo de contratarlos. La tarea no es fácil y la mejor forma de escribir este capítulo como un éxito, es a través de una postura de liderazgo firme pero flexible con la intención de alcanzar acuerdos sectoriales que destraben los múltiples juicios, demandas y recursos interpuestos por las diversas partes, que de otra manera lo único que conseguirán es mantener el statu quo del sector por el resto del sexenio.

Este liderazgo, aunado a la realización de las acciones que le competen a la secretaría, como es la licitación de espectro y facilidades para que la banda ancha no sea un recurso escaso sino que esté plenamente disponible a todos los operadores, pueden conseguir una verdadera revolución de las telecomunicaciones del país.

 

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