Antes de llegar al infierno migratorio de la frontera norte de México, cientos de miles de centroamericanos cruzan el país sometidos al abuso de las autoridades y a la violencia de las bandas de secuestradores ligadas a los cárteles del narcotráfico. “Las noticias en la tele dicen que el gobierno de México ya está controlando al narco, entonces uno piensa que el riesgo tal vez ya disminuyó”, dice una indocumentada que cayó en manos del Instituto Nacional de Migración.   MÉXICO, DF., 16 de abril (Proceso).- Cerca de 100 mil migrantes indocumentados, sobre todo de origen centroamericano, desaparecieron a su paso por México, secuestrados, asesinados, asaltados, víctimas de trata y arrojados desde trenes en marcha. Los familiares que dejaron en sus países de origen o quienes los esperaban en Estados Unidos tienen pocas probabilidades de averiguar con certeza qué les sucedió. De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, cada año 500 mil migrantes guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses atraviesan territorio mexicano hacia Estados Unidos. Después de los propios mexicanos, los hondureños constituyen el grupo más grande que intenta llegar allá. La organización internacional Human Rights Watch emitió en enero pasado un informe sobre las condiciones que enfrentan estas personas en su trayecto: “Muchos sufren graves abusos durante el camino, como agresiones físicas y sexuales, extorsión y robo. Cerca de 18 mil indocumentados son secuestrados cada año, en muchos casos con el objeto de obtener pagos extorsivos de sus familiares en Estados Unidos”. Con base en esta cifra, más otras denuncias, se calcula que en los cuatro años y medio del sexenio calderonista la cifra de secuestros y desapariciones alcanza alrededor de 100 mil víctimas. Menciona también que en agosto de 2010 un grupo de 72 migrantes fue secuestrado y ejecutado por pandillas armadas en el estado de Tamaulipas. Entre los cadáveres identificados, 23 eran hondureños, 14 guatemaltecos, 14 salvadoreños y un brasileño. El documento establece que las autoridades no han tomado medidas adecuadas para proteger a los migrantes ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos; en muy pocos los casos las autoridades les informan sobre su derecho a pedir asilo y con frecuencia ellas mismas comenten los abusos y agresiones: “El Instituto Nacional de Migración (INM) ha despedido a 350 funcionarios desde 2007 –casi 15% de su personal– por presuntos vínculos con el crimen organizado y otros delitos, como la trata de personas. En septiembre de 2010, un grupo de agentes de inmigración golpeó y robó a 100 migrantes que descendieron de un tren en Oaxaca”. Extracto del reportaje que se publica en la edición 1798 de la revista Proceso, ya en circulación.