"Los Zetas" en Guatemala: bienvenidos

jueves, 21 de abril de 2011

Hubo un tiempo en que el narcotráfico en Guatemala estaba controlado por familias que mantenían un pacto de respeto mutuo. Sólo contadas ovejas negras lo violaban, y para castigar a una de ellas, en 2008, los jefes tradicionales contrataron a Los Zetas mexicanos por su fama de sanguinarios. La temible organización pronto invadió el país y aprovechó las rutas de la droga establecidas en operaciones de la CIA... Entramado que el reportero Óscar Martínez, del diario digital salvadoreño elfaro.net, reconstruye basado en informes de militares, policías y fuentes del narco.

MÉXICO, DF., 21 de abril (Proceso).- Si se asume la sonada frase de que, en tema de drogas, México es el patio trasero de Estados Unidos, bien se podría asumir que Centroamérica lo es de México. Un patio sucio y descuidado, conectado a México por una única puerta trasera. La frontera con Guatemala sería lo más parecido a esa puerta.

Con costa en los océanos Atlántico y Pacífico y más de 950 kilómetros de línea fronteriza con México, más que una puerta, esa frontera es un portalón. 

Eso lo saben los narcotraficantes desde hace décadas. Al contrario de lo que ocurre en El Salvador, por ejemplo, donde esta década ha sido la del descubrimiento de narcos locales de renombre, en Guatemala hay familias consolidadas desde la década de los setenta, cuando los tambores de guerra civil sonaban por toda Centroamérica.

Para comprender qué es lo que Los Zetas han venido a trastocar hace falta remontarse a esa época, y Édgar Gutiérrez resultará un gran guía. Este economista y matemático de 50 años fundó organizaciones dedicadas a atender el retorno de refugiados guatemaltecos, a luchar contra la impunidad o a recuperar la memoria histórica. Gutiérrez también ha participado del otro lado de la línea: de 2000 a 2002 fue secretario de Análisis Estratégico, o sea jefe de la inteligencia guatemalteca, y desde ese año hasta 2004 fue ministro de Relaciones Exteriores. Ahora asesora a distintas organizaciones y gobiernos de Latinoamérica y Europa, sobre todo en temas de seguridad.

–El narcotráfico no era lo que hoy día en términos de volúmenes de la cocaína que trasiega por acá y el tamaño del mercado. Hablo de los años sesenta y mitad de los setenta. En ese momento ocurrió una emigración de cubanos a Miami y de Miami a Guatemala, que llegaron atraídos por políticas fiscales. Estos cubanos sirven de puente a los colombianos y encubren las operaciones mediante sus actividades comerciales, exportaciones de camarón principalmente. Iban a Miami y en los paquetes escondían la droga. Algo ocurre en los setenta que esa gente decide abandonar el narcotráfico y se dedica solo a sus negocios lícitos, y ahí han seguido.

Documentar esta etapa inicial suele ser complicado. Gutiérrez se basa en testimonios de gente que estuvo vinculada y que él conoció.

La segunda etapa, en cambio, tuvo pompa internacional y filtraciones de documentos de las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

–Se trata del esfuerzo de la administración de Ronald Reagan por derrotar a los sandinistas en Nicaragua –dice Gutiérrez–. Recordarás el escándalo Irán-Contras… En ese momento, inicios de los ochenta, Estados Unidos realizaba los primeros esfuerzos serios por reprimir a los narcos colombianos, pero la CIA decide que la cocaína y heroína que pase por Centroamérica sea administrada por los ejércitos. Involucran al salvadoreño, guatemalteco y hondureño, para que parte de esas ganancias se destine a financiar a los Contras. Hay testimonios en el Senado y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos donde asesores militares argentinos que formaron parte de la trama dan montos de plata: hablan de 2 millones de dólares a la semana.

Entre 1985 y 1986 se desató el Irangate. Todo empezó por el descubrimiento, luego aceptado por la administración Reagan, de que Estados Unidos vendió de forma ilícita más de 40 millones de dólares en armas a Irán durante la guerra que libraba contra Irak. El intrincado asunto no terminó ahí: el presidente Reagan, en conferencia de prensa, aceptó que cerca de 12 millones de la venta de armas se destinaron a la Contra.

A raíz del escándalo, el flujo de ingresos quedó bloqueado. Entonces surgió la segunda parte de la trama, mucho menos esclarecida a pesar del paso del tiempo. En 1996, el San José Mercury News publicó un reportaje que vinculaba a traficantes de cocaína y crack de finales de los ochenta en Los Ángeles con el financiamiento de la Contra y el beneplácito de la CIA. El material causó tanto escándalo que incluso el Senado abrió investigaciones. Según esa información, algunos militares centroamericanos participaban en el traslado como encargados de almacenamiento y transporte de la droga por el istmo. Ese vínculo permitió que llegaran algunos capos con olfato al saber de la privilegiada puerta que abrió la omnipotente CIA.

–Esta actitud permisiva de los Estados Unidos facilita en los noventa la llegada de colombianos a Centroamérica, sobre todo a Guatemala. Los primeros padrinos aquí son colombianos que se mudan con sus equipos administrativos, sus financieros, sus contadores. Lo que hacen cuando deciden que es una plaza importante para contactarse con México es acudir a viejos agentes del Estado, del Ejército. Los que se involucran son exagentes de aduanas, excomisionados militares, exespecialistas del Ejército.

–¿Por qué a ellos? 

–Porque ellos están en el terreno y conocen la frontera. Están dejando su pertenencia activa en las fuerzas de seguridad del Estado, pero mantienen contactos. Usan las ganancias de la droga para comprar tierras, abrir líneas de transporte, gasolineras, negocios que sirven para blanquear pero que posteriormente se estabilizan. Ahí vienen los Mendoza, cuyo nicho es Izabal. De ahí salen también los Lorenzana, de Zacapa. Waldemar Lorenzana era un agente de aduanas y luego cuatrero, muy exitoso en los negocios.

 

De empleados a amos

 

El 19 de diciembre de 2010, el gobierno del presidente Álvaro Colom decretó estado de sitio en Alta Verapaz. Un estado de sitio, como establece la Ley de Orden Público, es el paso previo al estado de guerra: limita la libre circulación y permite cateos sin orden judicial. 

Al menos a varias de mis fuentes, entre ellas un exministro de Defensa, un exjefe de inteligencia militar, un coronel, un general y el excanciller, les pareció que la declaratoria tenía más de publicidad que de realidad. En Cobán, coinciden todos ellos, lo que se vivió fue un estado de prevención, el más leve en el listado que termina con la guerra abierta, y que apenas supone más policías, más militares, más retenes, más fiscales y, por tanto, más órdenes judiciales y más decomisos. En Cobán, dicen categóricos, los militares nunca tuvieron el control, sino que estuvieron bajo las órdenes del Ministerio Público. Al menos dos de ellos utilizaron la palabra show. Sin embargo, para evitar confusiones, lo llamaremos como al presidente le dio por bautizarlo.

A finales de 2008, Los Zetas eligieron Alta Verapaz como base de operaciones para Guatemala y, dicen algunos, para toda Centroamérica. No hacía falta ser un genio para escoger ese departamento. Alta Verapaz es el cuello de botella de Petén, un departamento que casi duplica en extensión a El Salvador, que acapara la mayor extensión de la frontera con México y que tradicionalmente ha sido punto de trasiego de armas y drogas. Para llegar a Petén, Alta Verapaz es un paso casi obligado y ofrece la ventaja de que se encuentra a tres horas en carro de Ciudad de Guatemala.

El Ejército, el Ministerio Público y la Policía se desplazaron aquí por orden presidencial cuando la situación era humillante. Las noticias que bajaban de la neblinosa Cobán parecían llegar de algún pueblito de narcos de la frontera entre México y Estados Unidos: narcos violando a mujeres indígenas en aldeas otrora pacíficas, jefes narcos poniendo perímetro alrededor de un McDonalds para comerse un combo, hombres borrachos en las plazas que ejercían de halcones con sus AK-47 a la vista.

 

El boquete del RPG-7 

 

Tengo enfrente a un agente de inteligencia militar que estuvo en Cobán en diciembre, cuando se inició el dudoso estado de sitio. La escena que me reconstruye es la de los patriarcas de las familias viendo cómo su invitado les desbarata la casa. Juan Chamalé, en la frontera del contrabando y los migrantes con México; Waldemar Lorenzana, en las fronteras con El Salvador y Honduras; Walter Overdick, en Alta Verapaz; y  Los Mendoza, en Petén, frontera selvática con México, y en las costas cercanas al golfo de Honduras. Todos buscados por Estados Unidos. Todos preocupados ahora al ver cómo el terrible invitado recorre la casa.

Hablamos en el restaurante del hotelito donde me hospedo en Ciudad de Guatemala. La conversación con este militar dicharachero y directo tiene dos objetivos: saber si la inteligencia militar da por hecho que fue el asesinato de un narco, Juancho León, la carta de entrada de Los Zetas al país, y saber qué tanto de show tiene un operativo como el realizado en Alta Verapaz.

Respecto al primer punto, la conversación es corta. La respuesta es un rotundo sí.

En marzo de 2008, tras un enfrentamiento armado de media hora entre dos grupos de al menos 15 hombres, quedaron tendidos varios cadáveres en el balneario La Laguna, en el departamento de Zacapa, fronterizo con Honduras. Uno de esos cadáveres era el de Juan José Juancho León, un importante narcotraficante guatemalteco de 42 años, líder de la familia León, que operaba en Izabal. 

Édgar Gutiérrez, el exjefe de inteligencia, me había contado que Juancho León, quien durante algún tiempo fue lugarteniente y yerno del patriarca de los Lorenzana, empezó a tener demasiado poder, a expandir sus actividades y, sobre todo, a pasarse de bocón.

–Representaba una amenaza porque fanfarroneaba –me dijo Gutiérrez en una de mis primeras entrevistas–: yo puse a tal presidente, yo puse a tal... Y los otros grupos empezaron a decir: este tiene actitud monopólica y rompe el equilibrio, está tomando contactos en sur y norte.

Cuando le explico la teoría, el agente de inteligencia militar asiente con fuerza con los ojos cerrados y sonríe mientras mantiene el dedo índice levantado en este agradable patio del hotelito colonial muy bien conservado en el centro de la capital.

–Eso es cierto, pero falta un elemento en esa ecuación: Juancho fue el que puso de moda los tumbes. Gran parte de su poder económico vino de toda la droga que se robó.

Los famosos tumbes, la rapiña entre narcos, en la práctica no son más que robos de cargamentos de droga. En el fondo son una muestra de cómo el pacto entre familias había estado pegado con saliva, incluso antes de la entrada de Los Zetas.

Juancho León, como otros narcotraficantes e incluso jefes policiales, realizaba labores de inteligencia para saber dónde, cuándo y qué cantidad de droga iba a ser transportada por, pongamos un ejemplo, la familia Lorenzana. La droga entraba por algún punto ciego de la frontera con Honduras, y los hombres de León la esperaban más adelante, cuando a través de Alta Verapaz pretendía trepar hacia México. La robaban y luego la vendían a otra familia que la introducía por otro punto de la frontera. Ingenuo sería pensar que los agraviados no se enterarían de quién robó su cargamento.

Según el militar que ahora toma café en el patio del hotel, la gota que rebalsó el vaso fue un tumbe de droga que Juancho León realizó a los Lorenzana a principios de 2008, cuando transportaban un cargamento de cocaína para el cártel de Sinaloa, el más poderoso del continente. Eso, sumado a su boconería, su preocupante expansión de territorios y su prontuario de tumbes, derivó en un pacto entre los Mendoza y los Lorenzana: era necesario matar a Juancho León, pero el hombre tenía un ejército a su disposición, se movía bien custodiado y, desde que en 2003 fue asesinado su hermano, Mario León, había aumentado su cautela. 

Era necesario recurrir a unos expertos que ya antes habían venido a Guatemala a dar protección a cargamentos especiales, a entrenar a sicarios de los Mendoza o a reclutar kaibiles, esos soldados entrenados en la selva bajo el lema de avanzar, matar y destruir. Fue justo ahí cuando las dos grandes familias abrieron las puertas de par en par al terrible invitado mexicano.

A Juancho León lo citaron en el balneario aquel día de marzo de 2008. La excusa fue negociar la entrada por su territorio de un cargamento de cocaína. Entonces lo atacaron con fusiles AK-47 e incluso con RPG-7, un lanzacohetes antitanque de fabricación rusa. Luego de la batalla, fueron detenidos tres mexicanos originarios del estado de Tamaulipas, en el norte mexicano, la sede desde donde Los Zetas controlan todas sus operaciones.

Las familias invitaron a Los Zetas sin tener en cuenta ningún otro factor que su capacidad para matar. No reflexionaron en que, justo a finales de 2007, ese grupo liderado por exmilitares de élite se había escindido de su cártel padre, el del Golfo, que estaban huérfanos y en búsqueda de nichos de control y actividades delictivas para suplir su falta de contactos en Sudamérica. Sólo vieron su capacidad de matar y atemorizar, y aún la siguen viendo.

El estado de sitio en Cobán fue la primera jugada fuerte del Estado guatemalteco para tratar de imponer reglas al huésped incómodo. Un aviso de que esta es casa ajena, un regaño por el descaro. Y nada más. Los Zetas especularon con que el show del Estado terminaría pronto y decidieron no plantar cara.

 

De vuelta a la “normalidad”

 

Es 1 de marzo y me encuentro en una cena rodeado de jefes policiales, militares y asesores en seguridad. Hacemos pronósticos sobre lo que se viene en Guatemala, sobre cómo reaccionarán Los Zetas. Entre todos ellos distingo a uno de mis informantes de Cobán. Lo saludo y con la mano le hago un gesto para que nos alejemos del restaurante del hotel. Me dice que en un ratito, que allá en la esquina del patio. Pasa el ratito y se acerca con una pregunta por saludo.

–¿Qué, ya publicaste el artículo?

–No, aún no, lo estoy por terminar.

–¿Ya viste que terminó el supuesto estado de sitio?

–Sí, el viernes 18 de febrero. ¿Y qué ha pasado en Alta Verapaz?

–Pues que han regresado Los Zetas, ahí andan, siempre armados en las calles, más cautelosos, pero siempre a la vista en sus grandes camionetas.

El 25 de febrero en la madrugada, siete días después de que el presidente Álvaro Cólom viajara a Cobán para dar por finalizado el estado de sitio, un comando armado ingresó a un autolote, incendió tres carros y lanzó ráfagas de AK-47 contra otros tantos. Mi fuente asegura que eran Los Zetas que, poco a poco, inician sus venganzas. Esta vez fueron carros, pero mi informante augura que pronto serán personas. Ahora que terminó el estado de sitio, ahora que Cobán retorna a su normalidad, mi informante plantea su propia pregunta retórica.

—¿Y qué más iba a pasar?

 

 

 

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