La ejecución del capo sinaloense Ignacio Coronel Villarreal hace ocho meses en Zapopan dejó un vacío en Jalisco que las organizaciones criminales no logran llenar. Desde que desapareció, los enfrentamientos entre los cárteles rivales –el del Golfo, el del Milenio y La Resistencia– se disputan las plazas dejadas por el lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán. Jalisco dejó de ser “zona de paso” para convertirse en un mercado de consumo de drogas con gran capacidad de crecimiento, de ahí que las bandas se disputen el territorio en las calles y municipios del estado, dice el investigador Alfonso Partida Caballero.

GUADALAJARA, Jal., 22 de abril (Proceso).- La muerte del capo Ignacio Coronel Villarreal a manos del Ejército a finales de julio del año pasado en el límite entre Zapopan y Guadalajara dejó un vacío de poder y desató una guerra entre los cárteles de Sinaloa, del Milenio y Los Zetas, que hoy se disputan la hegemonía en territorio jalisciense.

Hoy, ocho meses después de la desaparición del lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, los grupos criminales no sólo desataron la violencia, también comenzaron a intimidar a las autoridades estatales y municipales, sostiene el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Alfonso Partida Caballero. Hoy, insiste, Jalisco es una de las entidades más violentas. 

Y pone un ejemplo: a menos de 15 días de que concluya el primer cuatrimestre del año van ya 190 ejecutados, cifra que representa un aumento de casi 200% en relación con el periodo correspondiente a 2010. Lo peor, dice, es que el consumo de drogas en la zona metropolitana de Guadalajara se disparó notablemente. 

“Le menciono que los estudios entre jóvenes de edad escolar nos hablan de un crecimiento de hasta 5,000% en algunos estratos de la sociedad jalisciense, pero sobre todo en la mancha urbana”, comenta el investigador.

Partida Caballero asegura que Jalisco “dejó de ser zona de paso”; lo que ahora ven las bandas del narco es un mercado con gran capacidad de crecimiento. Es ahí donde se ubica la guerra descarnada que ahora nos toca ver en las calles y en los municipios”.

Los recientes acontecimientos en municipios alteños, como Arandas y Atotonilco, así como en Tlaquepaque y Zapopan y otros, son muestra de que los grupos criminales se disputan abiertamente el control del territorio jalisciense. Hoy, son constantes las refriegas entre las bandas que pelean la plaza y las balaceras de sicarios con los uniformados, sobre todo en localidades donde la infraestructura de seguridad es precaria.

El miércoles 6, la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) reportó que en el municipio de Atotonilco el Alto, gobernado por el PAN, fueron aprehendidos cinco presuntos sicarios de La Resistencia. Según la dependencia, también se detectó que funcionarios del gobierno municipal y un agente de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) estaban implicados con la banda criminal.

Uno de los detenidos, Óscar Cárdenas Fonseca, declaró que el director de la policía municipal, José García Santiago, brindaba protección a los miembros de La Resistencia; cada mes recibía 20 mil pesos para permitir las operaciones de ese grupo en la zona, expuso el detenido.

Proceso Jalisco consultó la nómina de la corporación, según la cual García Santiago tenía un sueldo nominal de 9 mil pesos, que cobraba cada quincena. La cantidad es menor de la que presuntamente recibía de La Resistencia.

Otro de los funcionarios mencionados por los detenidos es la síndico del ayuntamiento de Atotonilco, Alejandra González Hernández, quien solicitó licencia por tiempo indefinido en tanto se investiga la denuncia en su contra. En su declaración, Cárdenas Fonseca expuso que entre los detenidos se encuentra Eduardo González Hernández, El Güero Polvos, hermano de la síndico.

Los cambios 

Ante el escándalo que provocaron las revelaciones de Cárdenas Fonseca, el alcalde de Atotonilco, Francisco Godínez Arias, optó por guardar silencio. Al día siguiente subió un comunicado al sitio electrónico del ayuntamiento en el que anunció que García Santiago sería destituido de su cargo y que la licencia de González Hernández sí procedía.

La resolución fue tomada “a efecto de no entorpecer las investigaciones” de la PGJ, aunque omitió hablar sobre los señalamientos que implican a varios de sus colaboradores. 

Poco antes de que se conociera el documento, corrió la versión de que García Santiago había sido levantado, aunque el ayuntamiento se apresuró a desmentirla. García Santiago estuvo sólo dos meses en el cargo, que ocupó después de que su antecesor, Jorge Valencia Sánchez, renunció luego de que lo acusaron de proteger a la delincuencia organizada.

La destitución de García Santiago como titular de la policía de Atotonilco fue aprovechada por la diputada local del PRI, Patricia Retamoza, del Grupo Universidad, quien criticó al gobernador Emilio González Márquez, sobre todo porque en los últimos meses cuestionó a los gobiernos priistas por su tibieza en el combate al narco en décadas pasadas y ahora guarda silencio.

El lunes 11 se registró otro enfrentamiento de uniformados estatales con presuntos sicarios en las inmediaciones del rancho El Aguacate, en Ayotlán. Los policías realizaban un operativo de vigilancia por la zona aledaña a la carretera Ayotlán-Jesús María cuando fueron atacados. En la balacera, que duró 20 minutos, murieron cuatro de los agresores y dos oficiales resultaron heridos.

El 23 de mayo de 2010, el director operativo de la policía de Zapopan, José Nicolás Araujo, fue asesinado en el fraccionamiento Vistas de Tesistán. Él fue la pieza clave en la detención de Óscar Nava Valencia, El Lobo, cabecilla del cártel del Milenio, en 2009.

La turbulencia en Atotonilco se inició en junio de 2010, a raíz de la detención de 11delincuentes en Atotonilco y Yahualica, a quienes se les aseguraron armas de grueso calibre, incluidos lanzacohetes Rocket HE que se utilizan en ataques antiaéreos o contra tanques, así como fusiles Barrett y AK-47, granadas de fragmentación y lanzagranadas, además de mariguana, metanfetaminas y precursores químicos para elaboración de droga sintética.

En noviembre último, cuatro personas –dos hombres y dos mujeres– fueron asesinadas en el restaurante El Mandamás, ubicado a menos de tres kilómetros de Atotonilco, sobre la carretera que une a ese municipio con Tototlán. Uno de los ejecutados fue El Negro, dueño del establecimiento y a quien se le vinculó con el movimiento del narcomenudeo en la región.

El mismo mes, en Tepatitlán de Morelos fue acribillado el director de Seguridad Pública municipal Víctor Muro Ávalos por un grupo de hombres armados. Otros crímenes cometidos en Atotonilco aún sin resolver son los del comerciante Luis Gutiérrez, El Gato, y su hermano Manuel. Ambos fueron secuestrados. Sus cuerpos aparecieron poco después.

Desde la muerte de Coronel Villarreal, la lucha por el tráfico y el control del mercado de las drogas convirtió a amplias áreas de Jalisco, incluida la zona metropolitana y Puerto Vallarta, en campo de guerra que los llamados chapos disputan a sus rivales de los cárteles del Golfo, del Milenio y de La Familia Michoacana, que en Jalisco actúan bajo el nombre de La Resistencia, según la SSP estatal.

La misma institución admite que en diferentes zonas de la entidad operan también Los Zetas, cuyo ámbito de influencia comprende los municipios de Tequila y Magdalena y otros ubicados al norte de Jalisco, además de Puerto Vallarta.

En Tonalá, un grupo de criminales cercanos a La Resistencia fueron detenidos en septiembre de 2010 por autoridades estatales. Durante el interrogatorio, confesaron que su objetivo era ejecutar al director de la policía municipal. Se les decomisaron más de cuatro kilos de un explosivo altamente peligroso llamado C4, que suelen utilizar los grupos terroristas en Oriente (Proceso Jalisco 306).

La escalada de asesinatos 

A finales de 2010 corrió el rumor de que el alcalde Antonio Mateos pretendía renunciar debido a las presiones y amenazas del crimen organizado. Nada sucedió. En Zapopan, la segunda ciudad más importante de Jalisco por su participación económica y número de población, el director de la policía, Rosario Joel Pinto Cárdenas, dejó el cargo tras ser acusado de la autoría intelectual de un homicidio.

Asimismo, en los pasillos de la corporación se habla de la desaparición de al menos dos policías, pero ningún funcionario toca el tema.

De las 190 ejecuciones ocurridas en el último cuatrimestre, destaca la de Rubén Pérez Jáuregui, acribillado el 9 de marzo en El Salto. Dos semanas después fueron detenidos ocho policías municipales acusados de brindar protección al cártel de La Resistencia.

El día 4 de ese mismo mes fue asesinado Juan Carlos Tafolla, comandante de la Policía de Tlaquepaque; el 30 de marzo se reportó el homicidio del jefe de los juzgados municipales de Tlaquepaque, Juan José Fierros Haro. Aún no se aclara su muerte.

El miércoles 6, los habitantes de Arandas presenciaron una batalla campal en la que participaron varias decenas de sicarios. Se desplazaron en camionetas por varias partes de la cabecera municipal. Lo curioso, según los testigos, es que mientras duró la reyerta desaparecieron los policías municipales.

Dijeron que ese hecho les recordó el de la noche del 10 de diciembre de 2010, cuando los vecinos de Tecalitlán quedaron en medio de un tiroteo de bandas rivales. En esa ocasión murieron 11 personas, entre ellas el Doctor Símil, un ciudadano ajeno a las bandas criminales.

El catedrático Alfonso Partida Caballero sostiene que en los próximos meses los delincuentes presionarán aún más a los cuerpos de seguridad municipal, sobre todo en las regiones donde se disputa el control de la plaza, como la zona metropolitana.

Para él, Ignacio Coronel, el capo abatido por el Ejército el 29 de julio de 2010 en una residencia de Colinas de San Javier, en Zapopan, es el producto más logrado de la impunidad y corrupción que permeó a las autoridades del estado y penetró incluso a empresarios e industriales locales que se prestaron a lavar dinero y guardaron silencio durante mucho tiempo.

Sin embargo, se pregunta el investigador, “¿dónde quedaron las redes de Nacho? ¿Qué pasó con su dinero? ¿Cuántas casas tenía? ¿Quiénes eran sus socios? El gobernador de Jalisco dice que nunca se dio cuenta de que uno de los capos más importantes del narco en el país vivía en la zona metropolitana?”.

Y remata: “Coronel habitaba a menos de cinco kilómetros de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Emilio González, ¿cómo es que el mandatario nunca se dio cuenta de eso?”.