Los verdaderos ganones del cierre de Luz y Fuerza

jueves, 12 de mayo de 2011
Los únicos beneficiarios de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro son el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, el extesorero de la organización, Alejandro Muñoz, y el propio gobierno calderonista, gracias a los oficios del titular de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón. Lo anterior lo sostiene Alfredo Ríos Solís, un trabajador jubilado que encabeza a 120 electricistas pensionados inconformes y aporta pruebas documentadas sobre los negocios realizados tanto por Esparza como por Muñoz, antes y después de la liquidación de la empresa.    MÉXICO, DF., 12 de mayo (apro) Los beneficiados directos de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro son el gobierno panista de Felipe Calderón, el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, y el extesorero de esa organización, Alejandro Muñoz Reséndiz, quien hoy es opositor del titular de la secretaría general del sindicato. A un año y medio de que la Policía Federal irrumpiera en las instalaciones de la paraestatal, cada uno de ellos está negociando por su lado. Esparza Flores pidió la toma de nota como secretario general para seguir manejando las finanzas del sindicato: los 12 mil millones de pesos mensuales de cuotas sindicales y los 30 mil millones de pesos que valen los bienes y los aportes de los trabajadores, según calculan los propios electricistas. Muñoz Reséndiz insiste ante el gobierno para que se subcontrate a los sindicalistas a fin de que operen ocho empresas que dan servicio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), e incluso colocó como socios a sus hermanos José Rogelio y Luis Antonio, a su hija Diana Muñoz Lupercio y a Claudia Ivonne Bravo Cabello, a quien designó administradora, de acuerdo con las copias de las actas constitutivas de las empresas, de las que Proceso tiene copia. Y aun cuando extrabajadores del SME sostienen que otras empresas de gas, agua y servicios eléctricos son operadas por Esparza, en la Secretaría de Economía no tienen registros de que alguna de ellas esté constituida a nombre de los familiares del dirigente. No obstante, algunos electricistas sostienen que después de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) el gobierno federal entregó a Esparza una concesión para ofrecer el servicio de triple play (teléfono, internet y televisión por cable) en Atotonilco de Tula, Hidalgo. Según ellos, el título de concesión fue otorgado el 23 de julio de 2009 y autoriza al dirigente electricista a instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones para la prestación de televisión restringida. En el documento se menciona que el beneficiario es José Heriberto Marroquín Castillo, secretario particular de Esparza y que la concesión tiene vigencia por 30 años. Lo curioso es que fue expedido tres meses antes de que el gobierno liquidó a LyFC. En otras palabras, Esparza y sus colaboradores son los ganones de la decisión presidencial que dejó en la calle a 44 mil trabajadores, la mitad de los cuales estuvo en activo hasta el 11 de octubre de 2009, día en que la Presidencia ordenó la liquidación de la empresa e intervino las instalaciones. Por lo que atañe a la propuesta de crear empresas que ofertaran servicios a la CFE, el pretexto fue darle trabajo a los 15 mil 481 electricistas del SME. Todos ellos son originarios de Hidalgo, Morelos, Puebla, Estado de México y el Distrito Federal, y son asimismo los que se negaron a aceptar la liquidación del gobierno federal. Su edad promedio es de 37 años y tienen 10 años de antigüedad en la compañía, en la que perciben un salario de 197.74 pesos diarios. El caso de Alejandro Muñoz Según datos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), la CFE otorgó 3 mil 841 contratos superiores a los 2 mil 940 millones 61 mil 676 pesos a empresas privadas tras la extinción de LyFC; además, la dependencia federal otorgó 728 contratos por 2 mil 36 millones 17 mil 37 pesos para obra pública. De esas empresas, ocho fueron creadas por Alejandro Muñoz: ATSE Comunicaciones, que es el call center 071 para quejas por el servicio de luz eléctrica; Cicel Global, que se encarga de digitalizar los postes de luz; Cables Sub, cuyo cometido es atender los desperfectos de la red subterránea del Distrito Federal; K Cero, encargada de la construcción de tableros para las instalaciones eléctricas de la CFE; Inova Electrical, que diseña aparatos de control en subestaciones eléctricas. Además de los contratos, a Muñoz se le otorgó un préstamo de 4 millones de pesos para la creación de cada una de las empresas. A ellas se suman otras tres, que se dedican a la poda de árboles que interfieren en las líneas eléctricas: Poda y Brecha; Evolution Atec, y Capybma Toluca. Octavio Cruz, socio de Capybma, dice a Proceso que sólo 10% del personal que labora en esa firma son antiguos trabajadores del SME; los demás son trabajadores externos. En cuanto al call center 07, es muestra del fracaso de las subestaciones, pues sólo recibe entre 2 mil y 3 mil llamadas por día, por lo que su déficit se ha elevado. Opera con 70 trabajadores, de los cuales sólo 10 son antiguos trabajadores de LyFC, asegura Rubén Mireles Muñoz, quien es primo de Alejandro Muñoz y exsocio de la empresa. Mireles sostiene que cuando él era socio se facturaban 300 mil pesos al mes, pero el mantenimiento del call center se elevaba a 900 mil pesos. La situación, dice, lo obligó a utilizar fondos de los 4 millones de pesos del préstamo que recibió Muñoz del gobierno federal y que el deudor deberá liquidar el año entrante. Ello provocó que su primo lo despidiera a él y a los demás socios. Tras excluir su sociedad original Muñoz creó una nueva con Claudia Bravo, una antigua trabajadora de LyFC que hoy funge como administradora única y junto con Alejandro Muñoz Lupercio, otro hijo de Alejandro Muñoz, cobra la nómina de los trabajadores. Bravo y Muñoz Lupercio decidieron asociarse con empresarios de Querétaro para darle viabilidad al call center, toda vez que carece de solvencia y constantemente recibe fondos federales para seguir operando, relata Mireles Muñoz. Y, al igual que Esparza, Alejandro Muñoz también es dueño de otros negocios, como servicios de asesoría con la CFE en Hidalgo y la renta instalaciones deportivas en Lechería, Estado de México, así como en Villa Coapa y Azcapotzalco, dice a la reportera Alfredo Ríos Solís, un trabajador jubilado que encabeza a un grupo de 120 electricistas pensionados inconformes con Muñoz y con Esparza. Orgía de corrupción   Cada mes, el SME eroga poco más de 12 millones de pesos en cuotas sindicales, a los que se suman los bienes sindicales: 22 inmuebles en el Distrito Federal, en el Estado de México, Morelos e Hidalgo, así como locales en 11 subestaciones con un valor de 6 mil millones de pesos. Un resumen elaborado por los detractores de Esparza señala, por ejemplo, que en sólo dos propiedades tiene casi mil 700 millones de pesos. Además, el deportivo Coapa tiene un valor de mil 200 millones de pesos; el edificio sindical de Avenida Insurgentes, en la Ciudad de México, está valuado en 500 millones. Tiene el edificio de la calle Antonio Caso, en la cual hay un mural de David Alfaro Siqueiros. También cuenta con deportivos en Hidalgo y en Morelos, con una escuela técnica y una clínica. Las cuotas de los jubilados representan 4 millones de pesos semanales. Según los electricistas disidentes, el dirigente del SME controla los recursos del Fondo de Reserva para Jubilaciones (en 2008 superaba los 140 millones de pesos y entre enero y agosto de 2009 ascendió a 101 millones de pesos); los del Fondo de Vivienda, constituido con el 14.5% de los salarios de nómina de los sindicalizados, que sólo en 2008 superaron  los 359 millones de pesos y entre enero y agosto de 2009 sumaron 277 millones de pesos. Ellos advierten que si las autoridades laborales entregan a Esparza la toma de nota que lo valide como secretario general del SME, él recibirá automáticamente esos recursos y bienes inmuebles. Uno de ellos es el deportivo-estacionamiento ubicado en la exsede del sindicato, en la calle Antonio Caso, colonia Tabacalera. Hace varios meses fue remodelado y ahora cuenta con un gimnasio, cancha de basquetbol con duela importada de China, baños de vapor, vestidores, servicio médico, cancha de voleibol y de squash. La inversión fue de 103 millones de pesos. Ríos Solís comenta que también deben tomarse en cuenta los gastos de Esparza y su vocero, Fernando Amezcua, a costa del SME, cuando viajaron a países europeos y latinoamericanos en 2010 para difundir su lucha. “Los únicos ganadores con la extinción (de LyFC) fueron Esparza, Muñoz y Lozano Alarcón (secretario de Trabajo y Previsión Social)”, resalta E insiste en que familias enteras que dedicaron su vida a trabajar por la paraestatal han perdido todo. “Por eso – reitera– los jubilados luchamos, porque los trabajadores son nuestros hijos o nuestros familiares”, y menciona a los electricistas de Necaxa, Puebla: “No hay esperanza para los trabajadores. Algunos ingenieros están vendiendo tacos en las esquinas o poniendo changarritos para darle de comer a sus familias”. Contratos y liquidaciones   De octubre de 2009 a octubre de 2010 se entregaron 728 contratos por adjudicación directa y se erogó un monto total de 2 mil 36 millones 17 mil 37 pesos para mantenimiento de líneas de transmisión y generación de energía eléctrica. En cuanto a los servicios, de 2009 a 2010 la CFE gastó 104 millones 34 mil 667 pesos en espacios en radio y televisión; 231 millones 931 mil 698 pesos en equipo informático, de telecomunicaciones y de radiocomunicación; 7 millones en cable y renta de vehículos; 195 mil 772 pesos en equipo de comunicación y servicio de mantenimiento. La oficina de Alfonso Huitrón, quien en ese periodo era el abogado general de la dependencia, gastó 126 millones 338 mil 150 pesos en servicios fedatarios públicos. Apenas el 14 de abril, tras la salida de Alfredo Elías Ayub de la dirección de la CFE, su sucesor José Antonio Meade nombró como abogado general a José Antonio Prado Carranza, quien viene de la oficina del abogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex). En abril de 2008, la reportera Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea, publicó un reportaje en el que afirmó que Prado Carranza estaba involucrado en la denuncia penal 95/UEIDCSPCAJ/2006, radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR, contra el exdirector de Pemex Juan Bueno Torio por la presunta triangulación de recursos erogados por contratos de adjudicación directa para beneficiar la campaña presidencial de Felipe Calderón en 2006. El reparto del dinero fue de 200 millones al candidato panista, 70 millones a la campaña de Bueno Torio y el monto restante se distribuyó entre funcionarios que participaron en el entramado financiero, entre los cuales se implica a Prado Carranza, actual abogado general de CFE. A principios de año se pusieron a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) 582 inmuebles de la extinta LyFC, entre ellos 105 agencias y sucursales, 69 almacenes y bodegas, 71 campamentos y talleres, 34 centrales generadoras, nueve centros de capacitación, dos centros de archivo, 72 áreas técnicas y talleres, 26 oficinas administrativas, 184 subestaciones y áreas técnicas, 12 terrenos baldíos y 7 mil 376 vehículos. Para la liquidación de trabajadores de LyFC se contrató a 88 prestadores de servicios y al 31 de diciembre de 2010 el costo económico de este servicio fue de mil 810 millones de pesos, dice el documento oficial del SAE. “Las actividades realizadas son: Toma de control, puesta a disposición y balance inicial, indemnización a extrabajadores de LyFC, difusión en medios del proceso de liquidación, operación de los Centros de Atención Personalizada a extrabajadores, call center para la atención de extrabajadores, atención de asuntos penales, apoyo jurídico y representación legal, servicio de contabilidad fiscal y peritajes contables, así como los servicios básicos: vigilancia de oficinas, mantenimiento de muebles e inmuebles, agua, luz, teléfono, limpieza, fotocopiado, mensajería, combustible y papelería”, señala la SAE. Asimismo, para la liquidación de los trabajadores se contrató a 76 notarios, a quienes se les ha pagado alrededor de 32 millones de pesos, dice el documento, sin mencionar nombres. Hasta ahora, son 28 mil 742 los trabajadores liquidados, así como mil 793 pagos por pensión alimenticia. El SAE reporta también que 786 trabajadores de confianza fueron indemnizados. Se erogaron para este fin 12 mil 79 millones 972 mil 106 pesos; el monto de las liquidaciones no cobradas es de 6 mil 343 millones 924 mil 784 pesos. La información señala que no existen demandas por liquidación mal calculada, pero sí 888 acciones reclamadas por diferencias en la liquidación, nulidades parciales de los convenios celebrados, diferencias en el cálculo de horas extras, vacaciones, aguinaldos o salarios caídos.

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