Guerrero: arbitrariedad castrense

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- De 2005 a la fecha, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) ha recibido un total de 369 quejas por presuntos abusos cometidos por militares, la mayoría de las cuales se acumularon en los tres últimos años, coincidentemente, con la participación activa del Ejército en la guerra contra el narcotráfico. De acuerdo con un reporte interno de ese organismo, cuya copia obtuvo APRO, las denuncias que más se repiten son las que tienen que ver con allanamiento de morada, con 211 casos. Le siguen por orden de importancia: detenciones arbitrarias, ejercicio indebido de la función pública, tortura, lesiones, robo, amenazas, trato cruel, inhumano y degradante. Además, en ese listado destacan cuatro quejas presentadas por homicidio y 14 por desaparición forzada. Todas las quejas han sido remitidas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El informe de la Coddehum destaca que de 2005 a 2007 se abrieron únicamente 15 expedientes, mientras en 2008, el número de quejas registró una tendencia a la alza al interponerse 15 casos. En 2009, la cifra se elevó de forma alarmante a 155; en 2010, tuvo un ligero descenso al acumularse 110, y de enero a la fecha suman 54. Según el reporte, de las 369 quejas registradas de 2005 a la fecha, 133 se presentaron en la región Centro; 86 en Acapulco; 67 en la Costa Grande; 27 en la Montaña; 22 en la Costa Chica; 20 en la Zona Norte, y 14 en Tierra Caliente. Apenas el pasado lunes 27, la CNDH emitió la recomendación 38/2011 en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la que concluye que soldados adscritos al 50 Batallón de Infantería, con sede en Chilpancingo, "asesinaron a golpes" a un joven de 18 años y lesionaron a otro adolescente de 16 la noche del 12 de febrero de 2010 en el poblado de Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo, zona enclavada en la Sierra guerrerense. El documento, que difundió el martes 28 el diario Reforma, señala que los soldados reconocieron haber detenido a los jóvenes, pero negaron haber asesinado a uno de ellos, asegurando que la víctima "se ahogó" porque estaba ebrio al momento de la detención. Al respecto, la CNDH determinó que la Sedena no pudo acreditar estos señalamientos y señaló, con base en las evidencias recabadas, que la muerte de V1 (como se identifica a la víctima) fue consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo, producido por los militares, quienes "violaron" varios reglamentos internos sobre el uso de la fuerza, así como convenios internacionales sobre el derecho a la vida. De acuerdo con el visitador general de la Coddehum, Hipólito Lugo, las tareas de prevención y combate a delitos que realiza el Ejército en Guerrero representan una situación preocupante, ya que la presencia de militares en las calles no ha inhibido la incidencia delictiva y, por el contrario, van en amuento las quejas por abusos de soldados. En entrevista con Apro, Lugo Cortés recordó que Guerrero, como se denomina en el argot internacional, es "un estado emblemático" en materia de violación a los derechos humanos. Sostuvo que no debe perderse de vista que el Ejército tiene “una negra historia” en la entidad por su activa participación en la etapa de la guerra sucia, en las décadas de los sesenta y setenta, cuando incurrió en delitos de lesa humanidad, como desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias, hechos que representan “heridas aún no sanadas. “Volver a esos episodios es lamentable y preocupante para los organismos defensores de derechos humanos”, consideró el visitador general de la Coddehum. Acciones polémicas En esta nueva etapa del Ejército en las calles de la entidad, han sido constantes los señalamientos contra mandos militares por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, sobre todo en la región de Costa Grande y Acapulco. Más aún, recientemente infantes de Marina comenzaron a desplazar a los soldados en el combate al crimen organizado, principalmente en la región de Tierra Caliente, pero sus acciones también han estado marcadas por la polémica. En una doble acción realizada el jueves 16 y viernes 17 pasados, infantes de Marina detuvieron a Enio Camacho Goicoechea y Nereo González Camacho, hermano y sobrino del alcalde perredista de Coyuca de Catalán, Elí Camacho Goicoechea, quienes fueron vinculados al crimen organizado, sin embargo, ambos fueron liberados al día siguiente, el sábado 18. Más tarde, familiares de los inculpados y dirigentes perredistas denunciaron presuntas arbitrariedades durante la detención de Enio Camacho y Nereo González. Asimismo, exigieron la salida de la Marina y de la policía estatal de los municipios de Coyuca de Catalán y Pungarabato, donde los uniformados locales fueron inhabilitados y desarmados hace 15 días. En otro hecho, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC) informó el lunes pasado que infantes de Marina abatieron, durante un enfrentamiento, a un presunto líder de una banda de sicarios, identificado como Guadalupe Castrejón Toribio, El Negro, en el municipio de Tlapehuala. La dependencia estatal informó que Castrejón Toribio se encontraba en un baile popular que se desarrollaba en la cabecera municipal y que, al percatarse de la presencia de policías estatales y marinos, decidió enfrentarlos a balazos. Previo a la muerte de El Negro, y en el marco del mismo operativo, fueron detenidos seis presuntos integrantes de su grupo, al que se vincula a Los Caballeros Templarios, facción criminal escindida de La Familia michoacana y que mantiene el control de la Tierra Caliente y Costa Grande de Guerrero. Sin embargo, un informe de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) señala que el cuerpo de El Negro fue localizado la noche del domingo 26 en una vereda, entre los poblados de Tlapehuala y Tiringueo, donde se determinó que la causa de la muerte se debió a "asfixia" y que la víctima presentaba lesiones en la cabeza, producidas por golpes, descartando impactos de bala. En ese contexto, el visitador general de la Coddehum señala que es necesario reconsiderar la estrategia de combate al crimen organizado que aplica el gobierno federal para que, en un breve plazo, los militares regresen a sus cuarteles, aunque señaló que de igual manera urge la profesionalización de las autoridades civiles, quienes tienen la encomienda legal de prevención del delito.

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