En el Estado de México los asesinatos de mujeres se incrementaron a tal grado que Toluca superó a Ciudad Juárez. Y las autoridades no resuelven los casos, pero los atribuyen a la violencia intrafamiliar o culpan a las víctimas de su propia muerte. No sólo es incapacidad: cuando organizaciones civiles pidieron que se emitiera una alerta de género ante la multiplicación de los feminicidios, el Inmujeres y el gobierno mexiquense se rehusaron porque lo interpretaron como un ataque político al gobernador Enrique Peña Nieto. Con esta decisión, dice una defensora de derechos humanos, las mexiquenses quedan en calidad de “desechables” para la justicia.   Nadia Alejandra Muciño Márquez tenía 17 años y cotidianamente iba de su casa, en el municipio mexiquense de Nicolás Romero, a la escuela de computación. Un día de 1997 conoció a Bernardo López Gutiérrez, un microbusero de 22, que comenzó a cortejarla. Se hicieron novios y meses después decidieron vivir en unión libre. En cuatro años procrearon a Carlos, José y Fernanda, pero para entonces su vida ya había cambiado: Bernardo la amedrentaba, la golpeaba, la violaba. La conducta de su pareja, así como los problemas económicos y las frustraciones, hartaron a Nadia Alejandra, que en 2001 se mudó a otra ciudad. Él la encontró, le pidió perdón y le prometió cambiar. Nadia Alejandra aceptó volver. Tres años después, el 12 de febrero de 2004, Bernardo y su hermano Isidro presuntamente asesinaron a Nadia Alejandra enfrente de sus hijos de cinco, cuatro y dos años. Simularon un suicidio. Los padres de la víctima, María Antonieta y Rafael, encontraron el cuerpo rígido de la veinteañera en el baño, colgado con un lazo de la viga que sostenía el techo de lámina de cartón. Cuando los padres denunciaron los hechos, la policía estatal no mostró interés; sólo tomó fotos, describió el lugar de los hechos y levantó el cadáver. Al paso del tiempo, el 9 de agosto de 2005, el Ministerio Público consignó a Bernardo y su hermano Isidro por el homicidio. En septiembre de 2007 declararon 14 testigos y se dictaron órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, pero hasta la fecha Bernardo no ha sido juzgado, mientras que Isidro sí, pero el 5 de febrero del año pasado apeló la decisión del juez y fue absuelto por “no acreditarse el cuerpo del delito”. Está libre. Por eso, el 5 de octubre de 2010 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las irregularidades del caso y la impunidad imperante. La queja está en curso. De igual forma, ante los datos oficiales de que en el Estado de México se cometieron 922 homicidios dolosos entre enero de 2005 y agosto de 2010, la CMDPDH y el OCNF solicitaron que el gobierno federal emitiera una alerta de género, pero a decir de Sergio Méndez, integrante de la primera organización, su petición fue desechada por motivos políticos. En entrevista, Méndez explica que desde 2006, todavía en los inicios del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, se encendieron los focos rojos por el aumento de los feminicidios en la entidad. En febrero de ese año, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR) reportaba 379 de esos crímenes en Toluca, lo que situó a la capital mexiquense en primer lugar en feminicidios, aun por encima de Ciudad Juárez, Chihuahua. Menciona que 119 de esos asesinatos tienen un patrón de venganzas personales, riñas, pandillerismo, prostitución, farmacodependencia y tráfico de drogas; alrededor de 106 están vinculados con la violencia intrafamiliar –que según la PGR es la segunda causa-origen de los feminicidios en Ciudad Juárez– y 78 con ataques sexuales. En otros 76 casos no se determinó el móvil del crimen. El reporte de la PGR indica que 125 mujeres fueron asesinadas por alguien de su círculo familiar o afectivo; y en el caso de quienes fueron violadas se argumenta que vivían en zonas marginadas, que son ambientes “altamente criminógenos”. En abril de 2006 se reportaron siete homicidios en los límites de los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. En ese entonces, el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI) informó que, según sus estudios, en Toluca se cometían 12.2 homicidios dolosos por cada 100 mil mujeres y en Naucalpan 7.3, mientras que en Ciudad Juárez la media era de 4.3. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), entonces encabezada por Abel Villicaña Estrada, pretendió desvirtuar los datos con el argumento de que las cifras de las ONG se basan en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que contabiliza por igual los homicidios dolosos que los culposos, lo que hace crecer desproporcionadamente la tasa. La dependencia estatal reconocía en ese momento 0.76 homicidios dolosos por cada 100 mujeres. Sin embargo, un estudio elaborado por la Cámara de Diputados confirmó que entre 2006 y 2007 el Estado de México fue la entidad con más crímenes contra mujeres: 299; lo siguieron el Distrito Federal (244), Michoacán (202), Guerrero (120), Veracruz (135), Jalisco (119) Puebla (109), Baja California (105), y el resto con menos de 100, incluyendo a Chihuahua (84). En 2009 las tendencias cambiaron. La PGJEM reveló que de enero a agosto de ese año alrededor de 75 menores de edad habían sido asesinadas y que hasta el día 4 de este último mes se reportaron 108 homicidios dolosos de mujeres. Así, la cifra de feminicidios en lo que iba del sexenio se elevaba a 664, la mayoría cometidos en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Atizapán, Valle de Chalco y Toluca. Así lo confirmó, en un reporte de noviembre de ese año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México: desde 2005, cuando se inició el gobierno de Peña Nieto, hasta el 14 de agosto de 2009, 644 mujeres fueron asesinadas en forma violenta. Fueron torturadas y violadas. El 54% de esos crímenes se concentró en 10 de los 125 municipios del estado. Un reporte de la CMDPDH señala que de los 922 casos registrados entre 2006 y el año pasado, 303 mujeres fallecieron por disparo de arma de fuego; el resto por traumatismos craneoencefálicos, heridas punzocortantes y asfixia: “Es decir, seis de cada 10 mujeres asesinadas en el Estado de México fueron victimadas en actos con un alto grado de violencia”. Durante la inauguración del foro Análisis de la situación del feminicidio en el Estado de México, el 25 de mayo pasado, la representante de la organización Visión Mundial México Asociación Civil, Verónica Abreu Rivera, informó que hasta esa fecha se tenía registradas a más de 1 millón 700 mil mujeres que padecían violencia en su ámbito privado, de las cuales cerca de 200 son asesinadas cada año. De acuerdo con el mencionado reporte de la CMDPDH, 551 de los cadáveres de mujeres fueron encontrados en lugares públicos, como centros comerciales, hoteles, calles, avenidas, carreteras y caminos vecinales, mientras que 334 se localizaron en casas. “El OCNF ha constatado que existe una relación directa entre el lugar y la forma en que fueron encontrados los cuerpos de las víctimas. Cuando éstas son localizadas en lugares públicos se observan actos de violencia, como la vejación, mutilación, tortura, putrefacción, desnudez, quemaduras o partes del cuerpo cercenadas”, se indica en el documento. En 56.72% de estos crímenes, las autoridades no han identificado al homicida. Sólo en 35.47% de los casos se sabe quién cometió el crimen, porque se trata de un conocido, ya sea pareja, familiar o vecino. El 46% de estas víctimas tenía entre 11 y 30 años. Además, desconocen la identidad de 99 de las 992 mujeres asesinadas en el periodo mencionado. “Si bien 43% de las mujeres asesinadas son originarias del Estado de México, 27% son originarias de otra entidad o país y el 30% restante corresponde a mujeres de las que se desconoce su lugar de origen”, destaca el informe. En el reporte se dice también que en la mayoría de esos crímenes registrados por la PGJEM se inició una averiguación previa, pero sólo en 42% de ellos se logró hacer una consignación. Aunque internacionalmente a los homicidios dolosos contra mujeres se les conoce como feminicidios, en el Estado de México este delito se tipificó como tal apenas en marzo pasado, con penas que van de los 40 a los 70 años de prisión.   Alerta de género, ignorada   En diciembre de 2010, el OCNF y la CMDPDH solicitaron al gobierno de Peña Nieto que declarara una alerta de género por los alarmantes niveles de violencia contra las mujeres en territorio mexiquense. La petición se basó en datos de la PGJEM, que reportó 4 mil 773 denuncias por violación en sólo año y medio, así como 922 homicidios dolosos contra las mujeres entre enero de 2005 y agosto de 2010. Sin embargo, en enero de 2011 el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), declaró improcedente la solicitud. A decir del director de la CMDPDH, Sergio Méndez, dicha resolución es anticonstitucional porque se basó en criterios políticos, no jurídicos: “Los argumentos versaron en que era un ataque a Peña Nieto porque era muy popular, que nosotros estábamos manipulados por quién sabe quién”. En febrero de 2011, esa organización y el OCNF solicitaron un amparo directo ante el Juzgado Noveno en Materia Administrativa del Distrito Federal contra la resolución infundada y por “la inconstitucionalidad del reglamento decretado por el Ejecutivo, en el sentido de que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia… debe resolver este tipo de quejas, cuando en el pasado eran resueltas por la Secretaría de Gobernación. “Lo que hizo el presidente de la República –destaca Méndez– es quitar los derechos mediante la adopción de un reglamento que entorpece el procedimiento. Un reglamento inconstitucional que otorga competencia y facultades de intervención a autoridades que no tenían por qué interponerse, porque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no lo permite. Entonces, en términos del reglamento, contrario a lo que dispone la ley, Gobernación queda como mero vocero de la decisión del colectivo. Con eso Calderón se quita la carga de asumir un costo político de la alerta de género”. El tema sigue a debate en el Poder Judicial de la Federación. Para la abogada Anayeli Pérez Garrido, también integrante de la organización, con esta resolución los gobiernos federal y mexiquense colocaron a las mujeres en estado de indefensión y las convirtieron prácticamente en “desechables”. Califica de “discriminatorias” las declaraciones del procurador mexiquense, Alfredo Castillo, ya que, sin haber investigado a fondo caso por caso, “Castillo concluye que la violencia feminicida en el Estado de México se debe principalmente a la violencia intrafamiliar, y eso se refuerza con declaraciones de otros funcionarios públicos que dicen lo mismo: que la mayoría de los casos son cometidos por la pareja de la víctima. Pero es erróneo”. Recuerda que en 57% de los casos la PGJEM desconoce quién es el agresor y en 35% se sabe que fue la pareja o expareja sentimental de la víctima. “Es un aproximado, pero llegan a esa conclusión por cifras parciales”, matiza. La intención de declarar la alerta de género es por ese 57% de homicidios sin resolver, dice Pérez Garrido, y cuestiona la falta de información de las autoridades, que no documentan los feminicidios ni siquiera para contar con estadísticas. “Las autoridades dicen que asesinan a mujeres por su falta de valores, por ser alcohólicas, por laborar en actividades de alto riesgo como ser prostitutas o meseras, por maltrato infantil... Hacen una lista con eventuales causas catalogadas por estereotipos fuera de la realidad y de sus propias cifras. Sus conclusiones son absurdas y evidencian que no les importa la problemática”, denuncia. Si se comparan los feminicidios con los asesinatos de varones, dice, se encuentra que a las mujeres las asesinan por cuestiones de género, no por involucrarse en riñas, asaltos u otros delitos: “En los casos que se documentan se evidencia el maltrato, el odio hacia la mujer, porque no sólo fue asesinada: previamente la violaron, la torturaron, la mutilaron. Esa saña refleja el odio y la misoginia que caracterizan al feminicidio. El uso excesivo de la fuerza es la causa de la muerte. No es homicidio doloso, es feminicidio por la forma en que las asesinan, además de la connotación sexual que presenta un alto porcentaje de casos”. La litigante comenta que con sus conclusiones los funcionarios mexiquenses están mandando el mensaje de que las mujeres son asesinadas porque “están metidas en malos pasos, usan minifalda o salen a altas horas de la noche. Se las culpabiliza de su propia muerte”. Como ejemplo, narra el caso de una joven cuyo cuerpo fue hallado en un paradero de Izcalli. El esposo y la madre de la víctima interpusieron la denuncia en la dependencia encargada de investigar los feminicidios en ese municipio, pero la línea de investigación consistió en cuestionar qué hacía la muchacha en ese paradero a las cinco de la mañana, y con minifalda. “Concluyeron que fue el sancho”, dice la litigante, indignada. El pasado 13 de junio el Inmujeres lanzó su campaña “Ya basta de violencia contra las mujeres”. En ella se informa que en México una mujer es agredida cada 15 segundos; una es violentada sexualmente cada nueve minutos, y en uno de cada tres hogares son víctimas de maltrato emocional, intimidación, abuso físico y sexual. La dependencia federal señala que diariamente seis mujeres mueren violentamente, 4% de ellas en su propio hogar, y que 85% de los casos de agresión denunciados en el país quedan impunes.