Las barras bravas argentinas se han convertido en mafias que ejercen la violencia contra aficionados de equipos rivales y extorsionan a vendedores, árbitros, jugadores, técnicos y directivos de los equipos que dicen apoyar. Más aún, cobran comisiones por el traspaso de futbolistas y sirven como guardias de seguridad, fuerzas de choque y captadores de votos en zonas humildes. De hecho sus acciones violentas son una amenaza para la Copa América, que dio inicio el viernes 1 en Argentina.   BUENOS AIRES (Proceso).- Las violentas porras o ‘barras bravas’ argentinas gozan de impunidad y poder. Obtienen prebendas de los clubes a los que apoyan y al mismo tiempo amenazan y extorsionan a directivos, jugadores, técnicos, árbitros, vendedores ambulantes de las tribunas y aficionados. Lo volvieron a poner de manifiesto el pasado 26 de junio, cinco días antes del inicio de la Copa América en Argentina, cuando el River Plate, el equipo con más campeonatos nacionales (33), perdió ante el Belgrano de Córdoba y, por primera vez en sus 110 años de historia, se fue de la primera división. Cuando faltaba un minuto para el final del partido el árbitro se vio obligado a detener el juego debido a los incidentes que Los Borrachos del Tablón, la mayor barra del River Plate, protagonizaban en las gradas del estadio Monumental, sede de la final de la Copa América. Cuatro minutos después de detener el partido, el árbitro lo suspendió y salió corriendo de la cancha. Los disturbios se extendieron a la calle, donde cientos de aficionados furiosos con su equipo se enfrentaron con la policía, agredieron a periodistas, destruyeron algunas áreas del estadio y destrozaron vehículos y negocios de los alrededores. El saldo: más de 70 heridos, 25 de ellos policías. Algunos aficionados hasta intentaron entrar a los vestidores para agredir a los jugadores por no haber sido capaces de salvar a “su equipo” del descenso; la policía lo impidió. Una semana antes, en el partido de ida celebrado en Córdoba, las fuerzas de seguridad no evitaron que durante el segundo tiempo un pequeño grupo de aficionados de River abriera un agujero en la valla de seguridad, saltara a la cancha para acosar a los futbolistas de su equipo –e incluso agredir levemente a un par de ellos– que perdía 2-0... y se fuera tranquilamente. Tampoco impidieron que durante el descanso del partido de vuelta otro grupo llegara hasta el vestidor del árbitro y lo amenazara: “Si no nos cobrás un penal, no salís vivo”. El silbante, Sergio Pezzotta, marcó el penal a los 22 minutos del segundo tiempo después de una jugada dudosa. No sirvió de nada: el arquero de Belgrano, Juan Carlos Olave, lo detuvo.   Concesiones   Al principio el barrabrava era “un tipo que iba a la cancha con su grupo, pedía entradas a los directivos de futbol para ir a los partidos, pero no exigía más que eso”, explica a Proceso el periodista argentino Gustavo Veiga, que ha investigado el fenómeno de las porras y ha publicado sus resultados en ensayos y libros como Donde manda la patota. Barras bravas, poder y política. “Los dirigentes –continúa–, en el entendido de que los hinchas iban a los estadios para alentar y era bueno para el equipo, les comenzaron a dar boletos. Pero una vez que se metían, no volvían a salir.” Con ese apoyo inicial de los clubes, esos grupos comenzaron a crecer y pronto no les pareció suficiente que les regalaran entradas y les pusieran microbuses para ir a los partidos que su equipo tenía como visitante. El siguiente paso fue extorsionar a futbolistas y técnicos. Les pidieron dinero a cambio de su apoyo desde las tribunas. Los directivos de los clubes que habían alimentado a esos personajes con boletos de entrada comenzaron a verse intimidados e intentaron pactar con ellos otorgándoles más prebendas. Los días de partido son los amos: en las tribunas imponen su voluntad, a golpes si es necesario; cobran incluso un “peaje” a los vendedores de refrescos y hamburguesas. En los alrededores del estadio sacan una buena tajada con el cobro por el estacionamiento en vía pública. Algunos clubes, como el Independiente, los tienen contratados como miembros del equipo de seguridad en los estadios. Esto explicaría hechos como las amenazas al árbitro del partido River Plate-Belgrano, según la asociación Salvemos al Futbol (SF), que nació hace tres años para denunciar la corrupción en este deporte y la violencia de los barrabravas. Cuando los clubes contratan el servicio de seguridad privada no lo hacen con una empresa desconocida, a veces contratan a los mismos aficionados. Entonces “esa gente” es la que permite a sus compañeros de barra ingresar a los vestidores para realizar “aprietes” (amenazas) y moverse libremente por el estadio, denuncia Mónica Nizzardo, presidenta de SF. Hay clubes, agrega, que hasta les permiten manejar parte de su mercadotecnia. En entrevista con este semanario, Raúl Gámez, expresidente del Vélez Sarsfield, admite la responsabilidad de los directivos en el crecimiento de las barras bravas y reconoce que él también cometió el error de negociar con ellas cuando estuvo al frente de este equipo de Buenos Aires, actual campeón argentino: “La violencia era algo que me tenía muy preocupado e hice algo que no tenía que haber hecho: pacté con los hinchas. Les daba ventajas y les ponía límites, como el de no permitirles extorsionar a los jugadores”. Añade: “No me fue mal, pero con el tiempo, cuando ya dejé de ser dirigente, me di cuenta de que si nosotros les dábamos 200 entradas a los que manejaban la barra, ellos tenían 200 soldados que respondían a sus decisiones. Cada vez les dábamos más poder. Ahora están indomables, insostenibles. Y estamos en una situación de desprotección total”.   Pacto de silencio   A partir de los ochenta, las barras empezaron a “tener otros negocios relacionados con la venta de los futbolistas” a otros equipos, de los que se llevan un porcentaje, relata Veiga. “No sólo futbolistas de divisiones juveniles, sino de equipos profesionales”, añade. La presidenta de SF cuenta el caso de un jugador de las categorías inferiores, del Newell’s Old Boys, de Rosario, que iba a firmar su primer contrato con el club y la barra le pidió una comisión. La madre del muchacho denunció el hecho. “Este chico se fue del Newell’s y no entró en ningún otro club. Está jugando en el Argentino C”, cuenta Nizzardo, quien sostiene que existe un pacto de silencio que impide a su organización interponer demandas ante la justicia. Ni siquiera los directivos “se animan a denunciar esta práctica por miedo o porque son parte del negocio”, acusa. La diversificación mercantil de las porras no se detiene ahí. También aprovechan su poder de atemorizar para hacer negocios turbios con políticos y sindicatos, para los que actúan como guardias de seguridad, como captadores del voto en las zonas humildes, para hacer bulto en manifestaciones o incluso como fuerzas de choque. Veiga ha documentado además otros “nichos de negocio” de las barras bravas, como la venta de entrevistas a medios de comunicación o de “espacios publicitarios” en sus mantas de las tribunas. Por ello, niega atribuirle a los barrabravas el apelativo de hinchas: “El hincha o el socio pone dinero, paga su cuota, paga su entrada y no se vale del club. Ellos hacen todo lo contrario, viven a expensas del club”. Nizzardo los califica así: “Son delincuentes que usan los clubes de futbol como oficina de gestión de sus negocios”. Esto ha provocado que en los últimos tiempos los choques ya no sólo sean entre aficionados de distintos equipos, sino entre los de un mismo club que luchan por la hegemonía dentro del mismo. “Antes –explica Nizzardo– la violencia en el futbol argentino tenía que ver con el color de la camiseta, con la pasión y con lo que el folclore de este deporte provocaba. Ahora no, ahora están en problemas dentro de la misma hinchada y por negocios”. A pesar de todo, el barrabrava tiene un estatus e incluso un reconocimiento por parte del público. “Los periodistas los hacen famosos, los niños de los clubes les piden autógrafos, van acompañados por los jugadores a visitar enfermos... Es toda una organización que creció tanto que nos superaron”, lamenta Raúl Gámez. Nizzardo recuerda un hecho ilustrativo: Martín Palermo, estrella del Boca Juniors, visitó el 11 de abril de 2007 en la cárcel a Rafael di Zeo, quien fue líder de La Doce, la principal porra del Boca Juniors. Di Zeo fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión por un ataque contra la fanaticada rival. “Es aberrante”, opina Nizzardo.   Complicidad oficial   Según SF, desde 1924 la violencia generada por estos grupos ha provocado en Argentina alrededor de 250 muertos, 130 de ellos en las tres últimas décadas. En lo que va de 2011 ya hubo dos víctimas mortales y tres partidos de la primera división suspendidos por esta causa. Los desmanes que generan parecen ir en aumento y es habitual que los enfrentamientos que protagonizan sean a tiros. Los entrevistados atribuyen parte de la culpa de este problema al presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Julio Grondona, quien la dirige desde 1979 y “nunca se preocupó por la violencia”, señala Gámez. Grondona es, afirma, el “culpable máximo”. “La AFA es otra parte del problema y no de la solución. Tenemos un presidente desde hace 32 años puesto por la dictadura (militar)”, coincide Nizzardo. La amenaza que representan estos grupos de porristas violentos se cierne también sobre la presente Copa América. El pasado 24 de mayo unos 300 miembros de Hinchadas Unidas Argentinas (HUA) se manifestaron frente a la sede de la AFA para exigir boletos para los partidos de la Copa América y que se les reconozca como la porra oficial de la selección en esta competencia. La HUA reúne a las barras de 11 equipos de primera y segunda división. Nació poco antes del Mundial de Sudáfrica con el patrocinio de Marcelo Mallo, un compañero de militancia del jefe del gabinete argentino, Aníbal Fernández. Cuando se fundó, esta organización se declaró abiertamente simpatizante de Néstor Kirchner (fallecido meses después, en octubre de 2010) y en las mantas que desplegaban en los estadios exhibían un pingüino (el símbolo del marido y antecesor de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner) y las siglas “KV”, que significan “Kirchner Vuelve”. Más de 200 de sus miembros viajaron al país africano auspiciados por el kirchnerismo, según afirman partidos de oposición y organizaciones como SF. Pese a que algunos de ellos tenían prohibido salir del país por tener causas pendientes con la justicia, no tuvieron ningún problema en dejar Argentina y una decena fueron rechazados por las autoridades sudafricanas. A este hecho bochornoso para el gobierno argentino le siguió otro mayor: murió un aficionado de la albiceleste durante el Mundial en Sudáfrica. Se trató de Luis Forlenza, un aficionado del Boca Juniors. Murió de un infarto tras el partido en el que Argentina cayó eliminada ante Alemania en cuartos de final. Su muerte se atribuyó oficialmente a un intento de robo. Pero la prensa argentina destapó que en realidad fue agredido por barrabravas de HUA. Ante esta situación, el gobierno se desentendió de la HUA. Durante casi un año pareció que estaba neutralizada. Pero su reciente reaparición ante el edificio de la AFA arrojó dudas sobre sus intenciones en la Copa América. “Hay peligro. Nos preocupa muchísimo”, advierte Nizzardo. La agresividad de los barrabravas ya dejó un antecedente fatal en la historia de la Copa América. En 1995, en Uruguay, hinchas argentinos atacaron a puñaladas a aficionados de equipos rivales de su propio país a la salida de un partido entre su selección y la de Chile. El saldo fue de tres heridos graves y un muerto: Daniel García, de 19 años. Desesperada por la lentitud de las investigaciones judiciales y el desinterés de las autoridades, incluida la AFA, la madre de García, Liliana Suárez, se unió con otros familiares de víctimas de la violencia en las canchas “ante tanta indiferencia e impunidad”, para formar la asociación Familiares de Víctimas por la Violencia en el Futbol Argentino (Favifa). A pesar de que testigos identificaron a algunos sospechosos del crimen, éste prescribió el año pasado sin que nadie respondiera ante la justicia. Suárez lo atribuye a que estaban apadrinados por un polémico político de su país ya fallecido: Juan Carlos Rousselot, alcalde del municipio de Morón (conurbado de Buenos Aires), quien los tenía contratados como empleados municipales a cambio de trabajar como guardias de seguridad o, llegado el caso, grupos de choque. Aunque este caso estuvo a cargo de tribunales uruguayos, los entrevistados sostienen que la lentitud y la ineficiencia en las investigaciones por muertes en el futbol son moneda común en Argentina. “La justicia en muchos de los casos es cómplice, porque lamentablemente no avanzan en las causas”, dice a Proceso la responsable de Favifa. Las cifras le dan la razón: un porcentaje mínimo de los casos termina en condenas. SF ha contabilizado 13 en los últimos 30 años (apenas 10%) y en otras 16 muertes tiene constancia de que se procesó a los presuntos responsables, pero nunca se supo cómo terminaron esas causas judiciales. Ante este panorama, el grave problema de la violencia en el futbol argentino no tiene visos de solución en el corto o mediano plazos. Por el contrario, el fenómeno de las barras bravas está en pleno auge y sus negocios van viento en popa. “Esto no mermó. Al contrario. Veo que va avanzando a pasos agigantados”, asegura Suárez.