Cobijados en el prestigio de una institución educativa de gran tradición, así como en la permisividad y apatía del gobierno estatal, los directivos del Colegio Alemán Humboldt de Puebla son señalados por padres de familia como déspotas, prepotentes y autores de fraudes y desfalcos en complicidad con ejecutivos de la automotriz Volkswagen
PUEBLA, Pue. (Proceso).- Dos altos ejecutivos de Volkswagen México están implicados en una denuncia que presentaron padres de familia contra la directiva del Colegio Alemán Humboldt de Puebla, por el robo de 24 millones de pesos de un fideicomiso creado para garantizar la educación de alumnos que pudieran quedar en orfandad.
En abril de este año, representantes de la Asociación de Padres de Familia de esa institución presentaron una demanda –con el número 526/11– ante el Juzgado Quinto de lo Civil contra BBVA Bancomer, integrantes de anteriores agrupaciones de padres de familia y directivos del colegio.
Entre los acusados se menciona a Eric Merckel Reyes, director general de Volkswagen Camiones y Autobuses, y a Barbara Karig, esposa del director de Relaciones Corporativas y Estratégicas de la automotriz. En la denuncia también aparece el nombre de Thomas Karig, vicepresidente del consejo directivo de la institución educativa.
El colegio tiene amplias ligas con la planta Volkswagen que opera en esta ciudad, pues 30% de sus alumnos son hijos de ejecutivos de esa empresa. A nivel gerencial, especialmente para los directivos alemanes, el pago de colegiaturas en el Humboldt está incluido entre sus prestaciones y la escuela está certificada para que los estudios que imparte sean válidos en Alemania.
Ésta no sería la primera vez que altos directivos de VW son acusados de actos de corrupción. En 2005, ejecutivos de esa empresa fueron investigados por pedir dinero a proveedores a cambio de otorgarles contratos. También se les acusó de pagar vacaciones en Brasil –con viajes en jets privados y en compañía de prostitutas de lujo– a integrantes del consejo de la automotriz.
En Puebla la Asociación de Padres de Familia exige que la directiva de la escuela les reintegre 24 millones de pesos, más intereses, que formaban parte de un fideicomiso creado en 1992 para garantizar la continuidad de los estudios de alumnos que pudieran quedar huérfanos. Ese fideicomiso fue finiquitado en 2005 sin la autorización mayoritaria de los padres de familia. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la edición 1820 de la revista Proceso, ya en circulación)