El IFAI detalla la compra de arte del INBA

viernes, 2 de septiembre de 2011
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En 2010 el Instituto Nacional de Bellas Artes erogó 100 millones de pesos en la adquisición de obras artísticas para aumentar los acervos de los museos de Arte Moderno, Nacional de Arte y Rufino Tamayo básicamente. La crítica de arte de Proceso, Blanca González Rosas, ha cuestionado los criterios y solicitado desde entonces la información detallada, sin conseguirlo hasta hace unos días, gracias al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). El documento de respuesta está sintetizado por ella en este artículo, que la hace preguntarse: “¿Quiénes son los beneficiados de esa compra-venta?” Después de ocho meses y gracias a la intervención del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), los funcionarios del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) se vieron en la obligación de hacer pública la información sobre algunos aspectos relacionados con los cien millones de pesos que gastaron, en 2010, para comprar obras de arte. Solicitados desde el 6 de enero del año en curso, los nombres de los vendedores fueron entregados por el IFAI el pasado 5 de agosto, a raíz de un recurso de revisión interpuesto por esta columnista el 14 de marzo de 2011 (Recurso 1555/11). Un lapso de ocho meses que no fue suficiente para que el INBA transparentara, de manera completa y satisfactoria, el total de la información. Además de la ausencia del desglose en los precios, faltaron los argumentos que sustentaron y justificaron la selección de obras, los avalúos pagados y la elección de los vendedores. Asignada al ponente Ángel Trinidad Zaldívar, la resolución derivó en un interesante documento del IFAI, donde se describe y analiza desde el fundamento legal del INBA hasta los aspectos formales que contextualizaron el procedimiento de la compra. Por su contenido y resolución de hacer públicos los datos relacionados con el mercado del arte, el documento es importante porque incide en dos territorios muy opacos: el del mercado del arte mismo, y la relación del INBA y sus museos con los protagonistas de este mercado. Carente de políticas y normativas que regulen las relaciones comerciales entre la iniciativa privada y la gestión gubernamental de las artes visuales, la erogación de 100 millones de pesos del presupuesto público se convierte en una de las decisiones mas irresponsables de la administración de Consuelo Sáizar al frente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de Teresa Vicencio en la dirección del INBA y, muy especialmente, de la diputada panista Kenia López quien, como presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, apoyó e impulsó el destino de los recursos. Con base tanto en lo que se informa como en lo que se omite en la resolución, se hace evidente que la compra, al carecer de criterios que la sustenten y justifiquen, resulta dispendiosa, dispareja, arbitraria y oscura. Demasiado sesgada hacia los Museos de Arte Moderno (MAM) y Nacional de Arte (Munal), abierta a la repetición de vendedores que fueron favorecidos en 2008 –Galerías Enrique Guerrero y López Quiroga– y con la compra de firmas que fueron expuestas, apuntaladas y promovidas por el propio instituto –Friedeberg, Herrán, Margolles–, la adquisición realizada bajo el procedimiento de adjudicación directa, exige que se den a conocer, como dicta la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los argumentos que sustentaron la elección de obras, asignación de precios y selección de vendedores. Por ejemplo: las compras ¿se basaron en un diagnóstico del estado y uso de las 59 mil 466 obras que conforman la colección del INBA?, ¿se tomó en cuenta que el 41.38% no se exhibe?, ¿se realizaron análisis del valor y pertinencia artística de las piezas? Un retrato como el que le hizo Diego Rivera a Emma Hurtado en 1946 no enriquece una colección institucional aun cuando su costo sea de 7 millones 700 mil pesos; tampoco lo hace el Paisaje urbano que pintó Frida Kahlo en 1925 y que le costó al INBA 10 millones 500 mil pesos; y tampoco el boleto de avión dibujado de Gabriel Orozco (2010) con una poética repetitiva que lo caracterizó muchos años atrás. Centrada en la cantidad y no en la calidad, la adquisición optó por varios “lotes” de obras que oscilan entre las 1505 piezas del Fondo Gráfico Pérez Escamilla –obtenido por 7 millones 207 mil 200 pesos–, hasta las 15 fotografías de Armando Salas Portugal que le costaron al erario 359 mil 744 pesos. ¿Es adecuado que una institución especializada obtenga lotes en lugar de seleccionar obras específicas para la colección? El Comité o Consejo para la Adquisición de Obras con Valor Artístico y Bienes Relacionados –integrado entre otras por Saízar y Vicencio–, ¿puede asegurar que tienen una gran calidad: las 90 obras de José Guadalupe Posada obtenidas por 250 mil pesos y las 307 de Julio Castellanos que costaron un millón de pesos? Entre tantos papeles que requieren de una atención profesional de conservación, ¿quién salió ganando, la ciudadanía o los vendedores? Consentidos notoriamente por el Comité y el Consejo Asesor formado por los investigadores Renato González Mello, Jaime Cuadriello, Estela Duarte y Ana Garduño, el Munal y el MAM obtuvieron mucho más de lo que solicitaron. En el primer caso, su director Miguel Fernández Félix, propuso únicamente dos pinturas –de Rosendo Salazar, de 1932, parte del Fondo Escamilla, y un Francisco de la Torre de 1910 de un millón 462 mil pesos–, pero además la entonces Coordinadora de Artes Plásticas, Magdalena Zavala, le recomendó que el Fondo Pérez Escamilla se integrara al museo. A cambio, no sólo recibió lo solicitado, sino también: una pintura de Saturnino Herrán de 4 millones 928 mil, el Paisaje urbano de Frida de 10 millones 500 mil, dos piezas de Lola Cueto de un lote de cuatro que compartió con el MAM, una alegoría anónima e insignificante de 3 millones 900 mil, un lote de 58 dibujos vinculados con Best Maugard –un millón 500 mil–, cuatro pinturas de castas compradas al anticuario Agustín Cristóbal Ruiz por 3 millones 644 mil 256, y un paisaje de Diego Rivera perteneciente a un lote de 6 millones 1 mil 220. El MAM fue aún más beneficiado ya que, aún cuando su director Osvaldo Sánchez solicitó únicamente tres lienzos –dos de Gunther Gerzso y un Wolfgang Paalen, ambos aproximadamente por 14 mil 660 millones de pesos– y 88 piezas fotográficas de 4 millones, al final consiguió, entre otras, cuatro obras de Diego Rivera, dos de Frida, dos de Gerzso –estas últimas compradas respectivamente a Mariana Pérez Amor y a su Galería de Arte Mexicano–, tres de O’Higgins, alrededor de 96 fotografías entre las que se cuentan cinco de Gabriel Orozco y dos de Teresa Margolles, una pieza de Vargas Lugo y varias de Enrique Guzmán. En total, una sorprendente suma de más de 50 millones de pesos con obras realizadas entre 1914 y 2010. Un rango temporal que, al coincidir con el de la vocación del Munal y del mismo Museo Rufino Tamayo de Arte Contemporáneo, permite la repetición de autores para los tres recintos. ¿Por qué favorecieron tanto a estos dos museos?, ¿hay alguna relación entre las épocas que investigan los miembros del Consejo Asesor y las piezas adquiridas? Al respecto debe evaluarse la pertinencia de haber invitado a Estela Duarte, encargada en el Munal de los vínculos con los coleccionistas, a participar en la toma de decisiones. ¿No podría existir conflicto de intereses? Y por último, los vendedores. Los más beneficiados de los 100 millones que donó la ciudadanía. Un conjunto de personas vinculadas con el arte moderno y contemporáneo que, sean o no comerciantes, forman parte de la cadena del mercado del arte. Asignados sin una licitación pública –porque el arte está exento de este tipo de procedimientos–, el Comité y el Consejo tienen la obligación de transparentar los criterios de selección, valuación y venta de la adjudicación directa. En este contexto, también debe transparentarse el procedimiento utilizado para la valuación de las piezas. Surge la pregunta: ¿tiene el INBA facultades legales y profesionales capaces de valorar comercialmente obras de arte? Un aspecto relevante ya que, al proteger el anonimato de los vendedores, el INBA se hizo cómplice de la opacidad que existe en el mercado del arte. Instruidos por el Pleno del IFAI para que hicieran públicos los nombres, los funcionarios integraron la lista en la “Resolución del Recurso” impuesto por quien esto escribe –mismo que se adjudicó, erróneamente, el periodista del periódico Excélsior, Luis Carlos Sánchez, el pasado lunes 22–. En el listado que se puede consultar con el número de expediente 1555/11 se encuentran, además de los ya mencionados, las galerías Labor, Kurimanzutto y Juan Martín; familiares de coleccionistas y artistas como Juan Ricardo Pérez Escamilla, José Andrés Herrán, Carlos Amero, Mireya Gutiérrez Cueto, Cristina Kahlo, Juan Hurtado y Patricia Gamboa; y la Editorial Talamontes, que vendió un dibujo de Frida Kahlo –El ojo avisor, de 1934–, atribuido en la dirección electrónica http://www.fridakahlofans.com/drawingsketch03.htm a la colección de Juan Coronel Rivera. En lo concerniente al arte contemporáneo, la información de los argumentos de decisión y venta es también relevante ya que, además de reportarse una compra realizada a la galería neoyorquina Casey Kaplan por más de dos millones de pesos para beneficiar al Museo Tamayo con una obra de Simon Starling, sorprende la selección adquirida tanto con la Enrique Guerrero como con la Galería Labor. ¿Quién o quiénes fueron los responsables de esa decisión?, ¿es pertinente adquirir fotografías noventeras de Gabriel Orozco en lugar de buscar una obra fuerte, aunque sea más cara?, ¿es adecuado comprar piezas de Teresa Margolles cuando el mismo INBA patrocinó su puesta en valor durante la Bienal de Venecia 2009? Si la vocación del Tamayo es internacional, ¿por qué recibió, al igual que el MAM, piezas de Margolles y Orozco? Y en relación conVargas Lugo, ¿no hubiera sido más apropiado adquirir una obra con alguna de sus emblemáticas poéticas en papel? Opaca, confusa y sin argumentos que la sustenten, la compra, aún después de la información otorgada por instrucción del IFAI, sigue percibiéndose como un despilfarro arbitrario que requiere sustentarse. Desprotegidos por la ignorancia e incapacidad de los diputados que conforman la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, los ciudadanos no tenemos más recursos que interponer recursos ante el IFAI.

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