El auge de las máquinas tragamonedas en los casinos genera peligros más allá de la ludopatía. Sin normatividad específica y ante la incapacidad de la autoridad para vigilar esa modalidad de juegos de azar, los gigantes mundiales del ramo se apoderan del enorme mercado que el actual gobierno federal abrió, forzando una interpretación ambigua de la ley Las máquinas tragamonedas han proliferado en todo el país en los últimos cuatro años, al grado que la propia industria calcula que además de las 90 mil “tragaperras” –como les dicen en España– instaladas en los cerca de 300 centros de apuestas que operan con permiso de la Secretaría de Gobernación, existen entre 70 mil y 75 mil más que funcionan de manera clandestina afuera de escuelas, en tiendas de abarrotes, farmacias, kioscos y pequeñas fondas, conocidas todas como “casinos callejeros”. El nivel de ganancias de cada una de estas máquinas puede ser de entre 5 mil y 10 mil dólares al mes, dependiendo del tipo de juego, de la afluencia de personas a los casinos y de la calidad del slot (nombre en inglés de esos aparatos). Las autoridades de la Secretaría de Gobernación se hacen de la vista gorda a pesar de que la Ley de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947, sanciona en su artículo octavo que se efectúen “juegos prohibidos o juegos con apuestas y sorteos que no cuenten con la autorización legal” y en el artículo noveno establece que “ningún lugar en que se practiquen juegos con apuestas, se efectúen sorteos, podrá establecerse cerca de escuelas o centros de trabajo”. El auge de estas máquinas surgió desde que el gobierno de Felipe Calderón autorizó a la mayoría de los permisionarios de centros de apuestas que instalaran slots sin realizar ninguna modificación al reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos ni establecer mecanismos de verificación o normas específicas para esta actividad. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la edición 1821 de la revista Proceso, ya en circulación)