Hace poco más de dos años Roberto y Eduardo Rocha Ferretiz fueron sacados de manera ilegal de su casa –según numerosos testigos– por militares que luego de torturarlos los presentaron como detenidos en un retén carretero y en posesión de un arma, cartuchos y una granada. Pese a que los testimonios y las pruebas periciales demuestran que los cargos contra ellos son falsos, fabricados, la justicia sigue sin mostrar la cara... uno de los hermanos continúa preso en el penal de Ciudad Victoria. MONTERREY, NL (Proceso).- El 14 de noviembre de 2009 los hermanos Eduardo y Roberto Rocha Ferretiz fueron sacados ilegal y violentamente de su casa, en Ciudad Mante, Tamaulipas, por efectivos del Ejército; la versión castrense asegura que ambos fueron detenidos un día después en un retén. Los hermanos, ahora procesados, aseguran que fueron torturados y amenazados para que se dijeran culpables de tener nexos con el crimen organizado. De acuerdo con versiones de numerosos testigos, la tarde del sábado 14 un grupo de militares allanó el domicilio de Eduardo y Roberto –dueños de una discoteca– y se los llevó, con violencia, en presencia de sus padres y de la esposa del segundo de ellos. Los uniformados no llevaban orden de cateo y robaron computadoras y dinero mientras revisaban la casa. El día siguiente los hermanos fueron presentados ante el Ministerio Público Federal, que les abrió un proceso por portación de un arma, decenas de cartuchos útiles y una granada. La acusación la hicieron tres militares, quienes dieron una versión diferente de la captura, según consta en la causa penal 60/2009 que lleva el juzgado Segundo de Distrito de Tamaulipas. El teniente Jorge Alberto Ríos Contreras y los sargentos Filomeno Jerónimo Reyes y Amado Celerino Azuara declararon que detuvieron a los hermanos Rocha el domingo 15 por la mañana después de revisarlos en un retén en las afueras de Ciudad Mante. Pese a la sentencia de cinco años que le dictaron, Eduardo ha podido enfrentar su proceso en libertad; salió con fianza pues el delito que le imputan –portación de arma de uso exclusivo del Ejército– no es grave. A Roberto, en cambio, lo acusaron de portar una granada, delito grave, por lo que lo condenaron a seis años de cárcel y desde entonces está preso en Ciudad Victoria. Durante el desahogo de pruebas del caso comenzaron a surgir inconsistencias en el procedimiento y en el dicho de los soldados. Por ejemplo, peritos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas demostraron que era imposible que en los bolsillos de las bermudas que vestía en el momento de su arresto, Eduardo llevara una pistola con siete tiros útiles y 85 cartuchos. Un tribunal federal resolvió un amparo a favor de la defensa para que fuera revocada la sentencia y se repitieran los careos. Se consideró que el juez segundo de Distrito Juan Manuel Vega Tapia violó los derechos de los procesados al no apremiar a los militares para que refutaran o contradijeran los dichos de testigos y acusados, “encauzándolos para que se enfrascaran en un verdadero debate”. Los soldados sólo han acudido a dos de los cuatro careos ordenados por el juez y se han limitado a corroborar su declaración inicial. Asimismo Roberto Rocha Rivera, padre de los acusados, asegura que incluyó en las pruebas de descargo un recibo telefónico en el que se registraron las numerosas llamadas que hizo el sábado, día del arresto, a varias instalaciones militares para conocer el paradero de sus hijos. Así, dice, se comprueba que el arresto ocurrió el sábado y no el domingo, pues no había razón para que se comunicara a los cuarteles un día antes de que sus hijos fueran detenidos. Agrega que ninguna prueba pericial pudo mostrar que el arma y la granada tuvieran las huellas dactilares de Roberto o Eduardo. El defensor de los hermanos Rocha, Rubén Sánchez Saldaña, ignora por qué detuvieron a sus defendidos, aunque conjetura que los militares se dejaron llevar por rumores que señalaban que la discoteca de los hermanos estaba controlada por criminales. Sin embargo, en la causa penal que se les sigue no se menciona a la delincuencia organizada. Considera que al no hallar pruebas los militares inventaron lo del cateo en el retén y la posesión del arma, la granada y los cartuchos, y el juez que inicialmente llevó la causa “decidió ayudarlos para no exhibir (las fallas del) sistema de justicia de México”. Entrevistado vía telefónica Roberto Rocha Ferretiz, de 31 años y preso en Ciudad Victoria, dice que siente coraje porque está injustamente recluido, y agrega: “Me gustaría que estuviera presente en el próximo careo en Victoria para que viera el nerviosismo de los militares que no se atreven a mirarlo a uno a la cara cuando uno les dice mentirosos, farsantes, levantafalsos”.   Versiones contrapuestas   En el amparo 694/2011-II concedido por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar de la Décima Región con sede en Saltillo –del que Proceso tiene copia– se consignan las versiones contradictorias. En la primera, la de los acusados y los testigos, se establece que la acción militar sucedió el sábado 14 de noviembre de 2009, aproximadamente a las 15:00 horas en la casa ubicada en Privada Margarita Maza de Juárez 1005 de la colonia Benito Juárez, en Ciudad Mante. Ahí se encontraban los esposos Roberto Rocha Rivera y Paula Ferretiz, sus hijos Eduardo y Roberto, así como la esposa de éste, Jennifer Marion Muñiz, quien vive en la misma casa. En 2009 los hermanos –que no tenían antecedentes penales– eran propietarios de la discoteca Deep en el centro de Ciudad Mante. La noche anterior a su arresto Eduardo se había desvelado, por lo que estaba dormido en una de las habitaciones de la casa. Don Roberto, su padre, estaba ausente cuando llegaron a su casa tres camionetas del Ejército con unos 20 soldados. Entre ellos venía un hombre de civil –también parecía soldado, según testigos– quien pidió hablar con el dueño de la casa. Roberto Rocha Ferretiz los recibió pero se negó a salir a la calle, como se lo ordenaron; entonces los militares entraron al domicilio y por la fuerza lo subieron a una camioneta. Paula Ferretiz, la madre, despertó a Eduardo, quien acudió a la entrada de la casa y fue también sometido y colocado boca abajo en la otra camioneta. A don Roberto, que regresaba en esos momentos, lo mantuvieron fuera del círculo de seguridad en torno a la casa. Los militares se fueron pero regresaron cinco minutos después. Don Roberto, que ya había podido entrar a su casa, fue encerrado en uno de los baños y Jennifer en una recámara. A doña Paula la obligaron a quedarse en la sala. En su declaración Jennifer Marion dijo que “la estuvieron hostigando, diciéndole que ella sabía todo y que se los dijera, que les diera todo y que la habían visto en Matamoros”. Tras la revisión la casa quedó revuelta y faltaban dos computadoras. De acuerdo con los testimonios los soldados se llevaron diversas cantidades de dinero: a doña Paula le robaron 4 mil pesos y a Eduardo 24 mil, producto de las ventas en la discoteca. Luego preguntaron por el Sentra 2001 color vino, placas XEH 5453, estacionado frente a la casa. Doña Paula dijo que era suyo, le pidieron las llaves y se lo llevaron. Además de las versiones de los familiares, durante el proceso se presentaron las de otras seis personas: Heladio Medina Medrano, Aída Balderas Ceballos, Adán Martínez Muñoz, Mayra Guadalupe Sánchez, Mario Alberto López Ramírez y Germán Roberto Mendoza López. Todos ellos –vecinos o transeúntes– vieron desde fuera de la casa algunas partes de la acción y coinciden en señalar la hora, lugar, circunstancias y protagonistas del cateo y del secuestro. Durante la tarde y noche de ese sábado don Roberto habló por teléfono a los cuarteles de Monterrey, Reynosa y Victoria y a la Secretaría de la Defensa en la Ciudad de México. Ninguna instancia conocía el paradero de sus hijos. También fue a recorrer los retenes que hay en las afueras de la ciudad, pero no pudo averiguar nada. Dice que el domingo a las 11:00 horas fue a los periódicos locales El Tiempo y El Expresso para denunciar los hechos. Del primero acudió el reportero Sergio Villanueva, y del otro, Juan Martín Esperanza. Ambos fueron a la casa de los Rocha y tomaron fotografías del desorden que dejaron los militares. Según don Roberto en los dos periódicos publicaron el lunes la nota de las detenciones. Los reporteros presentaron declaración ministerial a solicitud del juez y refirieron las condiciones y el tiempo en el que supieron del hecho, lo que contradice la versión militar. El teniente Jorge Alberto Ríos Contreras y los sargentos de infantería Filomeno Jerónimo Reyes y Amado Celerino Azuara aseguran que el domingo 15 de noviembre de 2009, aproximadamente a las 11:45 horas, en el puesto de control móvil instalado en el entronque a Quintero, en el kilómetro 10 de la carretera México-Laredo, en El Mante, le marcaron el alto a un Sentra color vino en el que viajaban Eduardo como conductor y Roberto como copiloto. Al primero lo revisó Amado Celerino “encontrándole fajada en su cintura una pistola calibre .40 con su cargador abastecido con siete cartuchos del mismo calibre; además en el bolsillo izquierdo de sus bermudas 40 cartuchos calibre .357 Magnum expansivos y en el bolsillo derecho 45 cartuchos más del mismo calibre”. Luego cateó a Roberto “hallándosele en el bolsillo superior derecho de las bermudas que vestía una granada de mano de fragmentación sin marca ni número visibles y en el bolsillo inferior derecho 40 cartuchos útiles calibre .300 Win Mag para rifle, y bajo el asiento del conductor se localizó también una mira telescópica marca Tasco”. Roberto aclara que después de tenerlos resguardados tras el arresto, a las 19:00 horas del domingo fueron llevados ante el Ministerio Público Federal. Como parte del desahogo de pruebas el director de los Servicios Periciales de la procuraduría de Tamaulipas, Carlos Guillermo Morris Garza, solicitó el examen pericial 19801 –del que este semanario tiene copia– para determinar si era posible que los hermanos llevaran en sus bermudas el armamento y los cartuchos que supuestamente les encontraron. La prueba fue desahogada el 2 de octubre de 2010 en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería, en Ciudad Victoria. Ahí una persona de características físicas similares a las de Roberto se puso las bermudas que llevaba el acusado al ser detenido y le pusieron la granada, las balas y un celular Nokia. Eduardo, quien sí acudió a la diligencia, vistió su bermudas, se fajó la pistola y se colocó los cartuchos. A los dos se les hizo caminar, sentarse, ponerse de pie y efectuar otros movimientos. Los peritos concluyeron en el dictamen fechado el 29 de octubre que Roberto sí pudo cargar, transportar y mantener las bolsas laterales de sus bermudas con los objetos señalados, con la observación de que la prenda no mantenía su posición normal “tendiendo a bajar ligeramente sin que caiga por completo”. En cambio certificaron que Eduardo no pudo moverse con los objetos que dicen que cargaba pues, según el ejercicio, al pedirle que caminara “se constató que la referida prenda cayó en su totalidad hacia el suelo, impidiéndole continuar el resto de las maniobras”. Además al colocarle a éste los cartuchos en el bolsillo derecho “algunos tendían a salir y caer al suelo por el orificio que presenta dicha prenda”. Acusados y testigos se carearon con los acusadores. En las dos primeras diligencias los militares se limitaron a decir que se apegaban a lo dicho inicialmente. En la tercera faltó el juez, por lo que la defensa decidió suspender el procedimiento y en la cuarta los militares no se presentaron. El 2 de marzo de 2011 el juez Vega Tapia dictó sentencias condenatorias. Por la portación de artefacto bélico, delito grave, y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, Roberto Rocha Ferretiz fue condenado a seis años de prisión y a pagar una multa de 6 mil 657 pesos. Eduardo recibió condena de cinco años de prisión y el pago de una multa de 3 mil 994 pesos por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y posesión de cartuchos permitidos para las mismas instituciones. Alcanzó libertad caucional porque su delito no es grave. Los sentenciados apelaron. El 4 de noviembre de 2011 el magistrado de Saltillo ordenó que volvieran a ser desahogados “los careos procesales (...) pero superando las deficiencias que aquí se han puesto en manifiesto y que orillaron a resolver que los realizados no se practicaron con apego a derecho”. Entre las deficiencias el magistrado encontró que “faltó que el juez del proceso diera lectura a las declaraciones de las personas a carearse, llamara la atención sobre los puntos a contradicción y ahora sí, dirigiera el debate a fin de encauzar éste a una real discusión sobre cada uno de los puntos sustanciales (...) Inclusive se puede afirmar que las diligencias se convirtieron en un lacónico intercambio de posiciones, dejando de lado que su motivación se encuentra precisamente en la discusión de los temas sustanciales en que no tienen puntos en comunión. Y ordenó reponer el careo.   Proceso viciado   Sánchez Saldaña observa numerosas irregularidades que han afectado a sus clientes, entre ellas la detención arbitraria sin mandamiento judicial. “La única prueba que hace que el proceso subsista es el parte informativo de los elementos militares donde dicen que los detuvieron en un retén afuera de Ciudad Mante, en actitud sospechosa, y al revisarlos les encuentran un mundo de casquillos, una granada y un pistola, algo que es inverosímil. Y los peritos que determinan que es imposible que los muchachos trajeran eso en la bolsa son de la procuraduría estatal, no pagados por nosotros”, dice. Cuando él interrogó a los militares, estos incurrieron en contradicciones: “Se niegan a responder y lo poco que responden es contradictorio. No es posible que digan ‘no me acuerdo dónde establecimos el retén, quién nos dio la orden para detenerlos’ o las características de las ropas de los muchachos. Simplemente no recuerdan el hecho”. Después de que el magistrado ordenó reponer el careo, la defensa observó que el proceso continuaría con irregularidades. “Los careos ya han sido pospuestos un par de veces . La primera (en noviembre) porque el juez no hizo acto de presencia, que es lo que siempre hemos deseado para que vea la actitud de los militares, donde es palpable su nerviosismo. Agachan la cabeza, desvían la mirada, no contestan, no hablan fuerte y esas circunstancias sería prudente que el juez las viera”. Al segundo careo programado en diciembre, dice, los militares no se presentaron. El próximo careo será el lunes 23 de enero. Para Sánchez Saldaña la forma en que ha sido llevado el caso por la justicia federal corresponde a un encubrimiento que pretende hacer de la institución militar, al no permitir que se vea que se equivocaron. Además considera extraño que sólo tres soldados acudieran a declarar, cuando en un punto de revisión hay por lo menos 20.   Torturas   En su declaración ante el Ministerio Público Federal, Roberto Rocha Ferretiz dijo que después de ser sacado de su domicilio fue llevado a una casa que ubicó en la colonia Arbustos, de Ciudad Mante. Narró que le amarraron las manos con una toalla, le preguntaron si él era el bueno y lo amenazaron de muerte; después lo tiraron al suelo y un soldado lo tomó de los pies y otros dos se arrodillaron en sus brazos para que no se levantara, al tiempo que otro le aventaba agua sobre la playera que le cubría la cara para impedirle respirar “por lo que tenía que abrir la boca”; en ese momento le echaban más agua y la misma persona que le detenía los pies le pegaba en los testículos. Esto sucedió hasta que perdió el conocimiento, y cuando volvió en sí, estaba sentado en una silla y no estaba amarrado. En entrevista con este semanario, Roberto dice que el hombre que le echaba agua durante su tortura era el mismo que, vestido de civil, comandó la acción en la que fueron secuestrados. Además se dio cuenta de que su hermano estaba en otra habitación y también lo estaban torturando. “Me preguntaban que dónde estaban las armas. Al llegar a la casa vi que tenían ahí las dos laptops que nos quitaron. Me metieron a un baño y escuché que le preguntaban a mi hermano quién era El Güero y quién El Licenciado, gente que uno escucha por rumores que son mañosos, pero no tenemos el gusto de conocerlos”, recuerda. Dice que uno de los militares desenganchó la correa del fusil y comenzó a golpear con él a su hermano, a quien tenían sentado y sin ropa. “Nos decían: ‘Van a ver pinches marranos, van a ver hijos de su pinche madre, ahora sí van a mamar, los vamos a ir a tirar, todos balaceados; es lo que se merecen, que se mueran por perros’. Nos ponían las armas en la cabeza”. Afirma que el día siguiente –el domingo– les dieron de desayunar y los llevaron a otra casa donde les tomaron fotos que al parecer subieron a una computadora. Luego los llevaron al hospital del municipio para una revisión médica, pero les advirtieron que si revelaban su condición de detenidos ante el personal médico los matarían. Después de que fueron llevados ante el Ministerio Público Federal les notificaron que Eduardo alcanzaba el beneficio de la libertad caucional y salió el martes. La noche de ese domingo Roberto fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Mante y de ahí fue enviado a Ciudad Victoria. Recuerda que cuando fueron detenidos, uno de los militares le dijo: “Eso les pasa por andar de putos; una vieja que traían ustedes les puso el dedo”. Dice que él y su hermano hicieron un recuento de antiguas novias resentidas que hubieran buscado perjudicarlos, pero no pudieron pensar en ninguna.