MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las investigaciones sobre el asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en el estado de Veracruz, están empantanadas. Durante seis meses, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) no ha dado ningún resultado, ni del responsable o responsables materiales ni de los autores intelectuales y sus causas. Ni una línea de investigación sólida. Sólo rumores, improvisaciones y acoso hacia los periodistas cercanos a la reportera asesinada la noche del 28 de abril en su domicilio, en la privada de Rodríguez Clara, en el barrio del Dique, cerca del centro de Xalapa. A pesar de la falta de resultados, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se resiste a declinar su competencia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y más aún a compartir información clave con esa fiscalía de la PGR que a petición del propio Duarte es coadyuvante en la investigación. Durante meses, la procuraduría local evitó compartir información como las huellas dactilares encontradas en el domicilio de la periodista y el dictamen de criminalística. Aun ahora, a medio año del homicidio, no ha entregado a la FEADLE la información sobre el ADN encontrado en algunos objetos manipulados momentos antes del asesinato. De la improvisación da cuenta el cambio de encargados de la investigación. Al inicio, Duarte echó mano de Marco Antonio Rodríguez Lobato, entonces fiscal a cargo de delitos electorales, quien llevó el caso sin tener experiencia en delitos cometidos contra la prensa y que el 9 de agosto pasado regresó a su puesto de Ministerio Público auxiliar del procurador. Desde entonces, ningún Ministerio Público o fiscal ha sido asignado al caso. El expediente pasó al escritorio de la directora de Investigaciones Ministeriales de la PGJ, Consuelo Lagunas Jiménez. Ni ella ni su jefe, el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa, atendieron la solicitud de Proceso para entregar un reporte de las investigaciones, a pesar de que la revista también es coadyuvante. La información sobre el asesinato de Regina Martínez y los otros ocho periodistas asesinados durante el gobierno de Duarte se clasificó como “reservada”, según una petición de información hecha por el colaborador de Proceso Noé Zavaleta a la PGJ del estado. La lentitud para resolver el crimen de Regina Martínez contrasta con la “aclaración” que en tres meses le dio la PGJ al asesinato de cuatro reporteros y una empleada administrativa del diario Dictamen de Veracruz. El 12 de agosto pasado, el procurador aseguró que esos homicidios “se resolvieron” con el arresto, por parte de la Marina Armada de México, de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, conocidos como Los Matazetas. Sin embargo, evitó consignar a los detenidos y le pidió a la PGR atraer esos casos. Hasta ahora, los detenidos no han sido consignados por la muerte de los periodistas. Los cuerpos de tres de ellos fueron encontrados en un canal de aguas negras en Boca del Río, conurbada al puerto de Veracruz, mientras que otro fue ejecutado a mediados de junio en Xalapa, la capital del estado. El acoso al gremio   En el caso de la corresponsal de Proceso, en lugar de información concreta, el gobierno de Duarte ha esparcido en la prensa local versiones sobre un “crimen pasional” o “por motivos personales” y aun ahora hace saber que los resultados de la investigación “no le gustarán al gremio”. Al inicio, la PGJ centró sus pesquisas en un posible robo y pasó semanas interrogando a vecinos y personas contratadas por la corresponsal para asuntos domésticos, pero después se concentró en los periodistas. Citó a comparecer a varios de ellos, cercanos a Regina Martínez. Los interrogó sobre la vida personal y hábitos de su compañera, les tomó sus huellas digitales y hasta la impresión de su arcada dental para cotejar las supuestas mordidas que recibió la víctima. En la solicitud de información pública, la PGJ del estado tampoco quiso informar sobre el número de periodistas que han sido citados a declarar. El abogado Fidel Ordóñez, quien fue subprocurador de Justicia durante 2005, dice en entrevista que junto con otra litigante ha acompañado a tres reporteros a declarar ante el Ministerio Público estatal y ha asesorado a dos más. En total, dice, han sido 14 los periodistas que han comparecido ante la procuraduría veracruzana. Los agentes del Ministerio Público les preguntaron si la corresponsal ganaba bien, si la revista le pagaba a tiempo su sueldo, sus hábitos de consumo, incluido el de alcohol, y asuntos de su vida privada y sentimental, relatan a Proceso varios de los interrogados. “La procuraduría está perdiendo el tiempo y distrayendo la atención hacia los periodistas para no investigar sobre el trabajo que hacía Regina Martínez y lo que ella sabía. La procuraduría no ha hecho ninguna documentoscopía para hacer un análisis e identificar a algunos probables responsables que se hubieran sentido afectados por el trabajo de la corresponsal de la revista”, dice Ordóñez. En ese ambiente de acoso y tras el secuestro y asesinato de comunicadores, muchos de ellos han optado por salir del estado. El capítulo México de la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras, cuya sede está en Francia, cifra en 15 el número de los que han abandonado la entidad desde diciembre de 2010, cuando Duarte llegó al gobierno. Laura Salas, Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, estima entre 15 y 20 el número de los periodistas desplazados de Veracruz a causa del clima de temor, acoso e intimidación hacia la prensa, dice. Con nueve periodistas asesinados en menos de dos años, todos en el gobierno de Duarte, Veracruz es el estado con el mayor número de comunicadores muertos en el país y probablemente en el mundo, considerado como entidad, estima. Además, hay una vigilancia permanente del gobierno de Duarte sobre lo que publican y dicen los reporteros. Aunado al miedo por los asesinatos, hay una autocensura preocupante por el hostigamiento y persecución que ha sufrido el gremio. Refiere que algunos de ellos reciben mensajes en sus cuentas de Twitter por su quehacer profesional, algunos de los cuales son extensivos a sus familias. En el mejor de los casos, algunos han sido despedidos por criticar al mandatario veracruzano, como Hugo Figueroa, quien era conductor de la televisora Meganoticias, del grupo Megacable. Su salida, fulminante, ocurrió luego de mostrar al aire la portada de revista Proceso, que en su edición 1821 publicó la imagen de los 35 cuerpos arrojados al pie del monumento a los Voladores de Papantla, frente a Plaza Américas. La portada correspondía al texto escrito en coautoría por Regina Martínez. “Esto, estimado televidente, es lo que el gobierno de Veracruz no quiere que veas”, dijo ante el secuestro de esa edición de la revista. Fueron sus últimas palabras a cuadro.   Las simulaciones de Duarte   Al siguiente día del crimen de Regina, el fundador de la revista y el director de la misma, Julio Scherer García y Rafael Rodríguez Castañeda, reprocharon a Duarte por la desaparición de los ejemplares de este semanario en Veracruz cuando contiene información sobre el estado. (Proceso 1853) En este ambiente hostil, el gobernador ha creado un artificioso aparato de protección a periodistas. El 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, además de rifar autos entre los reporteros, anunció la creación de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas en el estado, para lo que reformó la Constitución Política local para darle autonomía. Recibida con escepticismo en el gremio, la comisión está integrada por dueños de medios de comunicación, académicos y periodistas. Como su secretaria técnica, encargada de su operación, quedó la académica Namiko Matzumoto Benítez, a quien Duarte quiso poner anteriormente al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En otra de sus simulaciones, y en una copia de lo que se hace en Segovia, España, el gobierno veracruzano realizó del miércoles 3 al domingo 7 el Hay Festival en Xalapa, e invitó al PEN Internacional, organización que promueve la literatura y la libertad de expresión en el mundo. Sin embargo, el capítulo mexicano del PEN Club se deslindó de los organizadores para no quedar como aval del gobierno de Duarte. En un comunicado de prensa emitido el 11 de octubre, aclaró: “El PEN Club de México no aceptó participar en el Hay Festival realizado en Xalapa –no obstante la presencia del PEN Internacional y del PEN American Center– porque el gobierno de Veracruz, que respaldó económica y logísticamente el encuentro literario, no ha resuelto los casos de asesinato y desaparición de periodistas veracruzanos ocurridos en la entidad y la voluntad de no hacerlo es evidente”. Firmado por Jennifer Clement y Aline Davidoff, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, el comunicado añade: “Pensamos que la intervención de cualquier organización de derechos humanos y de escritores en el Hay Festival de Xalapa tendría que haber sido un acto de condena de los ataques a la libertad de expresión y a la vida de los periodistas. “En este sentido, apoyamos los señalamientos críticos del PEN Internacional y del PEN American Center en dicho evento y ante el gobernador del estado de Veracruz”. Los participantes del PEN internacional, en efecto, cuestionaron el ambiente de hostilidad que padecen los periodistas en la entidad. Pero Duarte ya da por resuelta la difícil situación de los periodistas en su estado. Tanto con la comisión como con la investigación de los asesinatos. Al menos eso fue lo que dijo el viernes 19 en San Diego, California, ante editores de publicaciones hispanas en Estados Unidos. Dijo que Veracruz “vive tiempos distintos y es uno de los estados más seguros de México”. En la reunión anual de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas, expuso que el narcotráfico se estableció en Veracruz debido a “la fortaleza económica” del estado y a que los delincuentes se dieron cuenta de que los comunicadores podían servirles para promover sus actos ilícitos. “Lamentablemente, los criminales supieron también que privar de la vida a un periodista o a un trabajador de un medio de comunicación podría vulnerar a las instituciones frente a la opinión pública, por la atención mediática que generan este tipo de hechos lamentables. Pero eso ya cambio”, comentó a los editores estadunidenses.