Mientras los legisladores discutían la reforma laboral, los dueños de las minas carboníferas –los llamados pocitos– guardaron silencio para evitar llamar la atención, toda vez que en la iniciativa había una cláusula donde se proponía su prohibición, habida cuenta que muchos operan de manera ilegal. Pero alguien metió la mano, mutiló un párrafo y el asunto quedó resuelto. Todo parece indicar que las carboneras de la muerte  seguirán funcionando sin contratiempos. Lo peor es que, según los expedientes a los que este semanario tuvo acceso, los propietarios de esas minas son políticos, empresarios… y gente vinculada a Los Zetas.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- A Wilhen Ernesto López García lo mataron Los Zetas.

No lo acribillaron ni lo descuartizaron; tampoco lo dejaron colgado en un puente. En su caso usaron un tambo para bajarlo de la bocamina hasta un socavón para que sacara carbón. El pozo se derrumbó. Toneladas de piedra lo sepultaron. Falleció el 3 de agosto de 2011 en el pueblo mineral de Agujita, en Sabinas, Coahuila.

Las autoridades estatales y federales, estas últimas del ámbito laboral, supieron lo ocurrido, pero ocultaron el caso. El pocito –mina rudimentaria– siguió operando. Un año después, el 20 de julio de 2012, murió ahí mismo el minero Abel Quiroz Villesca.

En el oficio 2609/2012 dirigido a la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), cuya copia tiene Proceso, el delegado regional de la Procuraduría de Justicia, Norberto Ontiveros Leza, consigna el deceso de Quiroz. Alude también a otro accidente ocurrido el 22 de julio en un pocito en Cloete, e identifica sólo al propietario: El Reynol.

Este último dato desnudó la realidad: políticos y empresarios, participan en la minería del carbón y que, con protección de gobierno en todos de niveles, del alto costo en vidas y la explotación infantil, fungen como proveedores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ellos evaden las inspecciones de la STPS, evitan registrar a sus trabajadores en el IMSS y suelen utilizar innumerables razones sociales para ocultar sus millonarios ingresos. Son tan poderosos que lograron mutilar la reforma laboral que prohibía sus letales socavones… Y es en este ambiente de opulencia e impunidad donde Los Zetas encontraron sus oportunidades.

Luego del asesinato de su hijo José Eduardo, el 3 de octubre pasado, el exgobernador Humberto Moreira declaró que había empresarios relacionados con Los Zetas en la zona carbonífera. Dijo que Heriberto Lazcano, El Lazca, tenía tajos de carbón en Progreso, municipio donde supuestamente fue acribillado el capo el 7 de octubre último.

El 30 de agosto la policía estatal y el Ejército derribaron 15 pocitos  ubicados en terrenos del gobierno de Coahuila. El gobernador Rubén Moreira afirmó días después que la delincuencia tenía varias minas de ese tipo.

Los pocitos destruidos eran de José Reynol Bermea Castilla, presunto operador de Los Zetas en Sabinas. Fue detenido en septiembre por elementos de la Marina Armada de México (Semar). Él dirigía la empresa Minera La Marina.

En una búsqueda registral, Proceso detectó que los pocitos destruidos estaban amparados por la concesión (título 221614) expedida por la Dirección General de Minas en marzo de 2004 a nombre de Minera El Sabino y Minera El Saucito, de Alfonso González Garza.

Dos meses antes de la muerte de Wilhen Ernesto, el 3 de mayo de 2011, hubo una explosión en el Pozo 3 de Binsa. El saldo: 14 muertos y un adolescente de 14 años de edad mutilado (Proceso 1801).

Binsa es propiedad de Melchor González Vélez, El Chorín, quien no tenía concesión minera, pues operaba con el título 218000, que era de su padre, Alfonso González Garza, y un socio: Jesús María Montemayor Seguy, El Chuma, hermano de Edmundo y de Rogelio, este último, fue gobernador de Coahuila y director de Pemex.

Los Montemayor Seguy y los González son socios y acaparan decenas de miles de hectáreas en la región, donde tienen influencia política. Jesús María, hijo del Chuma, es alcalde de Sabinas (Proceso 1805).

Los pocitos estaban a la vista en Sabinas y operaban, aun violando el reglamento municipal de Urbanismo que, en su artículo 74, los prohibía.

Zetas mineros

El 30 de octubre pasado, el diario Reforma informó que la PGR investiga a las empresas Perforaciones Técnicas Industriales y La Misión.

Los poceros tienen dos agrupaciones: la Unión Mexicana de Productores de Carbón (UMPC) y la Unión Nacional de Productores de Carbón (UNPC). Ambas se dedican a gestionar la venta de carbón a la CFE a través de Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), una paraestatal del gobierno de Coahuila. Los directorios de las uniones no son públicos, pero fueron proporcionados a Proceso por agremiados que pidieron el anonimato.

Las mineras JBN y La Misión, por ejemplo, están afiliadas a la UMPC. La primera no registró a ninguno de sus trabajadores en el IMSS y establece su domicilio en Soyaló, Chiapas, a 2 mil kilómetros de la región carbonífera; la segunda tiene como representante a Basilio Niño Ramos.

Una tercera, La Bonita, representada por Luis Basilio Niño López, comparte el correo electrónico con La Misión. Niño Ramos representa además a Minera Hechos, S.A. de C.V.

José Reynol Bermea, representante de la carbonífera La Marina ante la UNPC, no posee ningún título para operarla. Su hermano Joel dirige Minera Las Cuatas, según el registro patronal A3517602010.

El lunes 5, Reforma destacó en un reportaje que las operaciones de El Reynol en Cloete se ubicaban en el perímetro del título 161534 de la asociación de Minera Coapa y José Luis Guadiana Tijerina, hermano de Armando. Ambos son empresarios han estado ligados al PRI desde hace mucho tiempo y desde el año pasado a Andrés Manuel López Obrador y al PAN.

Es la segunda ocasión que López Obrador acepta respaldo de empresarios presuntamente vinculados al narco: en 2006 el tabasqueño se relacionó con el marmolero Francisco León, quien después desapareció.

(Fragmento del reportaje que se publica esta semana en Proceso 1880, en circulación)