El desinterés de las autoridades en general por brindar seguridad a los ciudadanos de las poblaciones más olvidadas del país tuvo su efecto entre los pobladores de la localidad guerrerense de Olinalá, quienes decidieron enfrentar a las bandas criminales. Cansados de la falta de apoyo, sólo siguieron el ejemplo de sus vecinos de Huamuxtitlán, quienes meses antes exhibieron a sus autoridades al encarar ellos mismos a los delincuentes. En Olinalá –“lugar de terremotos”, en náhuatl– el secuestro y ejecución de un taxista detonó el descontento ciudadano. OLINALÁ, GRO. (Proceso).- La indolencia gubernamental frente a los asesinatos, secuestros y extorsiones de las bandas que operan en Guerrero y en los municipios de La Montaña destapó de manera abrupta la cajita de Olinalá… El 27 de octubre último, mientras las autoridades celebraban un aniversario más de la creación de la entidad, decenas de olinaltecos tomaron las armas para expulsar a una célula criminal que asoló a la población durante meses. La ejecución de un taxista secuestrado días antes, así como las extorsiones y amenazas a los lugareños, enardecieron a los habitantes de esta pintoresca localidad enclavada en La Montaña guerrerense y arremetieron contra los delincuentes. Además de expulsarlos, crearon un sistema de autodefensa y desplazaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno por su presunta complicidad con las bandas. Durante más de una semana los habitantes de este poblado, reconocido en el ámbito nacional por sus expresivas artesanías laqueadas, tomaron el control de la cabecera municipal para evitar la represalia de los delincuentes. La logística incluyó la instalación de retenes en los cinco puntos de acceso, un toque de queda parcial, la suspensión de clases y una estrecha vigilancia que corrió a cargo de los varones. Se cubrieron el rostro y se armaron con lo que pudieron: pistolas, rifles de diferentes calibres: escuadras .9 milímetros y .38 súper, escopetas y fusiles AK-47 y AR-15, y comenzaron a hacer rondines. El hartazgo obligó a los ciudadanos de la región de La Montaña a crear sus grupos de autodefensa para combatir de manera directa a la delincuencia, lo que dejó pasmadas a las autoridades, inmersas en la resaca provocada por los festejos conmemorativos. En los primeros días el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero intentó minimizar la situación y negó los hechos. El alcalde, el priista Eusebio González Rodríguez, lo desmintió. Dijo que la cabecera municipal estaba bajo resguardo ciudadano. Desde Acapulco, Aguirre anunció el envío de una treintena de infantes de Marina para restablecer el orden en Olinalá y propuso un programa para intercambiar armas por computadoras. Los marinos arribaron a la zona de conflicto el lunes 5 por la noche. A día siguiente, junto con tropas del Ejército, establecieron un operativo militar en cinco municipios que conforman la región de La Cañada: Olinalá, Cualac, Huamuxtitlán, Alpuyeca y Xochihuehuetlán. El propósito es, dijeron, garantizar la seguridad de los habitantes de esta franja colindante con el estado de Puebla, en la cual se han registrado dos alzamientos ciudadanos contra la delincuencia ante la inoperancia de las autoridades locales y sus presuntos nexos con grupos de narcotraficantes.   Repliegue ciudadano   Los olinaltecos que encabezaron el movimiento de autodefensa –campesinos, amas de casa, artesanos, comerciantes, médicos y profesores– retiraron los retenes el martes 6 y regresaron a sus actividades cotidianas. No obstante, expresaron su determinación de crear una policía comunitaria, pues, dicen, desconfían de las corporaciones policiacas. Varios de ellos comentan al corresponsal, a quien piden no revelar sus nombres, que la reacción del gobernador Aguirre, además de tardía, fue producto de la exigencia de los ciudadanos de la región de La Montaña afectados por la narcoviolencia. Y ponen un ejemplo: al día siguiente de que sus compañeros cedieron a soldados y marinos la responsabilidad de proteger a la ciudadanía, Aguirre suspendió la visita anunciada previamente y optó por enviar a funcionarios al acto oficial del miércoles 7 en el centro de esta localidad, donde distribuyeron las dádivas enviadas por él. Sus enviados “sólo vinieron a ofrecer pan y circo”, en lugar de que él acudiera a manifestar su respaldo a la población, expresa un integrante del Consejo Ciudadano olinalteco. E insiste en que la sociedad debe asumir la seguridad del pueblo. En ese entorno, la mayor parte de las comunidades indígenas se rige por los usos y costumbres, y aun cuando existe una fuerte presencia policiaco-militar, el incremento exponencial en la producción de enervantes y trasiego de drogas no se detiene; tampoco disminuyen los delitos relacionados con la narcoviolencia. El 31 de octubre, en Día de Muertos, Proceso visitó la localidad para conocer de voz de los olinaltecos las razones que los motivaron a organizarse para enfrentar a los criminales. El trayecto duró casi cuatro horas. En los últimos seis años, esta ruta se convirtió en un importante corredor de droga, pues conecta La Montaña con la Zona Norte guerrerense, lugar donde, según los pobladores, las autoridades municipales presuntamente están coludidas con los narcos, entre ellos los alcaldes perredistas de Teloloapan y Acapetlahuaya, Ignacio Valladares y Eleuterio Aranda, El Solitario del Sur, respectivamente (Proceso 1875 y 1877). En La Tranca Vieja, donde los olinaltecos instalaron uno de los cinco retenes, un grupo de hombres armados se parapetó detrás de barricadas improvisadas con llantas, costales rellenos de tierra apilados y montículos formados por piedras. Otros lugareños se dedicaron a revisar a los conductores y vehículos que circulaban por el lugar. “A pesar de los secuestros, extorsiones y homicidios, las autoridades no han querido instalar retenes para detener a los delincuentes que pasan por esta zona. Por eso el pueblo decidió proteger al pueblo”, expresa un integrante del Consejo de Vigilancia. Él y sus compañeros aseguran que la ruta de La Cañada, donde se encuentra Olinalá, es un punto estratégico para las bandas de narcos que operan en La Montaña, una zona productora de enervantes y de trasiego de drogas hacia los estados de Puebla y Morelos. “Decidimos autodefendernos desde que la autoridad dejó de actuar frente a las agresiones de los grupos delincuenciales”, dice el entrevistado. El caso de Olinalá no es el único. En los municipios de Cualac, Huamuxtitlán y Xochihuehuetlán, que forman parte de La Cañada, sus habitantes decidieron armarse desde hace meses para proteger a sus familias de los ataques de las bandas criminales.   Huamuxtitlán, el antecedente   La organización ciudadana se inició el 2 de junio. Ese día un grupo de vecinos de Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán y Cualac se unieron para rescatar a 17 personas secuestradas por los grupos criminales. Tras una balacera capturaron a varios pistoleros. Los huamuxtecos incendiaron varias patrullas y la comandancia de la Policía Ministerial estatal; también atacaron a balazos a uniformados municipales y ministeriales, quienes optaron por huir del lugar. Ese día detuvieron al exalcalde interino del PRD, Juan Carlos Merino González, El Manila. Lo golpearon en plena plaza pública y amenazaron con lincharlo. Lo responsabilizaron por haber dejado crecer la violencia y por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Esas acciones dividieron a la población. El grupo de la exalcaldesa Soledad Romero Espinal, también perredista, retuvo el control del ayuntamiento, a pesar de los señalamientos en contra de su correligionario, quien fungió como director de la Policía Municipal antes de quedar al frente del ayuntamiento, el cual entregó hace un mes a Johnny Saucedo Romero, sobrino de Soledad. Olinalá –que en náhuatl significa “lugar de terremotos”– se cimbró la tarde del 27 de octubre. Varios vecinos sepultaban a Cecilio Morales Guevara, un taxista cuyo cadáver fue localizado cuatro días después de haber sido secuestrado. En eso estaban cuando se enteraron de la presunta desaparición de otro taxista. Y aun cuando sólo se trató de un rumor, decidieron aplicar una logística similar a la de sus vecinos de Huamuxtitlán para combatir la delincuencia y poner en evidencia la falta de autoridad. Comenzaron a repicar las campanas de la iglesia. De inmediato se congregaron 800 personas en el centro del pueblo. Iban armadas, algunas con pistolas, otras empuñaban machetes. Algunos comentaron que los transportistas de Olinalá tenían que pagar 40 mil pesos mensuales a un grupo de delincuentes afincados en la zona desde hace varios meses. Ellos eran los que monopolizaron las actividades de narcomenudeo, así como las extorsiones y los secuestros. Enardecidos, detuvieron a un adolescente que tomaba fotografías con su celular y lo entregaron a los municipales. Dijeron que era uno de tantos jovencitos cooptados por la delincuencia organizada y lo acusaron de ser informante de los sicarios, un halcón. El regidor perredista Isaí Rosendo Sánchez y un abogado identificado como Juan León Bello exigieron al encargado de la Policía Municipal, Fidel Mejía Ruiz, la liberación del joven, argumentando que se trataba de una confusión. Ante la presión se decidió liberarlo, según indica una tarjeta de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Los pobladores desarmaron al jefe policiaco y a otros cinco uniformados. Los acusaron de ser cómplices de los delincuentes, pues convivían con los criminales, según los testimonios recabados por el corresponsal entre los olinaltecos. La turba se dirigió a “una casa de seguridad”, sobre la calle Francisco Javier Mina, en el barrio de San Francisco, a tres cuadras del centro del pueblo. Algunos comentaron que el inmueble era de una célula delincuencial encabezada por un presunto sicario apodado El Güero y formada por nueve jóvenes procedentes de Acapulco, Chilpancingo y Chilapa. Reportes oficiales consultados por este corresponsal indican que se trata de una célula de Los Rojos, un remanente del extinto cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cuyo bastión está en la capital del estado y se extiende hacia La Montaña y la zona de la Sierra. Los presuntos delincuentes alcanzaron a escapar a bordo de un Chevy rojo. Los olinaltecos llegaron a la residencia de tres niveles e incendiaron una camioneta Mazda, así como dos motos estacionadas en las inmediaciones y que, según algunos vecinos, pertenecían a los tránsfugas.   Tensa jornada   Entre las 17 y las 22 horas del 27 de octubre, refieren los reportes oficiales, los olinaltecos detuvieron a dos supuestos narcomenudistas, un hombre y una mujer, en la cabecera municipal y los entregaron al ayuntamiento. Las autoridades los liberaron poco después porque no había ninguna “denuncia formal” contra ellos, expuso el síndico Armando Patrón Jiménez al agente del Ministerio Público del Fuero Común, Víctor Hernández Maldonado. Los enardecidos pobladores se quejaron también porque, alegaron, aun cuando hace tiempo acusaron ante las autoridades universitarias a la señora Gudelia Ramírez Ortega, de 41 años, de vender droga en la preparatoria 38 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), éstas no hicieron nada. Fue entonces cuando decidieron instalar los retenes en los cinco accesos al poblado. El propósito, expusieron, era protegerse ante una eventual reacción de la delincuencia. Al lugar arribaron policías estatales y soldados adscritos al 93 Batallón de Infantería, todos procedentes de Tlapa de Comonfort. Los pobladores les entregaron las armas decomisadas a los policías municipales. Pero les dijeron que seguirían vigilando las entradas y salidas del pueblo. El alcalde Eusebio González Rodríguez, cuyos operadores políticos son priistas de Chilapa, lo admite: los ciudadanos rebasaron al ayuntamiento. No obstante, se lanzó contra su predecesora, la perredista Luisa Ayala Mondragón, quien hoy es diputada en el Congreso local, por permitir la instalación de la célula de Los Rojos en Olinalá. En entrevista efectuada en la sede del ayuntamiento, González Rodríguez, quien asumió el cargo hace pocas semanas, comenta que eran conocidas las tropelías de los sicarios de Los Rojos en la cabecera municipal, aunque precisó que el detonante de la indignación social fue el secuestro y la posterior ejecución del taxista. “Había un estrés en la sociedad. Poco antes de la ejecución del taxista, recibí al menos a siete personas que me informaron sobre la extorsión de que eran objeto. Ante esos hechos, los pobladores decidieron tomar acciones propias para garantizar la seguridad”, indica el alcalde, de ahí que optara por solicitar apoyo al Ejército y a la policía estatal. Dice que ordenó la destitución del encargado de la Policía Municipal, Fidel Mejía Ruiz, quien llevaba al menos tres administraciones municipales al frente de la corporación y enfrenta varios señalamientos de presuntos nexos con el narco, para apaciguar los ánimos. Uno de los olinaltecos que proponen la creación de una policía comunitaria dice al corresponsal: “Estamos hablando de delincuencia organizada, un asunto que ha sido minimizado por las autoridades de todos los niveles de gobierno y de cualquier partido político”. Asegura que en el pueblo son muchos los que consideran que la inseguridad ya rebasó a las autoridades municipales. Y reitera que algunos compañeros interrogaron a un grupo de jovencitas olinaltecas que sostuvieron relaciones sentimentales con los delincuentes. Ellas confesaron que sus parejas hablaron de una lista de “personas adineradas” a las que pretendían extorsionar o secuestrar, así como de una red de complicidades que involucra a políticos y jefes policiacos de la zona. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, considera que la inconformidad social en Olinalá y en otros municipios de La Montaña exhibe la indolencia gubernamental y la inoperancia del operativo Guerrero Seguro. Prueba de ello, puntualiza, es que en Acapulco, la Costa Grande, la región del Centro y Tierra Caliente las ejecuciones, secuestros y extorsiones simplemente no cesan.