Para salir de una crisis financiera y aferrada a una lógica mercantil, la directiva del Grupo Prisa –editora del diario español El País– toma medidas de ajuste que no tocan los numerosos privilegios de sus ejecutivos y sí afectan a los profesionales de la información que durante 36 años le han dado credibilidad al rotativo. Poco a poco el periódico que se convirtió en referente del mundo de habla hispana liquida a sus más antiguos empleados y entierra su proverbial compromiso con la información sin adjetivos. Periodistas de ese medio advierten que las medidas son previas a una posible venta del grupo y creen que el comprador podría ser Carlos Slim. MADRID (Proceso).- En noviembre de 1988, cuando dejó la dirección de El País para ocupar cargos de mayor responsabilidad en el Grupo Prisa –editor del diario español–, Juan Luis Cebrián proclamaba que con el fundador del grupo, Jesús Polanco, aprendió “el humanismo que encierra el mundo de la empresa”, desconocido para los españoles, “víctimas hoy del éxito de los especuladores financieros”. Durante los 36 años de existencia del diario, referente del periodismo de España y América Latina, Cebrián ha sido un defensor sin tregua de los valores del matutino, al que define como “un periódico progresista” que jugó un papel crucial en la transición democrática española. Hoy, en una posición contraria, Cebrián encabeza al cuerpo directivo de El País que optó por la más drástica receta de la banca y los mercados para hacer frente a sus planes financieros y de negocios: De tajo prescindió de 149 de sus profesionales, muchos de ellos de reconocida trayectoria, que representan 30% de su plantilla. Además recortará 15% del salario a quienes se queden. El pasado 5 de octubre, en las instalaciones del diario les comunicó a los trabajadores que iniciaría un expediente de regulación del empleo (ERE), que afectaría a un tercio de ellos, y agregó que era un “proceso doloroso pero necesario”. Les dijo que el periódico tiene una “estructura de costos inviable”, que “no podemos seguir viviendo tan bien” y aludió a que “la madurez” de muchos de los miembros de la redacción no era compatible con el tipo de periódico que pretenden hacer. En una carta pública el Comité de Redacción del diario se queja de esos argumentos: “Nos lo decía Cebrián, un señor de 68 años que cobró 13 millones de euros en 2011 (35 mil 600 euros –o más de 600 mil pesos– diarios)”. Añade el texto que la directiva del diario trata de hacer creer a la opinión pública que el problema son los sueldos de los trabajadores, no los de sus ejecutivos: “El costo medio de los 54 miembros de la dirección de El País, que están fuera del convenio colectivo, es de 209 mil euros (anuales por cada uno), monto que suman al de los trabajadores para argumentar que la nómina es pesada y onerosa”, señala Manuel González, presidente del Comité de Empresa, la representación de los trabajadores, en entrevista con Proceso. El ahorro con el despido de los 149, dice, es de alrededor de 14 millones de euros, casi lo mismo que Cebrián se embolsó en 2011. El Comité de Redacción afirma que el salario de los trabajadores del diario, muy por debajo del de los directivos, es producto de 30 años generando beneficios –“unos 800 millones desde el año 2000”– y fruto de un marco de relaciones que reconocía la contribución de los empleados del medio. Lamenta que la empresa enfoque el problema en la disminución de ingresos y no en las pérdidas. En un editorial publicado el pasado domingo 11, donde achaca el despido a la crisis y el radical cambio en el sector de los medios, la dirección sostiene que el problema es el descenso de la distribución y venta en España en 20% en los últimos cinco años y la publicidad en los diarios más de 50%. “En el caso de El País las mermas han sido de 22% y 65%, respectivamente”, apunta. Sin embargo Manuel González asegura que pese a tal panorama, la empresa informó que en el primer semestre de 2012 El País tuvo beneficios por 1.8 millones de euros. No obstante en este mes presentaron a toda velocidad una auditoría del tercer semestre (julio, agosto y septiembre) donde presentan 2 millones de euros de pérdidas, “lo que es obvio porque en agosto cae la publicidad. Y sus previsiones son que en 2013 las pérdidas lleguen a 6 millones de euros”. Recuerda que en la reunión del 5 de octubre los trabajadores propusieron tres veces a Cebrián asumir las posibles pérdidas con reducciones de salario, siempre y cuando la negociación se hiciera sin la amenaza de los despidos sobre la mesa, pero en todo momento lo rechazó, imponiendo el criterio que, presumen, es impuesto por los accionistas. González coincide con el Comité de Redacción en que con este modelo difícilmente se podrán “mantener la calidad y los valores fundacionales del diario: una información seria y rigurosa. ¿Qué diario llegará a los quioscos tras el despido de más de 100 periodistas, entre ellos algunos de los mejores de España?”, se pregunta.   Nadando con tiburones   El anuncio del ERE ha provocado fisuras internas de difícil solución. Directivos y redactores están confrontados desde que éstos reaccionaron canalizando su inconformidad en una huelga de firmas, después en una huelga de tres días y en cotidianos paros de un “minuto de silencio” que los reporteros hicieron en plena jornada laboral, periódico en mano, frente a la sala acristalada que ocupan los directivos, a quienes sacaron de quicio. En este choque frontal Cebrián y el director general del diario, Javier Moreno, incurrieron en actos de censura. El segundo amenazó a los corresponsales internacionales que secundaran la huelga de firmas y dirigió la misma advertencia a todas las secciones de la redacción; y ambos decidieron ignorar a algunos de sus colaboradores de mayor renombre, incluido el Nobel Mario Vargas Llosa y los escritores Javier Marías, Fernando Savater, Antonio Muñoz Molina y Manuel Rivas, entre otros, que reprocharon a los directivos esa actitud. En total 30 de esos colaboradores suscribieron una carta –que no fue publicada en el diario– en la que externaron su “inquietud y malestar por los casos de censura que ha denunciado el comité profesional en los últimos días, vinculado al ERE, que afectaría a un tercio de la plantilla”, y consideraron que “esos episodios suponen un paso más en el deterioro de los valores fundacionales de un diario crucial para las libertades y la democracia española”. Lejano a esos valores, y en su nueva faceta como financiero, Cebrián es quien puso en manos de la banca y de los fondos de inversión el destino del grupo de medios en el que la familia Polanco, la fundadora, cada vez está más desdibujada (Proceso 1790). Ahora el Consejo de Administración de Prisa está dominado por brokers de Wall Street, como Nicolas Berggruen y Martin E. Franklin, cabezas del fondo de inversión Liberty, principal accionista del grupo; por miembros destacados de la banca, como Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Prisa desde julio pasado, exdirectivo de Credit Suisse, de JP Morgan y artífice del diseño de recortes en las empresas del grupo. Igualmente están Gregorio Marañón y Beltrán de Lis, exconsejero de Argentaria y de BBVA; Emmanuel Román, directivo del fondo de inversiones Man Group y exdirector de Goldman Sachs; Juan Arena de la Mora, expresidente de Bankiter; el francés Alain Minc, consejero de CaixaBank; José Luis Leal, durante más de tres lustros presidente de la Asociación Española de Bancos; el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, consejero de Citibank y de Procter & Gamble, y Agnés Noguera, exconsejera del Banco de Valencia, entre otros. El Consejo de Administración, dice González, pasó de costar 9 millones a 20 millones de euros en un año, incluso recibiendo dividendos –mediante el pago de acciones– en pleno proceso del ERE. Varios de los miembros de dicho consejo aparecen habitualmente como conferencistas del Instituto Nicolas Berggruen, propiedad del broker de Liberty. Este instituto se presenta como un “centro de reflexión independiente y no partidista” que promueve el estudio de “sistemas de buen gobierno”, en el que participan como conferencistas los exmandatarios Ernesto Zedillo, el español Felipe González y el brasileño Fernando Enrique Cardoso, además de Cebrián y Alain Minc. En México organizó con el Tecnológico de Monterrey sesiones previas a la pasada cumbre del G-20 en Los Cabos, Baja California, incluida una con Felipe Calderón, en el que discutieron la agenda de la cumbre, dieron discursos sobre democracia y presentaron un documento en el que alertaron sobre los riesgos de una nueva crisis crediticia masiva. Manuel González sostiene que con la fusión de Liberty en el accionariado de Prisa, en noviembre en 2009 (Proceso 1790), el fondo de inversión presentó un plan operativo en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde ya establecía que en el área de prensa del grupo debían ser despedidos 390 empleados. Aunque en noviembre de 2010 Cebrián adelantó que en total saldrían 2 mil empleados de todo el grupo. Victorino Ruiz de Azúa, histórico redactor de cierre de El País hasta 2011, escribió un artículo en la revista electrónica Jot Down, en el que advierte que la difícil situación financiera no es argumento suficiente para que una institución como el diario “arruine su credibilidad y su imagen”, sino que en el fondo está la intención de aumentar el precio de una posible venta del periódico. “La revalorización de un activo financiero”, afirma. Sin embargo, no ubica entre los compradores a los bancos españoles ni a Telefónica. Sólo queda “la pista mexicana”, dice. “Con el multimillonario Carlos Slim (accionista minoritario de Prisa, sólo tiene poco más de 3%) ha habido negociaciones, siempre encalladas por la misma razón, el precio. ¿Puede mejorar la oferta ahora, tras la liquidación de un tercio de la plantilla? “Slim tendría una enorme ventaja. Entre sus amigos se cuenta Felipe González. Cebrián, a su vez, nunca ha dejado de cultivar el jardín del antiguo ocupante de La Moncloa. De modo que el plan puede consistir en que Slim ponga el camión del dinero y Cebrián no tenga necesidad de prescindir del todo de la palanca de influencia política y económica que representa El País en España y el ámbito latinoamericano.” En la sesión de junio pasado, el Consejo de Administración de Prisa anunció que las instituciones financieras Santander, La Caixa y HSBC capitalizarán parte de la deuda del grupo por valor de 334 millones de euros, con lo cual en 2014, al vencimiento de los compromisos, estos bancos tomarán posesión de alrededor de 20% del grupo editor de El País. Y esa influencia es la que se ha hecho patente con la presencia de algunos miembros del consejo, indiscutiblemente impuestos por los bancos, afirma el Comité de Empresa. El mismo mes de junio la empresa informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la multinacional de telecomunicaciones, la española Telefónica, entró en ayuda de Prisa suscribiendo bonos convertibles en acciones por un monto de 100 millones de euros. Manuel González asegura que, sin duda, esa presencia de la banca ya influye sobre la línea editorial de El País. “Creemos que sí está influyendo en la línea editorial, como lo ha señalado el Comité Profesional. La participación de Liberty y de La Caixa sí influye, sobre todo con la presencia de Abril-Martorell, que pensamos que es un hombre puesto por la banca”. González recuerda que Polanco le decía al periodista Juan Cruz que el éxito del diario era haber llamado a las cosas por su nombre durante la transición, fuera de los tabúes para hablar de la Iglesia o las fuerzas armadas, y el otro aspecto era la independencia financiera. “Y sin independencia financiera, como sucede hoy, no se puede llamar a las cosas por su nombre”, sostiene el entrevistado, uno de los artífices de la negociación de los trabajadores en este ERE. Critica, por ejemplo, que El País publicó una fotonota del presidente de La Caixa, Isidro Fainé, en un acto benéfico; “sin embargo no se dice nada sobre Fainé cuando el mismo banco, a la hora de ejecutar un desahucio inmobiliario, hace que una persona se suicide”. La revista satírica Mongolia publicó en la sección Reality News de su número 7 que El País dio en septiembre una información sobre la investidura de Fainé como doctor honoris causa por la Universidad San Ignacio de Loyola, de Lima, una institución vinculada al Opus Dei. El caso es que el Comité de Redacción denunció que la nota fue elaborada con partes íntegras del comunicado de La Caixa y se dio amplio despliegue a la fotografía proporcionada por la fundación de la caja de ahorro catalana. La publicación satiriza: “El diario El País, histórico referente del laicismo y el progresismo en España, está ahora ‘tomado’ por el Opus Dei”.   El desmantelamiento   El domingo 11 El País envió correos electrónicos a los 149 candidatos al despido para que acudieran al día siguiente a las notarías Lombardía y Madridejos, en Madrid, para firmar su carta de despido y su indemnización. En ese proceso no estuvo presente ninguno de los directivos ni gente de Recursos Humanos, sólo un representante financiero de reciente ingreso, dice Manuel González. El lunes 12 fueron indemnizados 125 de los 149 despedidos, quienes –explica González– formularán una denuncia colectiva contra el ERE y otra denuncia individual contra la empresa. “Fueron lanzados por la puerta de atrás. Una canallada”, califica. Uno de los primeros en acogerse a la salida por su desacuerdo con la medida fue Enric González, durante 27 años corresponsal en Londres, París, Nueva York, Washington, Roma y Jerusalén, quien sostuvo en un texto publicado en Jot Down: “Que más de 10 docenas de periodistas sean despedidos de un periódico que baña en oro a sus directivos y derrocha el dinero en estupideces es bastante grave”. El periodista ya había sido censurado en abril de 2009, cuando escribió sobre la “ludopatía bursátil de los dueños”, frase con la que se sintió aludida la dirección del diario. Ramón Lobo, veterano periodista cuyas crónicas reflejaron los horrores en zonas de conflicto como Irak, Afganistán, Bosnia o Chechenia, escribía el lunes 12 en su blog sobre el momento en el que recogió sus pertenencias: “En unas horas tengo cita en una notaría de Madrid. Van a entregarme la carta de despido, el cheque Rajoy (20 días por 12 meses) y el finiquito… percibo un incendio descomunal que la empresa parece no ver”. Otro de los muchos despedidos es José Yoldi, cuya investigación periodística destapó hace unos meses un escándalo de corrupción en el Consejo General del Poder Judicial que le costó la presidencia del organismo al magistrado presidente Jesús Divar. El historiador Santos Juliá, colaborador durante 18 años, incluyó en su artículo del 28 de octubre una mención a lo escrito por Enric González en Jot Down y al desequilibrio en las retribuciones en el periódico, por lo cual la empresa le pidió que suprimiera esas menciones, mismas que por error fueron incluidas en el sitio web del diario, con lo que se conoció el contenido mutilado. Ante ese trato, Juliá renunció. Las fisuras también han alcanzado a los directivos. Cebrián y el exdirector de El País y excorresponsal en México Joaquín Estefanía protagonizaron una fuerte discusión en una reunión celebrada el 9 de octubre, en la que debatían las medidas de presión que adoptaron los trabajadores para oponerse al ERE. Estefanía, quien ahí se deslindó del aval al plan de recortes, dijo a Cebrián que los despidos pueden suponer “un desgarro moral” que provocarán “el deterioro” irreversible de “la calidad del periódico”.