Regina: las dudas*

lunes, 19 de noviembre de 2012
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El pasado 30 de octubre, el procurador de Justicia de Veracruz, Amadeo Flores Espinosa, anunció que la dependencia a su cargo había logrado el esclarecimiento del asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso, ocurrido el 28 de abril. Según la versión presentada a los medios, los responsables materiales son Jorge Antonio Hernández Silva, alias El Silva, detenido y confeso, y José Adrián Hernández Domínguez, alias El Jarocho, cuya búsqueda continúa. Pero el procurador estatal omitió datos importantes en su información. Obviando que se trata de un acto violatorio de derechos procesales, al presentar a Hernández Silva el procurador no precisó la fecha de su detención ni detalló si ya había contado con la asistencia de un abogado o si la tuvo al momento de la confesión. Este dato es fundamental, ya que permitiría establecer el periodo en el que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) arribó a las conclusiones del caso, a partir de la detención y confesión del presunto responsable, y la contrastación con los diferentes elementos que –afirman–, existen, es decir, 155 diligencias, entre las que están los testimonios de 38 personas. Se habla de un trabajo de 180 días en la indagatoria, la mitad del tiempo desde el asesinato. Aunque parezca ocioso para la autoridad, es necesario precisar qué ocurrió durante los tres meses restantes en lo que hace a las labores para lograr el esclarecimiento del caso. La desconfianza en los resultados de la investigación ha sido alimentada por la filtración interesada a los medios de versiones sobre un “crimen pasional o de motivaciones personales”, en las que además se aseguraba que el asesino se encontraba entre el gremio periodístico de Veracruz, que había estado en el sepelio y después había desaparecido. La revista Proceso, para la cual trabajaba la periodista, tenía coadyuvancia en el caso. No obstante, el semanario ha acusado públicamente a la procuraduría de Veracruz de haberlo mantenido totalmente apartado y ajeno a la investigación. Dado el escepticismo con el que el medio ha recibido el anuncio del esclarecimiento del crimen, es importante que el gobierno estatal detalle cuál fue el objetivo de una comisión especial anunciada por el gobernador el 29 de abril para investigar la muerte de la corresponsal, y qué información se compartió con las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos y con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la PGR. La procuraduría local debe aclarar a satisfacción de la sociedad cómo es que las dos personas señaladas por el crimen fueron detenidas en marzo y junio del presente año sin que la exhaustiva investigación del caso de Regina Martínez diera con ellos. En ese mismo sentido, y después de llamarlos “malvivientes”, el procurador incumple la obligación de apegarse a los principios de legalidad, debido proceso y presunción de inocencia. El hecho más importante es que Jorge Antonio Hernández Silva, presunto asesino confeso, enfrentó el miércoles 31 de octubre su primera audiencia ante un juez; en ella se retractó de su declaración inicial y afirmó que la confesión le fue arrancada bajo tortura, mediante choques eléctricos en los testículos. Ante esto, resulta imprescindible que a Hernández Silva le sea practicado el Protocolo de Estambul (test psiquiátrico reconocido internacionalmente para identificar casos de tortura), con la finalidad de despejar cualquier duda. Diversos organismos internacionales y regionales de derechos humanos han advertido al Estado mexicano de los riesgos y de la incompatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos que implica fundamentar una investigación penal y una subsecuente sentencia en declaraciones imposibles de confirmar. Este es el caso de la investigación realizada por las autoridades veracruzanas, en donde la inexistencia de pruebas y de evidencia científica es encubierta con dichos poco convincentes. Otro elemento que justifica la sospecha respecto al “esclarecimiento” fue la proliferación de bots (cuentas falsas) en Twitter, las cuales replicaron de manera incesante el mensaje gubernamental del supuesto esclarecimiento del asesinato de Regina. Por medio de esas cuentas falsas lograron manipular el algoritmo de ese servicio de micro-blogging para posicionar ese mensaje dentro de la lista de temas más populares. ¿Qué necesidad habría de instrumentar una estrategia mediática que raya en lo vulgar si las autoridades tienen la verdad jurídica de los hechos? En vísperas del informe de gobierno del mandatario Javier Duarte, el oprobioso déficit en materia de libertad de expresión permanece intacto. Amedrentamiento sistemático, violencia, impunidad y desinformación son los rasgos característicos de un gobernante alejado del principio de justicia y obsesionado con su propia imagen. l   *Análisis elaborado por la Oficina en México de Artículo 19, organización no gubernamental internacional dedicada a proteger la libertad de expresión y el libre flujo de información en el mundo.

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