Empresarios, banqueros y políticos colombianos piden al presidente Juan Manuel Santos que frene el avance de Carlos Slim en el mercado local de las telecomunicaciones. Señalan que su empresa Claro –filial de América Móvil– tiene una “posición monopólica” y solicitan que se restrinja su participación, o que de plano se le excluya, de la subasta del espectro radioeléctrico de la telefonía de cuarta generación que el gobierno planea para 2013. BOGOTÁ (Proceso).- Carlos Slim libra en Colombia una guerra sin cuartel con epicentro en el Congreso, en la cual sus competidores y amplios sectores políticos buscan desarticular, mediante una regulación más estricta, la “posición monopólica” que tiene Claro –la filial colombiana de América Móvil– en el mercado de las telecomunicaciones de este país, donde cuenta con 77.9% del tráfico de llamadas celulares, lo cual incluye a sus suscriptores (61.34%). “Aquí hay que actuar porque nosotros no estamos dispuestos a que nos pase lo que le pasa hoy a México”, dijo el legislador del gobernante Partido Conservador David Barguil en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes (diputados) el pasado 24 de agosto, al referirse al “monopolio de las telecomunicaciones que tiene el señor Slim” en su país natal. Ese día Diego Molano, titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) compareció ante los congresistas, varios de los cuales solicitaron poner límites al dominio de Claro sobre ese sector estratégico y evitar que la empresa de Slim participe en la subasta del espectro radioeléctrico de la telefonía de cuarta generación (4G) que el gobierno colombiano planeaba realizar a finales de este año pero que, en medio de la polémica, se aplazará para 2013. Los competidores de Slim buscan a toda costa que Claro sea marginada o tenga una participación restringida en ese proceso en el que se definirá el futuro de las telecomunicaciones, porque la tecnología 4G posibilita la masificación de la banda ancha móvil y desde luego hay muchos intereses en juego, además de los del empresario mexicano, para quien Colombia representa la tercera fuente de ingresos de su holding América Móvil, luego de México y Brasil.   Frentes de batalla   Claro es el primer actor del mercado colombiano de la telefonía celular. Cuenta con 61.34% del total de suscriptores. Muy lejos queda su competidora más cercana, la española Movistar con 25.81% de suscriptores de ese servicio, seguida de Tigo, propiedad de la europea Millicom International, con 12.68%, y de la colombiana Une, con apenas 0.17%, según cifras oficiales al segundo trimestre de este año. Todas esas empresas son jugadoras de peso y han hecho lobby por su causa. En este entorno de crispación político-empresarial que tiene a Slim en el centro de la controversia, Claro es además la destinataria de una iniciativa de Ley Antimonopolio promovida por senadores y diputados de todos los partidos políticos y la cual busca que ninguna empresa tenga más de 30% del mercado de las telecomunicaciones. El senador del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA) Jorge Enrique Robledo, principal impulsor de la iniciativa junto con su colega del Partido Conservador Juan Mario Laserna, dijo a Proceso que “la experiencia de México es referente para nosotros por el cuasimonopolio que tiene Slim allá, pero me temo que la situación en Colombia puede terminar siendo peor, porque en México no le han permitido entrar al negocio de la televisión y aquí sí tiene una porción muy grande de la televisión por cable (46.23% de suscriptores)”. Pero ahí no terminan los problemas de Slim en Colombia. En los próximos días la fundación privada Fedesarrollo dará a conocer un estudio según el cual la sociedad colombiana sufrió el año anterior una “pérdida de bienestar” equivalente a 0.77% del producto interno bruto (PIB) –unos 2 mil 565 millones de dólares– debido al dominio que ejerce Claro en el mercado de las telecomunicaciones. Este trabajo es la versión colombiana del documento de la OCDE que estimó en 129 mil 200 millones de dólares la “pérdida de bienestar” que sufrieron los mexicanos en el periodo 2005-2009 –1.8% del PIB cada año– por la falta de competencia y alta concentración de las telecomunicaciones en México, donde Telmex tiene una cuota de mercado de 75% en telefonía fija y de 68% en telefonía móvil. La poderosa Asociación Bancaria, que congrega a las instituciones financieras del país, denunció que Claro pretende imponer una tarifa a las transacciones de banca móvil más allá del costo de los mensajes de texto, lo que obstaculiza el desarrollo de ese servicio. Los alcaldes de las principales ciudades colombianas –Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Manizales, Tunja, Valledupar y Pasto– también se unieron para pedir al gobierno que impida la participación del operador de Slim en la subasta 4G, mediante la cual se entregarán entre cuatro y cinco nuevas licencias que serán una plataforma privilegiada para la nueva tecnología móvil. Los más influyentes columnistas colombianos han tomado posturas en torno a la controversia. El experto en tecnología Guillermo Santos Calderón escribió en el diario El Tiempo que marginar a Claro de la subasta 4G “no tiene ninguna presentación y sentaría un precedente difícil de entender y superar”. La periodista María Jimena Duzán escribió en la revista Semana una carta al ministro Molano en la que le solicitó “no incluir a Claro en ninguna de las frecuencias que van a subastar” pues “el monopolio de Claro aniquilaría la competencia”.   Visita   En estas condiciones Slim visitó Cartagena el jueves 25 y viernes 26. Nadie en el país creyó que esa visita fue sólo para participar en el Foro Iberoamérica que congregó en ese balneario del caribe colombiano a los hombres más ricos de América Latina y España, además de líderes políticos e intelectuales. “Es claro que vino a hablar de estos asuntos de sus empresas y vino a presionar”, aseguró Robledo. Slim coincidió con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en Cartagena, ya que el mandatario intervino en el foro, mientras que los senadores Carlos Amaya, del progubernamental Partido Verde, y Wilson Arias, del PDA, aprovecharon la presencia del empresario mexicano en el país para citarlo a comparecer de manera voluntaria en el Congreso a fin de participar en “un debate de control político” con el ánimo de contribuir “a dar mayor transparencia al tema de las telecomunicaciones”. El hombre más rico del mundo nunca se dio por enterado de ese citatorio, que no tenía ninguna obligatoriedad. En cambio la vicepresidenta jurídica de Claro Colombia, Hilda María Pardo, se presentó ante el pleno de la Cámara de Representantes el pasado miércoles 24 y dijo que restringir la participación de la compañía de Slim en la subasta por el espectro 4G sería “ir en contra de la Constitución”. Pardo escuchó, por parte de los legisladores, una larga lista de acusaciones contra Claro: que brinda un pésimo servicio, que se caen las llamadas, que es la telefónica que mayores quejas acumula por parte de sus usuarios, que tiene las tarifas más caras de Latinoamérica, junto con México, y que impone cobros excesivos a las otras telefónicas por cargos de interconexión, lo que desalienta la libre competencia. El presidente de Claro Colombia, Juan Carlos Archila, dijo en entrevista que “indudablemente todo esto ha dañado la imagen de la empresa y eso nos preocupa mucho”. Archila sostuvo que Claro ingresó a Colombia en 2000 –en ese entonces con las marcas Comcel y Telmex– y “estábamos en igualdad de condiciones que nuestros competidores, pero hicimos inversiones muy fuertes, de más de 4 mil millones de dólares; perdimos dinero durante muchos años, llevamos nuestra red a los mil 123 municipios del país, somos los únicos que hicimos eso, y fuimos mejores que nuestros competidores, por eso tenemos 34 millones de usuarios y por eso ocupamos una posición de liderazgo en el mercado”. “Lo que es muy preocupantes es que ahora, que vamos ganando el partido nos quieran cambiar las reglas del juego y que se busque hacer, vía regulación, lo que nuestros competidores no han podido hacer en un entorno de libre competencia”, afirmó Archila. Dijo que si en verdad Claro fuera un monopolio “no tendríamos en Colombia una de las tarifas de telecomunicaciones más bajas de América Latina”, lo cual es avalado por diferentes estudios, aunque la OCDE sostiene que las tarifas en la región son significativamente mayores a las de los países desarrollados y a las de otros mercados emergentes. Respecto a las quejas por el deficiente servicio, señaló que se trata un problema técnico pues Colombia es de los países que menos espectro radioeléctrico asignan a los operadores, lo que aunado a la gran cantidad de clientes de telefonía celular de Claro satura el sistema. De acuerdo con Archila los cargos por interconexión que pagan las otras compañías a Claro son fijados por la autoridad regulatoria.   “Blancas palomas”   “Supongamos –planteó el senador Robledo– que los señores de Claro son unas blancas palomas y que han hecho las cosas muy bien, según las reglas del juego, pero cualquiera que sea la razón por la que llegaron a esa situación, están en una situación de monopolio y eso es inconveniente para la sociedad colombiana. Este no es un debate moral. No queremos castigar a Claro, sino resolver una situación como ésta. No es bueno para Colombia que exista ese monopolio, eso lleva a imponer condiciones y a abusar del consumidor”. De acuerdo con el legislador del izquierdista PDA, la iniciativa de Ley Antimonopolio radicada el pasado jueves 18 en el Congreso colombiano es exclusiva para las comunicaciones móviles, las cuales generan más de 40% de los ingresos del sector. Según el proyecto de ley, en caso de que una empresa ocupe una cuota del mercado de comunicaciones inalámbricas superior a 30% deberá vender una parte o fraccionarse en varias compañías para modificar esa situación, tal como lo hizo la empresa AT&T en Estados Unidos en 1984 por disposición de las autoridades regulatorias. “Aquí se está generando un gran consenso para aprobar esta legislación antimonopolio”, señaló Robledo, quien destacó que la iniciativa cuenta con el respaldo de senadores y representantes de todos los partidos políticos en el Congreso, desde los gobernantes partidos de la U, Liberal, Conservador, Cambio Radical y Verde, hasta el opositor PDA. El proyecto deberá ser aprobado por las comisiones sextas y los plenarios de ambas cámaras, por lo que le queda un largo camino por delante. “Soy optimista, pero también sé cómo se mueven los poderes y no me sorprendería que venga una gran ofensiva de esta empresa (Claro) para presionar en el Congreso para que se hunda el proyecto de ley. Esa es una lucha que se viene las próximas semanas”, sostuvo Robledo. El gobierno colombiano ha tratado de guardar los equilibrios en este debate, pero está decidido a reforzar la regulación a fin de acotar la presencia de Claro en el mercado de las telecomunicaciones del país. El ministro Molano presentará esta semana una iniciativa para dotar a las autoridades regulatorias de mejores instrumentos ante los actores del mercado pues se han detectado vacíos legales que Claro ha sabido utilizar con la ayuda de un ejército de abogados que libra en tribunales las batallas jurídicas de la empresa de Slim. El titular del Mintic, quien trabajó en el pasado para la española Movistar, reconoce que existe “un problema por la posición de dominio de un operador (Claro) en el mercado pero ante la cual poco se ha podido hacer”. En 2009 la autoridad regulatoria dictaminó que Claro ejerce una “posición de dominio” en las telecomunicaciones, pero la empresa “logró seguir avanzando en esa posición dominante a través de interpretaciones jurídicas”, señaló Molano, quien dijo que la iniciativa que promoverá el gobierno en estos días tendrá como propósito “ajustar las normas y promover que haya competencia e inversión en el sector”. “Lo peor que puede pasar en este país es que quedemos en manos de un monopolio privado y eso el gobierno no lo va a permitir”, advirtió durante su comparecencia en la Cámara de Representantes el pasado miércoles 24. Frente al proyecto de Ley Antimonopolio el ministro se mostró en cambio muy cauteloso y pidió a los legisladores “tener cuidado porque este sector es muy dinámico y una regulación muy fuerte en esta industria puede frenar su desarrollo”. Todo apunta a que el gobierno ejercerá más control sobre Claro, pero sin respaldar la iniciativa antimonopolios, y que restringirá –sin impedir– la participación de la empresa de Slim en la convocatoria a la subasta del espectro 4G que será divulgada en estos días y la cual se realizaría a principios de 2013. Claro, que genera en Colombia 10 mil 90 empleos directos y 35 mil 500 indirectos, se ubicó en 2011 como la empresa privada colombiana que reportó mayores utilidades, con 2 mil 271 millones de dólares, mientras que en el primer semestre de este año repitió el liderato con dividendos por mil 282 millones de dólares. El EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, es decir utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de Claro Colombia representó 48.2% de sus ingresos en 2011 y 47.6% entre enero y junio pasados, lo que según Robledo “es escandaloso”. “Eso es una locura, son unas ganancias por completo desproporcionadas que obedecen precisamente a esa condición cuasimonopólica o monopólica que tiene del mercado”, señaló y dijo, a manera de ejemplo, que el monopolio estatal Ecopetrol registro un EBITDA de 45% durante el primer semestre de este año, más bajo que el que obtuvo Claro. El abogado y director del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia Édgar González aseguró en entrevista que la posición dominante que tiene Claro en el sector “no hay por qué criticarla per se porque está demostrando que usted es bueno en el mercado, pero sí importa mucho al órgano regulador controlar esa posición dominante para que no elimine la competencia; ese es el gran peligro”. Para el consultor en temas de competencia Mauricio Cabrera, Claro “no ha hecho nada ilegal, sino que ha jugado de acuerdo a las reglas del mercado con una regulación muy débil y ha sabido aprovechar vacíos de la legislación, pero esto lo ha llevado a una posición cuasimonopólica y los monopolios, privados o públicos, no son buenos para ningún país. Ahí el regulador tiene que actuar y el gobierno debe excluirlo de la subasta 4G”. El estudio que dará a conocer Fedesarrollo en los próximos días planteará que el precio de los servicios de telecomunicaciones en Colombia no ha bajado a la velocidad a la que lo ha hecho a escala global debido a la “posición dominante” de Claro, por lo que esta fundación recomendará al gobierno “aumentar la competencia y favorecer el ingreso de nuevos actores” al mercado de la telefonía móvil en Colombia, que según Global Wireless Matrix es el segundo más concentrado a nivel mundial, después del de México.