“Mi hijo desapareció desde hace cinco años y hasta ahora que tuvimos acceso al expediente vimos que no hicieron nada, que ni siquiera está la primera denuncia que puse”, señala Julia Alonso, madre de Julio López, joven desaparecido con tres amigos en Nuevo León

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Desde principios de 2007 se publicaron las primeras denuncias sobre personas desaparecidas, que al año siguiente ya sumaban 600. El fenómeno no se detendría.

Comenzó de a poco –dos eperristas en Oaxaca; un par de veterinarios en Torreón; un niño de nueve años, su padre y sus tíos; varios jóvenes que viajaban rumbo a la frontera– y pronto se habló de colectivos: 20 vacacionistas en Acapulco, dos camionetas con ingenieros en Piedras Negras, 38 petroleros en Cadereyta, 12 vendedores de pintura, 10 policías federales en Michoacán, ocho cazadores de Guanajuato, tres camiones llenos de migrantes, una veintena de jornaleros guanajuatenses, 50 personas capturadas por marinos y cientos de jovencitas de Coahuila, Chihuahua, Veracruz o Querétaro.

La única cifra oficial que existe hasta el momento es de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 24 mil 91 personas desaparecidas estos seis años. En 2 mil 126 casos los denunciantes (familiares de los desaparecidos) responsabilizan del crimen a funcionarios de gobierno.

También registró que 15 mil 921 cadáveres no identificados fueron llevados a la fosa común; de éstos, mil 421 fueron hallados en fosas clandestinas.

Las estimaciones extraoficiales superan esas cifras. El gobierno federal nunca dio a conocer sus números.

El miércoles 21, en su última reunión con familiares de los desaparecidos de Coahuila –258 casos–, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, aceptó que desde el primer encuentro de las víctimas con Felipe Calderón y su gabinete, en mayo de 2011, ninguna de las personas fue encontrada. Admitió que tampoco formó el grupo especializado de búsqueda que prometió seis meses antes. Justificó la falta de resultados con un lacónico: “No nos dio tiempo”.

“Fue evidente que no cumplió los compromisos que había firmado, pidió disculpas, puso como pretexto que no les dio tiempo. Se comprometió a conseguirnos una entrevista con el equipo de transición del nuevo gobierno”, relata Diana Iris, madre del joven desaparecido en febrero de 2007 Daniel Cantú, uno de los primeros del sexenio.

Según los asistentes a la cita, la procuradora general de la República, Marisela Morales, dijo que la solución sería que todos los estados tuvieran servicios médicos forenses con laboratorios.

“Su discurso fue horroroso, nos dijo que nuestros familiares están muertos. Le pedimos que cuidara su forma de hablar porque no se puede hablar de muertos y le dijimos que el delito de desaparición forzada no prescribe sino hasta que se haga justicia y se sepa la verdad. Le preguntamos que para qué quería laboratorios de genética forense en cada estado si no protegen a la gente para que no la maten ni la desaparezcan, si cuando rescatan los cuerpos lo hacen de la peor manera, los destrozan, hacen tropelías, los dejan irreconocibles”, narra Iris, una de las fundadoras del grupo de familias Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec).

En 2008 comenzaron las primeras denuncias públicas de las familias en diversos estados del país. En mayo de 2010 se hizo la primera manifestación en el DF, afuera de Palacio Nacional.

Luego surgieron grupos en distintos estados. Unidos por Nuestros Desaparecidos, en Baja California; Comité de Madres y Familias con Hijas Desaparecidas, en Chihuahua; Fundec, en Coahuila; Lucha por Amor, Verdad y Justicia (Lupa), en Nuevo León; Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados, en Guerrero; Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos ¡Hasta Encontrarlos!, en Guerrero y Michoacán; Voces Unidas por la Paz, en Sinaloa; Buscamos a Nuestras Hijas, en Veracruz; Fundación Tanatológica Manavi, en Durango; Grupo San Luis de la Paz Justicia y Esperanza, en Guanajuato y los círculos de Bordadoras por la Paz, además de otras agrupaciones aún sin nombre.

Organizaciones de derechos humanos ya existentes en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato, Nuevo León y el Distrito Federal tuvieron que volcarse a atender los casos.

En abril de 2011 surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que sumó a víctimas que permanecían aisladas y las ya articuladas, las que consiguieron que el presidente y su gabinete escucharan sus reclamos en el Castillo de Chapultepec. El problema llegó también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y al Grupo de Trabajo de la ONU para las Desapariciones Forzadas.

A un sexenio de distancia, en la evaluación de todos los colectivos, los planteamientos con los que las familias salieron a las calles siguen sin cumplirse: Ninguno rescató a un familiar con vida.

No existe el registro nacional de personas desaparecidas. Sobre este tema Poiré dijo a La Jornada que esa tarea correspondía a cada estado.

Tampoco se creó el equipo interinstitucional de búsqueda y rescate. A lo más que se llegó fue a un protocolo de búsqueda para las primeras 72 horas del reporte de no localización, cuya implementación es opcional para cada procuraduría estatal.

Como este semanario dio cuenta, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación tampoco aceptaron la propuesta (presentada por organizaciones nacionales y centroamericanas) de crear un equipo interdisciplinario forense apoyado por expertos internacionales para unificar procedimientos en la exhumaciones de cadáveres.

Aunque el Equipo Argentino de Antropología Forense había recabado 411 muestras genéticas de centroamericanos que tienen familiares desaparecidos en México, la PGR no permitió que se compararan con los cadáveres encontrados en las fosas de San Fernando, Tamaulipas. Las familias de los migrantes siguen penando. Las que recibieron ataúdes de cuerpos hallados en esas fosas no saben si enterraron a su familiar.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1882, en circulación)