Telecomunicaciones: Ni cobertura ni convergencia ni competencia

miércoles, 28 de noviembre de 2012
En materia de telecomunicaciones, el sexenio de Calderón terminó donde empezó. Pese a sus ambiciosas metas, no fue capaz de aumentar el número de líneas de telefonía fija ni la cobertura de la rural ni pudo ampliar el acceso a la banda ancha de internet. Mucho menos abrió la competencia para permitir la creación de nuevas redes de televisión: Azcárraga y Salinas Pliego no se lo permitieron. En los índices de desarrollo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones México pasó del lugar 78 (que tenía en 2008) al 79 (el año pasado), mientras otras naciones, destacadamente Brasil, no dejan de avanzar en ese sector. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Tres semanas después de que Felipe Calderón asumiera el gobierno, el entonces flamante secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, negó que Telemundo o su socio mexicano Palmas 26, de la familia Saba, hubieran presentado solicitud alguna para operar una “tercera cadena” de televisión. Subrayó que la dependencia no tenía planes para autorizar ninguna otra que compitiera con Televisa y TV Azteca, que dominan 70% y 30% del mercado, respectivamente. Pero a mediados de diciembre de 2006, declaraciones publicadas en el Financial Times le atribuyeron a Téllez la afirmación de que “ahora sí” el gobierno entrante iba a abrir la competencia en televisión. A partir de ahí la presión fue brutal. En las pantallas de Televisa y TV Azteca se transmitieron notas contra la familia Saba, a la que acusaron de monopolizar la distribución de medicamentos. El gobierno de Calderón se doblegó. A unos días de que termine el sexenio, tampoco se concretó la emisión de las bases de licitación para una tercera o cuarta cadena de televisión digital terrestre (TDT), que la Comisión Federal de Competencia (CFC) estipuló como una de las seis condiciones para autorizar la fusión de Televisa y Iusacell. Ni competencia en televisión analógica ni en televisión digital. A cambio su administración respetó el “regalo” del final del gobierno de Vicente Fox que prolongó hasta 2021 las 393 concesiones de Televisa (224 propias y el resto asociadas) y las 169 de TV Azteca. En materia de telefonía y de internet, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) calderonista se fijó una meta de 26.5 millones de líneas de telefonía fija, ampliar la cobertura de telefonía rural, incrementar las redes públicas que prestan servicios de triple play, llegar a 70 millones de usuarios de internet y aumentar el acceso a la banda ancha. Seis años después, la administración de Calderón terminó justo donde empezó: Sin cumplir con el objetivo de mayor convergencia ni acceso a internet, en lugar de “alcanzar un grado de penetración de internet superior a 60%” de la población, según el PND, apenas se llegó a 40%. Un duro diagnóstico de este sexenio es la carta abierta, promovida esta semana por Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, y firmada por especialistas como Fernando Butler Silva, consultor y analista; Aleida Calleja, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información; Agustín Ramírez, abogado especialista en derecho de telecomunicaciones; Gabriel Sosa Plata, periodista y analista; Ramiro Tomar Landa, economista especializado en regulación del sector, y Raúl Trejo Delarbre, profesor e investigador de la UNAM. Dirigida al próximo presidente de la República y a los coordinadores de las bancadas del Congreso de la Unión, la carta propone la creación de una Comisión Nacional de Banda Ancha y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pero también hace un duro balance de este sexenio. “No hubo diseño de políticas públicas durante este sexenio porque nunca se plantearon objetivos ni metas realistas. No tuvieron visión. En un sexenio hubo tres secretarios de Comunicaciones y Transportes y cuatro subsecretarios de Comunicaciones. No se podía lograr nada así”, dice Negrete consultado por Proceso. “De una política pública mediocre, el sexenio de Calderón pasó a una política maniquea en el sector, de buenos y malos. Estableció como objetivo establecer una competencia para Telmex, que sí se logró en parte, pero olvidó otras áreas”, sentencia Negrete. En el documento advierten que “el estancamiento” de México en telecomunicaciones es evidente: En 2008 el país ocupó el lugar 78 en el índice de desarrollo de tecnologías de la información publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y en 2011 ocupó la posición 79. “Tal situación se atribuye a la ausencia de políticas públicas que busquen acelerar la digitalización, la creatividad y la innovación”, subraya la carta. “El sector careció de un conjunto de políticas públicas con objetivos, líneas de acción y estrategias precisas. México no lidera en ningún servicio de telecomunicaciones en América Latina (telefonía fija, móvil, banda ancha y televisión restringida) y las metas que se plantearon en 2007 no se cumplieron”, enumera el reporte. Y ejemplifica: “En telefonía fija se propuso como meta contar para 2012 con 26.5 millones de líneas, pero sólo se alcanzaron 19.7. En seis años no creció la cobertura de telefonía rural y se quedó en una cobertura de 24.1 millones de habitantes y 51 mil 396 ­localidades. “El total de usuarios de internet en 2012 se programó en 70 millones, pero sólo existen 41 millones. Hay alrededor de 22.8 millones de conexiones de banda ancha fija y móvil, en comparación con los 22 millones programados al inicio de la administración. Sin embargo la meta gubernamental estaba concebida en la banda ancha fija (telefonía) y no se preparó para el crecimiento de la banda ancha en servicio móvil.” El presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, admitió este mes que 52% de la población mexicana no tiene acceso a la banda ancha o depende de un solo proveedor. Sólo existe competencia en 40% de la población más rica. Los precios inhiben la penetración en este sector. –¿Qué se debe hacer para salir de ese estancamiento? –se le pregunta a Negrete. –No se debe volver a politizar el sector. El tema se politizó completamente y los problemas se mediatizaron, como en el caso de la guerra entre Televisa y Telmex, o la disputa con MVS por la banda 2.5 Ghz. Todo se politizó. El gobierno estableció buenos y malos y nunca concretó la agenda digital. –¿Por qué es importante la promoción de la banda ancha? –El mayor rezago en el país es en materia de banda ancha. En Brasil y en otros países se demostró que no existe elemento de transformación social más igualador que el compromiso con la penetración en banda ancha. En Brasil lograron que millones de niños de las favelas tuvieran educación digital. Es más barato y eficaz tener educación a distancia controlada por el gobierno, que crear instalaciones escolares y universitarias.   Fallida tercera cadena   El caso de la tercera cadena es ilustrativo de un sexenio perdido en materia de cobertura, convergencia y competencia. Una de las seis condiciones que interpuso la CFC para autorizar en junio de este año la polémica fusión entre Televisa y Iusacell (propiedad de Ricardo Salinas Pliego, accionista de TV Azteca) fue establecer que el 30 de noviembre, a más tardar, deberían estar las bases de la licitación y en junio de 2014, dos años después, ya operarían uno o dos jugadores más en esta tecnología. A una semana de que termine el sexenio las bases de licitación para una cadena de TDT no estarán listas. Funcionaron la presión, el chantaje y la “captura” de Televisa sobre los organismos reguladores, especialmente la Cofetel, que acabó en una franca división entre su presidente, De Swaan, promotor del proyecto de licitación, y los cuatro comisionados restantes. Así lo admitió, entre líneas, el presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, en un artículo publicado el martes 20 en el periódico Reforma, Licitación de televisión: no nos hagamos bolas, donde el responsable del organismo encargado de evitar las prácticas monopólicas les advirtió a todos los comisionados de la Cofetel y la CFC: “Nuestra responsabilidad como comisionados de una y otra institución debe ser de cara al interés público, como lo entienda cada uno de nosotros. Para eso nos nombraron, nos dieron periodos transexenales y nos hicieron inamovibles salvo por causa grave. No hay pretexto para ceder a presiones, para mediar entre posiciones particulares a costa del interés público o para tratar de quedar bien con quien sea. Más vale que lo entendamos todos.” Antes de que se publicara este artículo las presiones de las televisoras sobre la Cofetel y la CFC fueron evidentes. Dos de los cinco comisionados de la primera bloquearon la posibilidad de que avanzaran las bases de licitación de la tercera cadena; en distintos medios y columnas afines a Televisa y TV Azteca se ventilaron denuncias de “corrupción” contra De Swaan, principal interesado en promover la nueva licitación. En el artículo, Pérez Motta también lanza una clara advertencia hacia Televisa y TV Azteca: “Sí hay un plazo fatal para esta licitación, y es junio de 2014, 24 meses a partir de los condicionamientos impuestos por la CFC a Televisa y TV Azteca para aprobar la alianza Televisa-Iusacell. Si para este momento se ha publicado la convocatoria para la licitación pero ésta no se ha concluido exitosamente, las empresas tendrán que deshacer la alianza. Si no se ha publicado la convocatoria, se extingue la condición y las instituciones involucradas tendremos que vivir con la responsabilidad de haber sido incapaces de siquiera llamar a una licitación (ya no digamos llevarla a cabo en el módico plazo de dos años).” Entre 2009 y 2010 todo lo que oliera a una tercera cadena o a competencia en el ámbito de la televisión de paga fue combatido desde el Ajusco o las oficinas de Televisa San Ángel. La idea de una tercera cadena resurgió con el proyecto de De Swaan al anunciar un programa de concesionamiento de frecuencias para dos cadenas de televisión digital abierta en 2011. En otras palabras, para crear dos redes que, en el mediano plazo, significaran una competencia real para Televisa y TV Azteca. Así le fue a De Swaan. La agencia Reuters lo acusó de favorecer con licitaciones a un grupo de amigos. La diputada federal Purificación Carpinteyro, exsubsecretaria de Comunicaciones, demostró en un artículo que las acusaciones fueron promovidas por grupos de especialistas vinculados con Televisa. El Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, anunciado por Calderón como la posibilidad de una tercera red de televisión pública, sólo provocó un cambio administrativo: Que Canal 11 y Canal 22 pasaran a formar parte del ámbito regulatorio de la Secretaría de Gobernación.   El “thrilller” de las telecomunicaciones En menos de seis años desfilaron por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tres titulares: Luis Téllez, Juan Molinar Horcasitas y Dionisio Pérez Jácome. También cuatro subsecretarios de Comunicaciones y una de ellas, Purificación Carpinteyro, se enfrentó públicamente con Téllez y con el gobierno de Calderón, acusada de “filtrar” y “espiar” llamadas telefónicas del actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. El escándalo de las grabaciones de Téllez derivó en la salida de éste y en un prolongado juicio contra Carpinteyro, que se inició el 27 de enero de 2010 y culminó un año después, cuando el juez sexto de distrito, Alejandro Caballero Vértiz, la exoneró de la supuesta difusión de grabaciones telefónicas. Carpinteyro argumentó en su defensa que el problema real era tender una “cortina de humo” para no abordar la competencia televisiva y en el servicio de telecomunicaciones. Después de su salida se agudizó la disputa entre Televisa y TV Azteca, por un lado, y Telmex y Telcel, por el otro. No hubo autoridad que frenara la guerra de desplegados entre ambos agentes dominantes. La exsubsecretaria también reveló que las grabaciones se las dio Héctor Osuna, anterior presidente de la Cofetel, quien estuvo enfrentado abiertamente con Téllez durante la primera mitad del sexenio. Las diferencias entre la Cofetel y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no han disminuido. Por el contrario, se agudizaron y han sido alentadas desde los propios consorcios, que deberían estar regulados por el gobierno. En agosto de este año, otro escándalo se detonó a raíz de la decisión del titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, de anunciar el “inicio del rescate” de las concesiones en la banda 2.5 Ghz, detentadas en su mayoría por el Grupo MVS, de Joaquín Vargas, serio competidor de Televisa en televisión satelital, a través de Grupo Dish, donde Telmex participa como socio en los servicios de facturación. Tras más de 24 meses de negociación, el gobierno de Calderón decidió bloquear el proyecto “Banda Ancha para Todos” de MVS, asociado a otras empresas telefónicas y de telecomunicaciones, cuya inversión superaba los mil millones de dólares. En un gesto inusitado Vargas ventiló públicamente las presiones y negociaciones con la administración calderonista. Reveló que tanto la vocera del gobierno federal, Alejandra Sota, como el secretario del Trabajo, Javier Lozano, le pidieron la “cabeza” de la periodista Carmen Aristegui a cambio de que refrendaran los títulos de concesión en la banda 2.5 Ghz, al tiempo que acatara la fusión de Televisa-Iusacell, sin promover amparo o recurso jurídico alguno. El thriller de las telecomunicaciones llegó hasta el final del sexenio. Mucho antes de que detonara el escándalo con MVS, en julio de 2008 Cablevisión, empresa filial de Televisa, interpuso un alegato jurídico de 17 cuartillas, firmado por Jean Paul Broc Haro, para “darle línea” a las autoridades de la Cofetel y de la SCT (Proceso 1729). En ese documento los abogados de Cablevisión argumentan que en el uso de la banda 2.5-2.6 Ghz “es imperativo que México adopte pasos similares (a otros países) para reconfigurar la banda de manera tal que se generen condiciones para que se haga un uso más eficiente” y para que “se propicie la entrada de nuevos operadores”. Fueron los mismos argumentos de la SCT.

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