XALAPA, VER. (Proceso).- Apenas lleva 23 meses como gobernador y los problemas de Javier Duarte de Ochoa con la prensa se han vuelto ríspidos. Durante su breve gestión han muerto nueve reporteros –entre ellos Regina Martínez, corresponsal de Proceso en esta entidad–, tres han desaparecido y 30 más que vivían en Veracruz decidieron desplazarse a otros estados o al extranjero. Además, directores de información y conductores de programas noticiosos han sido despedidos por “sugerencias” de la Dirección de Comunicación Social, mientras que algunos reporteros han sido cambiados de fuente por instrucción oficial. Hoy son constantes las llamadas telefónicas a portales digitales y a medios impresos para “solicitar” a sus directivos no publicar o “bajar una nota” que dé mala imagen de Veracruz, aun cuando se sustente en declaraciones de algún colaborador del gobierno duartista. La difícil relación de Duarte con los medios se inició en 1995, hace casi 18 años, cuando se encargaba de hacer una síntesis informativa de los diarios de circulación nacional en lo relacionado con Veracruz para entregársela a su jefe directo: Fidel Herrera Beltrán, entonces coordinador general para la Promoción de la Participación Social de la Secretaría de Gobernación. Entre 1997 y 2000 fungió como secretario particular de Herrera Beltrán, según contó el propio Duarte de Ochoa en un desayuno con periodistas a principios de 2010 en el restaurante La Candela, del hotel Mesón del Alférez en el Centro Histórico de Xalapa, poco antes de solicitar licencia al cargo de diputado federal para contender por la gubernatura de Veracruz bajo los emblemas del PRI y PVEM. En ese convite, de los pocos acercamientos de Duarte con los reporteros, narró entre risas la forma en que, ante la ausencia de internet y las redes sociales, recortaba con tijeras las notas publicadas en la prensa nacional relativas a Veracruz. Dijo también que para obtener las portadas de los periódicos de la entidad solía llamar a un contacto en esta zona para que le dictara los principales titulares y las cabezas de las notas alusivas a Herrera Beltrán. Con base en esa anécdota, el 9 de noviembre de 2010 el periódico Imagen de Veracruz publicó un reportaje de Luis Velázquez Rivera titulado Los días pobres de Duarte. Según el autor, en aquellos años Duarte tomaba el dictado del resumen informativo por teléfono. Hoy las cosas son distintas. Como gobernador, Duarte se muestra intolerante ante sus críticos y los periodistas que le resultan incómodos. Ejemplo reciente de ese proceder es el caso del reportero policiaco Carlos César Hernández Sebastián, quien fue privado de su libertad el pasado 24 de octubre cuando cubría el arresto de unos pandilleros. Los uniformados de las patrullas 1730 y 17118 se lo llevaron a la Academia de Policía de El Lencero, donde lo tuvieron incomunicado 14 horas antes de consignarlo ante el Ministerio Público federal por la presunta posesión de 10 bolsas de mariguana. En la noche del día 25, la propia Procuraduría General de la República lo liberó bajo las reservas de ley y citó a declarar a los policías que “le sembraron” el enervante. La Dirección de Comunicación Social, que había boletinado a Hernández decidió retirar el comunicado y fotografía en la cual el “periodista activo” aparecía en posesión de drogas. Sin embargo, nunca pidió disculpas al agraviado; tampoco lo hizo la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Otro caso es el de Mary José Gamboa, quien el 4 de junio último fue despedida de Megacable, donde conducía el noticiario Meganoticias, por órdenes de la directora de Comunicación Social del gobierno, Gina Domínguez Colio. Según la afectada, los causantes de su salida fueron la vocera del gobernador y el presidente municipal de Boca del Río, Salvador Manzur. Asegura que su despido obedeció a que todos los días recordaba ante el auditorio el asesinato de nueve periodistas de Veracruz ocurridos durante la gestión de Duarte y criticaba los desatinos del alcalde Manzur. En la misma empresa, quien era director, Hugo Figueroa, fue despedido en septiembre de 2011. La razón: mostrar al aire la portada de la edición 1821 de Proceso, en la cual aparecen los 35 cuerpos arrojados al pie del monumento a los Voladores de Papantla en las inmediaciones de la Plaza las Américas. En pantalla apareció la siguiente leyenda: “Esto, estimado televidente, es lo que el gobierno de Veracruz no quiere que veas”. La edición, puesta en circulación el 25 de septiembre de 2011, desapareció de los puestos de periódicos y locales cerrados del estado.   Acoso sistemático   La inseguridad y la falta de garantías para el ejercicio de su profesión obligaron a Andrés Timoteo Morales, excorresponsal de La Jornada en Veracruz y amigo cercano de Regina Martínez, a exiliarse en Francia. De manera similar, el monero de Milenio Rafael Pineda, Rape, quien residía en Xalapa, se exilio en el país galo luego de las amenazas anónimas que aparecieron en su automóvil. Aunque decidió regresar, ahora vive en la Ciudad de México. Lourdes López, exjefa de información de la sección policiaca del Diario de Xalapa y exreportera de Meganoticias, se fue a Chiapas a causa, dijo, de las presiones que recibía para que manejara la información policiaca de determinada manera. López dejó Veracruz a mediados de junio, días después del asesinato del editor de Testigo en el periódico Milenio El Portal de Veracruz, Víctor Manuel Báez Chino. Junto con ellos, otra veintena de comunicadores veracruzanos, entre fotógrafos, reporteros policiacos y periodistas digitales han tenido que salir del estado. La mayoría solicitó apoyo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En medio de este clima de opresión mediática, periódicos como Política, Diario de Xalapa y El Heraldo de Xalapa optaron por retirar de la fuente de gobierno del estado o de actos públicos oficiales a reporteros que resultaban incómodos al mandatario. Otros, como Ultravisión o Meganoticias decidieron “moderar” la línea editorial, ante el riesgo de perder la publicidad institucional. Para el “retiro de información” o la “sugerencia” de no publicar ciertas notas, así emanen de los secretarios de despacho del “gobierno próspero” –como reza el slogan de Javier Duarte–, la Dirección de Comunicación Social se vale de periodistas otrora críticos que hoy laboran en el aparato gubernamental. Su tarea consiste en llamar por teléfono a las redacciones de los medios. Miguel Valera, exdirector de Punto y Aparte, y Sandra García, exreportera de Tv Azteca, con frecuencia presionan en las redacciones para “amalgamar” la información que debe publicarse al día siguiente en los medios del estado. Tres de los casos de manipulación informativa más recientes son: La petición a los periódicos de no tocar el tema de las vacaciones de Duarte en Europa durante el paso del huracán Ernesto; la declaración de Arturo Bermúdez Zurita (secretario de Seguridad Pública): “Ser amigo o cuate de Los Zetas antes era motivo de presumir en Veracruz” y la última, el 19 de octubre, cuando el contralor Iván López Fernández responsabilizó a la Secretaría de Finanzas y Planeación de investigar si había empresas constructoras ligadas al narcotráfico y con obra pública en Veracruz, como lo aseguró el periódico Reforma.   Octubre convulso   La detención de Jorge Antonio Hernández, El Silva, uno de los dos presuntos asesinos de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, ocurre en este contexto cargado de tensiones para Duarte y pone a su administración en aprietos a un mes de que Enrique Peña Nieto asuma la Presidencia. A principios de octubre, durante el concierto de Café Tacuba, en la clausura del Hay Festival, 12 mil personas gritaron a coro: “¡Que chingue su madre Peña!”. La consigna dio la vuelta al país a través de las redes sociales. Justo en ese festival el PEN Internacional y reconocidos periodistas extranjeros cuestionaron la vulnerabilidad en la que está inmersa la prensa veracruzana. En los últimos 15 días han sido detenidos varios empresarios de la entidad por presuntos nexos con el narcotráfico, la mayoría de ellos de Córdoba, ciudad natal de Duarte. Y, según las cifras de Veracruz Seguro, en el primer año de ese operativo han sido ejecutados mil 351 presuntos delincuentes. No obstante, los secuestros continúan. La Sedena habla de 90 plagios mientras que la Procuraduría General de Justicia estatal registra 137 desaparecidos. En cifras, el descontrol se traduce en cinco delincuentes abatidos por soldados y marinos en Cosamaloapan y 10 en Pánuco, así como la ejecución de presuntos sicarios a manos del Cártel de Jalisco Nueva Generación que aún no han sido consignados por ninguna instancia gubernamental. También están las ejecuciones del líder cañero de Oaxaca, Abel Valdivia, en Tierra Blanca a principios del mes pasado, y del migrante hondureño Carlos Martín Serrato, en Sayula de Alemán, justo cuando la Caravana de Madres Centroamericanas se encontraba en Tierra Blanca. A finales de septiembre el gobierno de Duarte tuvo un mal momento: 35 uniformados de Veracruz fueron detenidos por presuntos nexos con el crimen organizado, 19 elementos rasos estaban adscritos a la nueva Policía Estatal Conurbación Xalapa, creación del actual secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, cuñado del actual diputado federal Alejandro Montano, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Miguel Alemán.