Una vez más, el consejero presidente del IFE debió posponer para ocasión mejor la destrucción de los documentos correspondientes a las elecciones presidenciales de 2006. El 31 de octubre, el máximo organismo mundial, la ONU, atendió la demanda de Proceso y prácticamente apagó el cerillo con el que Leonardo Valdés se disponía a quemar las boletas de aquellos controvertidos comicios. MÉXICO, D.F. (Proceso).- El Instituto Federal Electoral (IFE) pospondrá una vez más la destrucción de los registros y documentos oficiales sobre la elección presidencial de 2006, luego de que así se lo solicitara la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano. Desde Ginebra, Suiza, el organismo internacional hizo la petición al gobierno de Felipe Calderón ante la posibilidad de que esa destrucción violara diversas disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocido por México. El aplazamiento representa una “medida provisional” mientras el Comité de Derechos Humanos de la ONU analiza la demanda que presentó ante esa instancia el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, por la decisión del IFE de destruir toda evidencia de lo que fue la elección de Calderón como presidente. El 31 de octubre, el director de la División de Tratados de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ibrahim Salama, informó a la representación legal del semanario que el relator especial sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales del mencionado comité “ha solicitado al Estado parte suspender la destrucción de las boletas electorales de la elección del 2 de julio de 2006”, mientras la demanda es analizada. El Alto Comisionado de la ONU, con sede en Ginebra, precisó que la medida provisional “podrá ser reexaminada” a solicitud del Estado parte y en función de las observaciones que haga sobre la admisibilidad y el fondo de la demanda. A su vez Proceso deberá responder a lo que diga el Estado mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El consejero del IFE Marco Antonio Baños Martínez admitió el jueves 1 ante la prensa que el instituto tiene que respetar la petición de la ONU, aunque su colega Benito Nacif se quejó del costo que seguirá significando la conservación de las evidencias de la elección de Calderón: “El IFE será prudente, tendrá que revisar el alcance de la decisión tomada en términos de derecho internacional público. El país ha suscrito los pactos que motivan la decisión del Alto Comisionado (de la ONU para los Derechos Humanos), así que es una decisión vinculatoria y en mi opinión el instituto tendrá que ser respetuoso de la decisión y diferir la destrucción de las boletas electorales del proceso 2006.” Aun así, dijo que “será necesario estudiar a fondo dicha petición” una vez que sea entregada por la Secretaría de Relaciones Exteriores al IFE. La posición oficial de éste deberá ser anunciada por su Consejo General, cuyo presidente, Leonardo Valdés Zurita, no se ha pronunciado sobre la solicitud de la ONU. Promotor de la destrucción de la memoria electoral de 2006, Nacif se quejó de la petición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por los efectos que tendrá en el presupuesto del IFE para el próximo año, debido a los costos de almacenaje y custodia de los paquetes electorales durante el tiempo que esté vigente la nueva acción precautoria. Los consejeros han dado cifras contradictorias sobre el costo de la conservación, solicitada inicialmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que tuvo una vigencia de tres años y medio. El pasado 3 de octubre, al justificar la destrucción del material, el IFE argumentó que el gasto anual era de 12 millones 842 mil 565 pesos, pero ahora los consejeros entrevistados lo estimaron en 4 millones, tres veces menos de lo que oficialmente estableció el Consejo General del IFE. En el acuerdo CG660/2012, de la fecha mencionada, se dice que el IFE estableció por unanimidad los lineamientos para la destrucción de la papelería de los procesos electorales federales de 2006 y 2012, y la programó para la segunda quincena de noviembre. Con la petición de la ONU, a partir del lunes 12 sólo se podrá eliminar la documentación de las elecciones de julio pasado. Proceso, a través de su director, recurrió a la ONU alegando que ese acuerdo del IFE viola los artículos 2, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se refieren a las obligaciones del Estado mexicano de adoptar medidas para garantizar los derechos humanos, asegurar recursos judiciales efectivos y respetar el derecho de buscar, recibir y difundir información. En su argumentación, la revista sostiene que México carece de un recurso legal efectivo para que cualquier ciudadano tenga acceso a los paquetes electorales, toda vez que tanto las autoridades administrativas como las judiciales resolvieron que la información electoral está reservada para los partidos políticos y excluye a los particulares. En el acuerdo CG660/2012 los consejeros electorales dijeron que la conservación de los paquetes electorales durante todo el sexenio ha costado cerca de 80 millones de pesos, además de que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) prevé la destrucción de la papelería utilizada cuando finalice el proceso. En el caso de la elección de 2006, el IFE señaló que el proceso culminó el 5 de septiembre de ese año, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le entregó a Calderón la constancia como presidente electo. Sin embargo el instituto no pudo destruir en ese momento el material porque había diversas peticiones de información pública para tener acceso a los paquetes de boletas y actas. El tema llegó al Poder Judicial. El IFE negó el acceso escudándose en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en tanto que el TEPJF validó esa negativa con el argumento de que no se afectaban los derechos políticos de los peticionarios. Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una votación de seis a cinco, determinó que el tema no era de acceso a la información sino electoral, y por lo tanto reservado a los partidos políticos. Ante la persistente negativa de las autoridades administrativas y judiciales, la revista acudió a la CIDH para demandar al Estado mexicano y solicitar medidas cautelares para suspender la destrucción de los paquetes. En julio de 2008, el organismo interamericano concedió esas medidas precautorias, pero demoró años (hasta noviembre de 2011) para decidir que no admitiría la demanda por considerar que la negativa del gobierno de Calderón no constituía una posible violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH desechó el caso sin entrar al fondo de la denuncia. A partir de esa decisión los consejeros del IFE aseguraron que ya no había nada que detuviera la destrucción de todo el material de la elección presidencial de 2006 y emitieron los lineamientos para ello. Pero ahora la ONU es la que pide la medida provisional, que puede ir más allá del 30 de noviembre, cuando concluya el actual periodo presidencial y en tal caso le corresponderá al gobierno de Enrique Peña Nieto hacer la defensa de la elección de Felipe Calderón.