Monroy, secuestrado en tierras de nadie

viernes, 9 de noviembre de 2012
COLIMA, COL.- El secuestro y desaparición del líder indígena nahua Celedonio Monroy Prudencio, ocurrido la noche del 23 de octubre cerca de la franja en conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima, se enmarca en el clima de vacío de poder y desprotección que existe en esa zona, advierte Roberto García Avendaño, representante de la organización Amnistía Internacional en esta entidad. En las últimas décadas, dice, los gobiernos de Colima y Jalisco, así como el federal, han descuidado la atención que deben brindar —no sólo en materia de seguridad pública, sino de otros servicios en general— a los pobladores de esa región, que “prácticamente se sienten desprotegidos o sin Estado, pero esto no es nuevo, porque hay muchos lugares en el país donde el Estado no se aparece”. A juicio de García Avendaño, “esta ausencia o carencia de autoridad hace que los vacíos de poder sean llenados por los caciques locales, por la delincuencia organizada o distintos grupos de poder que se van conformando y esto pareciera que es lo que sucede en esa zona”. El caso de Monroy Prudencio, representante indígena y activista a favor de la protección del entorno ecológico de la Reserva de la Biósfera de Manantlán, demuestra que defender el medio ambiente se ha convertido en una labor bastante peligrosa, pues las autoridades en lugar de proteger a los defensores, que hacen el trabajo que ellas deberían estar haciendo, inician procesos penales en su contra o resultan totalmente omisas en garantizar su seguridad, expone Roberto García. Celedonio Monroy, de 37 años, fue secuestrado alrededor de las 10 de la noche del 23 de octubre por alrededor de siete hombres armados que se introdujeron violentamente a su vivienda, en la comunidad de Loma Colorada, municipio de Cuautitlán, Jalisco. Al día siguiente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió la investigación 34/2012 a través de su Tercera Visitaduría, con sede en Autlán, y a partir de entonces el organismo solicitó información en cárceles y en corporaciones policiacas de distintos niveles en la entidad, a fin de localizar a Monroy en caso de que estuviera detenido, pero no obtuvo resultados. Ante esta situación, el director de quejas de la CEDHJ, Luis Arturo Jiménez, declaró que en la búsqueda están colaborando autoridades de Colima, ya que se presumía que policías de esta última entidad pudieron llevarse al activista. Las reacciones en esta entidad no se hicieron esperar. A propuesta del diputado Mariano Trillo Quiroz, del PVEM, el Congreso del estado aprobó por unanimidad un punto de acuerdo en el que solicitó al gobierno colimense la búsqueda de Celedonio Monroy a través de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Chapula de la Mora, declaró que ya habían establecido contacto ese organismo y su similar de Jalisco para compartir información y coordinar acciones para tratar de localizar al activista desaparecido. A su vez, la procuradora de Justicia, Yolanda Verduzco Guzmán, negó que la policía de Colima haya participado en la desaparición de Monroy, pero informó que la corporación a su cargo radicó una indagatoria de oficio sobre el hecho y ya se encontraba colaborando con las autoridades jaliscienses. Monroy Prudencio, cuyo paradero se desconocía hasta el 31 de octubre, egresó en 2006 de la licenciatura en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Hasta unos meses antes de su desaparición fue director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Cuautitlán, Jalisco, y representante de su comunidad ante la Comisión Estatal Indígena. El profesor Sergio Venancio Osegueda, quien fue su asesor de tesis en la universidad, lo recuerda como un estudiante crítico, serio y puntual. “Es una persona de una sola pieza. Si veía que algo estaba mal se levantaba y lo señalaba; aunque en la facultad no abanderaba nada, sí se le veía consciente de las problemáticas sociales”. Por ser de origen humilde, Monroy trabajaba al tiempo que cursaba su carrera. Uno de los empleos que tuvo fue como obrero en la maquiladora Macsa, de la que se quejaba con frecuencia por el bajo sueldo. En entrevista con Proceso Jalisco, Venancio Osegueda considera que quizá debido a la información que consiguió durante el proceso de elaboración de su tesis, en la que abordó el tema de la gestión ambiental, Monroy Prudencio reforzó su conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Respecto de la desaparición de su exalumno, Sergio Venancio pone en duda que hayan sido policías de Colima quienes perpetraron el hecho porque “la mayor parte de la zona de la Reserva de la Biósfera de Manantlán está en Jalisco, las personas con interés por explotar los recursos maderables están en ese estado, así que las conexiones que se pueden tener para afectar a una persona pueden surgir de ese entorno”. No obstante, estima que la inseguridad es un problema que está afectando a todos. “No podemos saber qué tipo de personas lo secuestraron, no podemos asegurar que hayan sido agentes policiacos de una entidad o de otra, quizá fueron personas de algún grupo delictivo que se hicieron pasar por agentes y se lo llevaron, pero independientemente de esto algo tenemos que hacer los ciudadanos, al menos decir ‘ya párenle’, hay que hacer algo”. Señala que las autoridades tienen que proteger a la gente, dar certidumbre, y en este caso las corporaciones de Jalisco y de Colima “tienen que dar la cara y dejar bien en claro que, si no participaron ahí, debe haber algún tipo de elementos, algunas pruebas que nos digan que no fueron ellos y que fue otro tipo de gente; que se investigue y que se encuentre a Celedonio”. Roberto García Avendaño, por su parte, coincide en que urge la actuación de las autoridades para que se resuelva el caso y aparezca Celedonio Monroy, con lo que el gobierno puede sentar un precedente de protección a los derechos humanos y de protección a las comunidades de la región. “Que esto sea una llamada de atención para que tomen cartas en el asunto y que realmente haya una presencia de la autoridad en esta zona para defender a los pobladores, que al final ese es el fin último de la autoridad”, sostiene. Sin embargo, lamenta García Avendaño, hasta ahora la administración federal saliente no ha atendido las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos de presos de conciencia ni en la protección a los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente.

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