Autoridades y lugareños de los municipios que comprenden la región Valles de Jalisco viven en la zozobra por las constantes balaceras, secuestros y asesinatos tanto de sicarios como de jefes policiacos. Ahí, dicen, los cárteles de la droga son los dueños. El coordinador de la Policía Rural de la entidad, Rogelio Andrade, recomienda a los nuevos alcaldes y funcionarios de seguridad enfrentar a los delincuentes; de lo contrario, sentencia, vivirán doblegados por el narco. GUADALAJARA, Jal. (Proceso Jalisco).- Los crecientes desencuentros entre sicarios de Los Zetas, del Cártel del Golfo (CDG) y de Los Chapos por el control de la región Valles de Jalisco han causado bajas de los cuerpos policiacos de Magdalena y de San Martín Hidalgo, lo que pone en evidencia la precariedad de las administraciones municipales que tomaron posesión apenas el 1 de octubre. El coordinador de la Policía Rural de Jalisco, Rogelio Andrade, relata que la mañana del 30 de octubre último ocho sicarios irrumpieron en el domicilio del director de Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Casimiro Zárate Guerrero, y lo acribillaron frente a sus familiares. La ejecución ocurrió a 80 kilómetros al suroeste de Guadalajara. Zárate fue presidente municipal hace cuatro trienios, tenía amplio conocimiento de los problemas en la zona y gozaba de prestigio entre la población. Al conocerse el asesinato, la Secretaría de Seguridad Pública desplegó un operativo que permitió la captura de Jesús Venegas Rodríguez, de 31 años, un presunto “halcón” que dijo pertenecer al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los estatales le decomisaron dos rifles AR-15 calibre .223, un arma larga calibre 5.56, esta última con un dispositivo lanzagranadas.40 adaptado, así como una escuadra, dos granadas de fragmentación, varios cargadores y mil 35 cartuchos. Semanas antes, en la misma región Valles, el director de la Policía de Magdalena, Raúl Hinojosa, y los oficiales Eleazar López Casillas y Francisco Javier González Castañeda fueron ejecutados por sujetos que viajaban en cuatro lujosas camionetas. En la refriega murieron también dos sicarios y cuatro policías resultaron heridos. El ataque ocurrió sobre la carretera a Nogales, en el municipio de Magdalena, cuando Hinojosa y los uniformados se dirigían a Hostotipaquillo a brindar apoyo a los policías de esa localidad que presuntamente enfrentaban a un grupo de hombres armados. Disputa territorial El pasado 26 de octubre elementos de la SSP estatal detuvieron a varios sicarios en un tramo carretero Etzatlán-Magdalena. Algunos de ellos admitieron sus vínculos con las organizaciones criminales y aportaron información sobre la violencia que enfrenta a los cárteles en territorio jalisciense desde hace dos años, así como del incremento de las acciones violentas en las últimas semanas por el control de la zona. Uno de ellos, Salvador Cortés Alvarado, admitió ser “halcón” del CDG y declaró que el pleito lo protagonizan “puros Golfos contra Los Zetas y una organización conocida como Los Sandoval”. Dijo también que el CDG paga 20 mil pesos mensuales a los mandos policiacos a cambio de protección a los sicarios de ese grupo y mencionó los presuntos nexos que tenía Hinojosa con el crimen organizado. Cortés Alvarado fue capturado junto con Carlos Gutiérrez Moreno, Remigio Rodríguez Bugarín y Olivia Valdés González, quienes iban a bordo de dos autos. Les decomisaron 270 kilogramos de mariguana, dos pistolas calibre 9 milímetros, 50 cartuchos, una báscula y una granada de fragmentación. La zona resulta estratégica para el cultivo de mariguana, pues conecta a Jalisco con Zacatecas y Nayarit, de ahí que varias organizaciones –Los Zetas, el CDG y la organización que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán– se disputen el territorio, comenta Andrade. En los últimos cinco años, dice, los policías rurales se han enfrentado a las bandas criminales por lo menos en seis ocasiones: una en Etzatlán, dos en Magdalena, otra en Hostotipaquillo, otra en Amatitán y una más en San Juanito Escobedo. Hasta ahora son 25 los detenidos, cuatro muertos, nueve vehículos asegurados –cuatro de ellos con reporte de robo–, así como el decomiso de 22 armas y mil 886 cartuchos. En esa región, sintetiza el jefe policiaco, “se da el mayor índice de cultivos de enervantes en todo el estado. Ahí se han destruido 2 mil 92 plantíos de droga; estamos hablando de 10 millones de plantas de mariguana, así como el decomiso de 24 toneladas del mismo estupefaciente, 900 gramos de cocaína, 16.8 kilos de crystal y 311 kilos de semilla de mariguana”. El entorno incluye los municipios de Amatitán, Ameca, Ahualulco del Mercado, El Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, San Juanito de Escobedo, San Marco, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán y Villa Corona. “Es un área montañosa y de prolongadas serranías. Limita con Nayarit y se conecta con la parte norte de Jalisco, la zona sur de Zacatecas y la sierra huichola; en la parte norte se conecta con San Cristóbal de la Barranca, San Martín de Bolaños, lo que la convierte en terreno propicio para el cultivo de mariguana”, dice Andrade a Proceso. Durante la actual administración, dice, se han decomisado 285 armas de diferentes calibres, más de 13 mil 700 cartuchos, 11 granadas de fragmentación, 34 metros de cordón detonante y 18 vehículos, entre ellos una unidad blindada. Dice que la violencia se recrudeció en las últimas semanas: “Hubo un momento en el cual la región norte fue el hervidero, por la incursión de Los Zetas; lo mismo que la zona sureste de Jalisco, hacia Tamazula, Tecalitlán, Jilotlán y Pihuamo, y la Ciénega, por el lado de La Barca, Atotonilco y otros lugares”. Y aunque Andrade asegura que las autoridades tienen en control, los vecinos de los municipios de la región insisten en que las balaceras y ajusticiamientos de sicarios en carreteras o brechas son constantes y ocurren a cualquier hora. Entrevistados por Proceso Jalisco, varios lugareños dicen que viven en zozobra permanente. A la violencia se suma la presión de los grupos delincuenciales a las autoridades municipales y la coacción de uniformados municipales para que protejan los cargamentos de droga. En algunos ayuntamientos los alcaldes optan por proteger a los delincuentes para salvar la vida. Secuestros y complicidad En junio pasado, la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ) mantuvo bajo arraigo a cerca de una decena de agentes de la Dirección de Seguridad Pública en Villa Corona por su presunta participación en el secuestro y muerte de Carlos Francisco Miranda y Adolfo Calderón Hernández. Miranda y Calderón fueron detenidos en febrero pasado por uniformados de la localidad, quienes presuntamente los entregaron a supuestos miembros del CJNG. Uno de los testimonios recogidos por la procuraduría, el del policía Juan Gilberto Hernández, indica que fue el alcalde Jesús Ortiz Uribe quien dio la orden a sus gendarmes para que dieran todo tipo de facilidades al cártel. Ortiz Uribe concluyó su gestión el 30 de septiembre. Copias de documentos sustentados en actas ministeriales de las declaraciones de los detenidos indican que el 21 de febrero último Ortiz Uribe ordenó a los uniformados retirarse de la comandancia de Villa Corona y dejar libre el edificio, supuestamente para que los sicarios del CJNG se llevaran a los supuestos enemigos de la organización que se encontraban recluidos en ese lugar. Miranda y Calderón desaparecieron de las instalaciones de la policía poco antes de la medianoche del 21 de junio. Horas después sus cuerpos fueron encontrados en un predio denominado La Tabla, a menos de 500 metros de la carretera Barra de Navidad-Guadalajara, municipio de Cocula. Poco después fue detenido uno de los presuntos autores del doble crimen. Fue entonces cuando la PGJ decidió arraigar a los elementos de la Dirección de Seguridad Publica de Villa Corona, entre ellos: Gerardo Fabián Luviano, Luis Everardo Infante, Gerardo Castillo Preciado, Pedro González Rentería, Raymundo Ramos, Alberto Rosas Villanueva, Alfonso Cisneros López, Ricardo Barbosa Santoyo, Carlos Bernardo Infante y Juan Gilberto Hernández. Hernández declaró que el 21 de febrero el operador de radio de la Policía de Villa Corona le comentó que el alcalde Jesús Ortiz Uribe había recibido amenazas “por parte de unos sujetos que al parecer se dedican a la delincuencia organizada y querían llevarse a las dos personas (detenidas por la policía)”. Expuso que al filo de las 23:00 de ese día, por instrucciones de Ortiz Uribe los agentes de seguridad dejaron sola la comandancia para que los presuntos sicarios sacaran sin problemas a Miranda y Calderón. Según el testimonio de Hernández, el alcalde dijo a sus subalternos que si “alguien preguntaba por los detenidos dijeran que se los había llevado la judicial”. Rogelio Andrade, coordinador de la Policía Rural, admite que las nuevas administraciones municipales serán sometidas a fuertes presiones por la delincuencia organizada. Y advierte a los alcaldes y jefes policiacos: quien muestre miedo ante los delincuentes, debe retirarse a tiempo, pues “seguramente (los sicarios y la violencia) aparecerán y las nuevas autoridades deberán estar preparadas para hacerles frente. De lo contrario deben resignarse a vivir sometidas”. Hace dos semanas, el 15 de octubre por la mañana, el director de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, Roberto Rodríguez Preciado, fue atacado con granadas de fragmentación cuando viajaba en una Suburban blindada en la calle de Basilio Badillo, cerca del cruce con Insurgentes, de esa ciudad. Rodríguez, quien apenas llegó al cargo el pasado 1 de octubre, salió ileso, aunque cuatro civiles resultaron heridos por las esquirlas de las granadas lanzadas por los agresores. El jefe policiaco renunció de inmediato. En otro ataque contra mandos policiacos, la noche del 27 de octubre, Armando Baena Pinzón, director de la Policía de Jocotepec y dos de sus escoltas fueron agredidos por un grupo armado. Todos resultaron ilesos. La madrugada del jueves 1, agentes de la SSP estatal detuvieron a Rosalina Carrillo Ochoa, alias La Estrella, presunta cabecilla del CJNG en la región Valles, y a Victoriano Torres López en la carretera a San Isidro Mazatepec, a la altura del poblado Las Navajas. Según la dependencia, ella podría estar relacionada con la ejecución de Casimiro Zárate y varios secuestros. Carrillo Ochoa, de 42 años, tiene antecedentes penales por delitos contra la salud que datan de 2007. Según el titular de la SSP, Luis Carlos Nájera, La Estrella operaba en los municipios de la región y, al parecer tenía un rancho con una pista para avionetas que presuntamente transportaban droga. Sin embargo, al ser presentada ante los medios, ella aseguró que era propietaria de un bar y que vivía de la agricultura. También admitió que, del arsenal que exhibieron las autoridades, sólo una pistola tipo escuadra era suya. El resto de las armas y droga que aparecen en las fotos, dijo, fueron sembradas por sus captores