Organizaciones de familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet presentaron el pasado viernes 14 una demanda judicial contra los responsables últimos del golpe militar que derrocó a Salvador Allende. Argumentan que si los tribunales chilenos ya sentenciaron a culpables de delitos de lesa humanidad, resulta ilógico no proceder contra quienes propiciaron el cuartelazo. La demanda es explosiva: Señala como implicados a importantes exfuncionarios de Estados Unidos, exmiembros de la Corte Suprema de Justicia, empresarios y políticos de renombre, entre ellos el expresidente Patricio Aylwin. VALPARAÍSO, CHILE (Proceso).- Cuando están por cumplirse 40 años del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 contra el gobierno de Salvador Allende, agrupaciones de familiares de víctimas de la represión política presentaron una querella para identificar y castigar a los responsables de “este crimen de lesa humanidad” que cambió radicalmente el destino de Chile. La demanda fue presentada el pasado viernes 14 por Lorena Pizarro Sierra, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), y por Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). Será el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, quien decidirá si le da trámite o no. Es una decisión complicada para Mario Carroza. Entre los implicados en el golpe aparecen altos exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos, políticos chilenos de renombre, como el expresidente Patricio Aylwin, y hasta exmiembros de la Corte Suprema, que en los días previos al 11 de septiembre de 1973 emitieron una declaración en la que señalaron que el gobierno estaba actuando al margen de la legalidad. En sus fundamentos la querella señala que “el golpe en sí mismo y los ilícitos penales cometidos el propio 11 de septiembre del 73 constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles de acuerdo a los tratados internacionales suscritos por Chile que gozan de rango constitucional y de acuerdo, además, con la propia jurisprudencia de nuestros tribunales y nuestra Corte Suprema en fallos reiterados”. En entrevista con Proceso el abogado patrocinante de la querella, Eduardo Contreras, expresa que “no resulta concebible que se juzguen por los tribunales los efectos de un hecho y no la causa: no habría habido genocidio si no hubiera habido golpe. Y el golpe no fue una loca ocurrencia que tuvo el 11 de septiembre el señor (Augusto) Pinochet. Él no se levantó ese día y le dijo a su mujer: ‘Oye, voy a dar un golpe’. “Fue producto de una conjura de larga data en la que participaron miembros de todas las ramas de las fuerzas armadas, funcionarios de la embajada norteamericana, de la CIA, pero también un buen grupo de políticos chilenos que están involucrados y que tienen que responder por los delitos cometidos.” Consultado respecto de los motivos que tuvo para presentar esta querella pese al tiempo transcurrido, Contreras expresa que “este es un buen momento para presentarla”. Señala que a principios de los noventa, al iniciarse la transición a la democracia, no había condiciones para entablar un juicio así. “Se estaba abriendo camino la transición cuyo primer presidente de la república fue Patricio Aylwin y su participación en las negociaciones políticas previas al golpe resulta evidente”. Agrega: “Desde 1998 los jueces chilenos han establecido que efectivamente hubo genocidio: hay sentencias, hay militares presos, hay cientos de condenados (70 de ellos en prisión). Hay certeza jurídica y no suposiciones de que hubo miles de detenidos-desaparecidos, ejecutados políticos, torturados (…) Bueno, ahora vámonos a la causa: ¿Quién es más culpable, el soldado que degolló, el soldado que disparó, el militar que dio la orden o los civiles y militares que crearon todas las condiciones para que eso ocurriera?”. Contreras señala que nunca se podrá sanar el dolor provocado por los crímenes de la dictadura “si no se abre proceso contra los crímenes del golpe mismo en sí y del conjunto de ilícitos que se perpetraron”. El papel de la CIA La AFDD y la AFEP esgrimen como argumento central de la acusación el informe del Comité Selecto del Senado de Estados Unidos para el Estudio de las Operaciones Gubernamentales Respecto a las Actividades de Inteligencia –conocido como Informe Church, por el senador Frank Church, quien presidió el comité– en el que se detalla la participación de la CIA y otras agencias y empresas estadunidenses en el golpe. En la querella se sintetizan los aportes y relevancia de dicho comité: “La primera sesión del Senado del 94 Congreso de la Unión de los Estados Unidos de Norteamérica, de fecha 18 de diciembre de 1975, conoció del Informe acerca de la Acción Encubierta en Chile entre los años 1963 y 1973. (Ahí) se demuestra que mediante la inversión de millones de dólares se compró la conciencia y la acción de un vasto grupo de políticos, de parlamentarios y empresarios. “El fin era clarísimo: Impedir que en Chile se produjera todo proceso de cambio social, económico o político que pudiera afectar los intereses norteamericanos en Chile. Para ello, entre otras cosas, se puso en movimiento a organizaciones terroristas como Patria y Libertad, dirigida por el abogado Pablo Rodríguez Grez; se entregaron cuantiosos recursos a gremios, como el de los camioneros, o a líderes del comercio; se provocó el acaparamiento y la escasez de productos; el estallido de bombas y la ejecución de atentados; las huelgas patronales y del transporte, y se captó a dirigentes políticos de derecha y de centro”. Se cita el propio informe Church: “Los esfuerzos de Estados Unidos para alterar el curso de la política chilena alcanzaron la cima en 1970: La CIA fue orientada a emprender un esfuerzo para promover un golpe militar en Chile evitando así el ascenso al poder de Salvador Allende (…) “El 15 de septiembre de 1970 –después de que Allende terminó en primer lugar en las elecciones pero antes de que el Congreso chileno hubiera elegido entre él y el candidato (Jorge) Alessandri–, el presidente Nixon se reunió con Richard Helms (director de la CIA), el asistente del presidente para asuntos de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, y el procurador general, John Mitchell. Helms fue comisionado para prevenir que Allende se hiciera con el poder. Este empeño se llevó a cabo sin el conocimiento del Departamento de Estado y Defensa o del embajador.” El informe sostiene también: “Resultó evidente, tanto para la Casa Blanca como para los oficiales de la CIA, que un golpe militar era la única solución para evitar el ascenso de Allende al poder. Para lograr este fin la CIA estableció contacto con varios grupos de conspiradores militares y finalmente pasó armas y gas lacrimógeno a uno de ellos. La CIA sabía que los planes de todos los grupos de conspiradores se iniciaban con el secuestro del constitucionalista jefe del Estado Mayor del Ejército, general René Schneider”. En julio de 2010 The Washington Post publicó una nota basada en grabaciones desclasificadas de una conversación entre Nixon y Kissinger el 11 de julio de 1971, en la que se confirma que la CIA y el gobierno de Estados Unidos estaban enterados de ese atentado y participaron de él. Aspectos jurídicos Contreras previene que quienes se vean afectados por el avance de esta causa podrían argumentar que el golpe es un crimen político y no de lesa humanidad. Esto es importante puesto que si se considera crimen político habría prescripción. “Creo”, dice, “que ésta va a ser la principal discusión que va a abrir esta querella. Nosotros sostendremos que es un crimen de lesa humanidad. Y hay un precedente: En Uruguay se presentó hace algunos años una querella contra Juan María Bordaberry (presidente entre 1972 y 1973 y dictador entre 1973 y 1976). Allí se dio esta discusión y triunfó la tesis de que era un crimen de lesa humanidad”. En noviembre de 2006 el juez Roberto Timbal lo imputó por su participación intelectual en los asesinatos de los parlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, y de los guerrilleros tupamaros Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw, todos secuestrados y asesinados en Argentina mediante el Plan Cóndor. En febrero de 2010 la juez Mariana Motta condenó a Bordaberry a 30 años de cárcel por delitos “de atentado contra la Constitución en reiteración real”, nueve crímenes de desaparición forzada y dos asesinatos políticos. Los querellantes chilenos apuntan fundamentalmente a los autores intelectuales del golpe militar. Con ese fin invocaron el artículo 122 del Código Penal que sanciona “a los que, induciendo a los alzados, hubieren promovido la sublevación (…) siendo coautores de la rebelión, sea como autores, ejecutores o como autores instigadores (…) aunque no consista en su presencia física a la cabeza de los sublevados o en el sitio de los sucesos”. Los hechos derivados del golpe militar también prefigurarían los delitos de homicidio y lesiones graves, “sean consumados o en grado de tentativa, respecto de las personas a las que les alcanzaron los disparos o bombas lanzadas por los asaltantes del Palacio de La Moneda”, se sostiene en la querella. Las víctimas del golpe estiman que sus autores incurrieron en “el delito de daños a la propiedad del Estado y el delito de incendio, los que se configuran a partir del muy cobarde bombardeo a La Moneda”. Además sostienen que en este caso se configura el delito de asociación ilícita, previsto en el artículo 292 del Código Penal, que sanciona “a la asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social y contra las personas”. El hecho de que en la planificación y posterior ejecución del golpe se hayan realizado ejecuciones, secuestros, torturas y asesinatos de partidarios del gobierno entonces constituido, configuraría, de acuerdo a los querellantes, “un tipo de asociación ilícita asimilable al delito de genocidio, definido en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, publicado en el Diario Oficial (de Chile) de fecha 11 de diciembre de 1953”. Asimismo se señala que los golpistas habrían cometido traición y espionaje, crímenes “que afectan gravemente a la soberanía y a la seguridad exterior del Estado estatuidos en los arts. 244 a 258 del citado Código de Justicia Militar”. Con el golpe “que destruyó la historia constitucional chilena y violó la entonces vigente Constitución Política de 1925” se habrían vulnerado –según los demandantes– tratados y convenios internacionales de los que Chile es parte: los Convenios de Ginebra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Los responsables Aunque los familiares de las víctimas sostienen que será la justicia la que deberá definir las responsabilidades, en el citado escrito dan luces respecto de hacia quiénes apuntan sus dardos: “Desde ya corresponde señalar a los altos mandos de esa época de las fuerzas armadas, del Cuerpo de Carabineros y del Servicio de Investigaciones. Así como a los responsables de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Chile. Pero muy especialmente a los dirigentes políticos de la oposición al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, la inmensa mayoría de todos los cuales siguen su vida a la fecha en la mayor impunidad e incluso algunos ocupando cargos de responsabilidad en el aparato del Estado.” También señalan como sediciosos a quienes participaron del acuerdo tomado por la Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1973, en que ésta acusa el quebrantamiento al orden constitucional en el que habría incurrido el gobierno de Allende. Especial importancia le asignan los querellantes al papel desempeñado por Aylwin, entonces senador de la Democracia Cristiana. “Recordemos que (Aylwin) declaró el 26 de agosto de 1973 al periódico norteamericano The Washington Post que si a él le dieran a elegir ‘entre una dictadura marxista y una dictadura de nuestros militares, yo elegiría la segunda’. ¿Hay algo más claro de abierto apoyo al golpe que se veía entonces como un real peligro para la estabilidad democrática?”, se pregunta Contreras. La prensa de derecha es directamente acusada por las agrupaciones demandantes de ser partícipe de la conspiración golpista, citando específicamente a El Mercurio, La Tercera, Tribuna y La Segunda. Al dueño de El Mercurio, Agustín Edwards,­ se le asigna un papel central en la conspiración. Se subraya que en 1968 fue fundador y “comodoro” de la llamada Cofradía Náutica del Pacífico Austral. Esta organización, aparentemente un club social, fue en la práctica un grupo que fungió como articulador de las tentativas golpistas. Allí participaron los almirantes José Toribio Merino –que el día del golpe asumió la comandancia de la armada, defenestrando al almirante Raúl Montero–, Patricio Carvajal y Arturo Troncoso, además de los empresarios y exoficiales de la armada Roberto Kelly y Hernán Cubillos. Este grupo articuló la conspiración con los servicios secretos estadunidenses, con la armada y con los más importantes empresarios. En septiembre de 1971 un grupo de empresarios, con el apoyo de la citada Cofradía, realizó un seminario en el hotel O’Higgins de Viña del Mar. Fue un cónclave en el que se planificó el estrangulamiento de la economía y la generación de acciones violentas destinadas a sumir al país en un caos. Participaron grandes empresarios, como Javier Vial, Ricardo Claro y Eugenio Heiremans. Contreras concluye: “No es éticamente aceptable que se paseen libremente por la calle, como si fueran personas que estuvieran libres de polvo y paja, como si fueran muy honorables, y que ocupen importantes cargos públicos en el Parlamento, en los ministerios, personas que tienen responsabilidades tan grandes por las cuales tienen que responder”.