Edomex: tortuguismo y escollos jurídicos en juicio contra feminicida confeso

miércoles, 5 de diciembre de 2012
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Ante la incapacidad de las autoridades del Estado de México para acreditar el delito de feminicidio y el desgaste emocional de las familias ante el proceso que se le sigue a César Armando Librado Legorreta, El Coqueto, las madres de las víctimas del violador y homicida confeso buscan una sentencia “exprés” que dé por concluido el juicio. “Lo que queremos es que se juzgue ya (a El Coqueto), que no salga libre, que se comprometan (las autoridades) a que ese tipo no va a salir. Ahorita lo que menos me importa es cómo se juzga, sino que la sentencia no sea menor de 100 años, para que no salga y ande nuevamente con su microbús atacando mujeres”, dijo Amparo Vargas, madre de Eva Cecilia, joven de 16 años víctima de Librado Legorreta. El Coqueto fue detenido el pasado 23 febrero y es procesado por el homicidio de siete mujeres –tres de ellas menores de edad– y por la violación sexual de una de sus víctimas, la cual sobrevivió. Por este último delito las autoridades mexiquenses lo sentenciaron a 24 años de prisión. Uno de los siete casos de feminicidio corresponde a una joven del Distrito Federal, donde se lleva a cabo el juicio. La pena máxima por ese crimen en la Ciudad de México es de 70 años de cárcel. Librado Legorreta, de 29 años, cometía sus violaciones y homicidios entre el Distrito Federal y el Estado de México, en el microbús del transporte público de la Ruta 2 que corre del metro Chapultepec a Valle Dorado, municipio de Tlalnepantla. El cuerpo de Eva Cecilia, hija de Amparo Vargas, fue localizado 40 días después de su desaparición, el 26 de noviembre de 2011, debajo de un puente del Circuito Exterior Mexiquense, en Tultitlán. Incapacidad judicial En un juicio lento y tortuoso, en el que además de soportar las “burlas” de Legorreta durante las audiencias –según han denunciado las familias de las víctimas–, las madres de las jóvenes han denunciado la complejidad para acreditar el delito de feminicidio. Por ello, explicó Amparo Vargas, los abogados de las víctimas y del acusado acordaron abreviar el juicio para que ninguna de las partes brinde argumentos para acreditar o no el delito, y así abrir la posibilidad de que el juez sentencie a El Coqueto a 70 años de prisión por cada una de las jóvenes asesinadas, es decir, cerca de 500 años de cárcel. Vargas aclaró que la propuesta de terminar de manera anticipada el proceso fue de Dante Garduño, defensor de oficio del inculpado. La madre de Eva Cecilia advirtió que, de alargarse el proceso, además, se corre el riesgo de que al feminicida se le reduzca la condena, debido a que ha “colaborado para reunir las pruebas necesarias”. Esta mañana comenzó una audiencia en la sala 3 del edificio de Control y Juicios Orales, en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla. Amparo Vargas insistió en que las familias de las víctimas no quieren pasar cuatro o cinco años más en juicio, por lo que en la audiencia se le presentó al juez Juan Arturo Velázquez Méndez una propuesta de acuerdo para abreviar el proceso y se dicte sentencia en los siguientes cinco días hábiles. De ser así, el próximo 12 de diciembre habría una condena definitiva. Mala tipificación El delito de feminicidio quedó tipificado en el Código Penal del Estado de México el 18 de marzo de 2011. La pena de prisión va de 40 a 70 años. David Peña, uno de los abogados que litigó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos uno de los tres casos de feminicidio del Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, ha señalado en reiteradas ocasiones que los códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado de México definen el delito en términos académicos y no jurídicos, lo que hace “casi imposible” la acreditación de este tipo de violencia contra las mujeres y, en consecuencia, la sanción a los responsables. El feminicidio quedó definido como la “privación de la vida, asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación; cuando ocurra con una persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva, o de confianza laboral o escolar; cuando el agresor haya ejecutado conductas sexuales crueles o degradantes, o mutile a la víctima; o cuando existan con antelación actos que constituyan actos de violencia familiar del ofensor hacia el ofendido”. Así, según Peña, la tipificación deja a la interpretación de los jueces si el asesinato fue por razones de género, “es decir si hubo subordinación, exclusión… las cuales son condiciones difíciles de probar, pues no se tiene el testimonio de la víctima, y el Ministerio Público deberá probar que la muerte fue por razones de género y acreditar la discriminación y la explotación…”. Por la complejidad de esta tarea es posible que en vez de indagar el delito como feminicidio, el Ministerio Público lo clasifique como cualquier otro tipo de homicidio, abundó el abogado experto en violencia de género. Desgaste “La mayoría de las madres y padres lo que menos queremos es estarlo viendo (a El Coqueto); cada audiencia es perder un día entero a lo que se suma el desgaste físico y emocional”, recalcó Amparo Vargas. Como ejemplo de ese martirio, la mujer recordó que en la audiencia del pasado 21 de noviembre, Librado Legorreta observó fijamente al esposo de una de las víctimas y sonreía burlonamente. En esa misma audiencia El Coqueto miró de manera “lasciva” a las hijas adolescentes de Amparo, y cuando se mencionaba el nombre de Eva Cecilia o el de su madre, también hacía expresiones “sarcásticas”.

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