MÉXICO, D.F. (Proceso).- Incremento generalizado de delitos, corrupción y colusión de las corporaciones policiacas con el crimen organizado, abusos y una impunidad de 98% caracterizaron a la administración de Marcelo Ebrard en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Este conjunto de problemas es analizado por el investigador de El Colegio de México Arturo Alvarado Mendoza en su libro El tamaño del infierno. Un estudio sobre la criminalidad de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Director del Centro de Estudios Sociológicos del Colmex, Alvarado explica que durante las dos primeras administraciones de izquierda en el Distrito Federal las tendencias delictivas disminuyeron, pero en 2006, con Marcelo Ebrard, “se estacionaron y tienen una tendencia hacia la alza”. Agrega: “En los últimos años hay un aumento de los delitos, que no es muy grande pero sí lo hay, y se debe a muchos componentes: el desempleo, la crisis económica, el crimen organizado, entre otros”. El estudio de Alvarado –quien ha sido profesor en la Sorbona de París e investigador visitante en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en las universidades de Brown y Harvard, en Estados Unidos– se fundamenta en la sistematización de datos oficiales, así como en entrevistas con habitantes de colonias y barrios de las delegaciones y municipios de la metrópoli. Hace 15 años, plantea el especialista, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal recababa 750 denuncias diarias, pero existía una cifra negra de victimización tres veces mayor; es decir, en los hechos se cometían 3 mil delitos al día. En la actual administración, indica, el promedio de delitos denunciados van de 230 a 240, pero se mantiene la misma tendencia de victimización. “Podríamos hablar de mil delitos al día, que es una cifra muy alta, aunque por tasas de población parezca lo contrario”. En lo que respecta a la presencia y operaciones de los cárteles de la droga en el Distrito Federal, el estudio utiliza datos de la agencia antidrogas estadunidense (DEA) según los cuales “cuatro organizaciones criminales se disputaban el tráfico de estupefacientes” ahí. Por su parte, en 2010, la Procuraduría General de la República reportó que tenía conocimiento de la existencia de 700 puntos de venta de droga al menudeo en la metrópoli. No obstante, a finales de 2005 la Secretaría de Seguridad Pública del DF tenía ubicados 2 mil 100 puntos de distribución. En el libro se destaca que el incremento de la presencia de los cárteles puede confirmarse a partir del número de remisiones por posesión de droga ante autoridades federales. Mientras que en 2002 un total de mil 225 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, en 2006 esta cifra creció a 6 mil 428, “pero sólo 345 llegaron a juzgados de reclusorios; es decir 5.3%”.   Policía, “la menos peor”   En entrevista con Proceso, el académico expone: “Hay una gran discusión acerca de cuáles grupos del crimen organizado están en la Ciudad de México. Tengo la impresión de que todos están aquí porque es una zona económica muy importante, relativamente segura y protegida para las familias y para los manejos de recursos económicos. “Se trata de una economía tan grande que no ha habido este enfrentamiento tan claro por controlar el territorio, como ocurre en Ciudad Juárez o Monterrey. Sí hay disputas por el dominio de barrios, colonias o zonas, pero no son tan cruentas. La presencia de los grupos criminales se explica porque aquí está el principal centro financiero donde se realiza el lavado de dinero. Hasta ahora no se combate este delito.” Ante tal panorama de criminalidad, apunta, es importante tomar en cuenta la política de seguridad y los cuerpos policiales, en especial los encargados de combatir el delito. Alvarado Mendoza destaca que durante su gestión Ebrard centró su estrategia en mantener bajo control el sistema de seguridad pública y destinar fuertes inversiones al equipamiento en esta materia. Considera que al término de la administración aquél deja “una organización policial responsiva al gobierno, no a los ciudadanos todavía. Es una policía controlada, no la mejor pero sí la menos peor del país”. Y advierte: “Muchos de los policías preventivos, auxiliares no tanto, pero sobre todo ministeriales de la Ciudad de México siguen estando involucrados en diversos tipos de delitos, y la policía ministerial fue responsabilidad de Mancera”. A lo largo de su mandato, Ebrard destinó en promedio 20% del presupuesto a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Pese a este despliegue, no obstante que aumentó el número de detenidos y se denuncia más el delito, apunta Alvarado, la impunidad en esta ciudad, como en todo el país, sigue siendo muy grande. “Tal vez no sea de 99% como en todo el territorio nacional, pero sí es de 98%”. Según el investigador académico, otro de los pendientes que deja la actual administración –y del que Mancera no está ajeno– se relaciona con las violaciones a los derechos humanos y el incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Resalta que a escala nacional prevalece un desdén hacia el tema de los derechos humanos, y asegura que en el Distrito Federal la situación no es muy distinta. “Es dramático, parece que los gobiernos combaten los derechos humanos”. Considera que en este rubro hubo “mejoras a lo largo de los primeros años de las administraciones de izquierda; pero –afirma– recientemente creo que Marcelo se ha distanciado mucho, y tengo la impresión de que Mancera no ha sido expreso y totalmente claro sobre en qué forma va a atender y promover los derechos humanos”. Durante la gestión de Mancera como procurador, de julio de 2008 a septiembre de 2011, la CDHDF procesó contra funcionarios bajo su mando 7 mil 210 quejas, y emitió 28 recomendaciones, de las cuales 15 fueron parcialmente cumplidas (Proceso 1838). Para Alvarado, el combate a la inseguridad, la lucha para acabar con la impunidad y el respeto a los derechos humanos deberían ser temas centrales de cualquier gobierno democrático. Ello, dice, deberá ser tomado en cuenta por Mancera. “El problema central sigue siendo la procuración de justicia y la impartición de justicia, y de ahí es de donde viene el próximo jefe de gobierno. Esperemos que ofrezca un programa en el que por lo menos en esa área las cosas empiecen a tener reformas y mejorías evidentes y sistemáticas”, concluye el académico.